Como parte de su decisión de vigilar la no desviación de recursos federales, específicamente de los destinados a programas de combate a la pobreza, a campañas electorales, los partidos de oposición propusieron y lograron en la Cámara de Diputados la integración de sendas comisiones especiales. Este es el Informe de la destacada en el estado de Nayarit del 18 de mayo al 15 de julio de 1999, durante el proceso en el que se renovaron Ejecutivo estatal, Congreso local y presidencias municipales.

Esta Comisión Especial tuvo una conformación plural y de los cinco partidos políticos representados en la Cámara, cuatro (PRD, PAN, PT y PVEM) colaboraron arduamente. Un aspecto de suma relevancia es el seguimiento que trató de darle a las denuncias presentadas por la ciudadanía. Sin embargo, no todo fue tan fácil ya que hubo acciones legales de autoridades y legisladores locales y federales que trataron en todo momento de obstruir, y hasta concluir de tajo, las actividades de la Comisión Especial.

Integración

La Comisión quedó integrada por cuatro legisladores del PRI, Salvador Sánchez Vázquez, Marco Antonio Fernández Rodríguez, Alejandro González Sánchez y José Gascón Mercado; dos del PRD, Esperanza Villalobos Pérez y Armando Aguirre Hervis; dos del PAN, Elodia Gutiérrez Estrada y Luis Fernando González Corona; uno del PT, Ricardo Cantú Garza, y uno del PVEM, Aurora Bazán López. En la presidencia se designó a la panista Elodia Gutiérrez Estrada en tanto que el PRI nunca se definió por lo que este partido no se integró a los trabajos como tal.

Programa de Trabajo

El programa de trabajo consideró que fuera la población nayarita la que alertara, mediante denuncia, a la Comisión Especial sobre cualquier posible desvío de recursos federales a favor de algún partido político o candidato. Asimismo, incluyó la elaboración de un padrón de delegados o representantes del gobierno federal en Nayarit y de las oficinas de las dependencias federales ubicadas en esa entidad, así como la planeación y ejecución de una campaña de concientización ciudadana para dar a conocer el objetivo de la Comisión Especial.

La Comisión centró su interés en la actuación de servidores públicos como delegados de la Procuraduría General de la República y de las secretarías de Gobernación; Desarrollo Social; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Comunicaciones y Transportes; Reforma Agraria; Ejecutivo estatal, Procurador y Subprocurador de Justicia, funcionarios municipales, dirigentes locales de los partidos políticos en contienda, organizaciones no gubernamentales, Consejo Estatal Electoral e Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Cumplimiento del Programa de Trabajo

La Comisión Especial se entrevistó en 25 ocasiones con los funcionarios federales, delegados de las dependencias de la Administración Pública Federal, miembros del Congreso local y el gobernador del estado. De igual forma solicitó por escrito a dos secretarios de Estado información sobre el ejercicio de recursos públicos durante el período del proceso electoral y requirió a los delegados estatales de las dependencias federales la información detallada e inventarios de los recursos y bienes públicos federales a su cargo.

Instaló una oficina operativa en la ciudad de Tepic, Nayarit, para la recepción de denuncias ciudadanas sobre presuntos desvíos de recursos federales y difundió sus objetivos entre la ciudadanía y se ejerció una presencia disuasiva ante funcionarios federales que pudieran haber desviado recursos. Se elaboró un folleto informativo dirigido a la población respecto a los programas federales a que tiene derecho, así como el porqué de la Comisión en el estado.

Seguimiento a denuncias ciudadanas

En la mayoría de los casos (66%) las denuncias presentadas por los nayaritas se refieren a asuntos del orden penal, civil e incluso mercantil, bastante alejadas del objetivo de la Comisión Especial. El número total de ciudadanos atendidos fue de 203, se conformaron más de 70 expedientes, de los cuales poco menos de 50 fueron competencia de ésta.

Acciones legales de autoridades y legisladores locales y federales

Amparo improcedente

Desde antes de su llegada a territorio nayarita la Comisión Especial causó diversas reacciones, algunos políticos se pronunciaron duramente en contra de la constitución y entrada en operación de una Comisión Especial de este tipo. Los primeros intentos por detenerla se dieron al interior de la propia Cámara de Diputados, con la férrea oposición de los legisladores del PRI. En Nayarit, algunos funcionarios locales buscaron proceder directamente ante tribunales.

Así, el presidente del Consejo Estatal Electoral del Estado de Nayarit, Héctor Manuel Béjar Fonseca, promovió una demanda de amparo contra la creación de la Comisión Especial, la cual fue desechada por el Juez Primero de Distrito en resolución del 7 de mayo de 1999.

El amparo fue desechado en virtud de que actuaba como representante legal de una persona moral oficial y como tal no puede acudir ante los tribunales federales en demanda de amparo salvo que el acto que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, según lo establece el artículo 9 de la Ley de Amparo.

Comisión de Seguimiento e Imparcialidad

Por su parte, la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local inició su propia campaña en contra de la Comisión Especial acusándola infundadamente de violar la soberanía estatal y de buscar favorecer a la entonces oposición representada por los abanderados de la Alianza para el Cambio. De esta manera, propuso y aprobó la integración de una Comisión Especial de Seguimiento e Imparcialidad la cual debería dedicarse a vigilar a la Comisión Especial de legisladores federales.

Debate en la Comisión Permanente

En la sesión de la Comisión Permanente del 19 de mayo (...)el diputado priísta Marco Antonio Fernández Rodríguez, ex integrante de la Comisión Especial, argumentó que ésta no tenía sustento legal para vigilar un proceso electoral como el de Nayarit por una supuesta violación al ámbito de competencia y presentó una petición a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados para la revisión del Acuerdo por el que se creó la Comisión Especial.

Controversia Constitucional

La última acción para impedir el trabajo de la Comisión Especial fue la interposición del gobierno de Nayarit de una demanda de juicio de Controversia Constitucional en contra de las Comisiones Especial y de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados. Sin embargo, en el artículo 105 de la Constitución éstas no se encuentran señaladas como órganos que puedan ser objeto de las controversias constitucionales. Esto atañe sólo a alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, no a sus comisiones.

Información recabada

b) Información de los programas y recursos federales aplicados

Después de varias peticiones y visitas, se obtuvo de la Secretaría de Desarrollo Social en Nayarit un informe sobre el inventario de vehículos a cargo de la dependencia, bienes inmuebles, áreas de responsabilidad y nombres de los responsables en que se divide su trabajo, así como las rutas de distribución por municipio de los recursos que esta oficina canaliza hacia los 20 ayuntamientos del estado de Nayarit. En el caso del ISSSTE y de las presidencias municipales se recibió una información similar, aunque en este caso faltaron algunos ayuntamientos y aquellos que la proporcionaron fue de manera incompleta.

La información desglosada por municipios y poblados beneficiados con programas federales de asistencia canalizados por la Sedeso en Nayarit se obtuvo del Diario Oficial de la Federación porque el Secretario de la dependencia y el delegado en el Nayarit se opusieron en todo momento a proporcionar la información solicitada por escrito y en las entrevistas, limitándose a entregar sólo la que a su juicio consideraron prudente para no comprometer su actitud parcial a favor de un partido político.

Con la información obtenida se realizó un cruce de tipo estadístico para comparar los lugares en que más familias se beneficiaron con los programas federales, con el propio resultado electoral, realizándose dos estudios, uno acerca de la Información Electoral y otro sobre Comparación de Apoyo de Recursos Federales con Resultados Electorales.

En el estudio de Comparación de Apoyo de Recursos Federales con Resultados Electorales se tomó como indicador de los demás programas el Programa de Educación Salud y Alimentación (Progresa) —que era el programa más denunciado debido a la carta enviada por el candidato del PRI— y se contrastó con los resultados electorales, bajo la premisa de conocer la relación entre los programas federales para apoyar a las familias que viven en extrema pobreza con los resultados electorales.

Como resultado del estudio se pudo determinar que efectivamente existe una relación directamente proporcional entre los municipios en los que gana el Partido Revolucionario Institucional y en los que el porcentaje de familias beneficiadas con el Progresa es mayor. Al comparar los resultados de las elecciones para gobernador y el porcentaje de familias beneficiadas con el Progresa se obtuvieron tres datos fundamentales para determinar la validez de esta afirmación:

1. En los diez municipios donde hay un porcentaje mayor de familias beneficiadas con el Progresa, el PRI ganó la mayoría de ellos, excepto en uno (entre el 25.7% y el 81.8%).

2. Como contraste, en los seis municipios que tienen un porcentaje bajo de familias beneficiadas con este programa (menos del 14.5%), ganó la Coalición Opositora, con excepción de uno de ellos.

3. Existe una franja media, de cuatro municipios, que comprende entre el 25.4% y el 16.6% de familias beneficiadas con el Progresa, en la que se da un equilibrio entre ambas fuerzas.

Con esto se puede afirmar que el Progresa se utiliza para orientar el voto ciudadano a favor del PRI en las comunidades donde se aplica pese a que los considerandos del Acuerdo para la operación del Programa de Educación, Salud y Alimentación establezcan que:

Los recursos federales asignados a dicho programa son considerados un subsidio federal y por tanto sujetos a criterios de selectividad, objetividad, transparencia, temporalidad y publicidad, debiéndose identificar claramente a la población beneficiaria, tanto por grupo específico como por región.

Las secretarías de Desarrollo Social, de Educación Pública y de Salud, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, que son las dependencias del Ejecutivo federal encargadas de la operación del programa, no han justificado de manera fehaciente la aplicación de los recursos federales en determinados grupos o regiones, por lo que las denuncias presentadas a esta Comisión Especial confirman el hecho de que los programas federales para la superación de la pobreza que utilizan recursos de los ramos 26 y 33 son utilizados para beneficiar no a los estratos pobres de la sociedad, sino al partido oficial.

Conclusiones

La Comisión Especial cumplió con el objetivo de evitar que en la práctica se desviaran los recursos federales en las elecciones del 4 de julio de 1999 en Nayarit. Sin embargo, su presencia no inhibió por completo esta práctica debido a que algunos funcionarios, plenamente identificados, consideraron que gozaban de inmunidad y que con su ayuda era posible el triunfo del partido oficial en el proceso electoral.

La Comisión Especial evitó la utilización de vehículos oficiales en las campañas proselitistas y la entrega de recursos federales, logró convencer a la ciudadanía mediante trabajo en los medios de comunicación y visitas comunitarias acerca de la necesidad de que la Comisión Especial previniera el uso inadecuado de recursos públicos, participó en la recepción de denuncias ciudadanas, se constituyó en el más eficaz vigilante para impedir la entrega con fines proselitistas de los recursos federales y despertó en los ciudadanos del país un gran interés en este nuevo organismo.

En cuanto a la información recabada por la Comisión Especial, merece atención el estudio correspondiente a la incidencia del apoyo de los programas federales en las elecciones. Es notable que nueve de los 12 municipios en los que obtuvo el triunfo el Partido Revolucionario Institucional, las familias recibieron mayor apoyo del Progresa. Considerando a este programa como una variable en el estudio realizado, se desprende que hay una relación directa entre el número de familias beneficiadas por el programa que utiliza recursos federales y los triunfos electorales del PRI en esos municipios.

Desde la propuesta, aprobación y entrada en funciones de la Comisión Especial pudo apreciarse la oposición del Grupo Parlamentario del PRI para su conformación y actividades; en todo momento los funcionarios federales visitados manifestaron ser militantes del PRI y estimaron que su actuación estaba dentro de la Ley, pues podían hacer proselitismo fuera de las horas de trabajo. No obstante lo anterior, en reiteradas ocasiones se negaron sistemáticamente a proporcionar la información que la Comisión Especial les requirió y según consta en actas notariales, continuaron haciendo proselitismo a favor del candidato del PRI, aún dentro de edificios destinados al servicio público.

La oposición a la Comisión Especial llegó al ámbito local donde la fracción parlamentaria del PRI propuso una Comisión para vigilar las actividades de la Comisión Especial mientras en la Comisión Permanente se pidió la inmediata suspensión de la Comisión. Todo esto permite concluir que las diversas manifestaciones de resistencia a la vigilancia y prevención del uso de recursos públicos con fines electorales, fueron resultado de la costumbre de utilizar los programas de desarrollo social para beneficio del PRI, siendo éstos los mejores medios para hacer proselitismo a favor de sus candidatos.

No obstante, la Comisión Especial fue útil para prevenir que los recursos públicos fueran destinados al apoyo de algún partido político o candidato, pero destaca el hecho de que en aquellos lugares donde se entregaron proporcionalmente mayores recursos del Progresa fueron los municipios en los que ganó el PRI.

Recomendaciones

Que el pleno de la Cámara de Diputados haga un llamado de atención al Ejecutivo federal y a todos los servidores públicos de la Federación para que respeten el Derecho a la Información que el Estado debe garantizar como lo establece el Artículo Sexto de la Constitución.

No es posible que funciones como las de esta Comisión estén supeditadas a las decisiones de autoridades que a su libre arbitrio niegan la información solicitada para el cumplimiento de una encomienda específica.

De las denuncias presentadas por la ciudadanía nayarita se desprende que diversos funcionarios públicos de algunas secretarias sí incurrieron por lo menos en una acción de coerción para inducir el voto a favor del partido oficial. Esta hipótesis se encuentra sustentada con videos, fotografías y testimonios de las personas que se atrevieron a interponer la denuncia correspondiente.

Además, de las denuncias presentadas en el orden electoral y en lo relativo a posibles desvíos de recursos federales por parte de funcionarios públicos, la Comisión Especial captó denuncias del orden penal, acompañadas de la respectiva copia de la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, ya fuese del fuero común o del fuero federal.

Para evitar posibles desvíos de recursos federales se recomienda, mediante reformas adecuadas a la Ley de Coordinación Fiscal, al Presupuesto Anual, la elaboración de una nueva Ley, establecer un procedimiento más minucioso para vigilar y controlar la entrega y utilización de los recursos federales de los distintos programas sociales, en beneficio de algún partido político o candidato.

De la información recabada por esta Comisión Especial, tanto de la ciudadanía como de algunas dependencias públicas o delegaciones, se desprende que en los municipios donde existen más familias beneficiadas con los programas es precisamente en donde el partido oficial obtuvo triunfos en las pasadas elecciones del 4 de julio en el estado de Nayarit. Tales son los casos de Huajicori, Rosamorada, El Nayar, San Pedro Lagunillas, Santa María del Oro, La Yesca, Ahuacatlán, Acaponeta, entre otros.

Por tal motivo, se debe estudiar el mecanismo adecuado para planear, conducir, ejecutar y controlar el uso de recursos federales para la superación de la pobreza, en particular para lograr que haya una correcta distribución que acabe con el uso electoral de los beneficios de los programas para el desarrollo social.

El siguiente cuadro elaborado por el equipo coordinado por el diputado Armando Aguirre Hervis documenta con cifras los Principales resultados del Progresa en el país.