La política económica del gobierno que encabeza Vicente Fox profundiza el ajuste estructural y pretende acelerar la privatización del patrimonio energético de la nación. Por ello considero de vital importancia que el Partido de la Revolución Democrática, unido a amplios sectores del pueblo mexicano, abandere un nuevo proyecto de desarrollo, federalista y socialmente justo, preservando la integridad de la república y la independencia nacional.

El neoliberalismo instrumentado en los pasados 18 años, ha sido mucho más que un simple fenómeno económico: la vida cotidiana de millones de mexicanos ha sido severamente afectada por la drástica baja en sus niveles de vida y, actualmente, somos un país más pobre y más dependiente del exterior.

Los jóvenes de los años sesenta luchamos en 1968 contra un sistema político antidemocrático; aspirábamos a una sociedad donde las libertades ciudadanas fueran respetadas. Éramos portadores de una crítica radical a la incapacidad del llamado desarrollo estabilizador, para crear un sistema político pluralista, participativo y justo.

Los grandes problemas nacionales de los años sesenta subsisten, pero se han agravado a una escala sin precedentes en la historia moderna de México.

La multiforme participación social que se ha manifestado desde 1988 ha reflejado la extraordinaria vitalidad de un pueblo que no se doblega ante la adversidad y que resiste ante una estrategia económica que sólo beneficia al capital transnacional y a los grupos monopólicos.

Actualmente, ya no estamos ante la embrionaria movilización obrera y campesina que empezó a gestarse al inicio de la década de los setenta. Desde hace varios años, las reivindicaciones de ciudadanos, organismos sociales y pueblos indios se expresan en todos los espacios, regiones y sectores de la sociedad nacional.

Con frecuencia, la intolerancia y el autoritarismo han sido la respuesta a las luchas del pueblo. Así, se violan los derechos humanos y se impide el libre desenvolvimiento de las potencialidades creativas de nuestra nación.

Muchos pensaron que las cosas cambiarían a partir del 1° de diciembre de 2000. Hoy es claro que tecnócratas, grupos monopólicos y empresas multinacionales continúan imponiendo un proyecto económico excluyente, que día a día genera pobreza, marginación y mayor desigualdad social.

La larga batalla iniciada en 1810, la vieja aspiración de construir, con el esfuerzo de todos, una nación soberana, aún no termina. Han aparecido nuevos funcionarios que, aliados a viejos burócratas neoliberales, se disfrazan con frases elegantes, discursos populistas y promesas de cambio y bienestar, para ocultar la entrega a intereses extranjeros de los destinos del país.

Democracia, libertad, dignidad y justicia son, desde siempre, aspiraciones fundamentales de los mexicanos. Empleo, educación, mejores condiciones de vida e ingreso, alimentación, salud y vivienda, son derechos inalienables.

Es inaceptable condenar a la miseria a las grandes mayorías, en aras de una quimera exportadora. El aumento de comercio exterior y la elevación de las ganancias de los especuladores bursátiles y las maquiladoras, no es símbolo de progreso; es testimonio del rápido enriquecimiento de una minoría opulenta.

No es alarmista decir que hoy está en juego la supervivencia de México como nación soberana. ¿En dónde quedará la lucha de nuestros antecesores, los mexicanos que lucharon por la Independencia, la Reforma y la Revolución, si continúa la estrategia entreguista que pretende convertir a México en una neocolonia de los Estados Unidos?

Sólo hay una política a seguir: resistencia, acción y movilización y, lo que es más importante, la más amplia unidad de las fuerzas sociales del país en defensa del empleo, la planta productiva y el interés nacional.

Decir que la patria está en peligro no es hacer una afirmación vana. Hay densos nubarrones que se ciernen sobre el horizonte.

De ahí la importancia de que el PRD asuma el compromiso, en su próximo congreso nacional, de impulsar la unidad popular, sin sectarismos, sin vacilaciones, a fin de salvaguardar nuestra independencia e integridad territorial, garantizar el pleno ejercicio de la soberanía popular y construir una plena democracia política fundada en el "constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo" tal como lo establece el Artículo 3° de la Constitución.