Fobaproa, crimen impune

El Fobaproa es, como sostiene Andrés Manuel López Obrador, un expediente abierto. Desde el propio inicio de la reprivatización bancaria hasta la aparición del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), con el que se sustituyó el primer fondo creado para rescatar del desastre a especuladores convertidos en banqueros, la historia de la crisis en la banca nacional es de fraudes, complicidades y, sobre todo, impunidad.

Como afirma en esta edición de Coyuntura el analista económico Juan Moreno Pérez, "en cualquier país civilizado, lo peor de un crimen es que permanezca impune, pero en México, el país de la impunidad, peor que un crimen sin castigo es su desconocimiento, que ni siquiera se divulgue que pasó ni se conozca a los responsables de lo sucedido".

Por ello, en un pormenorizado análisis del propio Moreno Pérez, Coyuntura regresa al tema que lacera a millones de mexicanos, el Fobaproa y la conversión de su costo en deuda pública, en el que también Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal y uno de los más agudos críticos del rescate bancario, revela en una investigación cronológica la verdadera raíz de la crisis bancaria, su situación actual y el panorama que, de continuar la aplicación de la actual política financiera, se vislumbra.

Como afirma Moreno Pérez, "el presente trabajo busca ayudar a desnudar la gran operación de encubrimiento que pretenden las autoridades gubernamentales, con la complicidad del Partido Acción Nacional (PAN), respecto a uno de los mayores crímenes que se han cometido contra la mayoría de los mexicanos: el del Fobaproa".

Coyuntura aborda también en esta edición los grandes temas pendientes a fines de sexenio. Además de la crisis financiera más grave en la historia de México, la administración de Ernesto Zedillo heredará a quien lo suceda en la Presidencia de la República, entre otros asuntos, el estancamiento del diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas y la creciente militarización de ese estado; la violación en ascenso de los derechos humanos en el país a manos, principalmente, del Ejército y corporaciones policiacas y el persistente uso político y electoral de los programas de carácter social, en particular, del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa).

De igual forma, en segunda y última entrega sobre el trabajo de las comisiones especiales creadas en la Cámara de Diputados para vigilar que no se desvíen recursos públicos a campañas de partidos y candidatos en el actual proceso electoral, Coyuntura incluye aquí el Informe legislativo correspondiente a las elecciones de gobernador en Nayarit según el cual, "se pudo determinar que efectivamente existe una relación directamente proporcional entre los municipios en los que gana el PRI y en los que el porcentaje de familias beneficiadas por el Progresa es mayor" puesto que "en los diez municipios donde hay un porcentaje mayor de familias beneficiadas con el Progresa, el PRI ganó la mayoría de ellos, excepto en uno (entre el 25.7% y el 81.8%) y, en contraste, en los seis municipios con un porcentaje bajo de familias beneficiadas con este programa (menos del 14.5%), ganó la Coalición Opositora, con excepción de uno de ellos".

De todo ello nos dan cuenta en sendas entrevistas el diputado federal, integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación, Gilberto López y Rivas; el politólogo Lorenzo Meyer; el consejero electoral, Emilio Zebadúa, y la representante de Amnistía Internacional en México, Rocío Culebro.