Emilio Zebadúa**

Emilio Zebadúa (EZ): Si hay un ámbito en el que prácticamente todos los actores políticos han aplicado su mayor esfuerzo ha sido el diseño y fortalecimiento de una institución electoral autónoma. Desde las elecciones de 1988, cuando la credibilidad electoral tocó fondo, se ha exigido la creación de un organismo electoral, como el Instituto Federal Electroal (IFE), que cuente con la credibilidad ciudadana, la confianza de los partidos políticos y que, además, tenga capacidad técnica y operativa suficientes para organizar eficazmente las elecciones en México. Ese esfuerzo, construido durante muchos años, estará a prueba el próximo 2 de julio.

Me cuesta mucho trabajo pensar en elementos objetivos adicionales que pudieran haberse considerado, en las circunstancias políticas que vive el país, para dotar al IFE de una fortaleza mayor. Creo que el Instituto está en las mejores condiciones posibles en este contexto político para organizar con éxito las elecciones del 2 de julio.

EZ: Hay por lo menos dos aspectos importantes del IFE hoy en día. Uno, su capacidad organizativa que como hemos visto en otros procesos electorales de ninguna manera es un asunto fácil en sí mismo. Actualmente el IFE es capaz de organizar una elección en todo el territorio nacional, desplegar más de 114 mil casillas, llegar a los puntos más remotos y contar los votos con esa misma eficacia y transparencia. Ese es un activo del país.

Segundo, el IFE representa también un acuerdo político, un acuerdo entre el gobierno, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los partidos de oposición y es un acuerdo político que se ha sostenido a lo largo de varias elecciones federales y que si bien ha registrado ajustes y adaptaciones —la más reciente con la reforma constitucional y legal de 1996 y la integración del nuevo Consejo General— ha sido un acuerdo político mantenido en las buenas y en las malas.

No debemos ignorar que durante mas de un año el IFE sufrió una ofensiva del gobierno y del PRI que intentaba modificar ese acuerdo político y, sin embargo, se mantuvo y salió adelante, lo que habla muy bien de la fortaleza política y de lo que el IFE representa hoy en México.

Ese acuerdo político se expresa en buena medida en la integración del Consejo General, pero también en la participación de los partidos políticos en los órganos del IFE, en el Consejo General, en los consejos distritales, en la Comisión de Vigilancia del Padrón Electoral y en otras instancias. En México tenemos un acuerdo político de gobernabilidad que es el IFE, porque tiene capacidad organizativa y ha resistido. Hoy en día tenemos un instituto sólidamente establecido para cumplir con su responsabilidad.

EZ: El IFE es un acuerdo político con capacidad administrativa y organizativa para realizar las próximas elecciones. Es un árbitro porque dirime controversias entre los partidos políticos mediante la resolución de quejas y denuncias. Es también un fiscal porque revisa y sanciona, en su caso, las violaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). El IFE es un educador porque imparte educación cívica y capacitación electoral, y es un administrador porque tiene a su cargo distintos aspectos físicos que permiten la tarea de organización.

Pobreza y compra de voto

EZ: Creo que la compra y la coacción del voto es todavía un fenómeno muy significativo en México basado en una cultura autoritaria y en un abuso de poder, en una desigualdad económica. El problema es mucho más agudo en zonas donde la población es más vulnerable debido a su pobreza, a la subordinación a caciques o jefes políticos con capacidad para determinar el bienestar de personas o comunidades.

La dependencia de un amplio sector de la población de la seguridad social que brinda el gobierno propicia la compra abierta, la coacción, la presión, la influencia carente de ética por parte de gobiernos o líderes políticos. Este es un problema que afecta la calidad y la naturaleza de la democracia mexicana y hasta que esa situación haya sido extirpada, podremos hablar de una democracia plenamente desarrollada.

Lamentablemente, el Instituto Federal Electoral tiene ciertas limitaciones para evitar o erradicar esas prácticas. Una de ellas, su imprecisión y vaguedad para definir como tales la compra y coacción del voto. Ante ello. Lo que el IFE puede hacer es educar, hacer conscientes a los ciudadanos sobre la importancia de no vender su voto ni revelar el sentido de éste, así como inculcar confianza hacia los mecanismos que garantizan el sufragio libre y secreto.

Esto, en el contexto de una población educada, urbana, plural, es una tarea fácil, pero entre una población aislada, empobrecida, subordinada políticamente, dependiente de los programas sociales del gobierno, evitar la compra del voto es prácticamente imposible.

La coacción del voto es, así, un fenómeno que va a afectar las elecciones del 2000. ¿En qué magnitud, qué número de ciudadanos van a votar influidos por la compra abierta de su voto o por una presión material o virtual sobre sus consciencias? no lo sabemos y quizá sea imposible determinarlo y cuantificarlo estrictamente, pero ese fenómeno existe y va a afectar la calidad del proceso democrático mexicano como ha afectado, sin excepción, todas las elecciones habidas en este país desde su nacimiento como República.

En ese sentido es condenable y el IFE debe tener una posición muy activa para, en la medida de lo posible, evitarlo y, donde sea factible, contribuir a su sanción.

EZ: Fundamentalmente, pero también hemos diseñado un esquema que cubre todo el territorio nacional, en torno a las Juntas Distritales, Consejos Distritales y locales, para que los integrantes del IFE sean capaces de recibir y turnar a las instancias correspondientes —IFE y en algunos casos Procuraduría General de la República (PGR)— todas las denuncias que se presenten. Con los 300 Consejos del país construimos una especie de ámbito receptor para facilitar la presentación de denuncias a partidos políticos, ciudadanos y organizaciones sociales.

EZ: Sí hay sanciones establecidas en el Código Penal que investiga el Poder Judicial y las acciones de denuncia están a cargo del Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales adscrita a la PGR. Existen sanciones a funcionarios públicos, partidos políticos, representantes del IFE y miembros de otras instancias que incurran en delitos. Al IFE no le corresponde la persecución y sanción, excepto si se trata de partidos políticos o de sus propios funcionarios.

Aquí, sin embargo, hay un problema que debe tomarse en cuenta. Dadas las condiciones políticas, culturales y sociales descritas, la gente se encuentra con pocos incentivos y muchos obstáculos al hacer denuncias, en muchos casos las presenta, pero no las ratifica o se dificulta el acopio de pruebas o evidencias, así como el dejar constancia jurídica plena de la violación de la ley.

EZ: Es cierto, el marco jurídico es imperfecto e insuficiente para atender la complejidad de la compra y coacción del voto, eso es incontrovertible; lo que se incluye en el Cofipe y el Código Penal resulta insuficiente en la práctica para atender y resolver este fenómeno, aunque también es válido decir que la Fiscalía Especial para Delitos Electorales no ha cumplido con las altas expectativas que su constitución creó en los ciudadanos, partidos políticos y organizaciones civiles que la impulsaron y participaron en su diseño. Creo que ése es uno de los ámbitos donde todavía se tiene que hacer mucho para fortalecer el régimen de derecho en materia de democracia

EZ: El IFE puede hacer lo que ya lleva a la práctica. ¿Qué tanto impacto tengan las campañas de educación cívica? es difícil saberlo, pero de que son importantes y debemos hacerlo no existe duda. Incluso deberíamos incrementarlas lo más posible, aunque es una tarea que cuesta mucho dinero porque se trata de campañas por televisión y radio o publicación de materiales impresos para ser distribuidos en un país tan amplio como el nuestro.

En este sentido el IFE va a la vanguardia. Los esfuerzos de Alianza Cívica y de otras organizaciones civiles o de los partidos políticos en esta materia son muy loables, pero el IFE tiene una responsabilidad particular y debe cumplirla a cabalidad.

Como ya comentaba, aprobamos un acuerdo en el Consejo para establecer una red nacional que vincula a todas las oficinas y Consejos Distritales del país que cuentan con puertas de acceso a la presentación de denuncias por parte de organizaciones, partidos políticos y ciudadanos sobre la compra o coacción del voto. En este sentido, el IFE tiene la ventaja de contar con una red de 300 oficinas distritales y funcionarios que se extiende por todo el país, donde los ciudadanos pueden encontrar ventanillas más accesibles que las del Ministerio Público, por ejemplo. Eso demuestra el compromiso del IFE con este esfuerzo.

La responsabilidad del Estado

EZ: Es un proceso en marcha. El IFE aprobó mantener la atención durante todo el proceso electoral y no sólo durante la jornada electoral porque coincidimos: la compra y coacción del voto se lleva a cabo no únicamente el día de la elección, sino en la fase previa a la de los comicios y en algunos casos hasta posterior a la jornada electoral. Entonces este proceso de compra y coacción del voto debe ser monitoreado y atacado en las tres etapas y esto en el IFE lo tenemos presente.

EZ: En el proceso electoral federal de 1997, a través de un acuerdo del Consejo General, el IFE intentó exhortar a los gobiernos federal, municipales y estatales a suspender la difusión, y no precisamente la construcción o la entrega de obras, sino la promoción de actos de gobierno para evitar justamente un probable vínculo electoral con esa práctica gubernamental.

Empero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló en contra de la decisión del Consejo General y declaró ilegal nuestro exhorto por lo tanto quedó sin efecto jurídico lo que es muy lamentable porque constituía una acción con un significado claro y simbólico que obligaba y vinculaba a todos los gobiernos en este mismo compromiso. Pero incluso el no difundir la obra pública sería insuficiente aunque, de cualquier manera, ojalá los gobiernos se comprometieran de manera voluntaria con la ciudadanía y los procesos democráticos haciendo esta reserva, limitando la difusión de sus obras a un período de tiempo antes de la jornada electoral. Esa decisión, sin embargo, corresponde ya sólo a los gobiernos.

EZ: El IFE no lo haría porque el Tribunal Electoral se lo impidió, pero en lo personal creo que sería una acción loable de parte de los gobiernos de todos los niveles hacerlo por voluntad propia, pero depende de sus propios cálculos electorales y por lo tanto no estamos seguros de que quisieran hacerlo.

EZ: La responsabilidad de limitar el uso de los recursos públicos para fines electorales recae históricamente de manera fundamental en el gobierno federal de extracción priista, pero que hoy en día también recae en gobiernos de otros signos políticos porque no podemos negar que hay administraciones de otros partidos políticos que también se benefician con la utilización de recursos públicos. Entonces, el llamado del IFE sería a todos los gobiernos, de cualquier signo político.

EZ: Es difícil distinguir entre el quehacer cotidiano del gobierno y los programas con un cálculo estratégico de carácter electoral, y es difícil porque evidentemente el hecho de que haya elecciones de ninguna manera significa que los gobiernos deban detener sus actividades. Pero también es cierto que los gobiernos están integrados por políticos que hacen cálculos electorales y en ese sentido no hay por qué sorprenderse si decisiones de carácter financiero internacional se ligan a los ciclos electorales de este país.

EZ: Uno de los hechos de la política mexicana es la parcialidad de algunos medios de comunicación importantes. Ha habido avances y hoy tenemos medios objetivos y profesionales, sin embargo, el peso de algunos de ellos a favor de una posición oficial, gobiernista, es algo que los ciudadanos constatan todos los días. Ese es uno de los grandes rezagos y retos del futuro. Si queremos tener una democracia plena, debemos tener medios de comunicación profesionales e imparciales que, además, marquen su distancia del gobierno federal. Lamentablemente eso todavía no ocurre. Hoy en día, como dije, un alto número de medios de gran influencia mantiene posiciones oficiales en la cobertura de noticias importantes para la nación.

El monitoreo del IFE pretende registrar esto, pero evidentemente es un monitoreo amplio y general que a veces no logra captar lo que el ciudadano común y corriente logra detectar en ciertos medios impresos o cuando ve y escucha determinados medios televisivos o radiofónicos y advierte criterios a favor del gobierno y de sus expresiones partidistas. Es uno de los grandes rezagos de la democracia mexicana y es una de las grandes tareas que debemos emprender en el futuro. Los avances registrados son importantes, hay una pluralidad mayor de medios, pero este es uno de los asuntos de mayor rezago en la cultura democrática del país.

EZ: Hay un número importante de formadores de opinión que no necesariamente se suscriben a códigos de ética y que tienen una predisposición a favor o en contra de determinados políticos o partidos y eso incide evidentemente en su trabajo, afectando la cultura democrática. Sin embargo, es un asunto de difícil solución porque creo firmemente en la libertad de expresión y en la libertad para que la gente tenga sus propias posiciones políticas. El problema se presenta cuando éstas afectan la objetividad y el desarrollo democrático de México. Creo que hemos sufrido esto durante muchos años sin que se haya resuelto todavía.

EZ: Hay diferencias importantes. No podemos perder de vista que a diferencia de 1994, esta vez el gobierno federal no está involucrado directamente en la organización de las elecciones. En 1994 el Consejo General del IFE era presidido por el Secretario de Gobernación y por ello el poder federal tenía una injerencia en el manejo de los asuntos electorales. Hoy en día no es así, el IFE es un órgano plenamente independiente y en ese sentido los límites de actuación, aunque no han desaparecido, sí se han reducido.

En segundo lugar las condiciones materiales de competencia se han equilibrado mucho más. La cantidad de recursos que reciben los partidos políticos de oposición por parte del Instituto Federal Eelectoral los coloca en una situación de mucha mayor competitividad que antes.

En cuanto al acceso a los medios de comunicación, pese a sus deficiencias, los partidos de oposición y sus candidatos pueden anunciarse en sus propios términos en la televisión y en la radio como nunca antes se había visto. Lo anterior cambia cualitativamente las condiciones de competencia. No significa que sean plenamente equitativas ni que desaparezcan ventajas estructurales a favor de un partido político vinculado con el gobierno, pero sí equivalen a condiciones equitativas que jamás se habían tenido en la historia de este país.

En este sentido, las elecciones de 2000 no tienen precedentes y por eso vemos desde ahora lo duro de la competencia y el resultado electoral es incierto. Hay distintas fuerzas políticas con posibilidades reales de ganar la Presidencia de la República y ciertamente veremos constituidos órganos de autoridad pública plurales en el país. Hay diez elecciones concurrentes para renovar Congreso de la Unión, Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, además del Ejecutivo Federal. No sabemos en qué porcentaje ganarán representación las distintas fuerzas y eso hace la vida política electoral en México mucho más rica, dinámica, incierta y compleja.

Los compromisos del IFE

EZ: El IFE tiene los ojos puestos fundamentalmente en el 2 de julio y en las etapas que giran en torno a esa fecha. El IFE no puede ver más alla: Debemos estar muy comprometidos en sacar bien esos comicios, los días subsiguientes el Instituto tiene tareas importantes en el cómputo del voto. Creo que no se puede pensar más allá de la jornada electoral si antes no resolvemos adecuadamente el 2 de julio.

La legitimidad de las autoridades electas y la gobernabilidad del país para los próximos años dependerán de las condiciones en que esa elección se lleve a cabo, así como de la capacidad del gobierno para afrontar grandes problemas sociales, de seguridad pública y económicos como la deuda heredada del Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa). Todo dependerá de la calidad de las elecciones del 2 de julio y la contribución del Instituto Federal Electoral es organizar bien las elecciones ese día.

EZ: Creo que las condiciones de conflictividad reales o potenciales que existen en varios estados de la República, como en Chiapas, inciden sobre el proceso electoral porque generan tensión, obstáculos, dificultades a las autoridades electorales, a los partidos políticos y a los ciudadanos. Tener o no acceso para la instalación de casillas, que haya o no tranquilidad al momento de votar, si la casilla esté lejos de la comunidad afecta desde hoy la calidad y las condiciones del proceso electoral.

Lamentablemente, la situación que vive el país por razones de pobreza y violencia vinculadas con la criminalidad ordinaria o con el narcotráfico, la violencia ligada a conflictos de carácter político o militar, o a la existencia de grupos guerrilleros en Chiapas, Oaxaca y otros estados, trasciende las facultades del IFE para establecer condiciones adecuadas para la elección y es una responsabilidad de los gobiernos estatales y federales garantizar paz y tranquilidad a los ciudadanos y respeto a la ley.

EZ: Uno de ellos es el de los medios de comunicación, en el que como ya dijimos existe un gran rezago que requiere ser atendido para lograr mayor objetividad e imparcialidad política.

Dos: El tema de la compra y coacción del voto que también ya lo explicamos. En tercer lugar el tema del dinero. Un control más eficaz sobre el ejercicio de los recursos por parte de los partidos políticos. Es un tema en el que hay que insistir para garantizar que el origen y destino de todos los recursos a ejercer durante un proceso electoral sea perfectamente fiscalizado.

Ciertamente, rebasando lo electoral, la democracia mexicana requiere un análisis profundo de muchas de sus instituciones políticas y diría que el gran reto, en el que concurren ciudadanos, organizaciones, empresas privadas y gobiernos, es la necesidad de que el Poder Judicial en México funcione sin corrupción, con eficacia y respeto a la ley. Esa reforma al Poder Judicial debería estar en primer lugar dentro de la agenda nacional para fortalecer el Estado de Derecho y la democracia en México.

* Entrevista: Carlos Padilla Ríos. Periodista.