A punto de concluir el Siglo XX, el presidencialismo subsiste en México. Sin contrapesos reales, pese al avance —aún insuficiente— de la oposición en los últimos dos años, el régimen presidencialista ha fijado durante décadas el rumbo de todo el país con la decisión de un solo hombre, el titular del Ejecutivo federal.

¿A quién rinde cuentas el Presidente de la República? ¿Qué limita, en el terreno jurídico, el desempeño de su encargo?

Para Emilio Krieger, "curiosamente, el servidor público investido de un máximo de facultades de decisión, cuyo conjunto significa un autoritarismo que fácilmente puede caer en el abuso despótico, arbitrario e inconstitucional (...), quien además de ser el jefe de la Nación, es el jefe de la Administración Pública está protegido por una poderosa malla de impunidad prácticamente en cualquier campo..."

Tiene razón Krieger. Y uno de esos campos de los que habla el prestigiado constitucionalista es la responsabilidad, o en este caso, la no responsabilidad política del Presidente de la República.

De ahí la preocupación de Coyuntura por traer a sus páginas el análisis de un tema tan relevante. Es así como los también constitucionalistas Adalberto Saldaña Harlow y Manuel González Oropeza, así como el politólogo Reynaldo Ortega Ruiz, vierten aquí sus opiniones en torno a un punto en específico: el juicio político y su no aplicabilidad en México al Jefe del Ejecutivo, dada su inexistencia como tal en la Constitución General de la República y los elementos que en este rubro tanto distinguen a nuestro país de otros de América Latina como Brasil y Venezuela donde los juicios no sólo han conducido a la destitución del mandatario en turno, sino incluso a su encarcelamiento.

En esta edición, Coyuntura aborda también el riesgo en que se encuentra el Patrimonio Cultural de México ante la eventual aprobación de la iniciativa presentada al Senado por el legislador panista Mauricio Fernández Garza para una nueva Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Inscrita en la ola privatizadora del régimen actual, el proyecto de Ley "no logra ocultar su fin: que los múltiples, variados y ricos testimonios de vidas, producidos, reservados y acumulados por generaciones —patrimonios históricos culturales—, dejen de ser propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles; de uso común y dominio público", como advierte aquí el historiador Felipe Echenique March. Cambios de tal magnitud requieren no sólo del conocimiento de todos los mexicanos a quienes en realidad pertenece ese patrimonio, sino de su participación en la discusión por la preservación de lo que guarda, en esencia, nuestra propia identidad cultural.

Coyuntura incluye también en este número un análisis prospectivo de las elecciones en el estado de Coahuila donde la oposición en su conjunto busca repetir la experiencia de Nayarit: ganar la gubernatura con una coalición que integró —también aquí— a los dos partidos más importantes de la oposición: el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional, pese a los obstáculos interpuestos, desde las pláticas que apuntaban hacia una alianza, por el Partido Revolucionario Institucional.

Como en Nayarit, la Coalición Opositora tiene en Coahuila amplias posibilidades de triunfo en lo que diversos analistas consideran un adelanto de lo que podría ocurrir en el 2000 de concretarse la Alianza Por México para disputar al PRI la Presidencia de la República.

En otros temas, Coyuntura hace una breve semblanza de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), una de las organizaciones sociales de mayor trascendencia en el movimiento urbano popular y sus logros en el área de la gestión social, su expansión como vertiente de la movilización ciudadana y su creciente presencia como opción de participación política en México.