Andrés Peñaloza Méndez*

De acuerdo al documento Criterios Generales de Política Económica para 2001 (CGPE) —dedicado a formular los rumbos a que debían atenerse (y se atuvieron) la Ley de Ingresos, el Presupuesto y la miscelánea fiscal— la política económica de la administración Fox se enmarca en una "estrategia integral de mediano plazo". Y aunque será en el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, a presentarse en próximos meses, dónde habremos de conocerla en detalle, sus tres componentes descritos en los CGPE indican una estrategia de "más de lo mismo".

El primer componente de la "estrategia integral de mediano plazo" es el de promover un entorno de estabilidad y certidumbre para el crecimiento. Para ello se establecen tres ejes: equilibrio presupuestal; política monetaria orientada al control de la inflación y, fortalecimiento del ahorro interno.

Al núcleo duro de la estrategia zedillista, esto es, el fortalecimiento del ahorro interno, se le añaden ahora, dos dogmas neoliberales: el equilibrio presupuestal y el control monetarista de la inflación.

Aunque no pocos foxistas quisieran poner en Ley el equilibrio presupuestal, la realidad les impone aceptar ligeros déficit fiscales, y no precisamente en aras del consenso sino por que existen verdaderos boquetes presupuestales.

Además de los compromisos asumidos por el rescate bancario vía el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, trasformado en Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa-IPAB),2 existen otras obligaciones que, aunque no se han reconocido como deudas, lo son. Tal es el caso de los Proyectos de Inversión Financiada del Sector Público (Pidiregas), por parte del sector privado, que es un mecanismo para encubrir el declive de la inversión pública real, y cuya contratación representan el 4% del PIB. Sólo en el 2000 las obligaciones financieras significaron alrededor del 1.04% del PIB.

Otros de los pasivos no contabilizados como deuda pública son las pensiones, que los países suelen no contabilizar como deuda pero cuyos problemas actuariales y privatización implican compromisos presupuestales. Así, la reforma al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 1997) tendrá un costo fiscal total equivalente al 50% del PIB con anualidades promedio del 1% del producto. El saneamiento financiero y la posible reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), supone erogaciones que ascenderán al 15% del PIB. De igual manera, de modificarse las reglas concernientes a los recursos del fondo de ahorro que se encuentran en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), habría que asumir un costo fiscal del 2% del PIB.

Las deudas de los estados y municipios (3% del PIB); los recursos comprometidos en fideicomisos y fondos de fomento que cuentan con garantía del gobierno federal y cuyos activos son de bajísima calidad (6.5% del PIB) y los bonos que sirvieron para rescatar a las empresas privadas concesionarias de tramos carreteros (2% del PIB), son obligaciones que suman casi el 90% del PIB.

La situación descrita, más la geometría en el manejo del presupuesto, explican la reacción de hilaridad ante la aceptación de un incremento del 30% en el déficit fiscal, al pasar del proyectado 0.50% al 0.65%, como consecuencia de los recursos adicionales dispuestos por el Congreso. Sin embargo, el compromiso oficial es el de seguir buscando mantener el déficit por debajo del 0.5%. En resumen, el régimen tiene ahora un excelente pretexto para hacer ajustes internos y proseguir su política de contención del déficit. Finalmente el déficit del 0.65% del PIB es 0.28 puntos porcentuales, por abajo del estimado para el 2000.

No obstante que en los CGPE pontificalmente se afirma que "los desequilibrios fiscales inciden negativamente en el nivel de vida de las generaciones futuras", esto no necesariamente es así. Un déficit fiscal puede por el contrario mejorar las condiciones de vida de las presentes y futuras generaciones. El punto consiste en determinar hacia dónde se canalizan los recursos. En México se ha utilizado para socializar las pérdidas y no para contrarrestar la insuficiencia de recursos públicos que impiden atender las necesidades de salud, educación y nutrición infantil.

No es lo mismo gastar más para rescatar a banqueros que para construir infraestructura productiva y social.

Un argumento adicional, y que es una verdadera perla esgrimido por el gobierno Fox, es el siguiente:

"un elevado déficit público genera presiones inflacionarias porque por lo general el gasto gubernamental se concentra en bienes y servicios nacionales cuya producción no puede incrementarse súbitamente para satisfacer la demanda. Esta incapacidad es resultado de las restricciones tecnológicas de la planta productiva, de la imposibilidad de contar de manera inmediata de insumos adicionales y del propio lapso que requiere el mercado laboral para ajustarse a dotar de suficiente mano de obra calificada a las empresas"3

Un déficit fiscal, originado por la compra de bienes y servicios nacionales, acompañado de un programa industrial y regional, reactivaría actividades productivas y permitiría remover las carencias tecnológicas y de capacitación laboral, además de generar empleos y aumentar salarios. Por supuesto esto no es compatible con la propuesta foxista de mantener los salarios "en línea" con la inflación proyectada. En conclusión, como señala Viviane Forrester, a propósito de la lucha neoliberal contra el déficit de las cuentas públicas, se trata de la "… destrucción progresiva de infraestructuras esenciales y la supresión programada de las protecciones y conquistas sociales".4

Éste se refiere a los "determinantes del crecimiento económico". Lo que se persigue es continuar con el llamado cambio estructural, privilegiando la apertura a los flujos comerciales y de inversión; así como, la desregulación, la simplificación administrativa y, la menor participación del Estado en la economía.

También se proyectan las acciones para ampliar y aumentar la eficiencia del capital. Básicamente se mencionan cambios en la intermediación financiera y en la necesidad de acrecentar la participación privada en la expansión de infraestructura, siendo el esquema de los Pidiregas una de las vías privilegiadas. Igual importancia tendrán las acciones tendientes a "consolidar la inversión privada nacional y extranjera, en áreas sumamente importantes, como es el caso de los puertos, aeropuertos, ferrocarriles, telecomunicaciones, electricidad y el transporte y distribución de gas natural".5

Para desdoblar las políticas que garantizarán el crecimiento económico, se vindica la política neoliberal desde su fundamento-dogma, que consiste en señalar que "...el funcionamiento adecuado de los mercados genera mecanismos para asignar eficientemente los recursos".6

A partir de dicho dogma se hace una exaltación acrítica de los resultados de las políticas neoliberales aplicadas en México. Algunos ejemplos:

"La apertura comercial ha tenido una incidencia positiva en todos los sectores de la economía"

"Para los consumidores, la apertura y su competencia inherente ampliaron la gama de productos en calidad y precio de acuerdo a sus posibilidades y preferencias"

"... para los trabajadores la apertura comercial implicó un mayor número de oportunidades de empleo y mejores salarios".7

Por supuesto, basta recordar que la apertura lejos de abaratar mercancías básicas las ha encarecido manteniendo al mismo tiempo las distorsiones de mercado. Por ejemplo hace tres años, México era el segundo país con medicamentos más baratos en Latinoamérica; hoy, los precios están por encima de la media en el continente, y si bien hay unos 8,000 productos farmacéuticos en el mercado mexicano, las diferencias de precios y calidad juegan a favor de los grandes empresarios.

En efecto, mientras en el año 2000 la inflación fue de 8%, los precios de medicamentos se incrementaron más del 20%. La eliminación de "tasa cero" a alimentos y medicinas, como parte de la reforma fiscal que presentará el gobierno foxista en marzo próximo, repercutirá desfavorablemente en 45 millones de mexicanos pobres. Los capitalistas del sector difícilmente se verán perjudicados, toda vez, que es un mercado con tendencias "inelásticas", cuya demanda depende de una necesidad de salud.

A decir de Roberto Gutiérez, de la Asociación Nacional de Distribuidores de Medicinas: "Si el precio al público de un medicamento es de 100 pesos, el laboratorio se lleva 60 —con un costo de producción de cinco pesos—, en tanto que el distribuidor y la farmacia se quedan con 20 pesos cada uno. Y pese a los costos de investigación por medicamento, que llegan a ser hasta de 500 millones de dólares, las ganancias de los laboratorios son extraordinarias, se ejemplifica lo anterior con el hecho de que los grandes fabricantes envían el 50% de los 400 millones de dólares que venden al año, acogiéndose a esquemas previstos en los convenios internacionales para evitar la doble tributación y vacíos legales, para facturar a 20 una materia prima que les cuesta 3 pesos, para no pagar impuestos aquí.8

Adicionalmente se reafirman los compromiso con la agenda corporativa. En particular se destacan los siguientes:

En materia de propiedad intelectual se "garantizará una protección oportuna y expedita". Se resaltan las reformas emprendidas que han permitido generar nuevas sanciones a la piratería, adecuaciones a los procesos normativos para el registro de patentes y marcas y, la firma de acuerdos internacionales de conformidad a los estándares acordados en el club de los ricos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al inversionista privado se le otorgará mayor seguridad jurídica. Se eliminaran los "elementos" que generen incertidumbre y los obstáculos que reducen los rendimientos del capital invertido. Se apunta la "modernización" de la reglamentación aplicable a las telecomunicaciones y a una mayor apertura a la inversión privada en el sector de energéticos.

Sobre los tratados de libre comercio se asume el compromiso de su "cumplimiento cabal", en particular se proseguirá con el fomento a la actividad de las maquiladoras de exportación; de hecho en el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF) para el 2001 se introdujo el plan multianual denominado Programa Marcha hacia el Sur-Sureste dónde se propuso emplear 200 millones de pesos. Estos recursos se afirman permitirán generar 37,000 empleos permanentes y bien remunerados, mediante la instalación de 92 nuevas empresas maquiladoras en dicha región. Esto se lograría con un programa de fomento para el establecimiento de ese tipo de empresas mediante la integración de apoyos fiscales y económicos, oferta de capital humano capacitado e infraestructura para la instalación de proyectos altamente generadores de empleo.9

Continuar con el achicamiento del sector público en la economía. Sin ofrecer evidencias, el gobierno foxista afirma que la privatización de los servicios telefónicos, portuarios y de ferrocarril ha "redundado en una mejoría". En esa idea se precisa "abrir el sector eléctrico a la participación del capital privado". Es de esperarse que el rotundo fracaso de la privatización de la industria eléctrica en California, EUA, que se refleja en elevadas tarifas, escasez de suministro y en un inminente rescate, que costará 5,000 millones de dólares, sea razón suficiente para disuadir al gobierno foxista de privatizar el sector eléctrico.

En cuanto al sistema financiero, una de las propuestas duras es que a través de la Ley de Concursos Mercantiles y la Miscelánea de Garantías de Crédito, así como de la creación del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, se fortalezca la capacidad de recuperación de créditos a favor de las instituciones financieras.

Con relación a los prometidos "micro-créditos", con todo y el aumento de 500 millones de pesos al gasto programable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente a la creación del fideicomiso que administrará las sociedades cooperativas y cajas de ahorro, todo indica que el esquema a seguir será el otorgamiento de micro-créditos a cargo de "fondo perdido" más que al fortalecimiento de las instituciones de crédito del sector social.

Otra línea propuesta es fortalecer los mercados de capitales, vía la creación de fondos de pensión privados, y la promoción de la actividad de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro (Siefores) y sociedades de inversión.

Se anuncia la emisión de nuevos instrumentos a tasa fija, flotante e indizados a la inflación con objeto de consolidar la liquidez de los mercados secundarios de valores y el fomento de los mercados de derivados, que aminore el riesgo financiero.

Un aspecto que está en concordancia con las recomendaciones de la OCDE sobre gobernabilidad corporativa, es el de asegurar los derechos de los inversionistas minoritarios, por lo que se apunta a crear un marco regulatorio y de impartición de justicia que garantice un trato igualitario entre los grandes socios capitalistas e inversionistas de pequeños ahorradores.

El último componente de la "estrategia de mediano plazo" es la atención a la fuerza de trabajo y la productividad de la mano de obra. Siempre con una visión empresarial, la línea más relevante en la materia consistirá en la flexibilización, no sólo al interior de la empresa sino fuera de ella.

Por ejemplo, se apunta a

"…conformar una oferta de educación técnica y capacitación para el trabajo que dé respuesta a un currículo flexible que facilite el tránsito de las personas entre el estudio y el trabajo y que asegure una mayor correspondencia entre el aprendizaje escolar y su aplicación práctica en el medio laboral.

Todo esto tendrá como finalidad formar una base trabajadora con competencias laborales acordes a las necesidades de empresas de perfil innovador y con altos niveles de competitividad".10

Es decir se trata de promover proyectos que "alienten a las personas a capacitarse conforme a las normas de referencia demandadas por los empleadores potenciales".

Los contenidos de los programas serán "dictados por las necesidades del mercado laboral, en particular por los sectores más dinámicos".11

Y quién mejor para impulsar tales políticas que el empresario Carlos Abascal, en su momento líder del conservador sindicato patronal (Confederación Patronal de la República Mexicana), nombrado Secretario de Trabajo y Previsión Social, sin importar que se rompa la neutralidad que este puesto debe de tener, como el árbitro que busca el equilibrio de los "factores de producción".

El atentado contra la educación republicana que visualiza Viviane Forrester, cuyo cometido es ofrecer una educación humanista, gratuita y de oportunidades para todos, se evidente en la propuesta foxista. Se trata de imponer un apartheid educativo pues la opción técnica tiene su sello social. Difícilmente, los hijos de las elites políticas y sociales serían inscritos en las instituciones técnicas dirigidas para crear obreros calificados. En todo caso la enseñanza técnica debe incorporarse en la educación integral, como sucede con la educación física. La educación republicana debe brindar los medios para vivir la vida, ¡no sólo para "ganársela"!12

La política fiscal se define como el "eje central" del programa económico y su meta es que el déficit público responda a la necesidad de adecuar el gasto agregado de la economía, acorde con la capacidad de crecimiento de la oferta interna de bienes y servicios, para atenuar las presiones inflacionarias.

La política de ingresos se ceñirá a cambios en la administración tributaria, en espera de la reforma fiscal que propondrá el Ejecutivo en marzo próximo.

Lo más relevante de la miscelánea fiscal es el mecanismo de salvaguarda para que el contribuyente declare correctamente su impuesto del año 2000 y se elimine la revisión de años anteriores. Asimismo, se hacen adecuaciones en referencia a la consolidación fiscal; resoluciones de precios de transferencia; operaciones financieras derivadas; mecánica de determinación del costo fiscal de las acciones, entre otras.

Destacan en este orden las modificaciones a la Ley Aduanera, resultado de las obligaciones contraidas en el TLCAN (artículo 303).

Supuestamente, para combatir la evasión y elusión fiscal, se emprenderán cambios a "las disposiciones que regulan la escisión y fusión de sociedades; las obligaciones que debe cumplir el contribuyente que tenga inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal; la información necesaria para probar que las transacciones entre partes relacionadas se realizan a precios de mercado, entre otros".13

Los precios y tarifas de los bienes de consumo públicos se ajustan a las líneas de control inflacionario, aquéllos, utilizados como insumos en los procesos productivos, se determinarán con base en su referencia internacional. Finalmente, los bienes no comerciables se fijarán tomando en cuenta sus costos de producción y distribución.

La política de gasto consistirá en reducir el déficit fiscal, hacerlo compatible a los objetivos neoliberales para el "crecimiento económico con calidad" y la contención inflacionaria. La propuesta original de Fox era mantener sin variaciones el gasto neto total, lo cual significaba su nivel más bajo en los últimos 22 años. El que se hayan adicionado 1.6% más de recursos al gasto propuesto por el Ejecutivo no cambia el hecho de que tengamos uno de los presupuestos más bajos de nuestra historia moderna.

Para atenuar el rezago social y la vulnerabilidad de las personas, es decir, para paliar la pobreza extrema, se presumió el incremento real de 11.8% en el gasto a los programas de combate a la pobreza extrema, el cual sumaría 62,539.2 millones de pesos diseminados en 25 programas. Para redimensionar dicho gasto debemos señalar que representan el 4.59% del gasto total y es menor a un tercio de lo que se pagará por intereses, comisiones y gastos de la deuda pública. Esto es, al costo financiero de la deuda se le destinarán más de tres veces que a los programas de combate a la pobreza.

En materia de seguridad pública y procuración de justicia se

"… fortalecerá presupuestalmente a la Procuraduría General de la República, se otorgará independencia y autonomía a los servicios periciales, será instituida una nueva policía investigadora (…) se revisarán la estructura y funciones de las áreas encargadas del combate a las drogas (…) se crea la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de que el Poder Ejecutivo integre, ordene y ejerza la política criminal en el ámbito federal…".14

En lo que hace al desarrollo económico regional, se destacan dos cosas; por un lado, la creación del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que aportará recursos a organismos dedicados a otorgar micro-créditos. Y por el otro, el inicio del megaproyecto Sur-Sureste, el cual se llevará a cabo a través de proyectos de infraestructura carretera, portuaria, hidroagrícola, de fomento a la actividad de maquiladoras y de desarrollo agropecuario y forestal y de acciones de gasto social.

Los estados y municipios reciben recursos federales mediante los ramos 28 (participaciones) y 33 (aportaciones). A pesar de la discrecionalidad con que se manejan estos recursos, en el caso del ramo 33 se han venido estableciendo algunos controles, no así en el caso de las participaciones, cuyo monto para el 2001 ascenderá a 194,084.7 millones de pesos. Para que gobiernos como el tabasqueño y yucateco, que recibirán por ese medio más de 9,220 y 3,064 millones de pesos, respectivamente, no utilicen arbitrariamente dichas aportaciones, los legisladores y el gobierno federal, deberán diseñar e instrumentar programas especiales para garantizar una plena rendición de cuentas del ramo 28.

En cuanto a funciones del gobierno se destaca el establecimiento del Programa Integral de Combate a la Corrupción, el Sistema Nacional de Indicadores así como el Proyecto de Tecnologías de Información, entre otros.

La política de deuda pública, mantiene los ejes de las anteriores administraciones, consistentes en refinanciar los vencimientos y en lo posible reducir costos. Se admiten los requerimientos que habrá que solventar producto de los Pidiregas. Se prevé que la totalidad del déficit público se financie mediante colocaciones en el mercado interno.

La política monetaria está diseñada para reducir la tasa de inflación anual de 8.9% a 6.5% para este año. De tal suerte que para el 2003 se alcance un nivel de 3%.

La política cambiaria mantendrá el régimen de libre flotación y la política de "cortos", que tan sólo el año pasado restringiera por seis ocasiones la circulación monetaria.

Se prevé un crecimiento de 4.5%, menor al 7% observado en 2000 y un déficit en cuenta corriente equivalente a 3.8% del PIB. Los retos coyunturales derivan de un menor crecimiento de la economía estadounidense, 3% versus 5% en el 2000; la elevación de la tasa de interés de referencia, que ha pasado de 5.5% en diciembre de 1999 a 6.5% en octubre de 2000. Y finalmente, un menor precio del petróleo, en 2000 el precio promedio fue de alrededor de 25 dólares por barril, 9 dólares por arriba de la estimación, y que permitió constituir el Fondo de Estabilización Petrolero. Para este año se estima un precio de 18 dólares por barril.

Los resultados del 2 de julio de 2000 pusieron fin a los ininterrumpidos 71 años de gobiernos priístas. Difícilmente podría negarse que el voto mayoritario estuvo determinado por el anhelo de propinar una derrota histórica al partido de Estado; empero, se engañan quienes creen que la mayoría electoral, conseguida en gran medida por el gasto millonario en mercadotecnia, confiera legitimidad para avalar un programa económico de corte ultraconservador.

Ofrecer un cambio político para continuar con el modelo neoliberal fue parte de la estrategia seguida por la elite económica. Es decir, se puede promover la alternancia política pero no la alternativa económica. Para la clase dominante el modelo actual no admite su remoción, pues no imagina otra alternativa. A lo más que pudiera aspirarse, es a su instrumentación eficaz, eficiente y desinhibida.

A los opositores se les invita a consensuar ajustes, que por supuesto, no trastoquen la acumulación de capital bajo el neoliberalismo. Conscientes del salvajismo con que se aplican las políticas conservadoras y provocan situaciones explosivas, la clase dominante introduce medidas tendientes a atenuar las contradicciones sociales mediante una mayor focalización del gasto social en determinados sectores marginados, por ejemplo.

Lejos de propiciar que el paquete económico para el ejercicio fiscal 2001 fuera discutido de manera abierta con la sociedad, nuevamente los legisladores discutieron y aprobaron la cuenta pública, el presupuesto, la ley del ingresos y la miscelánea fiscal en el ámbito de la negociación legislativo-ejecutivo. Difícilmente las finanzas públicas responderán al interés y a la voluntad de la ciudadanía, cuando ésta ha sido excluida de su definición.

Son ya varios años en que diversas organizaciones sociales y no gubernamentales están demandando una participación amplia y diversa en la definición, evaluación y exigibilidad del Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos de la Federación. Estoy cierto de que sólo promoviendo las decisiones desde abajo, y no por la vía cupular, podremos avanzar en la definición de políticas públicas con un enfoque de Estado, es decir, que respondan a los intereses y necesidades de todos los mexicanos y no sólo a las decisiones de la elite política-económica del país.

El cambio político en México debe significar una mejoría real en las condiciones de vida de toda la población y no una continuidad del sistema económico vigente en los últimos años. Si se quiere lograr esto, tienen que cambiar las políticas, de manera fundamental, la política económica y el manejo de las finanzas públicas, en dos aspectos centrales, por una lado en su orientación; esto es ¿a quiénes favorece o privilegia? ¿cómo se distribuye el ingreso?; por otro lado, en su manejo, es decir, ¿quiénes y cómo se toman las decisiones en materia económica y financiera?

Se requiere que las fuerzas políticas del país, reconozcan que es en la sociedad donde debe descansar la elaboración de propuestas y de toma de decisiones.

El paquete económico para el 2001 fue confeccionado por un equipo de transición conjunto que por meses estuvo sosteniendo el estrecho margen presupuestal, aduciendo por ejemplo, que el 89% del presupuesto ya está comprometido y definido, por lo que anticipaban la ausencia de cambios significativos en la orientación y composición del gasto público.

Y en efecto, no los hubo. ¿Acaso, estamos tan mal que aumentar el presupuesto en 22,264.8 millones de pesos, más allá de la propuesta inicial y reasignar partidas presupuestales por 30,000 millones de pesos, sea un logro como para echar las campanas a vuelo?

Entre recursos adicionales y reasignaciones, los legisladores incidieron en tan sólo 4% del presupuesto total (1 billón 361 mil 865 millones 500 mil pesos), es decir, abajo del 11%, proporción que en su momento Gurría-Debez-Sojo, habían aceptado como posible de modificación. ¿Esto hay que considerarlo una victoria?

Es cierto que se ha registrado un avance respecto a 1997, cuando el partido oficial perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo cual permitió que los diputados incidieran en cambios al presupuesto equivalentes al 0.7% del mismo, pero mal haríamos en celebrar tan pírricos cambios, más aún cuando la política neoliberal se mantiene incólume.

En rigor, en el pasado debate presupuestal, el Ejecutivo se impuso y el Legislativo apenas propuso.

1 Declaración realizada el 29 de diciembre de 2000, Proceso 1261 del 31 de diciembre de 2000. Página 18.

2 En la actualidad se estima que aún están pendientes deudas derivadas del rescate bancario de alrededor del 12% del PIB, por lo que el total del rescate financiero ascendería al 21% del PIB.

3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. "Criterios Generales de Política Económica para 2001" p. 9.

4 Forrester, Viviane. "Una extraña dictadura". Fondo de Cultura Económica, Argentina, 2000. P. 23.

5 CGPE 20001, página 24.

6 CGPE, p. 14.

7 Ibídem, p.14.

8 Información obtenida de la revista Proceso 1263, del 14 de enero de 2001, páginas 36-38.

9 Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, Anexo 1, pág. 75 del 8 de diciembre de 2000.

10 CGPE 2001, página 29.

11 CGPE 2001, página 30.12 Forrester, Viviane. "Una extraña dictadura". Fondo de Cultura Económica, Argentina, septiembre de 2000.

13 CGPE 2001, página 33.

14 CGPE 2001, página 35.