Jesús Ortega Martínez**

El cambio que la ciudadanía mandató en las urnas el pasado 2 de julio representa un avance importante en la vida política de nuestro país. Al margen de si se tenía o no voluntad para ello, se respetó el voto y el deseo de la gente por la alternancia. Esto es significativo y no podemos perderlo de vista, pero si pensamos que con lo que sucedió el 2 de julio ya se cambió al régimen, estamos equivocados y quienes lo digan cometen un error en el análisis.

Para que el cambio que la gente demandó el 2 de julio no se reduzca a sólo la sustitución de un hombre por otro, es necesaria la transformación del régimen político; sólo de esta forma el país estará en condiciones de lograr una plena normalidad democrática. Y ¿a través de qué se puede llegar a esto? A través de la reforma del Estado.

Una reforma del Estado que implique, entre muchas otras medidas, el acotamiento de las facultades constitucionales del Presidente de la República; el equilibrio de esas facultades con las del Congreso de la Unión; la garantía de la plena separación del Poder Legislativo y la independencia del Judicial, el fin del viejo centralismo económico y político, así como el hecho de que los estados ejerzan sin cortapisas sus facultades y el fortalecimiento del municipio no sólo política, sino también legal y económicamente. Eso sería fundamental.

No creo, por ejemplo, que haya cambio de régimen si no se logra la posibilidad de la revocación de mandato o si las decisiones fundamentales del gobierno no se ponen a consideración de la gente a través del referéndum o el plebiscito, figuras indispensables de consulta en una democracia como la que pretendemos en México.

Como elementos de una legislación orientada a una reforma estructural del Estado mexicano —para hablar de un cambio real de régimen y no solamente de un hombre por otro con riesgo de continuar el presidencialismo autoritario de los gobiernos priistas— están también algunos puntos pendientes de la reforma electoral: el voto de los mexicanos en el extranjero y el juicio político al Presidente de la República por daños graves a la nación. Ante todo, debemos reconocer que la plena gobernabilidad democrática sólo se logrará con la solución previa de asuntos como los que he mencionado, y por eso el Partido de la Revolución Democrática plantea la reforma del Estado. De ninguna manera es gratuito que, pese a los resultados electorales del 2 de julio, estemos proponiendo —y no únicamente nosotros, sino también otras fuerzas— la reforma del Estado.

De esta manera, tampoco es gratuita la conformación de una Mesa de Diálogo para la Reforma del Estado entre los partidos políticos.

Un análisis objetivo de lo acontecido el 2 de julio arroja resultados positivos para nuestro país, aun cuando haya ganado un partido de derecha. Beneficia también al trabajo en el Congreso de la Unión y, en particular, a la Cámara de Senadores.

Hoy en día, el Partido Revolucionario Institucional, y eso es lo importante, ya no está en la Presidencia de la República y, por otra parte, tampoco tiene mayoría por sí mismo en ninguna de las cámaras, lo que genera un equilibrio entre los diversos grupos parlamentarios en beneficio del trabajo legislativo porque va a permitir el diálogo y la búsqueda de consensos.

Naturalmente, el Senado tiene viejos resabios del régimen que pretendemos dejar atrás. El Senado fue utilizado por el Presidente de la República —al igual que la Cámara de Diputados— para simple y sencillamente legitimar sus decisiones. En múltiples ocasiones, el Senado sirvió no como una parte de la representación nacional o como parte de un Poder de la Federación, sino como refugio de políticos resentidos o en retiro y como espacio para que el presidente pagara deudas y compromisos políticos.

De ahí la necesidad de cambiar muchas cosas en el Senado. Lo más importante es lograr un Senado representativo de la República, activo, actuante, con iniciativa política, con iniciativa legislativa, auténticamente representante de la gente y de las entidades para contribuir de manera efectiva al desarrollo político y social del país.

La pregunta puede ser ¿cómo lograrlo? Es verdad que para el Partido de la Revolución Democrática no hay una situación plenamente favorable. Somos un grupo minoritario, pero igualmente existe una circunstancia que no se debe olvidar: ningún partido por sí sólo hace mayoría simple, menos aún mayoría constitucional y esto implica que toda decisión de carácter político y legislativo del Senado va a tener que ser resultado de acuerdos entre diversas fuerzas políticas, a veces entre dos, a veces entre tres, a veces entre las cuatro o más partidos con presencia senatorial para que, efectivamente, en el centro de la actividad política se dé el diálogo y la búsqueda de consensos.

Este va a ser el principal instrumento a no dudar que tendremos para reconstruir al Senado de la República y para convertirlo en actor fundamental de la transición política en México.

El proceso es difícil. Debemos considerar que los priistas llegan al Senado con el síndrome de la derrota y los panistas con el de la victoria, algunos con una gran arrogancia y soberbia, pero estoy convencido de que tampoco ellos tienen más alternativa que la búsqueda del acuerdo y el diálogo, se los va a imponer la propia dinámica de la sociedad. Este ha sido, precisamente, el planteamiento del Partido de la Revolución Democrática: mantener disposición para que a través del diálogo y la búsqueda de acuerdos logremos sacar adelante nuestras iniciativas.

Empero, si el PRD no encuentra disposición en los demás grupos parlamentarios, nosotros mantendremos, igualmente una posición propositiva, una posición de oposición constructiva, pero también de oposición a toda decisión contraria al interés nacional y nadie va a poder decirnos que no aportamos o que no queremos contribuir a la política y al diálogo en el Senado. Lo vamos a hacer y esperamos tener reciprocidad, pero si no la hay, no va a ser nuestra responsabilidad.

Muchas de las prioridades del Partido de la Revolución Democrática se enmarcan en la reforma del Estado. Sin embargo, no hay que olvidar el asunto de la paz en Chiapas, pero también de la paz en Guerrero y en Hidalgo y en Veracruz y en el Estado de México y en todos las regiones de nuestro país donde hay movimientos armados.

Por supuesto, tampoco debemos perder de vista el problema de la pobreza, más de la mitad de las mexicanas y mexicanos viven en condiciones de pobreza y este es un asunto importantísimo que no podemos dejar a un lado y que necesitamos atender de manera inmediata, no con políticas asistencialistas, como las que han practicado los priistas y quieren practicar los panistas, sino con políticas que reconozcan el derecho de la gente a una vida de bienestar y a una vida de dignidad.

Otra prioridad es resolver la crisis del campo. La mayoría de esos mexicanos pobres viven en el campo. El campo está destrozado, está en crisis y con ello se pierde soberanía de la nación porque cada vez se importa una cantidad mayor de alimentos y la dependencia alimentaria es una severa pérdida de soberanía nacional. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte favorece solamente a los productores internacionales; a los nacionales se les ha olvidado y carecen de crédito, de infraestructura y de los subsidios suficientes para competir con los estadounidenses y los canadienses o los europeos. El campo es, pues, una prioridad.

Para ello, el Partido de la Revolución Democrática tiene ya una agenda legislativa que vamos a traducir en iniciativas de Ley. En particular, se avanza en la elaboración de una propuesta de reforma estructural del Estado.

El 2 de julio, sin duda, se dio en el país un cambio muy importante y de trascendencia histórica, como en contadas ocasiones, en la actualidad aplicar la categoría de histórico al suceso político electoral del pasado 2 de julio es certero y es puntual. Efectivamente, el 2 de julio hubo un parteaguas histórico.

Lo que parecía imposible, la derrota del Partido Revolucionario Institucional, y el ascenso de un individuo que no milita en ese partido a la Presidencia de la República, ha sucedido. Ahora, y de no pasar otra cosa, Vicente Fox, militante del PAN, asumirá la titularidad del Poder Ejecutivo federal.

Este acontecimiento en sí mismo es verdaderamente trascendente y sería tonto y obtuso regatearle importancia.

Ciertamente, la izquierda no ganó, pero aún así el cambio está presente y aparece tan evidente que sólo invidentes políticos lo pueden negar. Hay un cambio y ahora decidirá el país —está presente la oportunidad y la posibilidad— la magnitud, el contenido y el rumbo que adquiera dicho cambio.

Es verdad que el cambio puede limitarse a la mera sustitución de hombre y con ello frustrar el deseo manifiesto el 2 de julio de las y los ciudadanos por un cambio estructural, puede, incluso, constreñirse a un cambio de gobierno; pero también existen las condiciones para que con el 2 de julio se inicie una transformación real que culmine en un cambio de régimen político. Esta posibilidad no depende, o cuando menos no depende totalmente, de la voluntad del próximo Presidente de la República, su posición será importante, pero también que cambiemos a un nuevo régimen político depende de lo que realicen otras fuerzas políticas, señaladamente la izquierda, y que se mantenga esto será lo principal, la determinación transformadora de los ciudadanos.

Por eso, es significativo que ahora mismo lo podemos ver en los diarios y en los noticiarios, todas o casi todas las fuerzas y partidos políticos estamos hablando de la necesaria reforma del Estado y lo estamos haciendo después de lo que sucedió el 2 de julio, pero no están ausentes de este debate los conservadores, no importa su signo ideológico, que piensan que después de lo acontecido el 2 de julio es un desatino hablar de la reforma del Estado. Desde estas posiciones conservadoras surgen voces que afirman, el presidente Zedillo en primer lugar, que el cambio estructural se ha consumado y que ya estamos en la plena normalidad democrática.

Pero, ¿se puede hablar, por ejemplo, de plena normalidad democrática y de cambio de régimen político cuando aún abruma a la nación el centralismo político y económico que de facto anula la conceptualización republicana de nuestra Constitución? ¿Es posible hablar de normalidad democrática y de cambio de régimen cuando en el país un elemento fundamental de la democracia como es el principio de rendición de cuentas no existe o simplemente se elude mediante actos formales en los que se fingen informes?

¿Existe normalidad democrática cuando persisten organizaciones sindicales para cuyo ingreso es indispensable la afiliación al Revolucionario Institucional o a cualquier otro partido? ¿Existe normalidad democrática y cambio de régimen cuando existen diez millones de mexicanos indígenas que son discriminados y violentados en los derechos humanos más elementales? ¿Cuándo no existe revocación de mandato y el juicio político a funcionarios sólo se aplica en razón de venganzas políticas y ésta es inadmisible práctica y teóricamente para el más alto funcionario de la federación?

¿Cuándo figuras indispensables de una democracia como el referéndum o el plebiscito no se pueden practicar? ¿Cuándo a pesar de la revolución informática, el tema de la reforma a los medios de comunicación es prácticamente un sacrilegio? ¿Se puede hablar de normalidad democrática con más de la mitad de las y los mexicanos viviendo en la pobreza y con programas gubernamentales asistenciales que no reconocen elementalmente los derechos sociales y colectivos, los derechos a una vida digna y de bienestar para todos? Yo pienso que no.

En estas condiciones del país no es posible reconocer que vivimos en la plena normalidad democrática. Para ello, para vivir en un nuevo régimen político y en una plena normalidad democrática se necesita algo más, mucho más que un cambio de gobierno.

Para hablar entonces de un cambio de régimen, ciertamente sigue siendo válida la lucha por una reforma integral y estructural del Estado y lo que sucedió el 2 de julio, aunque haya ganado la derecha fue un rompimiento con el viejo régimen, o puede ser el inicio del rompimiento con el viejo régimen autoritario y corporativo.

Una ruptura con el viejo régimen sostenido en un antiguo pacto social ya incapaz de responder a las nuevas necesidades del país, inmerso en una nueva realidad mundial. Por eso, ciertamente, se necesita un nuevo pacto social que le dé otra gobernabilidad, una gobernabilidad democrática y por lo tanto, una necesidad, ciertamente, es hablar de la nueva Constitución que exprese ese nuevo pacto social.

Y por supuesto, es necesario también hablar de un Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente puede ser resultado de un acuerdo nacional. Las transiciones que ha habido en el mundo, las transiciones democráticas recientes, todas, o casi todas, han tenido como culminación un nuevo acuerdo nacional, un nuevo pacto nacional y muchas de ellas han tenido como resultado una nueva Constitución y un nuevo Constituyente.

En este contexto, de ninguna manera deberíamos aceptar el argumento con el que se resiste la necesidad de una nueva Constitución y por supuesto de un nuevo Congreso Constituyente. Se dice que no deberíamos de compartir la convocatoria a elecciones para un Congreso Constituyente porque en esas elecciones la izquierda estaría débil y la derecha fuerte.

Francamente ese argumento no solamente es mezquino, sino de una ausencia total de confianza en que las propuestas de la izquierda pueden ser compartidas por la gente si son planteadas de manera correcta y son difundidas adecuadamente. Nuestras propuestas, estoy convencido, son las mejores para una nueva Constitución, un nuevo pacto social y un nuevo régimen político; son mejores las propuestas de la izquierda que por supuesto las de la derecha y nosotros sin temor alguno debemos de ir a la convocatoria a elecciones para un Congreso Constituyente con la confianza de que nuestras propuestas e ideas las va a compartir la gente.

Si así no fuese, obviamente necesitamos revisar nuestras propuestas, como necesitamos revisar nuestro programa hoy, después de las elecciones del 2 de julio, como un elemento autocrítico fundamental para entender el resultado de la izquierda y particularmente de nosotros el 2 de julio.

* Texto elaborado a partir de una entrevista concedida a Coyuntura y la intervención del autor en el foro "Nueva Constitución, en el ciclo La transición desde la izquierda".

** Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado.

* Planeación Democrática: Dar facultades al Congreso para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y al Senado de la República para participar en la aprobación del Presupuesto de Egresos.

* Equilibrio de Poderes: Dar facultad al Senado para aprobar los nombramientos de los secretarios de Hacienda, Comercio, Energía, Agricultura, Semarnap y Relaciones Exteriores.

* Rendición de Cuentas: Revisar el marco jurídico de los juicios políticos y hacer sujeto de ellos al Presidente de la República. Integrar una comisión nacional de transparencia que permita ir al fondo en la investigación de la violación a los derechos humanos y de la defraudación de la nación.

* Programas Sociales del Estado: Legislar para prohibir el uso político y electoral de los programas sociales que atienden a la población marginada.

* Reforma Electoral: Legislar para reducir los plazos y costos de las campañas electorales, así como para hacer posible el voto de mexicanos en el extranjero. Facilitar la integración de coaliciones y aprobar las candidaturas comunes. Revisar la actual forma de integración del Senado para garantizar la representación paritaria a través de senadores de representación proporcional por estado.

* Autonomía de las Organizaciones Sociales: Legislar para prohibir la afiliación de sindicatos, confederaciones, ejidos, cooperativas, organizaciones de productores, cámaras y colegios a los partidos políticos.

* Federalismo y Autonomía Municipal: Legislar para garantizar la autonomía de los gobiernos estatales y municipales.

* Paz Social y Derechos y Cultura Indígena: Buscar los consensos con el EZLN y los grupos indígenas para aprobar una legislación que permita avanzar hacia la paz y respete la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas. Convocar a los grupos armados que operan en diferentes estados de la república a buscar la paz a través del diálogo y la conciliación.

* Autonomía del Gobierno del DF: Modificar el actual Estatuto de Gobierno para dar facultades al gobierno de nombrar al Procurador y al Secretario de Seguridad Pública; asimismo, dar facultades a la Asamblea Legislativa para aprobar el endeudamiento; revisar el marco jurídico actual para permitir la descentralización de responsabilidades a las delegaciones y legislar para crear gobiernos colegiados en éstas.

* Participación Ciudadana: Aprobar las figuras de referéndum, plebiscito, consulta e iniciativa popular, así como la Ley de Promoción y Fomento a las Organizaciones de la sociedad civil.

* Medios de Comunicación: Aprobar una ley que reglamente el derecho a la información y garantice la autonomía de los medios de comunicación.

* Equidad de Género: Garantizar equidad de género y la inclusión de acciones afirmativas en toda la legislación y en el paquete económico anual que aprueba el Congreso. Convocar a una consulta nacional informada sobre la despenalización del aborto.

* Reforma Fiscal Integral: Que proporcione los recursos necesarios para que el Estado pueda garantizar los derechos sociales básicos a toda la población y para llevar a cabo programas nacionales de combate a la pobreza. Revisar la ley de coordinación fiscal y la asignación de los recursos federales a los estados y municipios para garantizar un desarrollo más equilibrado de todas las regiones del país.

* Desarrollo Rural: Revisar la ley respectiva con base en las minutas y propuestas existentes. Impulsar nuevos programas de financiamiento al campo.

* Financiamiento a la Pequeña y Mediana Empresa: Crear un sistema de financiamiento para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, así como para otorgar créditos personales para la producción.

* Tratados de Libre Comercio: Hacer una evaluación de los tratados de libre comercio que ha firmado México y solicitar la revisión de aquellos puntos que sean contrarios al interés nacional.

* IPAB: Modificar la ley que creó el IPAB para garantizar la transparencia y la información pública sobre los créditos fraudulentos y/o mal otorgados.