Gilberto López y Rivas**

Los fenómenos políticos de participación ciudadana y gobernabilidad democrática son relativamente nuevos en varios países de América Latina. México se caracteriza por tener una de las experiencias más recientes en ellos. Hace apenas una década, los temas de las reformas políticas a debate por lo general aún versaban sólo sobre los procedimientos que garantizaran una transparencia genuina en los comicios y el respeto a la voluntad popular.

El fraude electoral de 1988, en el que se arrebató el triunfo electoral a la alianza opositora del Frente Democrático Nacional, puso sobre la mesa de la discusión el principio del resquebrajamiento del régimen de partido de Estado, el cual se corroboró en el proceso electoral del año pasado.

Tuvieron que pasar más de 70 años, para que un partido distinto al PRI llegara a ocupar la presidencia de la República. Independientemente del proyecto de nación y de la ideología derechista tanto del PAN como del actual jefe del ejecutivo federal, debemos destacar que esta hazaña política no fue una dádiva democrática del "antiguo régimen".

Tampoco se debe reducir la explicación del triunfo de la "oposición" a elementos tan simples como el "carisma" o el "marketing" con los que se desenvolvió el candidato Fox en los medios de comunicación. Pues si bien, dichos elementos pudieron haber influido, se debe tomar en consideración la historia reciente de sectores de la sociedad civil que, desde distintas trincheras lograron avanzar en la consolidación de cambios políticos que apuntan hacia la transición a la democracia.

Lo paradójico del caso mexicano en su proceso de transición es que las luchas sociales y políticas, provenientes fundamentalmente de partidos, grupos y organizaciones afines a ideologías de izquierda, fueron capitalizadas por un partido político de derecha que en los últimos 18 años compartió un proyecto de país muy similar al defendido por el partido del régimen. Durante casi dos décadas el PAN votó en el Congreso de la Unión aquellas reformas económicas que, además de su impopularidad, modificaron los logros sociales de la Revolución Mexicana, plasmados por el Constituyente de 1917. Además, en varias ocasiones los mexicanos fuimos testigos de negociaciones cupulares entre el PRI y el PAN para intercambiar triunfos electorales por votos en el Congreso, requeridos por el partido de Estado para afianzar las reformas económicas exigidas por organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el BID.

A partir de la derrota del PRI se ha abierto una discusión en torno a si existe o no una crisis de Estado o una crisis del régimen político. Al respecto, nos parece que el hecho de que un partido de oposición haya conquistado la Presidencia de la República expresa definitivamente una crisis del régimen de partido de Estado. Sin embargo, la reproducción del orden estatal se ha mantenido prácticamente intacta y la composición del actual gabinete garantiza la continuidad y profundización del modelo neoliberal.

Ejemplo de ello, ha sido la intención de gravar medicamentos y aumentar el IVA; reformar la ley federal del trabajo, bajo un esquema en el que se desconocen las conquistas históricas de distintas luchas obreras y de otros sectores de la población; la intención de resolver el conflicto en Chiapas a través de una manipulación mediática y de una política de corte asistencial, que no atiende de raíz los factores generadores de miseria, exclusión y racismo. En síntesis, el Estado mexicano reformado por Carlos Salinas, con un Congreso de la Unión mayoritario para los intereses del gran capital seguirá reproduciéndose de la misma manera con el actual gobierno federal. Fox, quien antes de participar en la vida política, vivió como un connotado empresario, ex gerente de la "Coca Cola", sigue las mismas pautas en política macroeconómica que sus antecesores. En este sentido, el modelo neoliberal y globalizador de la acumulación y reproducción del capital en el ámbito mundial, continúa siendo el factor definitorio de la toma de decisiones nacionales en un contexto en el que unos cuantos empresarios son favorecidos a costa de millones de mexicanos que sufren pobreza extrema.

Es importante señalar esta situación, en tanto los gobiernos locales no sólo se encuentran sujetos a las directrices de gobiernos estatales —en nuestro caso, del gobierno de la ciudad—; se encuentran, a su vez, atados a las disposiciones macroeconómicas que afectan el poder de gestión en el ejercicio limitado de sus erarios públicos. Estas sujeciones económicas van de la mano de condicionamientos políticos, ya que no es lo mismo compartir la experiencia de gobierno con otros poderes provenientes del mismo partido, como sucedió durante tanto tiempo en la historia de nuestro país, que "cohabitar" con gobernantes o representantes populares de distintos orígenes políticos.

No obstante, este hecho tiene algo positivo: la necesidad de hacer a un lado los intereses partidistas o de grupo, en su momento criticado por los teóricos de las élites, para ir de lleno a satisfacer las demandas de ciudadanos y ciudadanas, indepen-dientemente de su filiación política o ideológica.

Debemos discernir entre ser militantes de un partido político —que en nuestro caso mucho tiempo se mantuvo en la oposición—, y ser gobierno. La ética política nos indica que ser gobierno, implica gobernar para el mayor número y no para unos cuantos; ser gobierno, significa también hacer del ejercicio del poder un medio para satisfacer necesidades humanas y contribuir al desarrollo de la comunidad, y no un fin en sí mismo. Cuando la política deja de ser un medio para contribuir a la satisfacción de un fin más alto, sublime y digno, se convierte en una relación perversa, lejana a la democracia y al desarrollo humano.

Así, el triunfo de Vicente Fox y del Partido Acción Nacional en las pasadas elecciones del 2 de julio en el nivel nacional, y la victoria por segunda vez del PRD en la capital de la República, no podría explicarse sin la presencia de fenómenos sociales, que fueron generando en la sociedad mexicana la necesidad de una nueva cultura de participación ciudadana fundada en la independencia respecto a un régimen político autoritario.

Algunos de estos fenómenos son: el terremoto que sacudió la ciudad de México en 1985, mismo que generó un ambiente de colaboración y solidaridad entre vecinos y vecinas de distintas partes de la ciudad; el movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) en 1986, con el que miles de universitarios frenaron el intento del gobierno federal de privatizar la educación media superior y superior; la formación del Frente Democrático Nacional en 1988 que, con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, dio origen al Partido de la Revolución Democrática, con el cual nació una resistencia pacífica y legal en contra del partido de Estado, en el contexto de un fenómeno político y social que ha sido denominado como "neocardenismo"; triunfos electorales no reconocidos por el régimen en distintos estados de la república, como Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero, etc.

Hecho también fundamental ha sido la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y, con ello, el fortalecimiento de un nuevo actor político, los pueblos indios, que hasta 1994 habían estado a la defensiva y se caracterizaban por una resistencia regional. Los indios irrumpen en el escenario nacional e internacional estableciendo nuevos referentes colectivos y nuevas expresiones de solidaridad. Esta rebelión generó importantes movilizaciones sociales en sectores de la sociedad civil nacional e internacional, que hicieron de los derechos y las culturas indias una bandera de lucha.

La Coordinación Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup), fue un ejemplo de la participación de la sociedad civil en busca de mejores condiciones de vida reclamadas al Estado. La Coordinadora Nacional Plan de Ayala y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, son otros ejemplos de movilizaciones que devinieron en organizaciones en defensa de derechos económicos y políticos.

Todos estos sucesos fueron generando en la sociedad mexicana expectativas de cambio político. Y no sólo eso, sino la conciencia de que, a través de ganar espacios en los puestos de representación, podrían producir modificaciones en sus niveles de vida. Esto es, se comenzó considerar que el cambio político se podía traducir en cambios económicos y sociales, modificadores del desarrollo nacional.

En la última reforma política realizada en México en 1996, la participación ciudadana jugó un papel importante en la mesa de discusión de la política nacional. Sin embargo, éste fue uno de los temas más castigados por los actores políticos que participaron en dicha reforma. Quizá uno de los factores que contribuyeron a que esto sucediera fue que las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) o asociaciones civiles no fueron tomadas en cuenta en dicha discusión a pesar de que ya venían manejando el tema años atrás. En cambio, los actores políticos que protagonizaron dicha reforma, como los partidos políticos, la Secretaría de Gobernación, diputados y senadores, sacrificaron en sus negociaciones los temas de la participación ciudadana y el poder ciudadano en aras de intereses políticos más inmediatos de carácter electoral. Esta situación nos trajo algunas primeras enseñanzas: los partidos políticos no son del todo representativos de los intereses ciudadanos; estos actores políticos, desafortunadamente, aún se encuentran inmersos en una cultura de carácter clientelar y/o corporativa, que hace de los triunfos electorales un fin en sí mismo y no un instrumento de cambio político incluyente y participativo.

Posteriormente, a partir del avasallador triunfo electoral del PRD en la ciudad de México en 1997, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó una Ley de Participación Ciudadana que, si bien la experiencia la ha mostrado insuficiente, sirvió para dar los primeros pasos legislativos en esta materia. Parte de los avances aquí registrados fue la conformación de "comités vecinales", cuya función estriba en la presencia de un organismo elegido por los vecinos de una unidad territorial, que da seguimiento a la satisfacción de las demandas hechas frente a las autoridades gubernamentales.

Resultó insuficiente en tanto que la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum, la rendición de cuentas y la revocación de mandato, no cuentan aún con la anuencia jurídica suficiente para que la participación ciudadana trascienda los márgenes de la mera gestión de demanda en la que actualmente se encuentra enmarcada. De otra parte, la nueva legislación de participación ciudadana no tomó en cuenta formas organizativas preexistentes, como las que han conservado los pueblos del Distrito Federal.

Otro de los obstáculos importantes, e indudablemente el más difícil de superar para lograr una participación ciudadana satisfactoria, es la cultura política.

En el caso particular de México, nos enfrentamos con un especie de "mestizaje político", proveniente de una historia de larga duración, en que se funden tanto culturas mesoamericanas, que hacían de los pactos tutelares el medio a través del cual los macehuales se ganaban el favor del tlatoani, como la cultura virreinal imperante en la Colonia, con la que, de manera igualmente vertical, los peninsulares disponían de reglas del juego para imponer y otorgar regalías políticas mediadas por relaciones de dependencia personal. Un ejemplo de este "mestizaje político" se puede encontrar en la figura del cacique, el cual fungía como factor de intermediación y comunicación entre los indios y el encomendero. El cacique era un jefe, sometido a los encomenderos pero necesario para mantener el dominio económico, político, social e incluso cultural sobre las comunidades indias. Hoy día, el fenómeno del caciquismo sigue estando presente en nuestra cultura política y se caracteriza por los "favores económicos" del poderoso de una comunidad, a cambio de incondicionalidad o lealtad política.

Así, a pesar de los cambios, en México predomina una cultura política de carácter clientelar, corporativa y patrimonialista, cuyas raíces provienen de una historia de larga duración. Por un lado, nos encontramos con que la ciudadanía es más un tipo ideal con el que constantemente encubrimos a personas de carne y hueso, inmersas en una red de necesidades, metas y aspiraciones que se encuentran muy lejos de la comunidad política arquetípica en la que teóricamente las solemos ubicar.

Por otro lado, esta cultura política tan compleja, obstaculiza la participación ciudadana en tanto el común de las personas perciben al aparato administrativo del Estado como el promotor de su bienestar o, en su caso, de sus penurias; es decir, como ese ente, hasta cierto punto religioso, de quien deben venir las decisiones que regulen sus vidas cotidianas. (Ver libro de Adolfo Gilly, Cartas a Cuauhtémoc Cárdenas, México, Era, 1989.)

Me parece que una genuina participación ciudadana sólo se podrá llevar a cabo bajo la premisa de la construcción de ciudadanía, la cual ha comenzado a despertar por la vía electoral, pero que ha de continuarse con la consideración de que la participación política no se agota al depositar un voto en una urna, sino al defender la elección del voto en una vigilancia cotidiana sobre el quehacer de los gobernantes y con propuestas de acción y transformación. Además de la consolidación de una opinión pública realmente independiente, que tenga como propósito crear nuevos mecanismos de sociabilidad y deliberación política con la gente.

Participación ciudadana y gobernabilidad democrática van de la mano en tanto éstas no se logran bajo el poder coactivo y autoritario que limita la libertad de los ciudadanos; se complementan, en tanto son los propios ciudadanos quienes marcan la pauta del ejercicio del gobierno, los limites y alcances del poder soberano.

Cabe destacar que no todos los actores políticos en escena están preocupados por avanzar en la construcción de ciudadanía. El actual gobierno federal, por poner un ejemplo, ha continuado en sus primeros meses de gobierno con una política de corte asistencial que además de confundir el Estado con el aparato del Estado, esto es el gobierno, dispone de los recursos del erario para instrumentar políticas asistenciales que, lejos de tender a eliminar las causas de la pobreza, busca paliativos para generar una gobernabilidad poco democrática, al no permitir a los sujetos de necesidades decidir en torno a las prioridades de su desarrollo.

La manera como Vicente Fox ha intentado en últimas fechas resolver el conflicto en Chiapas, es un ejemplo de ello, pues mientras el gobierno decida, de manera unilateral, donde, cuándo y cómo se invierten los recursos en una comunidad; sin la participación activa de ésta, no podremos hablar, en manera alguna, de la existencia de participación ciudadana ni de gobernabilidad democrática.

Ahora bien, la participación ciudadana tampoco se puede concebir sin la presencia del ejercicio del poder ciudadano, que implica incidir en la toma de decisiones y en el rumbo que éstas pueden tener en el desarrollo del gobierno local.

La participación ciudadana debe rebasar los límites de la gestión de demandas, y los ciudadanos deben dejar de actuar frente al gobierno como entes pasivos sujetos de dádivas. Para ello se requiere asumir la relación gobernantes-gobernados como recíproca en responsabilidades y no de manera unilateral y vertical. En la medida que los ciudadanos tomen conciencia de que el poder de los gobernantes radica en la legitimidad que ellos le otorgan, podrán asumir las riendas de su propio poder y reclamar lo que les es legítimo por el hecho mismo de haber electo a quienes gobiernan.

Al asumir el gobierno en la actual administración de Tlalpan, decidí rescatar una experiencia de acercamiento entre gobernantes y gobernados implantada en Nicaragua tras el triunfo de la revolución sandinista: la figura de rendición de cuentas denominada "de cara al pueblo". Mediante esta relación, se intentaba impedir que el gobierno sandinista perdiera el contacto con los sectores sociales —que al fin y al cabo lograron el triunfo de la revolución— y degenerara en una inercia burocrático-administrativa.

En el gobierno de Tlalpan hemos puesto en práctica un formato similar en las reuniones periódicas "de cara a los comités vecinales", con las que  intentamos acercarnos a vecinos y vecinas de nuestra demarcación para, junto con ellos, decidir democráticamente la planeación del presupuesto, hacerlos partícipes de las tomas de decisiones al escuchar sus opiniones en asambleas; rendirles cuentas del estado de nuestra gestión, e involucrarlos en los límites y alcances de nuestras funciones.

Al darles la facultad, metalegal pero a la vez legítima, de la eventual revocación de mandato respecto a los funcionarios que, a su juicio, no resulten eficientes en las funciones que desempeñan; al promover consultas respecto a toma de decisiones importantes que pudieran afectar intereses colectivos, estamos coadyuvando en la creación de una nueva cultura política ciudadana.

Este acercamiento con ciudadanos y ciudadanas a través de los comités vecinales es, a su vez, reforzado mediante giras del Jefe Delegacional con su equipo de gobierno por distintos lugares de la Demarcación, para recibir de manera directa peticiones, inquietudes y propuestas. El nuestro pretende ser un gobierno de "puertas abiertas", lo cual significa el libre acceso de todo ciudadano o ciudadana a las oficinas de gobierno.

Pero no todo ha sido ni será miel sobre hojuelas. Algunos de los problemas que han frenado el ejercicio de la participación ciudadana en nuestra demarcación son:

La existencia de organizaciones sociales, grupos e interes de partidos políticos, que han visto en la existencia de estos comités un obstáculo para sus propios intereses políticos. Nos ha costado trabajo que se entienda que, al impulsar la participación ciudadana, no pretendemos generar una clientela política para reproducir eternamente nuestro ejercicio de gobierno. Por el contrario, pretendemos modificar las prácticas clientelares y corporativas utilizadas históricamente para lucrar con las necesidades de la gente. El clima político tan viciado en el que nos encontramos inmersos ha generado desconfianza, recelos y apatía en estos actores e incluso en el interior de los propios comités vecinales. Debe reconocerse que, en su mayoría, los comités vecinales ofrecen aún poco espacio y atractivo para sectores esenciales, como son los jóvenes.

En un primer diagnóstico realizado sobre el estado en el que se encontraban los comités vecinales, nos percatamos de ciertos conflictos intestinos que han impedido su pleno funcionamiento. Problemas tales como distintas filiaciones políticas, el predominio de intereses particulares sobre intereses colectivos, la sensación de no ser órganos de decisión, el distanciamiento entre las autoridades delegacionales y los comités, la falta de comunicación entre los distintos miembros de los comités, han provocado que tan sólo el 29% de estos funcionen plenamente. Sin embargo, de octubre a la fecha el porcentaje de participación y la superación de conflictos, proporcionalmente se ha visto favorecido.

Por nuestra parte también debemos reconocer que los recortes presupuestales, así como la permanencia de cierta centralización en ámbitos de competencia delegacionales, frenan continuamente las metas que nos hemos planteado. Y desgraciadamente los ciudadanos no les es fácil discernir lo que realmente es de nuestra competencia y lo que normativamente nos rebasa.

Algunos de los factores que pueden influir en una mejor integración de los comités vecinales estriban en crear mecanismos de participación que más allá del marco jurídico rescate la cultura participativa de la gente según sus diversas formas de vida y condición social. Tlalpan es un claro ejemplo de un gobierno local con diferencias territoriales, sociales, económicas y culturales muy amplias. De hecho, es responsabilidad del Gobierno impulsar espacios de participación a escala de sector y no solamente territorial. Por otra parte debemos tener cuidado de no acotar el ejercicio de la participación ciudadana a los espacios de representación, pues con ello se corre el riesgo de burocratizarlo.

No debemos perder de vista la experiencia tan joven de gobierno que enfrentamos. Esta es la primera vez, que los jefes delegacionales son elegidos por voto universal, directo y secreto. Y cuando se trata de remar a contracorriente de una inercia política gestada durante tantos años, se requiere hacerlo con mucha fuerza y de manera conjunta, sin menospreciar a los enemigos de la democracia que aún se resisten a asumir la crisis del régimen del partido de Estado.