Cumplimos, nuestro trabajo legislativo avanza Javier González Garza* Si el año 2006 pasó a la historia negra de México por el fraude electoral y la política de polarización emprendida por la derecha desesperada, en su afán por retener el poder que se le escapaba, el 2007 inició como la profundización del enfrentamiento entre izquierda y derecha que alcanzó su punto culminante con la reforma a la Ley del ISSSTE. Sin embargo, la segunda parte de este año resultó sorpresivamente positiva. El buen saldo de este periodo no se debe a la acción gubernamental, sino a los grandes acuerdos alcanzados entre todos los partidos políticos en el tema de la reforma electoral y, ahora, con el presupuesto 2008 aprobado por consenso. Las y los diputados del PRD de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cumplimos con los ciudadanos, al aprobar una reforma electoral que cambiará las reglas de la competencia en las urnas, para conseguir comicios más justos, transparentes, democráticos, legítimos, austeros y equitativos, en los que se limita la intervención de los gobiernos, del dinero y de los poderes fácticos para influir de modo inmoral en los resultados. Con la nueva ley, la democracia mexicana superará varias de las fallas que pusieron en riesgo su viabilidad: anula la posibilidad de campañas negras; establece una nueva relación con los medios de comunicación; acaba con el derroche de dinero público en las campañas y sustituye paulatinamente a los consejeros del Instituto Federal Electoral, para generar un nuevo y confiable árbitro electoral. El dinero que antes se derrochaba en campañas políticas, ahora podrá aplicarse en obras y programas para el beneficio de los ciudadanos. Se ahorrarán más de 3 mil 700 millones de pesos por cada elección. Tan sólo para las televisoras, los partidos destinaban hasta el 80 por ciento de los recursos que recibían del erario. Como ejemplo del gran negocio que representaban para los medios, especialmente las televisoras, las elecciones y el poder político, está el descomunal gasto de Vicente Fox Quesada, quien pagó en año electoral (2006) más de mil 700 millones de pesos a los medios de comunicación. La reforma establece una sola fecha al año para realizar elecciones, con lo que evitamos que millones de ciudadanos acudan hasta en dos ocasiones en un mismo año para elegir representantes. Este factor ayudará a mejorar los pobres porcentajes de participación. Además, se prohíbe a toda autoridad, persona u organismo, contratar publicidad política durante los procesos electorales. Se establecen sanciones más fuertes durante el proceso electoral a quienes violenten los topes de gastos de campaña y se establece la prohibición absoluta de campañas negras. No podemos pasar por alto que entre los organismos empresariales que impulsaron las campañas sucias en 2006, están los dueños de Banamex-Citygroup, que ahora resultaron beneficiados con la venta de Aeroméxico. Esta es una muestra de lo riesgoso que resulta que manos privadas se metan a las elecciones. Para la propaganda política, se utilizará solamente el tiempo del Estado en medios electrónicos; se acabaron los spots. A muchos concesionarios de radio y televisión no les gustó la decisión. Hay que recordar que muchos de sus empleados realizaron una campaña contra la reforma, ya que según ellos ponía en riesgo la libertad de expresión. Nada más falso. A partir de la aprobación de la reforma electoral, habrá campañas más vigiladas, con un nuevo Consejo General del Instituto Federal Electoral, pues las y los legisladores del GPPRD en la Cámara de Diputados logramos que se aprobara la sustitución paulatina de los consejeros, en la que la sociedad tendrá un papel activo. Logramos aprobar la sustitución este mismo año de Luis Carlos Ugalde Ramírez, presidente consejero y principal artífice del fraude electoral de 2006. La renovación paulatina del Consejo General del IFE debe privilegiar el consenso, eliminar la partidización del órgano y dar garantías de imparcialidad a todas las fuerzas políticas. También eliminamos
el secreto bancario para que puedan revisarse los gastos de los partidos,
aunado a la nueva Contraloría del IFE. Con esta reforma, los diputados
y las diputadas del PRD, cumplimos con nuestra responsabilidad con la
república; cumplimos con nuestros electores. el
GPPRD realizó un intenso trabajo de negociación, firme y responsable,
para modificar del Presupuesto de Egresos de la Federación, e incrementar
los recursos para gasto social, salud, campo, educación, cultura, equidad
de género, apoyo a adultos mayores, Pemex, programas para migrantes, transparencia,
y partidas para obras en el Distrito Federal, entre otros rubros. Conseguimos
más recursos para la educación media superior y superior, pues gracias
a la exigencia del GPPRD se agregaron 14 mil millones de pesos al presupuesto
de universidades públicas y se amplió el gasto para cultura hasta por
mil 800 millones de pesos. El PRD logró que el Programa de Apoyo a los
Adultos Mayores se aplique el próximo año en poblaciones de hasta 10 mil
habitantes –en 2007 se limitó a las de dos mil 500–, con una inversión
de tres mil 700 millones de pesos; el planteamiento original del GPPRD
era favorecer a las poblaciones de hasta 20 mil habitantes, pero el PRI
y el PAN lo rechazaron. Para
apoyar a los campesinos del país, de quienes depende la sustentabilidad
alimentaria nacional, a propuesta del GPPRD, se reasignaron 21 mil millones
de pesos para el Programa Especial Concurrente (PEC) para el campo. En
materia de salud, las gestiones y negociaciones de nuestros compañeros
de la Comisión de Presupuesto, dieron excelentes frutos, pues habrá cuatro
mil millones de pesos más que en la propuesta enviada por el ejecutivo. También
logramos la inclusión, por primera vez en la historia de este país, de
un fondo federal de 445 millones de pesos, para programas que favorecerán
a los discapacitados y sus familias. En el rubro de equidad de género,
conseguimos el otorgamiento de mil 450 millones de pesos más que en la
propuesta original del ejecutivo, para programas en favor de las mujeres
en áreas como la de justicia, la seguridad social y el acceso a una vida
libre de violencia. El
GPPRD consiguió también la aprobación de 700 millones de pesos para el
Fondo para el Pago de Adeudos a Braceros Rurales que laboraron en Estados
Unidos entre 1942 al 1964, una ampliación presupuestal de 174 millones
de pesos para el Programa Iniciativa Ciudadana 3X1 y de 126 millones de
pesos para becas de educación media superior y superior para hijos de
migrantes. Conseguimos
anular las intenciones del gobierno federal y de algunos legisladores
del PRI, de dejar sin dinero al gobierno de la ciudad. Se consiguieron
seis mil millones de pesos para obras y programas en favor de los habitantes
de la ciudad de México, sin considerar los mil 450 millones que se ejercerán
en el Colector Oriente. Los
legisladores del GPPRD también establecimos criterios de transparencia
para el Presupuesto. Con una visión de Estado, el Grupo Parlamentario
del PRD impulsó un mayor gasto para carreteras, con lo que muchas comunidades
del país superarán el aislamiento en que se encuentran. En este apartado,
habrá 23 mil millones de pesos adicionales para construcción de caminos,
vías y autopistas. Los
diputados y diputadas perredistas nos mantuvimos firmes en la defensa
de Petróleos Mexicanos y el patrimonio
energético de la nación. Con la ampliación, en 29 mil 220 millones, del
presupuesto para Pemex, el PRD consiguió frenar los pasos hacia la privatización
que pretende la alianza PRI-PAN. Asimismo, conseguimos otorgar mil 500
millones de pesos adicionales para Luz y Fuerza del Centro y para el Instituto
Nacional de Investigación Nuclear una partida extra de 180 millones de
pesos. Al
darle un nuevo rostro al gasto social, para 2008, demostramos que el PRD
es el único partido que cumple con sus compromisos de campaña. Con
absoluto convencimiento de que por el bien de México, primero los pobres,
las y los diputados del GPPRD nos opusimos al incremento de 5.5 por ciento
a las gasolinas, que Felipe Calderón ordenó que aprobaran los diputados
del PAN, quienes encontraron complicidad en los priistas para este fin. Con
la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados, el GPPRD expresó su oposición
a esta medida que disparará la inflación e impactará sensiblemente en
la economía de las familias más pobres de México. Sabemos
que si algo desata la especulación y el incremento de precios de los productos
–principalmente los básicos–, es el incremento al precio de los combustibles.
Pese a ello, a los diputados del PAN y del PRI no les importó y con tal
de obtener poco más de 22 mil millones de pesos aplicaron el alza a los
combustibles. Prefirieron cargarle a los más
pobres el costo de esta medida, en vez de recortar los altos salarios
de los funcionarios o reducir el gasto corriente del aparato burocrático. En
el colmo de la simulación, Calderón pospuso la entrada en vigor del incremento
a las gasolinas hasta el primero de enero de 2008; sin embargo, el daño
ya está hecho: los precios siguen subiendo y será peor en la cuesta de
enero. Desde
la misma Secretaría de Desarrollo Social se reconoce que en el país existen
44 millones de pobres, de los cuales 14 millones se encuentran en lo que
se conoce –elegantemente dicho–, como pobreza alimentaria. Frase que traducida
a la realidad significa que 14 millones de mexicanos, en su mayoría mujeres,
niños y ancianos, no tienen qué llevarse a la boca. El aumento a las gasolinas
de 5.5 por ciento acentuará la desventajosa carrera entre el salario mínimo
y los precios de los productos básicos. Es tan grave la situación que
no sólo afecta a los más pobres, sino también a la clase media que parece
estar en proceso de extinción. Felipe
Calderón se estrenó recetándonos un incremento a la tortilla al pasar
de 7 a 8.50 pesos y hasta once pesos en algunos estados y, a esto le siguió
el aumento a la leche, al huevo, al frijol, al arroz y al pan. El primero
de enero de 2008 despertaremos con el incremento a las gasolinas que creará
un efecto dominó en el precio, al alza, de todos los productos. ¿Qué sigue? Para
resarcir el daño a la economía familiar es obligado decretar un aumento
salarial de emergencia. Sobre este tema se han dicho grandes mentiras:
que es inflacionario, que de nada sirve, porque si se elevan los salarios
los precios de los productos se incrementarán más y otras falacias. El
GPPRD seguirá oponiéndose a todas las medidas que golpean la economía
de los mexicanos. Así, cumplimos con la defensa de los intereses de todos
los mexicanos. Por
iniciativa del GPPRD, en la Cámara de Diputados se logró la creación de
una comisión especial para investigar los malos manejos que el ex presidente
Fox hizo de los recursos públicos, que se obtienen de tu bolsa, de tus
impuestos. Asimismo, se reactivó la comisión que, desde la anterior legislatura,
investiga los oscuros negocios de los hijos de Marta María Sahagún Jiménez
de Fox: los hermanos Bribiesca Sahagún, quienes al amparo del poder presidencial
se beneficiaron con contratos millonarios y recibieron trato privilegiado
de instituciones del Estado, como el Instituto de Protección al Ahorro
Bancario (IPAB), para enriquecerse. Los integrantes del GPPRD pugnamos, en estos órganos legislativos, por acabar con la impunidad que ha prevalecido históricamente en nuestro país para los ex presidentes. A través de la participación de nuestros legisladores en esas comisiones, exigiremos resultados a los funcionarios públicos que, supuestamente, deben combatir la corrupción, como los titulares de la Secretaría de la Función Pública y de la Procuraduría General de la República. También deberán dar explicaciones los particulares y los servidores públicos que contribuyeron o permitieron el saqueo a la nación y los negocios turbios de la familia Fox, por medio de los cuales conseguía regalos suntuarios, como el famoso Jeep rojo, que la esposa del guanajuatense exigió a un empresario. Esto evidencia que Marta realizaba labores de coyotaje, desde el poder. Es una demanda firme del PRD que el ex presidente explique cómo es que su fortuna pasó de 6.4 millones de pesos, cuando llegó a Los Pinos, a más de 20 millones, al dejar el cargo, como es del conocimiento público y está consignado en distintos medios de comunicación. Para la investigación, el PRD ha propuesto llamar a cuentas a todos los funcionarios del sexenio foxista que sea necesario, pues la impunidad en México debe llegar a su fin y la rendición de cuentas debe convertirse en una práctica indispensable, que además entrañe consecuencias penales, administrativas y civiles para quienes hayan violado la ley, tal y como los perredistas ofrecimos en campaña. * Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, LX Legislatura. |