El Plan Mérida y sus consecuencias para la soberanía nacional

Irán Moreno Santos*

Introducción

A principios del mes de noviembre del presente año se dio a conocer, por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos, el Plan Mérida, en un comunicado conjunto en el que ambas partes lo caracterizaron como: “Un nuevo paradigma para la cooperación en materia de seguridad”. Según documentos oficiales emitidos por el Departamento de Estado el plan considera los siguientes objetivos y medidas que impulsaran el combate al tráfico de enervantes¹:

“Nuestro objetivo común es aumentar al máximo la eficacia de nuestros esfuerzos en la lucha contra las organizaciones delictivas [con el] fin de perturbar el tráfico de drogas (incluyendo los precursores químicos), el tráfico de armas, el tráfico ilícito de las actividades financieras y monetarias, contrabando y el tráfico de seres humanos.

1) Reforzar las actividades de persecución interna en México.

2) Reforzar las actividades de persecución interna en Estados Unidos.

3) Ampliar la cooperación bilateral y regional que se ocupa de la delincuencia trasnacional”.

El documento continua diciendo: “México fortalecerá su capacidad operativa para combatir con más eficacia el narcotráfico y la delincuencia organizada; Estados Unidos intensificará sus esfuerzos para abordar todos los aspectos del tráfico ilícito de drogas (incluida la demanda relacionada con porciones) y seguir luchando contra el tráfico de armas en la mayor parte de México. Ambas naciones aumentarán la cooperación, la coordinación y el intercambio de información para luchar contra las organizaciones criminales en ambos lados de la frontera.

Para aumentar la capacidad operacional de los organismos e instituciones de México, en nuestra estrategia figuran la mejora de la transferencia de equipos y recursos técnicos, de conformidad con todas las normas. La estrategia también incluye programas de capacitación y el intercambio en ambos sentidos de los expertos, pero no prevee el despliegue de personal militar de Estados Unidos en México.

Nuestras estrategias para la ampliación de la cooperación se basan en el pleno respeto de la soberanía, la jurisdicción territorial y los marcos jurídicos de cada país, y se guían por los principios de confianza mutua, la responsabilidad compartida y la reciprocidad. La iniciativa se basará en las estrategias nacionales y los esfuerzos en curso entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley de ambos países”².

Contenido del financiamiento

La iniciativa Mérida considera la entrega a México de equipo de inspección, escáneres de iones, unidades caninas para las aduanas de México los cuales serán utilizados por la nueva policía federal y los militares; su misión será impedir el acceso a las víctimas de la trata de drogas, armas, dinero en efectivo y de las personas.

Tecnologías para mejorar la seguridad de las comunicaciones y los sistemas de apoyo en la recopilación de información, así como asegurar que la información vital sea accesible para la aplicación de la ley penal.

Asesoramiento técnico y capacitación para fortalecer las instituciones de justicia, el examen de la nueva fuerza de policía, la gestión de los casos de software para rastrear las investigaciones a través del sistema de juicio, las nuevas oficinas de quejas de los ciudadanos y la responsabilidad profesional, así como el establecimiento de programas de protección de testigos y helicópteros y aviones de vigilancia para apoyar las actividades de comunicación y la rápida respuesta operacional de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en México.

Todo lo anterior es producto de las negociaciones llevadas a cabo por los mandatarios de México y Estados Unidos en Mérida, Yucatán, tal y como esta plasmado en el comunicado conjunto del pasado 14 de marzo.

“Los presidentes reconocieron la constante amenaza que para ambas naciones, representan el crimen organizado y el tráfico de drogas, en especial su violencia asociada, que no respeta fronteras. Ambos subrayaron que los importantes esfuerzos del gobierno mexicano para combatir el crimen organizado, entendidos como una de las más importantes prioridades de su propia agenda, podrían beneficiarse con mayores niveles de apoyo y coo-peración de Estados Unidos. Sobre esta base, los presidentes reiteraron su compromiso para intensificar la cooperación y el intercambio de información entre las agencias de procuración de justicia de México y Estados Unidos, especialmente a lo largo de la frontera. Los presidentes expresaron su compromiso de incrementar la coo-peración bilateral para luchar contra el crimen organizado y combatir el tráfico de armas que fomenta la violencia de las organizaciones criminales, así como el tráfico de drogas, entre ellas las metanfetaminas y los precursores químicos, así como las actividades financieras ilícitas, incluyendo el contrabando de dinero en la frontera”³.

El acuerdo señalaba que “el manejo de la frontera entre México y Estados Unidos es una responsabilidad compartida. Nuestra lucha común en contra del crimen organizado deberá estar acompañada por acciones de cooperación en otras áreas que promuevan igualmente la seguridad, la prosperidad y el desarrollo de las comunidades fronterizas. Su objetivo es incrementar los niveles de comunicación e intercambio de información a todos los niveles nos permitirá continuar con la transformación de la frontera en una región de crecimiento y prosperidad compartida”⁴.

El diario The Dallas Morning News, informó que la solicitud de apoyos económicos para el combate al crimen organizado fue una solicitud del Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen) en la reunión sostenida en Mérida, lo cual fue confirmado por el congresista republicano Silvestre Reyes, presidente del comité de inteligencia del Congreso estadounidense.

Finalmente, esta iniciativa fue confirmada en el proyecto de presupuesto de emergencia enviada por el presidente George Bush al Congreso, cuyo contenido mayoritariamente está destinado al rubro de financiamiento para la guerra en Iraq y Afganistán y el fortalecimiento de la seguridad nacional: 500 millones de dólares para México y 50 millones de dólares para los países centroamericanos, apoyos sin precedentes en sus esfuerzos de cooperación para abordar las amenazas comunes a nuestras naciones por la lucha contra la delincuencia trasnacional y el tráfico de drogas⁵.

El debate en México

El 2 de octubre pasado, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinoza, en su informe presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados, como parte de los trabajos de la glosa del Informe del Primer Informe de Gobierno de Felipe Calderón, negó ante los diputados la existencia de un Plan México o algún tipo de mecanismo que conllevara financiamiento económico por parte del gobierno estadounidense, así como apoyo militar o asesoramiento técnico, pero acepto que nuestro país presentó ante el gobierno de Estados Unidos un programa de combate al crimen organizado: “Se trata de un programa que, con pleno respeto a la soberanía nacional, permitirá incrementar las capacidades tecnológicas, humanas y operativas del Estado mexicano, para hacer frente a esta seria amenaza, a la seguridad nacional que a todos, sin distingo, debe preocupar”⁶. La funcionaria destacó que no habría presencia de personal militar en nuestro territorio y justificó el programa con base en la legislación vigente y en los acuerdos de cooperación que nuestro país tiene con Estados Unidos, sin informar más detalles al respecto.

Tras el anuncio en Estados Unidos de la Iniciativa Mérida, el Senado de la República cita a comparecer a la titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores (el 24 de octubre pasado) con la finalidad de explicar el contenido de la iniciativa y su impacto en México. En esta reunión, la secretaria menciona que “no se trata ni de un tratado que deba de ser sometido a aprobación del Senado ni de un acuerdo interinstitucional como lo define nuestra Ley de Celebración de Tratados”⁷, pero acepta que es un programa de cooperación que nace a partir de un acuerdo político entre ambos gobiernos que no vulnera la soberanía nacional y que se rige bajo el concepto de responsabilidad compartida.

La embajadora Espinoza mantiene una posición común en ambas comparecencias y demuestra que la Iniciativa Mérida es una expresión de colaboración del gobierno estadounidense con su socio mexicano, sin ningún costo o condicionamiento por parte de la potencia norteamericana, sin embargo, los condicionamientos y las medidas injerencistas no van a venir por parte del ejecutivo estadounidenses, sino por parte del Congreso quienes definirán (en enero o febrero de 2008) la autorización o no de los 500 millones de dólares.

La ASPAN y la política legitimadora de Felipe Calderón

En las diversas intervenciones públicas de la secretaria Espinoza y de los diversos funcionarios de la administración calderonista existe una constante, el Plan Mérida es un mecanismo, plan o programa que busca combatir el flagelo del narcotráfico y sus diversas ramificaciones. Estas declaraciones coinciden totalmente con los objetivos legitimadores de Felipe Calderón en su lucha contra las organizaciones criminales de tráfico de estupefacientes, fueron y son sus principales instrucciones para el ejercito, la marina y la nueva policía de élite que está bajo el mando del ejecutivo, y es la ASPAN un mecanismo idóneo para este propósito.

¿Qué es la ASPAN y como dicen las autoridades que funciona? La Alianza para Prosperidad y Seguridad de América del Norte, no es un acuerdo, no es un tratado y no es un instrumento bilateral o multilateral entre instituciones, por lo tanto, como no tiene un marco referencial jurídico en el nivel bilateral o multilateral es solo un cumulo de buenas intenciones entre sus miembros y México no tiene en su legislación nacional una ley que obligue al ejecutivo federal a poner a discusión y aprobación esta alianza y los objetivos que nuestro país persigue. Sin embargo, el resultado al que llegan los gobiernos de los tres países, es que el plan se convierte en política pública y se le destinan recursos económicos y, lo más grave, se generan cambios significativos en las legislaciones nacionales (por lo menos en el caso de México).

Con el lanzamiento de esta iniciativa, en 2002, los mandatarios de los tres países instruyeron a sus respectivos equipos a integrar grupos de trabajo, encabezados por secretarios de Estado, para desarrollar planes de acción para cada uno de los temas contenidos en las agendas de prosperidad y seguridad, estableciendo metas especificas, así como acciones para alcanzarlas y un calendario para su instrumentación. En los tres países, la coordinación general del proyecto estará a cargo de las oficinas ejecutivas de los mandatarios (Oficina de Políticas Públicas, en Mexico; Privy Council Office, en Canadá y la National Security Council, en Estados Unidos). Asimismo, para facilitar la operación y el seguimiento de las acciones de la ASPAN, los mandatarios han nombrado a un grupo de 9 secretarios/ministros (3 de cada país), asignándoles las siguientes tareas:

-Seguimiento de los grupos de trabajo que integran la agenda de seguridad: Secretaría de Gobernación, Ministry of Public Safety and Emergency Preparedness, de Canadá, y U.S. Department of Homeland Security, en EU.

-Seguimiento de los grupos de trabajo que integran la agenda de prosperidad: Secretaría de Economía (SECON), Industry Canada (ICAN) y U.S. Department of Commerce (USDOC).

-Seguimiento y facilitación de la relación política: Secretaría de Relaciones Exteriores, en México, Foreign Affairs, en Canada, y U.S. Department of State, en EU.

La operación de los grupos será coordinada por un funcionario de nivel subsecretario o equivalente de cada uno de los tres países, quien, como “líder operativo”, será responsable de incluir en los trabajos a otras dependencias relevantes, así como de realizar consultas con actores clave del sector privado y los demás interlocutores relevantes.

Si este es el funcionamiento, entonces los acuerdos alcanzados en los grupos de trabajo tienen forzosamente que convertirse en políticas públicas o en cambios a las legislaciones nacionales con el fin de que su implementación no encuentre obstáculos. El Plan Mérida tiene esta característica y no hay manera jurídica de no aceptar su contenido y lo más grave viene en la actitud del gobierno mexicano que adopta estas medidas como políticas públicas y envía o encarga a los legisladores o alguna de las cámaras iniciativas que allanen su implementación en México.

Finalmente, los estrategas del gobierno de Felipe Calderón han adoptado la agenda de seguridad de Estados Unidos para legitimar la acciones que se llevan a cabo en México de lucha contra el narcotráfico, pero esto no es nuevo ya que anteriores administraciones, particularmente la de Vicente Fox, encontró en esta Alianza la posibilidad real de vinculación con Estados Unidos, aún en contra de la sociedad mexicana y del Congreso.

En México, desde el año 2002, la oposición ha solicitado información sobre los acuerdos alcanzados en el marco del ASPAN y hoy es la fecha en que el gobierno federal no envía ninguno de los contenidos de esta alianza.

Conclusiones

La Iniciativa Mérida es un “programa de cooperación entre México y Estados Unidos” que sólo definirán los estadounidenses, quienes lo condicionaran, en el momento que este sea aprobado por los congresistas, por lo que es necesario conocer el debate en Estados Unidos y cuales será los requerimiento finales. El gobierno mexicano y su cancillería no tendrán injerencia en la decisión y menos en su condicionamiento: lo acepta como lo aprueben los legisladores norteamericanos o no habrá recursos económicos provenientes de este país de América del Norte.

El Congreso mexicano, por su falta de facultades y por la impericia del ejecutivo federal, no estará en condiciones de no aceptar lo aprobado en Estados Unidos, por lo que se requiere urgentemente reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de facultades en materia de política exterior, que den equilibrio al Congreso de la Unión sobre esta materia.

La ASPAN seguirá siendo el espacio de toma de decisiones en materia de seguridad nacional de México y estará vulnerando la soberanía nacional en cada ocasión que las necesidades norteamericanas así lo requieran en materia de seguridad y comercio; de prosperidad no hay nada de qué hablar ni escribir. La administración de Felipe Calderón, seguirá adoptando la agenda de seguridad de Estados Unidos cada vez que requiera seguir legitimándose con la falsa promesa de brindar seguridad a los mexicanos.

* Asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, LX Legislatura.

1 Joint Statement on the Merida Initiative: A New Paradigm for Segurity Cooperation, Departamento de Estado, 22 de octubre de 2007, Washington, D. C.

2 Ibid.

3 Comunicado Conjunto México-Estados Unidos, miércoles, 14 de marzo de 2007, Mérida, Yucatán (http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=29449).

4 Ibid.

5 Hoja de Datos: 2008, Solicitud de financiación para la guerra: La protección de la fuerza, el equipamiento de las tropas, el fortalecimiento de la seguridad nacional, In Focus: Defensa.

6 Versión estenográfica de la comparecencia de la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, correspondiente al análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, llevada a cabo el martes 2 de octubre de 2007 (http://cronica.diputados.gob.mx/).

7 Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, presidida por los senadores Rosario Green Macías y Ricardo García Cervantes (24 de octubre del 2007).