José Gasca Zamora*

1. Introducción

La vertiente regional del desarrollo en México constituye una de las preocupaciones actuales sobre la cual se debatirán al menos tres temas cruciales en lo inmediato: a) el impacto de los proyectos presentes y futuros de las políticas sociales y económicas, b) las acciones de gobernabilidad y participación social derivadas de la relación entre el poder central y las instancias y actores locales y regionales, y c) los mecanismos y formas de inserción del país y sus regiones a la globalización.

Una mirada al pasado demuestra el riesgo de reproducir modelos y formas equivocadas de gestión del desarrollo que legitimaron las acciones del Estado y a un elevado costo para las sociedades regionales y el conjunto del país. Así, durante la historia de las políticas y planes regionales es posible advertir aquellas situaciones que han llevado a cuestionar el papel de Estado como un promotor eficiente del desarrollo regional, entre ellas: a) la discontinuidad temporal y territorial de los planes de desarrollo, es decir la planeación por sexenios y planes que privilegiaron solo ciertos sectores y regiones, b) el esquema centralizado y vertical de toma de decisiones, que se traduce en la imposición de intereses desde el centro y la negación a las regiones para participar de los beneficios de la riqueza generada en sus propios ámbitos territoriales, c) el predominio de planes y programas meramente normativos que carecieron de controles y evaluaciones, d) la inviabilidad económica de los proyectos durante periodos de recesión o crisis económica y e) el carácter asistencial y clientelar de los programas y sus recursos.

En función de lo anterior, el modelo de desarrollo en México desde su vertiente regional se expresó en distorsiones territoriales de excesiva concentración económica, centralidad de las decisiones políticas y desigualdad regional que remarcaron la diferencia de sus regiones. Las asimetrías interregionales se hicieron más evidentes en la ubicación geográfica del aparato productivo, el sistema de ciudades, la distribución regional del ingreso y la calidad de vida de la población, elementos que favorecieron a diferentes porciones del centro y más recientemente al norte del país.

En contraste, el Sur-Sureste, salvo en aquellos enclaves derivados de la explotación del petróleo y el turismo, su rasgo distintivo ha sido su acusado rezago. En esta región se ubican las nueve entidades que encabezan los índices más altos de marginación y pobreza del país: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Por lo tanto, la intención de retomar el enfoque regional del desarrollo por parte del Gobierno Federal hacia el Sur-Sureste del país, a través del proyecto Plan Puebla-Panamá (PPP), y otros como La Marcha hacia el Sur y, parcialmente, el Programa de 250 microregiones, resultan iniciativas loables, pero que requieren de un ejercicio de análisis académico que permita no solamente evaluar la viabilidad del proceso de integración territorial, desarrollo social y económico pretendido, sino también los mecanismos de gestión y estrategias políticas utilizadas para llevarlas a cabo, y, sobre todo, las consecuencias futuras para las comunidades locales/regionales, quienes, en última instancia, serán pieza fundamental por representar los espacios sociales donde aterrizarán los proyectos gubernamentales orientados hacia dicha región.

Estas iniciativas, que en conjunto proyectan las estrategias gubernamentales para el Sur-Sureste del país, también nos permiten hacer una lectura geopolítica y geoeconómica en la medida que se trata de una gran porción de territorio de suma importancia por sus recursos estratégicos y por su posición respecto a los vínculos hacia Estados Unidos, Centroamérica y el cono sur, así como por sus posibilidades de puente interoceánico entre Asia y Europa. Estas potencialidades y posibilidades convierten al Sur-Sureste en una región sumamente atractiva a los intereses gubernamentales y empresas privadas nacionales y transnacionales, cuyas intencionalidades parecen cada vez más determinadas por los procesos de integración de mercados regionales y globales, y la incorporación de nuevos espacios sociales a las racionalidades del capital.

Por ello, el Sur-Sureste forma parte de un complejo entramado alrededor del cual se debatirán al menos cinco procesos en el futuro desarrollo de esta región: 1) la forma y los mecanismos de integración hacia el resto del país (articulación de la periferia marginada); 2) los procesos sostenidos de reactivación económica, generación de empleo y redistribución del ingreso para mejorar realmente las condiciones y calidad de vida de la población (disminución de las desigualdades sociales y regionales); 3) la amenaza de los procesos de carácter global debido a la lógica a que se someten el territorio, los recursos y las sociedades locales frente a intereses y decisiones externas del capital y los mercados (racionalidad global versus racionalidad local); 4) la emergencia de las automías regionales y el reclamo de las sociedades locales (principalmente indígenas) por el uso autogestivo de su propio espacio, usufructo de sus recursos y respeto a sus valores culturales (pugna entre megaprocesos de mercado y dinámicas y estrategias locales comunitarias); y 5) la tensión entre el centro y los niveles regional y local, derivado tanto de la implementación de proyectos sin consenso, como consecuencia de la exclusión política de los actores o, bien, como resultado de la actuación de viejos cacicazgos regionales y/o el avance de la oposición (conflicto político entre los niveles federal-regional, federal-local y/o regional-local).

2. El Sur-Sureste de México: una región marginada y polarizada

En México los gobiernos anteriores han carecido de un proyecto de desarrollo que incluyera una estrategia para articular el territorio nacional e impulsar crecimiento más equlibrado de sus distintos espacios regionales. Lo que en cambio se presenta son situaciones inerciales que los propios esquemas y modelos de desarrollo económico-sectorial y social provocaron implícitamente sobre la organización socio-económica del territorio y los niveles de desarrollo que alcanzaron las distintas regiones mexicanas.

La historia de planes y programas emanados desde el Estado, que directa o indirectamente incorporaron la vertiente regional del desarrollo, evidencia el carácter aislado, fragmentado y coyuntural de la planeación regional y la gestión del territorio. Se puede aseverar que la mayoría de los planes y programas privilegiaron lo improvisado sobre lo racional, lo sectorial sobre lo regional, lo central sobre lo local, el mercado sobre lo social, lo asistencial sobre lo productivo, lo clientelar sobre lo autonómico, la imposición sobre el consenso, lo industrial sobre lo agrícola, lo urbano sobre lo rural, lo contaminante sobre lo sustentable y, ahora, lo global sobre lo local.

Es este el contexto característico de aquellas iniciativas que de manera coyuntural o aislada se propusieron llevar a cabo proyectos de desarrollo en distintas porciones del país, incluyendo las escasas iniciativas para el Sur-Sureste, cuyo impacto rara vez se conoce. Para esta región se pusieron en marcha distintos proyectos en las décadas de los setenta y ochenta, entre ellos El Plan de la Chontalpa (Tabasco), El Programa de Reordenación Henequenera y Desarrollo Integral de Yucatán (1982-1985), El Programa de Desarrollo Rural Integral de las Mixtecas Oaxaqueñas Alta y Baja (1984-1988) y los Planes Estatales de Chiapas y Guerero. Llama la atención que en la década de los ochenta se ubiese creado el Programa de Desarrollo de la Región Sureste (1982-1986), del cual, aunque se conocen sus objetivos y metas, no se posee información de sus alcances e impacto regional.

El Sur-Sureste también fue escenario parcial de distintos programas federales de tipo social que bajo una visión asistencial, focalizaron el ataque a la pobreza, este fue el caso de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (1977) y, más recientemente en los noventa, el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) y sus versiones de regionales que en el Sur-Sureste priorizaron zonas como las Mixtecas Oaxaqueñas, la Selva Lacandona y la Huasteca Veracruzana.

Más recientemente, en 1999, entró en operación el Programa Nacional de Atención a Regiones Prioritarias. Este esfuerzo intersecretarial se propuso coordinar acciones de desarrollo social y concentrar los recursos para ataque a la pobreza en 91 regiones identificadas como de mayor marginación (SAGAR, et. al. 1999). Para el Sur-Sureste se incluyeron las regiones de la Cañada, Norte, Selva Norte, Sierrra y Costa en Chiapas; la zona Maya de Campeche y Quintana Roo; la región Oriente y Litoral en Yucatán; Filo Mayor/Sierrra, Montaña y Costa Chica en Guerrero; Costa Chatina, Istmo, Mazateca-Papaloapan, Sierra Juárez y Mixteca en Oaxaca; Sierra Norte y Mixteca en Puebla y Sierra de Soteapan, Valle de Uxpanapa, Sierra Negra-Zongolica en Veracruz.

La versión actualizada de esta vertiente asistencial del desarrollo ahora pretende llevarse mediante el llamado Programa de Desarrollo para 250 microregiones; como programa central de la Secretaría de Desarrollo Social del presente sexenio, concentrará sus recursos en aquéllas regiones prioritarias en los municipios con población indígena de mayor pobreza del país, de los 460 municipios considerados, el 80% se ubican en las nueve entidades del Sur-Sureste del país.

Mención especial merece el Proyecto del Istmo de Tehuantepec; como iniciativa propuesta desde inicios del siglo XX durante el gobierno porfirista para construir un puente interoceánico en América, fue abandonada ante el logro conseguido por EU al posesionarse, construir y operar el Canal de Panamá durante todo el siglo XX.

Sin embargo, el proyecto transísmico volvió a resurgir bajo los gobiernos de Echeverría, López-Portillo, Salinas y Zedillo, quienes en sus distintas versiones sexenales (Proyecto Alfa-Omega, Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec o Megaproyecto del Istmo) se propusieron revitalizar la región ístmica de nuestro país. Sin embargo, estas propuestas adolecieron de una clara orientación para integrar la región desde una perspectiva económica y territorial, no contaron con los recursos financieros necesarios, ni despertaron las espectativas y el interés necesario para atraer las inversiones privadas; además carecieron de consenso con las comunidades locales, principalmente de indígenas zapotecos, mixes, zoques, mixtecos y otros grupos que habitan la región.

Sin duda, un rasgo distintivo del una porción del Sur-Sureste de nuestro país ha sido el desarrollo de complejos petroleros y petroquímicos que el Estado desarrolló aprovechando los ricos yacimientos de hidrocarburos en Campeche, Tabasco, Chiapas y el Sur de Veracruz. La Sonda de Campeche (94 estructuras sobre el mar a 180 Kilómetros de Ciudad del Carmen) concentra 45% de las reservas totales y 70% de la producción de crudo; Tabasco y Chiapas (Ciudad Pemex, Cactus y Nuevo Pemex) cuenta con el 20% de las reservas de hidrocarburos, 24% de la producción del crudo y 54% del gas. El Complejo petroquímico de Salina Cruz, Cosaloacaque, Minatitán, Nanchital, provee alrededor del 90% de productos derivados de la petroquímica básica y secundaria en el país (Martínez, 2000).

El aporte del Sur-Sureste por la vía de hidrocarburos y productos petroquímicos ha sido fundamental al ingreso nacional, sin embargo, el costo para las regiones y comunidades productoras ha sido muy alto, ya que el modelo de explotación petrolera generó enclaves productivos que polarizaron el desarrollo regional de las entidades, pues los beneficios de la riqueza generada por el petróleo en el mejor de los casos favoreció a los centros urbanos y municipios donde se ubicó la infraestructura productiva. A manera de ejemplo cabe señalar que Tabasco ocupa el segundo lugar en producto interno bruto por habitante, solamente superado por el DF, pero se ubica entre las primeras diez entidades con mayores índices de marginación.

Los proyectos explotación petrolera y petroquímica en la fase del "boom" petrolero también generaron procesos altamente contaminantes en las zonas costeras, puertos y rivieras del trópico húmedo, lugares donde se implantaron la mayoría de estos complejos productivos. Esto no solamente provocó la depredación de recursos y el rompimiento del equlibrio ecológico, sino también la disminución de la calidad ambiental para las sociedades locales, además de la vulnerabilidad de éstas frente a eventos desastrosos derivados de la peligrosidad de productos residuales y de los mismos procesos físico-químicos sobre los que opera la industria petrolera y petroquímica.

En la misma lógica territorial de la actividad petrolera, se han desarrollado otro tipo de enclaves que corresponden al turismo. La mayoría de estos complejos corresponde a rutas y circuitos articulados y dinamizados por empresas transnacionales y turísticas internacionales; estas últimas han aprovechado mejor el territorio nacional que las propias empresas, comunidades locales y regionales, combinando el turismo de playa, con el de sitios arquelógicos y ciudades coloniales.

Entre estos se encuentran: el triángulo del sol conformado por Acapulco, Ixtapa y Taxco; el triángulo conformado por la ciudad de Oaxaca, Puerto Escondido y Bahías de Huatulco; la riviera Maya (corredor Cancún-Tulúm) y los circuitos arquelógicos de la península de Yucatán (Mundo Maya), finalmente, los atractivos escénicos, paisajísticos y de parques arqueológicos y sitios ecoturísticos de Chiapas como Palenque, Cascadas de Aguazul, Lagunas de Montebello, Cañón del Sumidero, etc. En buena medida dichos lugares forman parte de de los circuitos turísticos con gran crecimiento provenientes de Estados Unidos, Europa y Japón principalmente.

3. La estrategia gubernamental para el Sur-Sureste

Las políticas regionales, inversiones, desarrollo urbano e infraestructura de transporte y agrícolas focalizadas hacia distintas zonas del centro y el norte del país contrastan con el esquema polarizado y de exclusión para el Sur-Sureste. El resultado ha sido una profunda diferenciación en el nivel de desarrollo regional del país, en el esquema de articulación territorial y en los niveles de bienestar alcanzados por la población.

Las nueve entidades consideradas en el Sur-Sureste concentran las mayores proporciones de población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, escasos servicios, infraestructura, ingresos y escolaridad, así como tasas superiores de mortalidad infantil y desnutrición. Como casos extremos, Oaxaca y Chiapas tienen más del 50% de su población en localidades clasificadas de alta o muy alta marginación, Guerrero registra 45%, Puebla y Veracruz más de 30%, Yucatán y Campeche entre 20 y 30%, mientras que Quintana Roo y Tabasco entre 10 y 20%. (Rudiño, 2001)

Estas asimetrías pretenden ser resueltas ahora con nuevas propuestas de desarrollo regional como son el proyecto Plan Puebla Panamá, La Marcha hacia el Sur y, parcialmente, el Programa para las 250 Regiones Prioritarias ya señalado. Estos proyectos, buscan dos propósitos en apariencia contradictorios. Por una parte, resolver el problema del atraso y la marginación secular del sur y sureste del país y, por otra, la apertura de nuevos espacios de inversión aprovechando la ventaja innegable de la riqueza que proveen los recursos naturales y escénicos (cada vez más escasos, como el petróleo, el agua y los bosques, con que cuentan aún muchas de las microregiones). También está asociada a estos fines la ubicación estratégica en el caso de Oaxaca, Chiapas y Veracruz para dinamizar hacia ellos otros espacios de inversión y circulación de mercancías, pues, dado el riesgo que podrían representar al capital internacional, éste aún no ha penetrado de manera amplia.

Cabe mencionar que el PPP se pretende erigir como un modelo de desarrollo regional inédito al representar un esquema de planeación de largo plazo (20 a 25 años) y de carácter supranacional, toda vez que incluye al conjunto de los países centroamericanos. La base inicial de dicho proyecto se centra en la creación, reactivación o modernización de nuevas infraestructuras para el transporte (carreteras, FFCC, puertos y aeropuertos) que resulta una condición necesaria, pero no suficiente para articular la región y promover la llegada de nuevas empresas, las que buscarán condiciones de articulacón hacia el mercado nacional e internacional.

Entre los proyectos considerados por el PPP se encuentran los corredores del Golfo, Pacífico y Transísmico, mismos que podrían reactivarse por la modernización, ampliación o construcción de 16 ejes carreteros. El proyecto también incluye la modernización del ferrocarril del Sureste, el Chiapas Mayab y el del Istmo de Tehuantepec, y la modernización o ampliación de las terminales de Terán y Tuxtla Gutiérrez, así como de los Puertos de Coatzacoalcos, Salina Cruz, Dos Bocas y Puerto Madero (Presidencia de la República, 2000).

El PPP incluye la promoción empresarial para incrementar la base de inversiones en el Sur-Sureste, la ampliación y modernización de infraestructura agrícola y petrolera, así como proyectos de conservación ambiental. Además del financiamiento aportado por el BID para los proyectos de infraestructura, algunas empresas que han manifestado su decisión de participar en la iniciativa de PPP son: Odebretch (empresa brasileña dedicada al desarrollo de infraestructura), Banco de Desarrollo Internacional de Japón interesado en construir hidroeléctricas, diversas empresas textiles, Grupo Pulsar, Grupo Xtra, Grupo Kanek, ICA, Impulsora Acucarera del Noroeste, CEO McAllen Economic Development, Filmo Media, Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Carso, Telmex, Grupo Financiero Banamex, entre otros.

Por su parte la Marcha Hacia el Sur promueve fundamentalmente el traslado y la llegada de nuevas empresas e inversiones, fundamentalmente plantas maquiladoras. Este programa pretende generar 300 mil empleos durante el sexenio, mientras que el PPP se ha trazado la meta de crear 1.6 millones de empleos entre el 2001 y el 2005.

Cabe mencionar que el conjunto de las entidades del Sur-Sureste de México albergan a 36 millones de habitantes y ahí habita el 74% de la población indígena del país. Esta realidad parece ser uno de los principales puntos de cuestionamiento de la viabilidad política de dichos proyectos, pues se corrre el riesgo no de una permanecia de marginalidad de la población indígena, sino de un proceso acelerado de descomposición y desintegración de las comunidades, derivados de modelos de exclusión, expulsión y explotación de las sociedades y sus recursos por parte de las empresas e intereses externos a la región.

Por ello, la disyuntuva se centra en cómo conciliar los megaproyectos del capital con las necesidades e intereses de las comunidades locales; lo justo sería no cómo se van a incrustar las comunidades locales a las lógicas productivas externas, sino de qué manera estas comunidades pueden participar autogestivamente con sus proyectos y formas organizativas teniendo como fin el usufructo de sus recursos para el mayor beneficio de la sociedad regional misma. Otra opción sería que las comunidades que así lo deseen fueran coparticipes y cobeneficiarios de los proyectos privados, sin que ello comprometa o implique la entrega de sus recursos, la destrucción de sus valores e identidad culturales, derechos y formas organizativas.

Lo anterior representa precisamente el principal punto de conflicto entre lo que implica por un lado que las comunidades locales se sometan a una lógica externa y pasen a formar parte de un orden y una racionalidad global y, por otro, la defensa que las propias comunidades organizadas puden hacer de su espacio y su cultura frente a intencionalidades y proyectos fuera de su ámbito territorial.

Por ello, existen elementos de análisis que nos permiten sostener algunos argumentos sobre las implicaciones de carácter geoeconómico y geopolítico, derivadas precisamente de intencionalidades económicas y políticas que están detrás del proyecto gubernamental para el Sur-Sureste.

4. Geoeconomía y Geopolítica del sur-sureste de México: la disputa por el control de los recursos estratégicos y la inserción de la región en los circuitos de la globalización

La necesidad de voltear hacia la parte menos desarrollada de país por parte de gobierno federal y de los capitales privados se deriva precisamente en la gran riqueza natural de dicha región, en terminos de la calidad y cantidad de sus recursos estratégicos como agua, hidrocarburos, gas, generación de energía eléctrica, minerales, biodiversidad, espacios turísticos, entre otros.

Como parte primordialmente del trópico húmedo mexicano, el Sur-sureste concentra más del 70% de la biodiversidad de América Septentrional, presenta ecosistemas ricos y variados como selva tropical y de montaña, bosque mesófilo, humedales y manglares. El Sur-sureste forma parte del corredor biológico mesoamericano en el cual se distribuyen una gran cantidad de especies y endemismo, siendo reconocida entre las cinco regiones en el mundo por su megadiversidad.

Uno de los intereses en la región es precisamente la expansión de inversiones privadas de empresas lideres en la producción y distribución de semillas genéticamente modificadas o transgénicas. En esta actividad actualmente tienen intereses en Chiapas los grupos Pulsar y Savia, quienes en conjunto con transnacionales farmacéuticas e instituciones académicas nacionales, realizan actividades de bioprospección y posiblemente de biopiratería, esto es que están llevando a cabo un proceso de recolección de plantas y microrganismos en estas regiones, así como la identificación y documentación del uso de medicinas tradicionales de los pueblos indígenas, lo cual representa una fuente de ganancias incalculable para las transnacionales farmacéuticas en la introducción de nuevos productos de la medicina.

Entre los recursos estratégicos de la región también se encuentran los energéticos. El Sur-Sureste provee más del 90% del petroleo y productos petroquímicos, así como gas. Desde las distintas zonas productivas se alimenta una gran red de oleoductos, políductos y gaseoductos que distrubuyen a poblaciones del centro y norte del país. Desde el punto de vista energético constituye una región estratégica no solamente para el país, sino para otros paises donde México es un proveedor importante como EU, Europa y Centroamérica.

El petróleo y la actividad petrolera de esta región asumirá una función más estratégica por tres factores: a) la posibilidad explotar grandes yacimientos de petróleo y gas en suelo chiapapaneco (Ocosingo), b) la posibilidad de privatización de la industria paraestatal energética (Pemex y CFE) que atraería capitales externos a la región y, c) la intencionalidad de Estados Unidos por crear un mercado hemisférico de energéticos que iniciaría en la zona del TLCAN para después extenderse hasta el Cono Sur, donde México jugaría un papel de primer orden. En este aspecto, la creación de infraestructura carretera desde Chiapas hasta Matamoros, la revitalización del proyecto transísmico (sistema de transporte multimodal) y los recientes hallazgos de yacimientos gigantescos de gas en la cuenca compartida de Burgos (Texas-Tamaulipas) y los hoyos de las donas (Golfo de México) juegan a favor de este argumento.

El cambio de escala geográfica de lo nacional a lo transnacional, favorecido por la globalización, ha permido la rearticulación del capital y la reactivación del comercio mundial. Esto ha tenido al menos dos consecuencias sobre las regiones subnacionales: primero, una competencia de las empresas transnacionales por posesionarse de aquellos lugares que les brinden más ventajas en términos de rentabilidad y extracción de plusvalía, segundo, una "guerra de los lugares" en su afán por incrustarse a cualquier precio a los circuitos de inversión y las "ventanas de oportunidad" derivados de la globalización económica.

Este sería precisamente el sentido y la lógica que tendría la incorporación de territorios, recursos y población (fuerza de trabajo de bajo costo) en los circuitos productivos inaugurados o desplazados hacia el Sur-Sureste, por ejemplo a través de plantas maquiladoras, las que desde hace varios lustros se han expandido en el estado de Yucatán.

La creación, ampliación y/o modernización de infraestructura carretera no solamente será un elemento articulador inter e intraregional de los espacios productivos del país, sino también extranacional. Los ejes carreteros proyectados suponen una extensión desde Chiapas hasta Matamoros y algunas conexiones hacia Centroamérica; esta nueva configuración sin duda favorecerá el proceso de integración de norte a sur, especialmente a partir de los vinculos de integración territorial que ya se han dado con Estados Unidos en el marco del TLCAN.

También el PPP podría ser el puente para fortalecer una integración más extensa hacia el Sur del continente, cuya puerta de entrada serían los acuerdos comerciales que México ha concretado con Costa Rica y Nicaragua, el que se haya en proceso de formalización con el llamado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y, recientemente, con Panamá.

En sentido transversal la idea de revitalizar el Istmo de Tehuantepec, no con la construcción de un canal, sino a través de una modernización carretera, ferroviaria y portuaria (Coatzacoalcos-Salina Cruz), supone impulsar un proyecto de transporte multimodal lo que seguramente convertirá al Istmo de Tehuantepec en un lugar competitivo como plataforma exportadora hacia la Cuenca del Pacífico, la costa Este de Estados Unidos y hacia la Unión Europea.

El Sur-Sureste asumirá una importancia estratégica en términos de la seguridad nacional de Estados Unidos, ya que dicha región forma parte de los flujos y rutas de indocumentados y narcotráfico provenientres de Centro y Sudamérica. Esta argumentación se sostiene en base a una mayor polarización de las condiciones de vida de la población del Sur-Sureste de México y Centroamericana, situación que recurrentemente se agudiza ante la vulnerabilidad de la población hacia eventos desastrosos en la región, como los impactos del huracán Mitch y los recientes terremotos en El Salvador, situaciones que de manera inmediata incrementaron los flujos migratorios hacia Norteamérica. En este contexto también se debe considerar los efectos de la desaceleración económica de los Estados Unidos que están repercutiendo en un crecimiento de la tasa de desempleo de ciertas ramas productivas, lo que a su vez podría generar nuevas políticas antiinmigrantes y un mayor control policiaco a lo largo de la frontera México-Estados Unidos.

Por otra parte, desde Guerrero y Chiapas, pasando por Centroamérica y hasta Colombia, es una zona que históricamente han tenido presencia distintos movimientos armados y guerrillas. En esta macroregión existen actualmente distintos movimientos insurgentes y otros están latentes; aquí también se encuentran distintas comunidades organizadas, poblaciones indígenas y ONG’s. Como focos de resistencia, sin duda representán un elemento que de no tomarse en cuenta podría operar en contra de que dicha región sea sometida a la lógica de intereses transnacionales.

De esta manera, un requisito fundamental en cualquier proceso de gestión del desarrollo regional pasa necesariamente por identificar los actores y las funciones específicas que estos asumen en base a una estrategia territorial del desarrrollo. Partimos de un concepto básico que engloba la idea fundamental del desarrollo regional, mediante el cual se entiende que "es un proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente de la región, la comunidad regional y de cada individuo residente en ella" (Boisier, 1996).

El desarrollo regional presupone necesariamente la existencia de un proceso de crecimiento económico, pero adermás tendría que incluir las siguientes consideraciones:

a) Una valoración del papel estratégico del territorio en el desarrollo nacional y regional por parte del Estado (elemento principal de mediación entre la sociedad y el territorio). Esto implica la búsqueda de formas alternativas de inserción internacional del país como un todo y en sus diferentes regiones.

b) Adopción y aplicación de mecanismos de gestión territorial descentralizada en sus distintas escalas espaciales (nacional, regional, urbano, local, etc.).

c) Favorecer un proceso de autonomía regional de decisión, en el sentido de fortalecer las capacidades regionales para definir su propio estilo de desarrollo y el uso de instrumentos de política congruentes con tal decisión.

d) Atacar las causas del subdesarrollo regional y no sus consecuencias.

e) Creciente capacidad regional para apropiar parte del excedente económico allí generado a fin de reinvertirlo en la propia región, diversificando su base económica y conferir sustentabilidad de largo plazo.

f) Movimiento de inclusión social, que implica la toma en cuenta de los diferentes actores políticos y la mejor repartición del ingreso nacional y regional entre las personas, así como su participación en la decisiones de competencia de la región.

g) Un creciente proceso de concientización y movilización social en torno a la protección ambiental y manejo racional y sustentable de los recursos naturales de la región.

Lo anterior requiere la redefinición de un proyecto político incluyente que promueva una amplia participación social en las decisiones, a fin de llevar a cabo las estrategias necesarias en aras de una organización socioterritorial más justa.

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* Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. Torre II de Humanidades, 5° piso, Ciudad Universitaria, CP. 04510. Tel. 56-23-01-10 E-mail: jgasca@servidor.unam.mx.