Calderón y el empleo, la promesa del todo por nada

Saúl Escobar Toledo*

En materia de empleo, según un reporte de Carlos Salas publicado por el Instituto de Estudios del Trabajo, a fines de septiembre de este año, las cifras disponibles nos muestran “un creciente y continuado proceso de precarización del trabajo”¹. Esta apreciación se basa en varios hechos. En primer lugar, que de los 506 mil puestos de trabajo reportados en la encuesta del Instituto Nacional de Estadísitica, Geografía e Informática (INEGI), que se crearon entre enero y junio de este año, el 59 por ciento fue creado en microunidades productivas de cinco o menos trabajadores (296 mil puestos). En segundo lugar, de ese total, sólo 41 por ciento fueron asalariados, mientras que el 38 por ciento son trabajos por cuenta propia. Además, el número de personas sin prestaciones laborales tuvo un aumento importante.

En tercer lugar, resulta que el 55 por ciento de los nuevos puestos de trabajo registrados en el IMSS, son trabajadores eventuales. “Hay que señalar que este fenómeno es relativamente reciente, apareciendo por vez primera en el año 2005, todavía en el gobierno del Sr. Fox”, dice Salas.

Destaca, finalmente, la pérdida de empleos en el sector manufacturero y de la construcción; ello hizo que los servicios fueran responsables del 80 por ciento del aumento de la ocupación total nacional en este periodo. Este dato es significativo ya que la gran mayoría de los puestos de trabajo en el sector servicios –no sólo aquellos de los trabajadores por cuenta propia, sino también los asalariados– se caracterizan por carecer de seguridad social, tener los salarios más bajos y una gran inestabilidad laboral.

En síntesis, la mayoría de los puestos de trabajo creados en los primeros meses del supuesto “presidente del empleo” son de mala calidad o precarios. No pueden considerarse como “empleo decente” o “digno” según los criterios de la OIT², pero, además, son pocos. No está por demás recordar que, de acuerdo a las tendencias históricas, el crecimiento de la oferta laboral, es decir las personas que llegan a la edad de trabajar y buscan un puesto de trabajo, representa una cantidad superior al millón de personas anualmente. Así, en los últimos años, los puestos e trabajo reportados han estado por debajo de esa cifra, lo que ha llevado al crecimiento de la economía informal o la subocupación (que, según algunos datos, llega ya a por lo menos el 50 por ciento de la PEA) y a la migración a los Estados Unidos.

El número de puestos de trabajo (y por supuesto de empleos) creados está relacionado con el crecimiento económico. Para el año de Calderón, las cifras tampoco son buenas. Los criterios de política económica, correspondientes a 2007, enviados al Congreso el año pasado, marcaban una meta de crecimiento real del PIB del orden de 3.6 por ciento, en contraste con el 4.7 por ciento observado durante 2006; sin embargo, las predicciones gubernamentales han ido a la baja, colocándose actualmente en el orden de 2.7 y 3 por ciento. Esta cifra debe compararse con el crecimiento de la economía mundial que será de 5.2 por ciento, mientras que América Latina en conjunto logrará un 5 por ciento. La caída del PIB mexicano se debe a un crecimiento observado, menor al esperado, en el primer y segundo trimestres de este año y, sobre todo al escaso dinamismo de la actividad manufacturera. La crisis del sector hipotecario en Estados Unidos está afectando a la economía norteamericana por lo que se prevee un menor crecimiento en el corto plazo, lo cual hace más pesimista las predicciones para la economía mexicana y del sector manufacturero nacional en el futuro inmediato.

Por otro lado, a pesar de que los ingresos extraordinarios de divisas por la exportación de petróleo y por las remesas de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos han favorecido el crecimiento del consumo privado y, desde luego, han dado márgenes de maniobra al manejo de las finanzas públicas, este no ha servido para que el gasto público acelere el crecimiento económico. Por el contrario, las finanzas del Estado siguen estando presas de un gasto corriente que no ha logrado mantenerse constante, pese a las medidas anunciadas estridentemente a principios de año.

Así las cosas, el primer año de Calderón es, en realidad, el año veinticinco de un proyecto económico que no ha rendido los frutos anunciados. De un proyecto que redujo sustancialmente la capacidad del Estado para intervenir en la vida económica, alegando que al liberar los mercados se generaría un proceso expansivo virtuoso que, con el tiempo, mejoraría la distribución del ingreso nacional. Calderón ha representado, la continuidad del neoliberalismo, el más de lo mismo que inició con los gobiernos del PRI y siguió de manera más conservadora con Fox. No hay signos de cambio.

Pocos empleos y malos, es el resultado del primer año de Calderón, el presidente espurio. No obstante, el balance no debe quedar aquí, ya que en este año se presentaron dos hechos adicionales: la aprobación de la reforma a los sistemas de pensión del ISSTE y el anuncio, otra vez, de una reforma laboral.

Sobre lo primero, ha quedado claro que se trata de la continuidad de la reforma de 1995-96 que creó el sistema de pensiones basado en rendimientos inciertos, privatización y cuentas individuales, frente al modelo solidario, de resultados previstos y manejados por el Estado. Rompe como se hizo en el caso del IMSS con la solidaridad, el efecto distributivo y la provisión pública del sistema de salud y de pensiones. Reforma “estructural” que, como hemos visto en el caso del IMSS, favorece al sector financiero pero no a los trabajadores.

La reforma a la Ley del ISSSTE fue “una contrarreforma social porque no tuvo como eje rector mejorar las condiciones de salud, económicas y sociales de los trabajadores, jubilados, pensionados y sus familiares, sino transladar actividades y prestaciones “rentables” del sistema público de seguridad social hacia el sector privado financiero y de servicios médicos… Desde una visión más amplia y dada su naturaleza, la reforma del ISSSTE no puede ser considerada como un mecanismo para coadyuvar, mediante la ampliación de la cobertura de la seguridad social, a resolver los problemas de desigualdad e inequidad que padecen millones de mexicanos excluidos, (cuyos problemas han sido) agravados y profundizados en las últimas dos décadas y sólo contenidos por las válvulas de escape de la migración, las remesas y el empleo informal³”.

Precisamente, como parte de esas reformas estructurales, ha surgido, una vez más, el tema de la reforma laboral. Recientemente, el subsecretario del Trabajo del gobierno ilegítimo, afirmaba, en el foro “Panorama laboral 2007-2008”, realizado en el Club de Banqueros de México, que la STPS enviaría al Congreso una propuesta de reforma laboral que incluye nuevas modalidades de contratación individual, contratos a prueba, flexibilización de la jornada laboral y la cancelación de registros a sindicatos que no presenten cada medio año padrones actualizados de sus agremiados.

Según el vocero gubernamental, las propuestas se obtuvieron mediante la revisión de 196 iniciativas de modificación a la Ley Federal del Trabajo, las cuales se presentaron en el Congreso de la Unión durante los últimos diez años. Entre las modificaciones destaca “la nueva modalidad de contratos individuales de trabajo”, donde se regularán las relaciones laborales por temporada. Además, mediante la reglamentación de “contratos a prueba” se ampliarán las posibilidades de contratación, pues tendrán una duración de 30 días para el grueso de la planta laboral y 180 para empleados a nivel gerencial. Se propone también suprimir el escalafón ciego y establecer un “contrato de capacitación inicial”, con el fin de que los trabajadores puedan adquirir los conocimientos o habilidades que se requieran para el desempeño de una labor determinada.

Hace más de 20 años que la reforma laboral se discute en México. Desde 1989, el gobierno mexicano ha hecho intentos para legislar en esta materia. En la Cámara de Diputados se ha debatido este asunto en varias ocasiones. Durante los gobiernos de Salinas y Zedillo, estos intentos nunca llegaron a concretarse y ni siquiera se presentó formalmente un proyecto legislativo. Fue hasta la presidencia de Vicente Fox, cuando finalmente se llevó una iniciativa de reformas laborales a la Cámara de Diputados. Esta iniciativa, se dijo, había sido el resultado de casi un año de debates en la Secretaría del Trabajo, en los que habían participado representantes de los obreros y los empresarios.

Sin embargo, la verdad era que el supuesto consenso había excluido a una parte muy importante de las representaciones sindicales, representada por la de la Unión Nacional de Trabajadores. Por parte de los patrones, además, sólo había participado un grupo muy pequeño de dudosa representatividad.

El resultado de las consultas en la Secretaría del Trabajo dio pie a la elaboración de una iniciativa de reformas a la ley⁴. Dicho proyecto, contenía básicamente dos tipos de propuestas: unas, encaminadas a flexibilizar el trabajo y otras, destinadas a poner candados más restrictivos para el registro de nuevos sindicatos y al reconocimiento de las directivas sindicales. El asunto de la flexibilidad del trabajo era el aspecto central de la propuesta, pues el FMI y el Banco Mundial han venido insistiendo en la necesidad de estas reformas en todos los países, muchas veces como condición para el otorgamiento de préstamos. Por su parte, los gobiernos del PRI y del PAN han afirmado, reiteradamente, que estas reformas son indispensables para modernizar la planta productiva, atraer nuevas inversiones y, así, poder hacer frente, en mejores condiciones, a la demanda de empleo.

La flexibilidad laboral y, en particular la generalización del trabajo por horas o a tiempo parcial y la inestabilidad del puesto de trabajo, se han adoptado en varios países del mundo. Sin embargo, después de veinte años, la experiencia internacional nos dice que estas políticas no han resuelto los problemas de empleo y sí, en cambio, han reproducido el fenómeno de la precarización del trabajo, la caída salarial de la población trabajadora menos calificada y una mayor desigualdad en la distribución del ingreso⁵.

La flexibilidad laboral no ha demostrado ser un instrumento eficaz para generar empleos y si ha servido para volver el mundo del trabajo un espacio más inestable, frágil y desprotegido. Como hemos visto, la dinámica que arrastra a la economía mexicana desde hace varios años, está creando cada vez más empleos precarios, es decir, inseguros, temporales y de mala calidad. La flexibilidad es una estrategia empresarial para reducir costos sin ninguna contraprestación para el trabajador. Es una política laboral que produce mayores desequilibrios y arroja mayores sacrificios para el trabajador y para la sociedad. Se inscribe, por lo tanto, en la tónica neoliberal de privatizar ganancias y socializar costos.

El nuevo intento por reformar la Ley Federal del Trabajo hará resurgir viejos y nuevos argumentos, pero a estas alturas parece un debate reiterado, una película que ya vimos, que no ofrece salidas, porque el problema es que el gobierno le sigue pidiendo a los trabajadores mexicanos y a sus organizaciones sindicales que cedan todo a cambio de nada, es decir, que acepten la legalización de un conjunto de prácticas que hacen que la vida de los trabajadores sea más insegura, que trabajen más tiempo, que estén más vulnerables a las presiones del empleador, que tengan menor capacidad de defensa frente a los abusos y soporten mayor explotación y más precarización del trabajo a cambio de absolutamente nada. No hay ninguna oferta por parte del gobierno o de los empresarios de mejores salarios, ni algún tipo de ayuda, subsidio o contraprestación (por ejemplo, un seguro de desempleo, como el que se otorga en el Distrito Federal) que compensara, al menos en parte, este deterioro de la calidad de vida y de las condiciones de trabajo de los mexicanos.

En estas condiciones, en donde los trabajadores no tienen nada que ganar, la negociación de las reformas a la LFT parece un simple juego de fuerzas y no de argumentos. Se impondrán si el movimiento laboral es suficientemente débil para admitirlo o se frenarán nuevamente si la resistencia obrera es capaz de detenerlas.

Por otro lado, las reformas a la LFT propuestas por el gobierno, hoy como hace veinte años, han omitido un aspecto fundamental: la democratización de los sindicatos. Esta ha sido en cambio una de las partes sustanciales de la propuestas alterna, la de la UNT-PRD, elaborada hace algunos años⁶. La propuesta del ciclo calderonista habla ahora de cancelación de registros de sindicatos que no actualicen sus padrones. Es una cuestión muy menor y fácilmente evasiva para los manejadores de los contratos de protección y los sindicatos fantasma. El problema del sindicalismo mexicano es la persistencia de organizaciones donde no hay elecciones, donde los dirigentes existen sin conocimiento ya no digamos aceptación de sus representados, donde las cuotas y las finanzas sindicales no son fiscalizadas, donde las relaciones con los patrones y la negociación contractual es inexistente y se usa como chantaje para enriquecer a unos cuantos que se ostentan como dirigentes sindicales, es decir, sindicatos que no defienden a sus agremiados, que no representan a los trabajadores y que enriquecen a una pequeña burocracia sindical. Estos sindicatos son parte de un mundo de simulación laboral.

Las reformas a la LFT propuestas por el gobierno relegan la necesidad de un cambio en la vida de los sindicatos. Hoy como hace más de cincuenta años, los sindicatos viven una antidemocracia profunda con el agravante de que son menos útiles y representativos. De ahí la necesidad de una reforma que, como la propuesta de la UNT-PRD, se proponga acabar con el régimen corporativo y arbitrario que está protegido en la actual LFT, permitiendo que sea el Estado, los gobiernos federales y estatales, quienes intervengan discrecionalmente en la vida de los sindicatos. Se trata de eliminar los controles políticos y jurídicos que inhiben o desvirtúan el ejercicio de los derechos de los trabajadores, trasladando las decisiones a los propios trabajadores. La propuesta alternativa PRD-UNT busca crear nuevos mecanismos institucionales para garantizar la libertad y la democracia sindicales.

Lo anterior significa:

a) Que las autoridades públicas se abstengan de toda intervención que tienda a limitar el derecho de organización y el libre funcionamiento de los sindicatos o de entorpecer su ejercicio legal, tal y como lo disponen los acuerdos internacionales sobre libertad sindical suscritos y ratificados por nuestro país.

b) Prohibir y sancionar conforme a la ley cualquier acto de injerencia patronal en la sindicalización y ejercicio de los derechos colectivos.

c) Establecer mecanismos obligatorios de rendición de cuentas de los dirigentes sindicales ante sus agremiados: realización de asambleas, informe periódicos sobre las cuotas sindicales y la administración del patrimonio sindical, elección por voto secreto y directo de los representantes sindicales, publicación de los contratos colectivos.

d) La creación de un Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos como un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios. Se eliminaría así la facultad de la Secretaría de Trabajo y de las juntas locales de reconocer o negar los registros sindicales pues éstos adquirirían personalidad jurídica por el sólo hecho de depositar ante el registro la documentación requerida.

Sacar estas propuestas del debate, como ha sucedido en otros momentos, por parte del gobierno, significa dejar de lado el problema sustancial de la vida laboral en México y, por lo tanto, prolongar la simulación, el incumplimiento de la ley, la impunidad de unos cuantos en beneficio de los patrones y en perjuicio de los trabajadores.

Es también una señal de que la democracia mexicana no sólo permanece incompleta, sino que no puede avanzar, y de que la famosa transición mexicana, marcada en sus inicios por la alternancia en el poder y el pluralismo político, seguirá hundida en la inestabilidad.

La inestabilidad se ha convertido en el signo de los tiempos presentes. La posibilidad de llegar a una etapa en la cual el país pueda crecer a tasas razonablemente más altas, haya un claro y sostenido mejoramiento de los niveles de vida de la población y tengamos una vida política menos conflictiva tomará todavía varios años, con el peligro de que todo empeore y entremos a una crisis generalizada.

En conclusión, en el ámbito laboral, el año de Calderón sólo ha traído pocos y malos empleos, ninguna mejoría salarial, menos derechos laborales y el anuncio otra vez una de una propuesta de reforma laboral que anuncia profundizar la injusticia, la inestabilidad y la inseguridad de los trabajadores mexicanos.

* Secretario de Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática.

1 Carlos Salas, “Reporte laboral de México: primer semestre de 2007” Instituto de Estudios del Trabajo, México, 2007.

2 En síntesis, empleo digno quiere decir: remuneración justa, seguridad en el empleo, seguridad social, libertad para organizarse e igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres.

3 Odilia Ulloa Padilla, “La Nueva Ley del ISSSTE: la reforma estructural del consenso dominante”, Mimeo, junio, 2007, p. 7.

4 Un análisis completo del proyecto, llamada “Propuesta Abascal”, en referencia a su principal inspirador, se encuentra en el libro Reforma Laboral, coordinado por Alfonso Bouzas, UNAM-IIS, México, 2003.

5 Saúl Escobar Toledo, “Los riesgos de la flexibilización”, en revista Coyuntura, No. 114, IERD, México, pp. 55- 58.

6 La propuesta de reformas a la LFT se presentó en la Cámara de Diputados en el 2003 a nombre de la UNT y de la fracción parlamentaria del PRD. Cfr. Una reforma democrática para el mundo del trabajo. Propuesta laboral PRD-UNT, Grupo Parlamentario del PRD, Cámara de Diputados/ LVIII Legislatura, México, 2003.