Los polos de la anticultura en los acuerdos-pactos políticos

Rafael Estrada Cano*

La vida democrática en México se ha conducido accidentadamente por la incapacidad de los actores políticos para llegar a acuerdos y, sobre todo, respetarlos. La experiencia de organismos internacionales para la resolución de conflictos y construcción de sólidas instituciones democráticas en paises o regiones con enfrentamientos internos o relaciones diplomáticas problemáticas, pone al descubierto la relevancia del deterioro de las relaciones sociales y la necesidad de practicar e instaurar, primeramente en nuestra vida interna, valores democráticos de ética y respeto, así como mecanismos de diálogo y acuerdo que hagan duraderos y confiables los pactos políticos, en beneficio de los ciudadanos representados.

La Declaración del Milenio de 2000¹ –resolución 55/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas– hizo que los círculos gubernamentales, de la sociedad civil y del mundo del comercio y de las ciencias de todo el mundo plasmaran una visión nueva para la humanidad, audaz y plenamente incluyente en los procesos de “globalización mundial” para erradicar la pobreza y el hambre, lograr la educación primaria universal, promover la equidad de genero y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, reducir la mortalidad materna, combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad ambiental y fomentar una alianza mundial para el desarrollo.

Su ejecución en México se realizó a través de la “Consulta Nacional sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)”², coordinada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde se plantearon dos objetivos centrales. En primer lugar, difundir la agenda de los ODM entre “actores clave” de distintos ámbitos de la vida nacional. En segundo lugar, promover la viabilidad de un “diálogo nacional, plural e incluyente para el desarrollo nacional”, tomando como punto de partida los objetivos y metas suscritos por México en el marco de la Declaración del Milenio.

El ejercicio fue hecho “con base en la metodología de construcción de consensos y resolución de conflictos y sustentado en la gobernanza a través de redes como fundamento para la toma de decisiones de política publica, lo que significa una apertura de espacios de diálogo democrático y la construcción de acuerdos plurales no jerárquicos e inclusivos que generan políticas publicas legitimas y efectivas”.

Cabe aclarar que a dicha consulta se llamó como “actores clave” únicamente a miembros de una clase política e intelectual que ha vivido generacionalmente del sistema político mexicano, con visiones e identidades distintas, pero afines por su necesidad vital de subsistir agraciados del sistema, incrustándose en los llamados Consejos Ciudadanos o Consejos Consultivos de “ciudadanos notables” donde se da juego a fósiles de la política mexicana.

Ese grupo de políticos, intelectuales, empresarios y lideres de opinión de “todas” las visiones ideológicas, encabezados por el rey de los monopolios y hombre mas rico del mundo, Carlos Slim, se reunió para rubricar el denominado “Acuerdo de Chapultepec”, orquestado para responder a la consulta sobre los Objetivos del Milenio y que, más tarde, permitió articular al círculo de voceros, operadores y legitimadores del fraudulento triunfo calderonista de la elección presidencial de 2006.

Este no es el único ejemplo de los usos y costumbres de la clase política mexicana de no respetar los pactos, ya que para el caso de la multicitada reforma del Estado son las mismas mafias, representadas en las diferentes franquicias políticas, publicas y privadas, las que participan en su materialización; si no, cómo entender que uno de los principales asesores de la reforma del Estado, Jorge Alcocer, fuera considerado para ser incorporado como consejero presidente del IFE.

Desde 1996, el PNUD implementó en nuestro país el “Programa de gobernabilidad democrática”, con tres ejes fundamentales representados en el apoyo para la observación electoral, la formación de educación cívica y la cultura política que, al igual que el programa denominado “Un nuevo ciudadano y un ciudadano comprometido”, elaborado por la Secretaria de Gobernación, tenían como propósito promover hegemonismo de Estados Unidos, pues ambos programas fueron redactados en Estados Unidos y legitimados sólo con el apoyo de los consultores mexicanos de la ONU y sus macroredes de organizaciones de la sociedad civil, quienes son los únicos participantes de los procesos de consulta, como el aplicado para los Objetivos del Milenio.

Un segundo polo, derivado del empoderamiento de actores independientes, defensores de la conciencia colectiva, del interés fundamental del hombre, su sociedad y nación, así como de la promoción de procesos de construcción de consensos y mecanismos de resolución de conflictos fue presentado por el PNUD en el “Manual de diálogo democrático”³, cuyo propósito es reflejar la práctica actual en el campo del diálogo y aprovechar las experiencias concretas de profesionales practicantes del diálogo en diversas regiones y por diversos actores involucrados en estos procesos. No obstante, nuestro país no ha sido colocado como punto focal de acción ni de discusión; existe un déficit de metodología en la resolución de conflictos y procesos de construcción de consensos que aseguren los intereses y el desahogo de la agenda ciudadana y el tema no se encuentra en las agendas parlamentario-partidistas ni de gobierno.

Por esto, la clase política en conjunto debe participar, fomentar y solicitar la intervención de dichos programas mundiales o acciones regionalmente focalizadas, como la iniciada en 2007 por el PNUD en coordinación con el Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido (DFID), enfocada a la entrega de ayuda para la eliminación de la pobreza extrema, cuya meta estratégica es reducirla a la mitad para el 2015, así como el programa dirigido por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional y la Cooperación Cultural (ASDI), dirigida a países en vías de desarrollo para reducir la pobreza y promover el desarrollo democrático, a través del proyecto denominado “Apoyo al proceso de modernización de las instituciones partidarias”⁴ que se aplicará en América Latina, en Nicaragua y, en un futuro, Perú, con el fin de dotar de certidumbre jurídica, legitimidad política y legalidad procesal a todo el marco institucional de que gozan los partidos políticos en estos países, atrayendo las experiencias similares que dieron pie al fortalecimiento del sistema de partidos en el viejo continente, gracias a la capacidad de las fuerzas políticas para hacer de la voluntad política un complejo campo de ventanas de oportunidad para el avance político de las causas sociales, atendiendo a un principio elemental, el acuerdo-pacto político, sobre premisas de certidumbre legal y jurídicas, más no simbólicas como sucede en nuestra nación.

Un tercer polo está caracterizado por los partidos políticos y su marco de legal de actuación, identidad, principios y estatutos, como lo establece Max Weber en su definición de partido político: “Una asociación (…) dirigida a un fin deliberado, ya sea éste ‘objetivo’, como la realización de un programa que tiene finalidades materiales o ideales, sea ‘personal’, es decir, tendiente a obtener beneficios, poder y honor para los jefes y seguidores o, si no, tendiente a todos estos fines al mismo tiempo”⁵. Esta definición pone de relieve el carácter asociativo del partido, la naturaleza de su accionar –dirigida esencialmente a la conquista del poder político dentro de una comunidad–, así como la multiplicidad de impulsos y motivaciones que conducen a una acción política asociada; ni más ni menos, que a la realización de fines “objetivos” y “personales”.

Una nueva generación de académicos, intelectuales y actores políticos, conscientes de que el autismo y sectarismo de las estructuras de los partidos ha inhibido la posibilidad de un paradigma distinto que reivindique el oficio político, puede lograr insertar en el contexto global a México como actor y punto de acción de todas las experiencias internacionales sobre la resolución de conflictos.

Como cuarto polo, llegamos a la acción y desarrollo de todas estas experiencias de diálogo, discurso, consenso y conflicto en la izquierda mexicana, encabezada por el Partido de la Revolución Democrática.

Siendo la segunda fuerza política de México, el PRD se encuentra enfrascado en un proceso de redefiniciones y su debate interno empuja para que la línea política, principios y estatutos actualicen su vigencia dentro de la agenda ciudadana y de gobierno, aunque la asignatura principal –lo saben todos– sea identificarlo con el electorado nacional, que no ve más que divisiones, fractura, pugnas y desorden, sistemáticamente orquestados, por las expresiones internas que le “dan vida”.

Mientras la democracia interna dentro del PRD viva aislada de los aspectos básicos de comunicación, militantes, simpatizantes, electores, lectores, oyentes o ciudadanos, cualquiera que sea su nivel de información, reaccionarán y asimilarán el discurso y posición del partido de modo tan especial como hasta hoy, cuando reciben información de un partido que vive en polarización permanente y que con dificultad contribuye de alguna manera a su bienestar.

En todo caso, es inoportuno que el PRD se comporte como un elefante en un bazar. Los ciudadanos mexicanas rechazan y opinan de manera negativa la información emitida por el partido.

Si no deja de existir persecución política entre los mismos personajes del partido, para autorizar o no su interlocución institucional y continúa alentándose que las posiciones irresponsables emitidas por sus miembros no merezcan una verdadera sanción, el plano histórico que ha proporcionado una acción confirmada de la formación de la ideología partidaria⁶, no revitalizara la identidad, definición política y acción colectiva de la segunda fuerza política del país.

El PRD está a tiempo para no permitirse llegar a una renovación nacional bajo la premisa cultural de que pase lo que pase “de todos modos se tendrán que poner de acuerdo”, pues, de lo contrario, los que hablan del acuerdo como último camino de atención y éxito a sus intereses, seguirán siendo participes de la más absurda falta de oficio político que hayan mostrado en su historia y dejarán ver que, pese a que la historia cuenta los procesos tan impugnados que ha sorteado, parecerá que no existe mayor preocupación, sino por lograr hacer las mejores y mayores operaciones lícitas o no que les sean posibles para el triunfo.

Comparto seis reflexiones para el inmediato futuro competitivo de 2009 y 2012, donde el PRD deberá refrendar su poder electoral y de convocatoria popular:

La primera es no permitir que se estructure una situación de voluntades enfrentadas, en la que no cambiar se vuelva un objeto en sí mismo, como lo cita nuestra historia interna.

La segunda: el perredismo debe olvidar la tendencia operativa que atenta contra los principios democráticos que lo sustentan como partido político.

La tercera: el partido debe impulsar la participación de organismos y programas especializados de Naciones Unidas y diversas agencias intergubernamentales internacionales para alentar el empoderamiento ciudadano y romper con los monopolios del poder en los espacios de toma de decisión global y regional. Esto ayudará a impedir las aberraciones electorales como las que México ha transitado en ya dos ocasiones.

Cuarta, exigir que el gobierno mexicano otorgue las facilidades para que nuevas formas de expresión ciudadana participen y sean interlocutores de los acuerdos internacionales de la sociedad civil, sectores productivos y políticos en las sesiones especiales de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas.

Quinta, sin una regulación expresa de la voluntad política en el contexto constitucional de México, el PRD puede, por omisión, ser un ala legitimadora del sistema político mexicano, ya que al no existir mayor obligación responsable en las negociaciones políticas, todo queda en manos del precio que cada representante popular le de a su voto.

Sexto, si el PRD dice ser vanguardista y progresista, porque un ala de sus representantes pactan la “reforma del Estado”, no debe permitirse pagar financiera y políticamente el costo que le implica asumir como propio el método “Alcocer”, a cambio de legitimar y blindar de reconocimiento cúpular a sus ideas con asesores ajenos a su convicción democrática  y elementales significados.

* El autor es analista político e investigador, así como voluntario de la ONU en México.

1 ABC de las Naciones Unidas, publicado por el Departamento de Información Publica de la Organización de las Naciones Unidas (DPI/2155, 2000).

2 ONU, Consulta Nacional sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Reporte final, mayo de 2006, México, pp. 5-60.

3 Democratic Dialoque, A Handbook for Practitioners (http://www.democraticdialoguenetwork.org).

4 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Proyecto “Apoyo al proceso de modernización de las instituciones partidarias”, Nicaragua (http://www.undp.org.ni/progobernabilidad.php).

5 Norberto Bobbio, Incola Matteucci y Gianfranco Pasquino, Diccionario Político, Siglo XXI Editores, México, pp. 1153-1154.

6 Georg Klaus, El lenguaje de los políticos, Ed. Anagrama, Barcelona, pp. 64- 65.