La revolución democrática, la voluntad ciudadana y los grandes problemas nacionales Ifigenia Martínez Hernández* Ofrecemos a nuestros lectores una selección representativa de los
artículos de la maestra Ifigenia Martínez, publicados en el diario “El
Universal”, que abordan el tema “A un año del gobierno ilegítimo de Felipe
Calderón”. Los artículos seleccionados se presentan íntegramente como
fueron publicados, en busca de preservar la intención y el énfasis asignado
a cada uno de ellos por la maestra. A un año de distancia, no hay lugar a dudas: “la voluntad ciudadana
expresada en las urnas” no fue respetada… ¿Sufragio efectivo? 4 de septiembre de 2006. El sufragio efectivo, adormecido por más de 50 años de crecimiento y generación de empleo, durante el llamado nacionalismo desarrollista, cobra importancia cuando por la vía de la revolución democrática, trata de sustituirse al nocivo modelo neoliberal. El proceso electoral de 2006 ha acaparado la atención y el interés de una ciudadanía participativa e informada y también el enojo de una gran parte de ella, por resultados que se considera –aun dentro de una institucionalidad y reglamentación– alteran y cambian la voluntad ciudadana. Cabe preguntarse si, a partir de 1988, la lucha por la democracia y las reformas legales e institucionales garantizan el cumplimiento de la exigencia de “sufragio efectivo, no reelección”, que motivaron la insurrección maderista en 1910. El
Instituto Federal Electoral, como organismo público autónomo con la participación
de los partidos políticos y ciudadanos calificados es responsable de cumplir
con la función estatal de organizar las elecciones federales desde 1990.
En el IFE deberían regir los principios fundamentales de certeza (los
resultados deben ser verificables, fidedignos y confiables), legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad, o sea, cumplir la obligación
de interpretar los hechos cuidando que no alteren la voluntad ciudadana. Empero, no puede desconocerse que el 2 de julio, el presidente de la república, el gobierno federal, varios gobiernos estatales, un ex presidente extranjero y diversas organizaciones confesionales, intervinieron y utilizaron recursos para favorecer al candidato del PAN; además, importantes empresarios financiaron una campaña mediática para infundir miedo entre los votantes a pesar de la expresa prohibición legal. Por ello, existen bases para afirmar que se llevaron a cabo acciones que pueden calificarse como fraudulentas. Además, se ha señalado el número excesivo de votantes contenidos en las listas del IFE, cerca de 72 millones, a los que suponemos correspondieron igual número de boletas que no fueron contabilizadas con el suficiente cuidado para conocer con precisión, en cada una de las 130 mil 488 casillas, cuántas se entregaron, cuántas fueron debidamente utilizadas y, especialmente, cuántas sobraron. En concreto, ¿que pasó con los 30 millones de boletas sobrantes si la votación efectiva fue de 42 millones? Expertos independientes afirman que existen bases para dudar del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y del manejo que se le dio bajo la entera responsabilidad del IFE, puesto que en esta etapa no intervienen los partidos. Durante este conteo se presentaron errores que lo dejan sin la necesaria certeza, por ejemplo, en el criterio de voto nulo. Entre errores aritméticos, de captura y de falta de uniformidad, se reconoce al menos un error de medición de cinco votos por casilla. En las 130 mil 488 casillas, este margen de error representa 1.59 por ciento de la votación, cantidad que en el lenguaje de los grandes números y frente a una diferencia entre los dos candidatos punteros, apenas superior a medio punto, exigía un recuento de voto por voto para legitimar el resultado. La suma de los votos para los cinco partidos, los votos para los candidatos no registrados, los votos nulos y las boletas no utilizadas “deben corresponder exactamente al mismo numero de boletas recibidas antes de la elección”. Sin embargo, en las casillas en las que el tribunal ordenó el recuento voto por voto, 9.07 por ciento de la votación total no se cotejó ni cumplió este requisito. De acuerdo con un grupo de expertos, “en los estados favorables a López Obrador se contabilizaron menos votos para presidente que para miembros del Congreso, mientras en los favorables para el PAN se encontraron más votos para su candidato a presidente que para el Congreso”, lo que permite sospechar la transferencia de votos de un candidato a otro. Además, en un intervalo de 39 casillas se reporta un exceso de más de 10 mil votos, lo cual sólo puede suceder mediante una alteración externa dado que el número máximo de votantes por casilla es de 760. Suponiendo que votaron todos los electores registrados en las lista en este intervalo y que hubo 39 casillas, el número de votos debería ser 29 mil 640 y el IFE reportó 36 mil 640. De acuerdo con otro investigador independiente, hubo un segundo archivo de inconsistencias de 7.5 millones de votos que no fue reportado. Estos dos archivos, “interpretados” sólo por el IFE, se volvieron a meter en la corriente de datos y cabe cuestionar si las alteraciones resultaron en algún sesgo que de “buena o mala fe” pudo alterar el cómputo final. Estas y otras observaciones deben ser tomadas en cuenta por el TEPJF para su resolución pendiente sobre los comicios de 2006 que, a nivel presidencial, resultan inaceptables para un numeroso grupo de ciudadanos. Pese a todo, asistimos a un hecho irrefutable, la izquierda es cada
vez más fuerte en el país, se desploma el PRI y el PAN resulta sensiblemente
debilitado al disminuir su votación en más de un millón de votos con respecto
a lo que obtuvo en el proceso electoral del año 2000… Sube la izquierda 16 de octubre de 2006. Es oportuno, después de haber transcurrido más de 100 días de la elección presidencial, hacer algunas reflexiones sobre los resultados oficiales de esa contienda. La apretada diferencia entre 14 millones 916 mil 927 y 14 millones 683 mil 96 votos del computo final por el cual el Tribunal Electoral (TEPJF) le dio el triunfo al candidato del PAN –233 mil 831 sufragios entre uno y otro candidato– sobre el de la Coalición Por el Bien de Todos, resultó tan insignificante que ameritaba una total certidumbre, atendiendo la demanda de hacer un recuento de voto por voto y casilla por casilla. No obstante, el tribunal resolvió el diferendo ordenando el escrutinio y cómputo de la votación sólo en 11 mil 724 de las 130 mil 477 casillas instaladas. En el proceso de revisión se pusieron de manifiesto numerosas irregularidades, comenzando por el descuidado manejo de las boletas electorales, a pesar de que cada una representa una potestad ciudadana aunque no se utilice, pero aun reconociendo las fallas y limitaciones de los partidos para vigilar plenamente las casillas, aparecieron nuevas modalidades de corrupción para influir sobre los resultados, ya no a nivel del votante sino al de los funcionarios electorales. Las autoridades y expertos encargados de los comicios –todos muy bien pagados– no tuvieron la pulcritud que ameritaba una operación que debió ser tratada con el profesionalismo de una cirugía mayor. A pesar de las reservas que genera el cómputo electoral, sus resultados permiten evaluar las tendencias políticas imperantes. Es muy significativo que el PAN no aumentara su votación total, sino la disminuyera en casi un millón de votos, pues mientras que en 2000 –si bien en alianza con el Partido Verde– obtuvo casi 16 millones de votos, en 2006 descendió a 15 millones, suficientes, según las no imparciales autoridades electorales, para ganar la Presidencia de la República. Extraña ese resultado cuando se reflexiona sobre el pobre desempeño que tuvieron el presidente y su gobierno en crecimiento económico, generación de empleo, incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, ruina de la agricultura y aumento de la emigración de trabajadores, incluidos los de elevada especialización. Cabe preguntar, ¿cuántos ciudadanos aparentemente conformes con esa política todavía quieren más? Los resultados del PAN por entidades federativas revelan que en el norte, sólo Sinaloa y Nuevo León registraron un aumento de más de 100 mil votos. Otros repuntes menores ocurrieron en Durango, Querétaro, San Luis Potosí y Michoacán –probablemente por ser cuna de su candidato–; en Puebla y Colima tuvo modestos avances. En cambio, en los estados del centro y del sur, el desplome del PAN fue generalizado con excepción de Yucatán y Tlaxcala. Estrepitosos derrumbes ocurrieron en Tabasco, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, el Distrito Federal, el Estado de México, Hidalgo y Morelos. El PRI, que compitió solo en 2000 y con el Partido Verde en 2006, muestra una fuerte caída que va de 6 por ciento en Colima, a 58 por ciento en Sinaloa y 61 por ciento en el Distrito Federal, así como modestos avances en Quintana Roo y Tabasco, pues de ahí fue su candidato presidencial. Este partido fue el gran perdedor, incluso parte de su dirigencia –eficaz instrumentadora de las políticas neoliberales– ya emigró al PAN. Indudablemente, la corriente triunfadora en 2006 fue la Coalición Por el Bien de Todos que representa a la izquierda democrática y estuvo integrada por el PRD, el PT y Convergencia. En las 32 entidades federativas, la votación de 2006 superó a la de 2000, pues mientras el candidato presidencial de entonces logró 6 millones 256 mil 780 votos, en 2006 al de la Coalición se le reconocieron 14 millones 683 mil 96 votos. Los menores incrementos relativos de la Coalición ocurrieron en Michoacán, Zacatecas y Guerrero, estados donde gobierna el PRD y donde ya se partía de una votación favorable, lo cual parece indicar que existe una intensa participación democrática en esos estados. El ascenso de la Coalición Por el Bien de Todos se explica porque durante su intensa campaña se señalaron los nefastos efectos de la política económica en términos de desigualdad de oportunidades, desempleo y bajísimos salarios que de ninguna manera se pueden compensar con la política asistencialista de un Estado neoliberal. Otro hecho contundente del proceso electoral, admitido por todos, fue la intervención mediática del gobierno foxista y de los grupos empresariales, sin que pueda precisarse su impacto en los resultados de la elección, porque aunque indebida y delictiva pasa por el tamiz del juicio y voluntad de los ciudadanos. Correspondía al tribunal, ante esa conducta delictiva y las irregularidades encontradas, invalidar. No dudamos que el tiempo resolverá los agravios pendientes. Por lo pronto, celebramos el ascenso de la izquierda democrática en la conciencia política de la república. PD. Para mi admirado y querido amigo Carlos Fuentes. El imperativo político de la izquierda para consolidar su avance
es fortalecer su unidad programática y organizativa… La lucha del FAP 30 de octubre de 2006. Ante los cuestionables resultados oficiales que le dieron el triunfo por un pequeño margen de 0.5 por ciento al candidato de la derecha y después de los mediocres resultados del gobierno del cambio, en especial, al agravar el problema del desempleo y de la emigración, consecuencia de las no-políticas y de la abulia e impericia del titular del ejecutivo y de sus secretarios, se justifica plenamente el fortalecimiento de los partidos de izquierda. La reciente Agenda por la Transformación de México, suscrita por el Frente Amplio Progresista (FAP), tiene antecedentes en el proyecto y compromisos de su candidato, Andrés Manuel López Obrador, en la plataforma electoral de la Coalición Por el Bien de Todos y en los foros de especialistas celebrados por el Consejo Consultivo para un Proyecto Alternativo de Nación. Puede afirmarse, por tanto, que esta agenda temática en 10 apartados ya arrastra un importante grado de consenso que permite afinarla y someterla a debate y aprobación en el Poder Legislativo. Representan al Frente en el Congreso de la Unión 36 senadores de 128 y 158 diputados de 500. Confiamos en que bajo la presión de una opinión pública informada y, en su caso, de movilizaciones populares, podrán impulsarse medidas que paulatinamente nos conduzcan a una democracia social y eviten las reformas neoliberales. Es también necesario fortalecer al Congreso dándole facultades adicionales para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, así como revisar la política exterior para superar el deterioro y la mayor dependencia en que la han colocado el neoliberalismo y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un segundo grupo de medidas se refiere a los cambios en la política económica indispensables para recuperar el crecimiento de la economía a una tasa que permita generar los empleos requeridos por una población (con predominio de jóvenes) que obligada por la falta de empleo y los bajos salarios, emigra sin ninguna garantía y protección, y con el repudio activo de los “buenos vecinos”. Acelerar la tasa del desarrollo, teniendo como objetivo el pleno empleo, exige aumentar la inversión pública y privada y sus fuentes de financiamiento en busca de un desarrollo no sólo estable, sino equitativo. Hay que superar la debilidad de la política fiscal y financiera y aprovechar todo el potencial de ahorro atesorado en los bancos –que les produce altísimas utilidades–, y revisar la Ley del Banco de México para devolverle el importante papel que jugó antes de la fallida “nacionalización” de la banca. Fortalecer el sistema de banca mixta es la mejor opción y estamos listos para su discusión. También hay que fortalecer las finanzas públicas, mediante un impuesto progresivo sobre la renta personal que abarque todos los ingresos que recibe una persona durante un periodo determinado, ajustarlos a una tarifa de lenta progresividad para los de bajos y medianos ingresos y de mayor progresividad para los de más altos ingresos. Elevar la recaudación tiene como finalidad no sólo contribuir al financiamiento no inflacionario del gasto y la inversión productiva, sino –aún más importante– a la redistribución equitativa del producto social. Para aumentar las inversiones públicas y privadas hay que reestructurar el sistema de planeación regionalmente, dando prioridad a proyectos de alta viabilidad como el del sur-sureste intercomunicando la región Golfo-Pacífico. Esto deberá hacerse no como lo pretendía el fallido y repudiado Plan Puebla-Panamá, sino como un proyecto regional respaldado por los gobiernos estatales y municipales y por la sociedad organizada. El tercer apartado de la agenda es el que se refiere a la política social para llegar a tener el Estado de bienestar implícito en nuestra Constitución, pero que requiere revisarse y modernizarse; en especial, garantizar el acceso a una educación pública de calidad en todos sus niveles, así como a un sistema de seguridad social universal y el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. El cuarto apartado corresponde al impulso a la ciencia, la tecnología y preservación del patrimonio cultural, estrechamente vinculados con la planeación del desarrollo sustentable, y su aplicación para lograr el objetivo de la soberanía alimentaria y el desarrollo rural, la reindustrialización y el acceso a la economía de la información y el conocimiento. El quinto sector de atención de la agenda se refiere a la política para el sector energético, el cual se propone manejar dentro de una concepción integral que asegure el dominio de la nación e integre las empresas públicas al desarrollo de la economía nacional. La riqueza de la agenda dista de agotarse. Por limitaciones de espacio, otros temas fundamentales referentes a la reforma del sistema de justicia y seguridad pública, el combate e la corrupción y la lealtad a una austeridad republicana, el impulso al federalismo y la autonomía municipal, el método para la revisión integral de la Constitución y el rumbo de la política exterior en la relación con los países del norte y en la unidad con los del sur, serán tratados oportunamente. Lo más importante es que al FAP le asiste la razón, es fuerte y lo será aún más. El modelo neoliberal y sus políticas constituyen el mayor lastre
para avanzar en la revolución democrática del nivel y calidad de vida.
El país no sólo queda subordinado a intereses ajenos, sino que es privado
de los instrumentos fundamentales para acceder al desarrollo y garantizar
el bienestar social: economía pública, política hacendaria y energética… Presupuesto 2007 11 de diciembre de 2006. El debate sobre el presupuesto del gobierno federal nos motiva a reflexionar sobre su significado en la economía nacional. En su Teoría general del empleo, el interés y el dinero, Keynes estableció el marco conceptual de la política económica. Este se basa en los determinantes del gasto y la demanda nacionales, cuyos actores principales son sector público, empresarios, consumidores y balance con el exterior, o sea, componentes del gasto, inversión, disponibilidad de crédito, liquidez y tasas de interés para lograr el equilibrio y el pleno empleo. Los neoliberales han puesto todo el énfasis en los componentes de la estabilidad monetaria, aun si éstos se logran con una tasa “natural” de desempleo y un crecimiento del producto inferior al potencial. En los países de primer mundo, la economía ha logrado un pleno desarrollo y la política económica debe concentrarse en sus tendencias de crecimiento a largo plazo, con una intervención del Estado limitada al bienestar social y respetando “los mercados”, pues se alega que una excesiva intervención provocaría inflación y perturbaría los equilibrios monetarios. No obstante, en el mundo real las economías avanzadas registran un déficit presupuestal superior al permitido en la UE, y en EU ya rebasa el 6 por ciento del PIB. Ello, en aras del cumplimiento de sus respectivas políticas de Estado. México, al triunfo de la primera revolución social del siglo XX, emprendió la construcción del Estado moderno asignándole un importante papel al gasto y la inversión públicos para crear infraestructura en caminos y presas, financiar la reforma agraria, modernizar la agricultura e industrializar al país, estableciendo instituciones financieras que movilizaran el ahorro nacional. El resultado fue una tasa media de desarrollo de 6.5 por ciento durante cerca de medio siglo, la creación de una clase media y la democratización del país hasta la entrada de los gobiernos neoliberales en 1982, cuando el problema de la deuda externa marcó un parteaguas hacia el estancamiento, el incremento en la desigualdad y una polarización social que no hemos podido superar. El presupuesto federal 2007 del gobierno de Felipe Calderón repite el patrón neoliberal y no retoma el ritmo de un crecimiento acelerado que permita cumplir con las funciones y responsabilidades de un Estado moderno y democrático en el entorno de la globalización. La educación, la salud y el empleo son derechos sociales universales y, mientras el país avanzaba en su cumplimiento bajo el neoliberalismo, han sufrido un fuerte deterioro. En educación primaria la calidad es deplorable y no brinda las bases para un conocimiento de la lengua, las matemáticas, la historia y la convivencia social. En la enseñanza media y superior, el cupo limitado y la deserción son problemas acuciantes. El gasto en investigación científica y avance tecnológico está desvinculado de la estructura y esfuerzo productivos del país. El derecho a la alimentación básica requiere de inversiones en el campo y del cumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable aprobada por el Congreso en el sexenio pasado y que no se ha puesto en operación. Las asignaciones presupuestales para el sector agropecuario no se utilizan plenamente porque no se cumplen los requisitos reglamentarios para su disposición. No sólo se trata de aumentar los recursos, sino de crear las instituciones eficaces para su operación, y que la fiebre privatizadora del salinismo-zedillismo, cobijada por el Consenso de Washington, destruyó. El gobierno federal está imposibilitado para emprender la magna tarea que requiere el desarrollo económico y social del país sin la concurrencia de los gobiernos estatales y municipales. Es urgente revisar la base tributaria para que las administraciones estatales contribuyan de manera eficaz a elevar la recaudación. El impuesto sobre las utilidades de las empresas, el impuesto personal sobre la renta y el impuesto al valor agregado están relacionados y su eficiente administración y coordinación permitiría cruzar la información y disminuir la evasión. Es lamentable la pobreza de la economía pública. Para 2007 los ingresos tributarios del gobierno federal se proyectan en 9.9 por ciento del PIB; los petroleros en 8.3 por ciento, de los cuales corresponde al gobierno federal 4.8 por ciento y le resta a Pemex 3.4 por ciento, con lo que no extraña que la empresa más importante del país deba financiar sus inversiones con créditos de los contratistas. Otros organismos y empresas (IMSS e ISSSTE) recibirán 4 por ciento del PIB. El ingreso bruto presupuestario que pretende manejar el gobierno federal representará 22.6 por ciento del PIB y su gasto neto la misma cantidad. Estas cifras incluyen un costo financiero de la deuda de 2.7 por ciento del PIB, que será cubierto íntegramente con el llamado superávit primario (ingresos menos gastos no financieros). En resumen, se logra un balance presupuestario de cero para regocijo de los monetaristas y desazón del pueblo. Esta es la triste situación que guarda la economía pública, ante la cual instamos a los legisladores del Frente Amplio Progresista en el Congreso para que debatan y aprueben la propuesta del gobierno legítimo de México. Pagar impuestos 09 de agosto
de 2007. Estamos todos de acuerdo en que los impuestos son
inevitables y necesarios para financiar al Estado en las atribuciones
legales establecidas en la Constitución y leyes reglamentarias correspondientes.
En el siglo XXI son amplias y muy diversas las facultades de los gobiernos
de democracia representativa imperante en casi todos los países, y ampliadas
después de la Segunda Guerra Mundial bajo el concepto del Estado de bienestar. Después de la caída del muro de Berlín, de la disolución de la URSS y de la planeación centralmente planificada, casi todos los países industrializados cuentan con un sistema de planeación democrática aprobado por sus congresos, los que recogen las demandas de la ciudadanía que los llevó al poder y aprueban, con su presupuesto de gasto, los impuestos necesarios para financiarlo. El déficit está limitado en la Unión Europea a 3 por ciento del Producto Interno Bruto, pero muchos países lo sobrepasan sin que nada les ocurra. Estados Unidos opera desde hace años con un presupuesto deficitario que según algunos expertos le hace bien al mundo, pues fortalece la demanda y regula el mercado de valores con la tasa de interés que fija la propia tesorería del país vecino. En México, en los tiempos del llamado nacionalismo revolucionario, el ejecutivo, en consulta con la Secretaría de Hacienda, fijaba sin cambios el presupuesto de ingresos, gasto y deuda y disponía de equipos calificados de expertos en las diferentes secretarías de Estado. Con la llegada de los gobiernos neoliberales, la alianza PRI-PAN se resintió la pérdida de eficiencia y permanencia de los cuerpos profesionales del disminuido sector público en materia de agricultura, comunicaciones y transportes, obras públicas, saneamiento ambiental, etcétera, y en las áreas de desarrollo social, educación, salud y alimentación. Hay que admitir que existen huecos en la planeación regional y en el desempeño de la administración pública que lastran el cumplimiento voluntario de los impuestos. Una de las áreas de mayor descontento popular son los elevados sueldos de la alta burocracia, así como la concentración de las facultades de recaudación en el gobierno federal y el sistema de participaciones a los estados y municipios que debilitan la eficacia de las autoridades locales para cobrar impuestos de las unidades productivas y causantes de alta capacidad tributaria en sus territorios. Otro síntoma, ya escándalo internacional, de nuestro sistema fiscal es su inequidad, porque no grava igual a quienes tienen la misma capacidad económica, pues opera con una serie de privilegios, prerrogativas y omisiones legales (llamadas costo fiscal), contribuyendo a que la recaudación en nuestro país sea la más baja del mundo. De acuerdo con el Foro de Políticas Públicas para el Estado organizado por la OCDE (enero de 2007), en una comparación de impuestos y nivel de ingreso que incluye a 34 países de diferentes grados de desarrollo y localización geográfica, México se situó en el más bajo nivel de ingresos tributarios con respecto al PIB (10 por ciento), y según el mismo documento, México es el país que tuvo el más alto porcentaje de impuestos al consumo de la recaudación total (55.5 por ciento) en 2004, comparado con 32.5 por ciento del Reino Unido, 28 por ciento de España, 18 por ciento de Estados Unidos y 26 por ciento de Canadá, o sea, el sistema fiscal de nuestro país se basa en los impuestos al consumo, mientras los impuestos al ingreso sólo representaron 25 por ciento de la recaudación total, y si descontáramos el impuesto sobre los sueldos y salarios retenido en la fuente, el Impuesto Sobre la Renta de las personas físicas no asalariadas representaría una cantidad mínima. Lo anterior revela que las corporaciones, o sea, las empresas organizadas como personas morales, pagan un impuesto inferior a su capacidad contributiva. Asimismo, los causantes de altos ingresos no acumulan dividendos ni ganancias de capital y por ley pagan un impuesto inferior a su capacidad económica. Ello explica la profundización de la desigualdad, el aumento de la pobreza y la aparición de un grupo de riquísimos mexicanos que seguramente pagan impuestos, pero de acuerdo con disposiciones legales que les permiten tener una carga fiscal inferior a su capacidad contributiva. El nuevo impuesto, la CETU, trata de evitar las confusiones, complicaciones y disposiciones, incumplibles muchas de ellas, de la Ley del ISR, en lugar de hacer una revisión total, conceptual y funcional, de dicha ley para que, consensuada democráticamente, sea la espina dorsal de la tributación, lo cual resulta imprescindible para el pago equitativo de impuestos; postergarlo más, para conservar privilegios, ya no se justifica. ¿Religión o petróleo? 24 de noviembre de 2007. El escándalo desatado por la incursión de un grupo no identificado de personas a la Catedral Metropolitana (18 de agosto) que protestaban por un inusual repique de campanas de 12 minutos, el cual impidió escuchar a la oradora que en esos momentos se dirigía a un auditorio de cerca de 100 mil personas en el zócalo, ha opacado el llamado de Andrés Manuel López Obrador en defensa de Pemex. Tampoco se ha aclarado cómo, minutos después de ocurrido el suceso, comenzó a ser publicitado en la radio y, posteriormente, en la televisión y en la prensa noticiosa y editorial. ¿Fue una provocación “sembrada” por los intereses que orquestaron la campaña “AMLO es un peligro para México” o realmente fue una manifestación espontánea de quienes no pudieron escuchar a la senadora Rosario Ibarra? Yo, que estaba atrás de la senadora, no pude escuchar una sola palabra de su discurso ni de su llamado a aclarar el molesto zumbido. En cambio, sí ha quedado de manifiesto el “silencio” sobre un tema trascendente que afecta a la nación, a los mexicanos todos y que consiste en el mal uso que los gobiernos neoliberales le han dado a la cuantiosa renta petrolera, en los proyectos inmediatos que tienen para la concesión o transferencia de viejos y nuevos yacimientos en tierra o en la plataforma marítima, y en sus inconstitucionales contratos con corporativos transnacionales. Este fue el principal mensaje de la tercera asamblea de la Convención Nacional Democrática en el Zócalo de la Ciudad de México. Hay que tener presente que la política energética de los gobiernos neoliberales consiste en vender el petróleo crudo al extranjero e importar cantidades crecientes de refinados y productos petroquímicos, disminuyendo nuestras reservas en perjuicio del patrimonio nacional y revirtiendo la política energética de los anteriores gobiernos de abastecer las necesidades internas, tanto de crudo como de refinados. Frecuentemente nos hemos preguntado por qué los presidentes neoliberales tomaron la decisión de “vender” la riqueza no renovable contenida en las entrañas de nuestro territorio y de nuestra plataforma marítima, disputada y defendida con tenacidad y patriotismo, y dilapidaron esos recursos para financiar los gastos corrientes del gobierno, en lugar de haberlos invertido. El haber despojado a la nación de su renta petrolera equivale a una venta de las entrañas del territorio sin haber asegurado algún provecho permanente para los mexicanos presentes y futuros. Recordemos que en 1970 los ingresos fiscales del petróleo representaban 5 por ciento de la recaudación de un volumen de producción inferior a un millón de barriles diarios, mientras en la actualidad, con una producción de 3 millones de barriles diarios, representan ¡39 por ciento de la recaudación! Desde hace 25 años los gobiernos neoliberales no construyen una refinería y se han deteriorado las plantas petroquímicas. La política energética, incluyendo la generación de energía eléctrica y el gas, no ha respondido al interés de la nación ni se ha integrado a un plan de desarrollo; deliberadamente o por descuido, se mantiene una estructura de tarifas eléctricas perjudicial para la pequeña y mediana empresa, y demasiado alta para las familias de bajos y medios ingresos que viven en el trópico. Sin cambio constitucional, Pemex, en los hechos, responde a intereses ajenos; se financia con una deuda que no requiere; sus operaciones (exploración, perforación, producción) las realizan compañías privadas (frecuentemente extranjeras); su calificado personal es despedido o jubilado; se descuidan las normas de seguridad y mantenimiento al costo de irreparables pérdidas humanas y de recursos naturales; el preciado recurso no se industrializa; no agrega valor, ni genera empleo. Ante esa realidad insistimos en que es urgente cambiar la política petrolera e integrar toda la industria energética en favor del desarrollo económico y social del país y en beneficio del pueblo de México. El petróleo puede y debe ser palanca del desarrollo nacional. Recapitulemos: estamos de acuerdo en que se condene cualquier acto de violencia e intolerancia. Sin embargo, y considerando la gravedad de los daños que la política neoliberal le ha impuesto innecesariamente a la nación, dilapidando un recurso no renovable en lugar invertirlo en el aumento de su capacidad productiva, del empleo y del bienestar social, consideramos que corresponde al Congreso de la Unión y a la Auditoría Superior de la Federación realizar las investigaciones, fincar las responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan a quienes resulten responsables de tan grave e irreparable daño. Nuestro país padece una profunda crisis económica que puede dar lugar
a una crisis política sin retorno, debido a que los problemas que confronta
son, sin duda, de los más graves a lo largo de su historia: la extranjerización
de su sistema financiero y la entrega de nuestro petróleo a corporaciones
trasnacionales. Empero, no hay lugar para la frustración y el pesimismo;
al contrario, es el momento de redoblar esfuerzos y, como ejemplarmente
nos enseña la maestra Ifigenia Martínez, insistir en la construcción e
implementación de alternativas de izquierda en favor del interés nacional,
la igualdad y el bienestar social. * Directora del Instituto Nacional de Formación Política del PRD.
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