Globalización y desarrollo sustentable. Evaluación del impacto económico del cambio climático*

Jorge Calderón Salazar** y Álvaro Villegas Soto***

Debate teórico sobre la globalización, su impacto en el medio ambiente y estrategias alternativas

Deepak Nayyar, en un texto elaborado en el año 2000 para la UNCTAD¹, al analizar la globalización, asume como válido este concepto en el sentido positivo cuando describe la creciente integración de la economía mundial; sin embargo, cuestiona su uso como visión normativa que prescribe una determinada estrategia de desarrollo basada en la rápida integración en la economía mundial. Reconoce que se manifiesta en tres áreas: inversión, comercio y finanzas internacionales, pero afirma que es una dinámica más amplia: se trata de un proceso asociado a una creciente apertura económica, creciente interdependencia y profundización de la integración de la economía mundial. Hace referencia a que se expresa también en acelerados flujos de servicios, tecnología, información e ideas por encima de las fronteras nacionales. En contraste, los movimientos migratorios continúan sujetos a severas regulaciones y restricciones. Por otra parte, la interdependencia es asimétrica y para muchos países del sur implica una profundización en relaciones de dependencia.

La globalización ha traído profundos cambios en la economía mundial. Una creciente proporción del producto mundial está ligada al comercio internacional (del inicio de los setenta a fines de los noventa pasó de un octavo a un quinto del mismo), y gran parte de este intercambio es comercio intrafirma, representa un tercio del total. En 1996, el monto de la inversión extranjera directa a escala mundial representó el 10 por ciento del producto mundial y sus flujos de capital, como porcentaje de la inversión bruta fija mundial, representó casi el 6 por ciento. El crecimiento de los mercados de valores y de las transacciones internacionales ha sido espectacular. Las transacciones diarias de los mercados de cambios internacionales han pasado de 60 billones de dólares, en 1983, a mil 500 billones, en 1997. En comparación, el producto mundial diario fue, en 1997, de 82 billones y las exportaciones mundiales fueron de 16 billones diarios, el mismo año².

La globalización ha ido acompañada de la desregulación. Primero, se dio la expansión de los flujos comerciales; después, vino la liberalización financiera. Posteriormente, la revolución tecnológica en el transporte y las comunicaciones, las nuevas tecnologías del procesamiento de la información y la informática. Han aparecido nuevos sistemas de producción flexible. Todo ello ha sido acompañado por la conversión de Estados Unidos en la única superpotencia, que se beneficia de que su moneda es aceptada como medio de cambio internacional. Junto con esta dinámica, se han difundido las “virtudes” del llamado modelo neoliberal: reducción del papel y tamaño del Estado; el mercado realiza la asignación óptima de factores y, para ello, se requiere que los precios de mercado se acerquen a los niveles internacionales; las políticas y fronteras nacionales no deben ser obstáculos a la internacionalización. Los gobiernos deben impulsar la privatización de empresas públicas y la liberalización del comercio, las finanzas y las inversiones. Así, el paradigma neoliberal preconiza: libre comercio, irrestricta movilidad de capital, mercados abiertos e instituciones adecuadas.

Nayyar sostiene que la liberalización financiera aumenta de manera significativa la vulnerabilidad de las economías en vías de desarrollo ante los flujos de capital especulativo y ha desencadenado graves crisis financieras. A veces, para impedir salidas de capital foráneo se recurre a altas tasas de interés y a tipos de cambio sobrevaluados, lo cual erosiona la competitividad de las exportaciones y genera nuevos desequilibrios que, a la larga, aumentan el déficit comercial. Esto genera nuevas presiones para financiarlos con capitales de corto plazo, lo que mantiene la política cambiaria y monetaria sin cambios. De esta forma se impide la necesaria flexibilidad de las políticas macroeconómicas anticíclicas que requiere un país en caso de tendencias recesivas que afecten su crecimiento, dificulta la baja de las tasas para estimular inversión interna e impide usar el déficit fiscal como medio para impulsar la demanda agregada.

Ulrich Beck, en su libro ¿Qué es la globalización?³, hace una crítica a lo que él denomina las falacias del globalismo y da respuestas a la globalización. Beck, parte de la consideración de que la economía que actúa a nivel mundial socava los cimientos de las economías y de los Estados nacionales, originando la: “liberación respecto a los corsés del trabajo y el Estado tal y como han existido en los siglos XIX y XX⁴ (…) La política de la globalización, no pretende eliminar solamente eliminar las trabas de los sindicatos, sino también las del Estado nacional (…) Pretende restar poder a la política estatal-nacional”⁵.

Se pregunta ¿en qué se funda el nuevo poder de los empresarios transnacionales? Y responde: las ETN están en condiciones de servirse de los Estados nacionales y de los centros de producción individuales en contra de ellos mismos y, de este modo, conseguir “pactos globales” con vistas a condiciones impositivas mas suaves y una infraestructuras mas favorables, distinguiendo lugar de inversión, lugar de producción, lugar de declaración fiscal y lugar de residencia⁶.

Dos elementos claves de su argumentación son:

1. Las corporaciones trasnacionales socavan la autoridad del Estado al exigirle prestaciones y negarse a pagar impuestos. Los más ricos se vuelven contribuyentes virtuales.

2. Las empresas trasnacionales exportan puestos de trabajo a lugares en los que sean más bajos los costos laborales y, como ejemplo de ello, destaca que, en la Unión Europea, cuente con veinte millones de desempleados, las utilidades empresariales en Alemania se hayan incrementado en 90 por ciento desde 1979, mientras los salarios apenas un 6 por ciento, y que los ingresos fiscales derivados de los salarios se duplicaron y los provenientes de empresas se redujeron a la mitad y representado tan sólo el 13 por ciento del total⁷.

En suma, las multinacionales abandonan el marco de los Estados nacionales y se degrada la cohesión social. La crisis del Estado del bienestar deriva en que, con menores ingresos, se deben pagar prestaciones sociales a cada vez más personas, al mismo tiempo que las empresas presionan para que se cree infraestructura, reciban subvenciones, bajen los impuestos y se “externalicen” los costos del desempleo⁸.

Otro aspecto fundamental de su enfoque es que la globalización cuestiona un presupuesto fundamental de la primera modernidad: el “nacionalismo metodológico”. La globalidad quiere decir que se rompe la unidad del Estado nacional y de la sociedad nacional y se establecen nuevas relaciones de poder y competitividad entre unidades del mismo Estado nacional, por un lado, y situaciones y procesos sociales trasnacionales, por otro.

Ulrich Beck elabora un conjunto de propuestas para modificar de manera fundamental la dinámica internacional contemporánea. Una síntesis de ellas se presenta a continuación⁹:

“Una primera respuesta política a la globalización, especialmente apoyada por los socialdemócratas, consiste en defender la cooperación política entre países, con el fin de restringir o impedir los chalaneos que permiten a las empresas globales minimizar la carga de impuestos y maximizar las subvenciones estatales”.

A este respecto, la tarea de la política ha de consistir en clarificar ante la opinión pública que la globalización no puede significar abandonarlo todo a las fuerzas del mercado. Al contrario, con la globalización aumenta la necesidad de regulaciones internacionales vinculantes, de convenciones e instituciones internacionales en el ámbito de las transacciones transfronterizas. De ahí que la globalización ha de ir a la par con una coordinación de la política entre naciones soberanas, con una mejor vigilancia internacional de bancos e instituciones financieras, con una eliminación del dumping fiscal en impuestos interestatales (por ejemplo, en el interior de la Unión Europea) y con una más estrecha cooperación entre las organizaciones internacionales, así como su fortalecimiento en el sentido de mayor movilidad y eficacia.

El mercado requiere un marco de ordenamiento políticamente establecido en las relaciones económicas internacionales al igual que existen en el ámbito nacional, señala el presidente del Partido Socialista Alemán, Oskar Lafontaine. La economía social y ecológica es el sistema coordinado políticamente de la Unión Europea. Nosotros defendemos convertir ese modelo de economía de mercado con responsabilidad social y económica en el fundamento de los negocios de un nuevo orden económico. Esto permitiría crear las mejores condiciones para la competencia entre ideas y prestaciones de las empresas y para un comercio honesto que sirva a todos los que participan. Para ello, necesitamos uniones internacionales en el marco de instituciones supranacionales. Esas instituciones existen. Mencionemos la Unión Europea, el Grupo de los 7, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y la nueva organización del comercio mundial, OMC. También, existen las condiciones previas económicas, puesto que los flujos de inversiones y comercio internacionales, que constituyen el ámbito nuclear de la globalización, se concentran sobre todo en el interior de la llamada trilateral: en los Estados europeos y en los Estados industriales extraeuropeos del G-7, es decir, EU, Canadá y Japón. La llamada globalización no queda al margen de nuestro campo de influencia. Hemos de aprovechar las posibilidades de influir en favor de una mejor cooperación internacional. Así serán dominables los problemas existentes y previsibles de la globalización.

No se intenta aquí responder a la globalidad con un gran Estado supranacional o Estado mundial, sino con un acuerdo responsable entre naciones, deberán ponerse de acuerdo y relacionarse de tal modo que: a) indicaran a las empresas trasnacionales sus límites, es decir, que no pudieran por más tiempo confrontarse jugando con estos límites y b) pudieran reformar su exigencia de configuración y de poder nacional y político. Se trata de la esperanza de salvar y reconvertir la época nacional de la socialdemocracia en una época internacional de socialdemocracia cosmopolita también modernizada.

Formulado simplificadamente, según la concepción del mundo neosocialdemócrata, la cooperación internacional como alternativa al proteccionismo, también ha de garantizar al Estado intervencionista nacional, junto con la integración supranacional y la desregulación, que las naciones implicadas renuncien a una competencia entre sistemas, con el fin de crear la circunstancia que permita situar en un nivel social más elevado su economía interior mediante las ventajas competitivas internacionales, gracias a políticas industrial y social nacionales.

Sin embargo, el éxito de esa estrategia de alianza internacional entre Estados es discutible, principalmente, por tres razones:

En primer lugar, se infravalora, de manera optimista, la magnitud del cambio de fundamentos; se trata, en última instancia, de una estrategia continuista, aunque en un nivel superior.

En segundo lugar, no se toma en consideración el hecho de que la política internacional es una política desreguladora –en todo caso, por ahora–, en tercer lugar, resulta incierto cómo interrumpir eficazmente la competencia entre naciones por las inversiones y empleos que aumenta con el paro masivo. Los Estados nacionales son un cártel de egoístas que se encuentran ante la alternativa de que han de ceder porque actúan de modo egoísta, pero entonces recaudarán menos impuestos o, bien, han de ceder con fin de obtener más impuestos en otra alianza de naciones.

Finalmente, el patrimonio político que adquirió la socialdemocracia en la primera modernidad –la producción y garantía de la paz social– ya no tiene en la segunda modernidad el mismo valor, pues los propios socialdemócratas se encuentran ante el mismo dilema. Por decirlo de manera cínica, pero realista: ¿quién sabe si, quizá, la paz social podrá alcanzarse sin más, precisamente bajo las condiciones de la radical competencia del mercado mundial entre empresas trasnacionales?

Participación en el capital

Si es cierto que el trabajo es sustituido por el conocimiento y el capital, entonces una nueva política social puede orientarse al objetivo de que el trabajo participe en el capital. Aquí se debe completar (¿o confrontar?) el principio de copropiedad con el de consenso. Los modelos en discusión van desde la defensa de que se ha de sustituir la participación salarial por la participación en la propiedad (en el capital industrial, incluidas ganancias y pérdidas) hasta la visión de que, por ejemplo, las empresas Mercedes Benz y Hoechst producen allí donde les resulta más barato, mientras que los alemanes, como pueblo de accionistas viven cómodamente de los dividendos globalmente obtenidos y de las especulaciones de los accionistas”¹⁰.

Reorientación de la política educativa

Una de las mayores respuestas a la globalización consiste en construir y reconstruir la sociedad del saber y de la cultura; prolongar, y no reducir, la formación; desligarla o separarla de puestos de trabajo y oficios concretos. El hecho de orientar los procesos educativos hacia cualificaciones clave, que respondan a esa perspectiva, no debe concebirse sólo como flexibilidad ni como formación continuada, sino que también representa situar la formación en contextos de competencia social, capacidad de dirección, habilidad ante conflictos, comprensión cultural, mentalidad de relación y acceso a las inseguridades y paradojas de la segunda modernidad.

Alianza para el trabajo ciudadano

Un nuevo pacto social debería partir de lo siguiente. Nuestro trabajo ha llegado a ser tan productivo que cada vez necesitamos menos trabajo para producir más bienes y servicios. La integración material y social de los hombres por el trabajo remunerado continúa siendo tan importante como antes, aunque no del mismo modo. Propongo reflexionar acerca de si sería posible valorar como un segundo centro de integración y actividad, junto con el trabajo remunerado, el trabajo público y civil, en aquellos aspectos que signifique un compromiso cívico con el sociobiotipo de la sociedad, manifieste capacidad para la autorganización y, asimismo, responda a intereses de proyectos políticos que no son suficientemente reconocidos por las instituciones”¹¹.

Elmar Altvater y Birgit Mahnkopf en su libro: Las limitaciones de la globalización¹² presentan la siguiente agenda de reformas de las transformaciones globales:

“Pretender que la globalización diera marcha atrás no sería un proyecto orientado al futuro. Dejar que la globalización, en su calidad de capitalización absoluta del mundo, quedara en sus propias manos –es decir, en las de las grandes potencias económicas de las empresas trasnacionales y las de los banqueros que actúan en el nivel global– como lo demandan el fundamentalismo del mercado y sus adeptos neoliberales, haría posiblemente que las transformaciones globales se convirtieran en catástrofes sociales y ecológicas. Entonces, sólo queda la perspectiva de la regulación social de los procesos globales en la política y la economía. Deben establecerse límites políticos para acabar con las exit options (por ejemplo, la fuga de capitales). Naturalmente, al mismo tiempo, debe hacerse todo lo posible para lograr que los espacios de acción de la voice option, es decir, la posibilidad de elevar la voz en la opinión pública democrática, tengan el mayor tamaño posible. No obstante, con esta afirmación nos encontramos inmediatamente con el dilema entre la necesidad de una regulación y el hecho constatado de que no existen actores de nivel global que puedan intervenir en una forma similar como lo hacían los Estados nacionales en su territorio y en la política internacional. Los proyectos alternativos siempre se han concentrado en el Estado nacional, en el Estado intervensionista y benefactor que, invariablemente, coincidía con el Estado nacional.

Así pues, del análisis del “trilema de la globalización” se derivan conclusiones normativas. La política económica en las condiciones de la globalización sólo puede ofrecer una perspectiva para superar el desempleo, la crisis financiera y la degradación económica, si el trabajo, el dinero y la naturaleza vuelven a ser insertos en la regulación social y si se supera el carácter fetichista de las relaciones económicas. Todo esto a través de una re-regulación de los mercados financieros, de la observancia explícita de las reglas económicas de la economía, de una transformación del trabajo que acepte una menor productividad, es decir, que desacelere los procesos económicos y reduzca la expansión en el espacio mediante el redescubrimiento de la región. Por lo tanto, en las condiciones de la globalización, se trata de explicar ese proyecto “reformista” que Karl Polanyi (1944-1978) describió como los movimientos en contra de la desinserción del mercado de sus vínculos sociales: domar a un capitalismo global que se propasa, así como desarrollar y observar las reglas de las transformaciones globales y de reforzar la democracia política en contra del autoritarismo de los mercados globales”¹³.

José Antonio Ocampo y Juan Martín en su obra: Globalización y desarrollo. Una reflexión desde América Latina y el Caribe¹⁴ presentan lo que denominan “Una agenda para la era global” que resumen en los siguientes términos:

A. La provisión de bienes públicos globales de carácter macroeconómico

“En los últimos años se ha tomado mayor conciencia del hecho de que la estabilidad macroeconómica y financiera internacional es un bien público global que genera externalidades positivas que benefician a todos los participantes en los mercados internacionales y evita las externalidades negativas vinculadas al fenómeno de contagio, tanto de la euforia (“exuberancia irracional”, utilizando el término acuñado por el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan) como de los pánicos financieros e impulsos recesivos en general”.

“Este explica la importancia de ciertos procesos de alcance mundial en varios frentes. El primero es el desarrollo de instituciones que garanticen la coherencia global de las políticas macroeconómicas de las principales economías. La ausencia de mecanismos que permitan internalizar claramente los efectos que tienen estas políticas en el resto del mundo es una deficiencia básica del ordenamiento internacional actual (…) El segundo frente es la supervisión macroeconómica de todas las economías con fines preventivos y la elaboración de códigos de buenas prácticas de gestión macroeconómica”¹⁵.

“Otra área que ha recibido un renovado impulso es la formulación de estándares internacionales de regulación y supervisión prudencial de los mercados financieros y de provisión de información a los mercados. Aunque éste es, sin duda, un campo de acción para garantizar la estabilidad macroeconómica internacional, ha sido objeto de críticas debido a varios problemas: i) la falta de participación de los países en desarrollo en su formulación; ii) la tendencia a universalizar estándares, sin tener en cuenta las distintas tradiciones regulatorias y la capacidad de absorción de los distintos países; iii) el intento de condicionar la cooperación financiera del FMI a la aplicación de códigos y estándares, sin que exista consenso internacional sobre la materia; iv) la limitada atención otorgada a algunos temas, en especial a la regulación de los inversionistas institucionales que operan en los países en desarrollo, a la regulación directa de las actividades con altos niveles de apalancamiento y a las operaciones en mercados de derivados, y v) la escasa atención prestada a la regulación de las actividades de las agencias calificadoras de riesgo, cuyas evaluaciones son procíclicas y han sido objeto de criticas severas. Por todos estos motivos, se debería seguir avanzando en el diseño de estándares internacionales, pero corrigiendo estos problemas”¹⁶.

“La cooperación internacional en materia tributaria tiene una importancia creciente, por ser un elemento esencial para recabar un volumen adecuado de recursos que permitan financiar la provisión de bienes públicos y de valor social nacionales, regionales y globales. La competencia por atraer inversiones susceptibles de reubicación ha tendido a reducir la tributación al capital, lo que ha afectado la capacidad de captación de ingresos públicos o elevado exageradamente la tributación directa o indirecta impuesta a los factores de producción menos móviles, sobre todo la mano de obra. Esto pone de manifiesto la conveniencia de fomentar a la adopción de acuerdos sobre intercambio de información entre las autoridades tributarias, de doble tributación y otros de alcance más amplio, destinados a evitar la competencia tributaria, coordinar medidas contra la evasión y, a más largo plazo, armonizar los sistemas tributarios. El trato que se da a los centros extraterritoriales (offshore) merece especial atención en este contexto.

B. El desarrollo sostenible como bien público global

La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 fue, sin duda, un hito histórico en el proceso de definición de una agenda global de desarrollo sostenible, por haber materializado un consenso político del más alto nivel”¹⁷.

“Otros avances posteriores a la reunión en Rio fueron los acuerdos multilaterales con énfasis en amenazas ambientales que, debido al progreso del conocimiento científico, resurgen por su relevancia. El cambio esencial en estos acuerdos es que se ponen de manifiesto los vínculos que unen al medio ambiente, la salud y los patrones de producción y consumo con las políticas económicas comerciales y sociales”.

En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo, en agosto-septiembre de 2002, se reafirmaron los compromisos políticos emanados de la Declaración de Rio, particularmente, los principios 7 y 15 relativos a las responsabilidades comunes pero diferenciadas y al criterio de precaución, respectivamente. Además, las 34 metas acordadas en el plan de aplicación de las decisiones de la cumbre, complementan los compromisos previamente establecidos en el Programa 21 y en las metas de desarrollo que figuran en la Declaración del Milenio. Asimismo, por primera vez se reconoció la importancia de las iniciativas específicas por región y, por otro lado, de la cooperación entre los distintos actores públicos, privados y de la sociedad civil mediante el mecanismo de las asociaciones voluntarias. El Protocolo de Kyoto es el instrumento multilateral por excelencia para dar impulso a esta estrategia¹⁸.

Un segundo campo de acción destacable es la gestión sostenible de los ecosistemas y la diversidad biológica. “En lo que respecta a los recursos genéticos, es importante propiciar la entrada en vigor del Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología, mediante su ratificación, y aplicar los mecanismos aprobados para realizar los análisis de riesgo que podrían representar para la biodiversidad los organismos vivos modificados. En el último decenio, la biotecnología se ha transformado en una importante industria que desempeña una función estratégica para el aumento de la competitividad. Sin embargo, las innovaciones han estado a cargo del sector privado del mundo desarrollado y están protegidas por derechos de propiedad intelectual. En consecuencia, el acceso de la inmensa mayoría de los países en desarrollo a estas innovaciones es restringido y existe, además, creciente inquietud por los riesgos que las mismas pudieran entrañar. El Protocolo de Cartagena constituye un marco internacional de reglamentación en estas materias que concilia las demandas de protección del comercio y del medio ambiente. Además, constituye el primer tratado multilateral en que se institucionaliza el principio de precaución y se establece el procedimiento de consentimiento fundamentado previo, para garantizar que los países cuenten con la información necesaria al adoptar decisiones respecto de la importación de los productos basados en la biotecnología moderna. Queda pendiente, sin embargo, la creación de mecanismos equitativos para la transferencia de tecnología que permitan a los países en desarrollo, particularmente a los mega diversos, participar activamente en este mercado emergente.

Para desarrollar mecanismos como los mencionados hay que contar con un volumen adecuado de recursos financieros y consolidar enfoques operativos que hagan posible la movilización de recursos globales para enfrentar problemas también globales, conforme al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas”¹⁹.

“El criterio rector debe ser el que sirve de base al principio 16 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), según el cual quien contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, pero a la vez debería otorgarse la flexibilidad necesaria para que la mitigación tenga lugar en otro espacio geográfico”.

“La Declaración de Doha, aprobada en la cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (noviembre de 2001), representa un avance importante en este campo, por reconocer explícitamente la necesidad de analizar las interrelaciones entre las normas de la OMC y los acuerdos ambientales multilaterales. En la declaración se específica claramente que los países pueden adoptar disposiciones destinadas a proteger la salud humana y animal, el reino vegetal y el medio ambiente, siempre y cuando las medidas aplicadas no configuren mecanismos de discriminación comercial o proteccionismo disfrazado”²⁰.

C. La corrección de las asimetrías financieras y macroeconómicas

“Aparte de los temas ‘sistémicos’ asociados a la estabilidad macroeconómica y financiera global, los esfuerzos de reforma en el ámbito internacional deben centrarse en la corrección de las asimetrías financieras y macroeconómicas básicas del sistema económico mundial. Esta tarea debe emprenderse con un enfoque integral y abarcar actividades destinadas a la supervisón macroeconómica, la regulación de los flujos de capital, la provisión de liquidez en casos de crisis, el diseño de esquemas multilaterales para manejar los problemas de sobrendeudamiento, el fortalecimiento de la banca multilateral de desarrollo y el logro de un nuevo consenso en torno al alcance de la condicionalidad”.

“El empleo de este enfoque integral indica, en primer término, que las actividades de supervisón macroeconómica del Fondo Monetario Internacional y de las instituciones regionales complementarias deben tener una orientación preventiva, es decir, que su propósito sea evitar la acumulación de desequilibrios y estructuras de endeudamiento de alto riesgo durante los periodos de auge”²¹.

“Los países en desarrollo deben seguir teniendo plena autonomía para el manejo de su cuenta de capitales. Los organismos financieros internacionales tendrían que otorgar especial atención al análisis de los casos concretos de regulación en esta área y estimular a los países a adoptar medidas restrictivas del endeudamiento externo durante los periodos de auge, cuando perciben que éstos o su contrapartida en el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, son insostenibles.

Por su parte, el FMI debería irse convirtiendo gradualmente en un cuasiprestamista internacional de última instancia. Esto implicaría el uso de los derechos especiales de giro como principal medio de financiamiento de sus operaciones”²².

En los programas de ajuste en periodos de crisis deberían tomarse en consideración los efectos que tienen en los sectores más vulnerables de la población. Este principio, que ha ido recibiendo creciente aceptación internacional en los últimos años, debe extenderse más allá de la creación de redes de protección social y abarcar el diseño de la política de ajuste macroeconómico, con el fin de que se adopte la combinación de políticas que tenga menos consecuencias sociales negativas en los sectores más pobres (Naciones Unidas, 2001).

Por este motivo, los mecanismos para encarar los problemas de sobrendeudamiento, cuyo propósito esencial es el manejo de los problemas de solvencia, deben considerarse complementarios del financiamiento de emergencia y no como un sustituto del mismo.

Los principales elementos de este nuevo mecanismo deben ser los siguientes: i) el establecimiento de cláusulas de acción colectiva, que faciliten la negociación con los acreedores y que sean de carácter universal, para evitar que den origen a un nuevo factor de discriminación contra los países en desarrollo; ii) un instrumento que permita la suspensión de pagos con sanción internacional, que podría ser otorgada por el FMI; iii) la negociación voluntaria entre las partes, que abarque los pasivos externos públicos y privados y que puede incluir instrumentos de mediación y, posiblemente, de arbitraje internacional, ya sea a través de un nuevo organismo o de paneles de expertos organizados por el FMI; iv) la concesión de preferencia en el proceso de restructuración al financiamiento privado en situaciones de crisis y, en algunos casos, la exigencia de proporcionar mayores recursos y, v) el apoyo crediticio de los organismos multilaterales de financiamiento durante la fase de renegociación y el periodo inmediatamente posterior, con el objetivo primordial de facilitar la reinserción de los países en los mercados privados de capitales. En relación con este último objetivo, el instrumento más apropiado podría ser un sistema de garantías, que tuviera como respaldo un fondo especial manejado por los principales bancos de desarrollo.

Esta función contracíclica del financiamiento multilateral, que incluye la prestación de apoyo a los programas de protección a los sectores más vulnerables de la población durante las crisis, se suma a la provisión de liquidez, el objetivo central de las actividades del FMI, por lo que no debe confundirse con ésta”²³.

En el debate teórico sobre la globalización sobresalen, por su compromiso con los valores socialdemócratas y su claridad analítica, las aportaciones del investigador de la London School of Economics, David Held.

Para este investigador británico, que la globalización no supone únicamente una integración de los mercados mundiales, sino una integración social mundial y un compromiso con la justicia social. Un programa socialdemócrata necesita preocuparse de fomentar los valores y principios esenciales que propugnan porque todas las personas sean tratadas, en principio, con igual interés y respeto; esto equivale a fomentar un conjunto de valores internacionalistas o cosmopolitas, que van desde la inviolabilidad de la vida humana hasta diversos derechos humanos, que van unidos a toda persona, al margen de dónde haya nacido o crecido, lo que conlleva la promoción de tales valores y principios en la gobernanza regional y global. En caso de que se piense que esos valores y principios son para otro mundo –para un tiempo futuro, no para el presente– conviene recordar que constituyen la base de la Declaración de Derechos Humanos hecha por la ONU en 1948 y también de los posteriores pactos de derechos de 1966, que los elevaron a categoría de referencia universal: el requisito de que todos los individuos sean tratados con igual interés y respeto, al margen de en qué Estado hayan nacido o crecido, constituye la columna vertebral de los derechos humanos en todo el mundo, así como de una amplia gama de tratados internacionales a los que se ha llegado bajo el patrocinio de la ONU²⁴.

El desarrollo económico ha de concebirse como un medio que conduce a un fin, no como un fin en sí mismo. Desde este punto de vista, habría que reconocer que, aunque el comercio internacional tiene enormes posibilidades para ayudar a las personas y a los países menos acomodados a salir de la pobreza, y así como para mejorar la situación social y el bienestar de todos los Estados nación, las normas actuales del comercio global se inclinan de manera ostensible a la protección de los intereses de los más acomodados y son muy desfavorables para los países más pobres²⁵.

Para este autor, aunque el libre comercio sea, en principio, un admirable objetivo para los progresistas, no puede perseguirse sin prestar atención a los países más pobres y menos acomodados que son extremadamente vulnerables a las fases iniciales de integración en los mercados externos (sobre todo, en la tocante a lo tocante a la liberalización de los de capital) y que tienen pocos recursos a los que recurrir –si es que tienen alguno– durante las épocas de transformación económica. Evidentemente, lo mismo puede decirse de muchos habitantes de las sociedades acomodadas. Si pierden su empleo o tienen que conformarse con un salario más bajo, también son vulnerables en épocas de grandes cambios económicos. Dicho de otro modo, resulta insuficiente preocuparse en exclusiva por las cuestiones relacionadas con el acceso al mercado.

Por lo tanto, argumenta, en cualquier programa socialdemócrata de fomento al libre mercado, resultará esencial abordar a la vez las necesidades de los más vulnerables, dondequiera que estén. En los países en vías de desarrollo, esto significará que habrá que fomentar continuamente instituciones políticas sólidas y responsables que sirvan de mediadoras y gestoras de las fuerzas económicas de la globalización, y proporcionar, entre otras cosas, altos niveles de protección social y generosas redes de seguridad, al tiempo que se mantiene la inversión en formación continúa y adquisición de capacidades. Para los países más pobres esto supondrá que las políticas de desarrollo estén orientadas a una integración gradual en los mercados globales, sobre todo en los de capital, y que también haya inversiones a largo plazo en asistencia sanitaria, capital humano e infraestructuras materiales, junto con un desarrollo de instituciones políticas transparentes y responsables. Las propuestas siguientes son complejas y serán un reto para cualquier país. Sin embargo, lo chocante es que sea tan frecuente que esta gama de políticas no se haya aplicado. El hecho parece deberse más a una cuestión de psicología y de opción política que a algo relacionado con obstáculos fundamentales relativos al carácter de la organización económica de los asuntos humanos²⁶.

Expone que para asegurarse de que, finalmente, los mercados funciones sin impedimentos políticos y burocráticos, y sin corrupción, es necesario cultivar una buena gobernanza en todos los niveles de la actividad económica, es decir, hay que establecer servicios públicos transparentes, proteger la actividad comercial de la corrupción, garantizar el imperio de la ley y proteger los derechos de propiedad pertinentes, además de fomentar la presencia de políticos responsables y sustituibles.

Asimismo, propone la posibilidad de explorar el posible establecimiento de un capítulo o cláusula de carácter social en las disposiciones fundamentales de la OMC. Así, podrían proporcionarse medios (que habría que reforzar con otras medidas) para prohibir el trabajo forzoso y el infantil; promover la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga y eliminar, por principio, cualquier forma de discriminación de índole laboral. El objetivo de esa cláusula social no sería erosionar las ventajas competitivas que puedan tener, desde el punto de vista del costo, las economías en vías de desarrollo o las que se hallan en transición, sino incorporar al propio sistema de libre comercio los requisitos necesarios para que éste sea justo en lo tocante a ciertas condiciones sociales y sindicales mínimas²⁷.

Held, expone que la idea de que los Estados son los actores principales y los convenios multilaterales internacionales, negociados a lo largo de muchos años, representan la expresión fundamental de la cooperación entre dichos Estados constituye en la actualidad una perspectiva de la política internacional demasiado estrecha, porque los principales actores del orden internacional ya no son únicamente los jefes de Estado y los ministros de asuntos exteriores, sino los organismos administrativos, los tribunales y los cuerpos legislativos. Sostiene que el Estado unitario ha dado paso al Estado desagregado y a la aparición de redes gubernamentales. Aunque estas adoptan muchas formas y desempeñan diferentes funciones, todas ellas anuncian “Una nueva era de cooperación reguladora transgubernamental” y definen ese transgubernamentalismo como un tipo característico de gobernanza global: horizontal más que vertical, compuesta por funcionarios de gobiernos nacionales, en vez de burócratas internacionales; descentralizada e informal, en lugar de organizada y rígida. El final de la Guerra Fría y de la división del mundo por parte de dos superpotencias señala una nueva distribución del poder entre los Estados, los mercados y la sociedad civil. Las nuevas tecnologías de la información han servido para impulsar la expansión de redes de empresas, ciudadanos y sindicatos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales internacionales (OIG y ONGI, respectivamente) que ahora comparten parcelas de poder con los gobiernos²⁸.

Profundiza al sostener que hay diversos fenómenos que pueden ilustrar el desarrollo de nuevos tipos de organismos políticos y reguladores; de ellos, el más evidente es la rápida aparición de organizaciones bilaterales y agencias trasnacionales²⁹. Además, se ha registrado un considerable incremento del número de tratados internacionales en vigor, así como de la cantidad de ordenamientos internacionales, formales e informales, que alteran el contexto político y jurídico en el que operan los Estados. A esta tupida red de interconexiones políticas se puede añadir la acostumbrada pauta de reuniones y actividades de los principales foros de decisión política internacional, entre ellos, la ONU, el G-7, el FMI, el Banco Mundial y la OMC. Hace un siglo y medio, sólo se celebraban una o dos conferencias o congresos interestatales al año; hoy en día, la cifra alcanza más de nueve mil reuniones anualmente (UIA, 2002). El gobierno nacional cada vez está más atrapado en un abanico de sistemas de gobernanza de diverso nivel; por lo que apenas puede hacerse un seguimiento de todos ellos y mucho menos controlarlos. Ahora las políticas internacionales y nacionales se encuentran crónicamente enmarañadas, complicando cada vez más las labores de coordinación y control de las medidas gubernamentales³⁰.

En los últimos cinco decenios se ha desarrollado una malla de índole multilateral y cada vez más tupida de acuerdos, instituciones, ordenamientos y redes de políticas transgubernamentales, que intervienen, y también regulan, muchos aspectos de la vida nacional e internacional, que van desde las finanzas a la flora y la fauna. Evidentemente, este complejo de gobernanzas globales, siempre en evolución, está lejos de constituir un gobierno mundial con autoridad jurídica y capacidad coactiva de carácter determinante, pero es mucho más que un sistema de cooperación intergubernamental limitada³¹.

En consecuencia, argumenta, la gobernanza global es un conglomerado de múltiples actores en el que participan distintos organismos con el fin de desarrollar una política pública global. Es evidente que de esta concepción eminentemente pluralista de la gobernanza global no se desprende en absoluto que todos los Estados o intereses tengan igual voz en su agenda o programas, por no hablar de la misma influencia.

Para este autor, está desarrollandose un nuevo orden jurídico global, que “globaliza un cuerpo de leyes y prácticas comerciales derivadas de ubicaciones locales, regionales y globales cada vez más diversas, que abarcan tanto al Estado como a autoridades ajenas a él. Las redes globales de políticas públicas están remodelando las bases sobre las que se elaboran las normas nacionales e internacionales y con las que operan los sistemas de regulación, y los resultados no pueden encuadrarse fácilmente en las categorías jurídicas tradicionales. Ya no hay una separación clara entre mecanismos y procedimientos públicos y privados o nacionales e internacionales; simplemente, los modelos de elaboración y aplicación de las leyes ya no se atienen a la forma ni a la lógica del sistema estatal.

A ese complejo patrón de gobernanza global y de elaboración de normas pueden añadirse las nuevas manifestaciones de la administración regional. En un periodo de tiempo sorprendentemente corto, la UE ha recogido a Europa del borde de la catástrofe posterior a dos guerras mundiales para conducirla a un mundo en el que se comparte la soberanía, respecto a un número creciente de áreas de interés común. Esta formación política, a pesar de todos sus fallos, y juzgada en el contexto de la historia de los Estados, constituye algo notable. Además, fuera de Europa se han incrementado enormemente las relaciones regionales: en toda América, en la región Asia-Pacífico y, en menor medida, en África. Aunque las formas adoptadas por este tipo de regionalismo serán muy distintas a las de la UE, sus consecuencias han sido enormes en lo tocante al poder político, especialmente en Asia-Pacífico, que ha asistido a la formación de la ASEAN, la APEC, y muchas otras asociaciones. Además, al acentuarse el regionalismo, también se ha intensificado la diplomacia interregional, puesto que nuevos y antiguos grupos regionales tratan de consolidar sus relaciones. En este sentido, el regionalismo no ha supuesto una barrera para la globalización; ha sido uno de sus componentes básicos³².

Las tesis propuestas de David Held se sintetizan en el siguiente texto “Hacia un nuevo pacto mundial: la socialdemocracia global”³³:

Principios éticos rectores

Igualdad en cuanto al valor moral, las libertades y la situación política, toma de decisiones colectiva sobre asuntos públicos, alivio de las necesidades urgentes, desarrollo para todos y sostenibilidad medioambiental.

Objetivos institucionales

Imperio de la ley, igualdad política, democracia, justicia social mundial, solidaridad y comunidad sociales, eficiencia económica y equilibrio ecológico global.

Medidas prioritarias

Economía

Regulación de los mercados mundiales: rescate de la ronda de negociaciones comerciales de Doha; eliminación de las subvenciones de la UE y de EU a la agricultura y la producción textil; reforma de los ADPIC; expansión del marco de referencia del Pacto Mundial.

Fomento del desarrollo: introducción paulatina de la integración en los mercados comerciales y financieros (sobre todo, en lo tocante a los mercados de valores); aumento de la capacidad negociadora de los países en vías de desarrollo en la OMC; impulso a la participación de estos países en las instituciones financieras internacionales; abolición de la deuda de los países pobres altamente endeudados (PPAE); vinculación entre la condonación de la deuda y la inversión en educación infantil y salud básica; utilización del 0.7 por ciento del PIB en ayuda al desarrollo, tal como propone la ONU; establecimiento de nuevos organismos crediticios internacionales para ayudar a la inversión en los países más pobres.

Gobernanza

Reforma de la gobernanza global: establecimiento de un Consejo de Seguridad representativo; fundación de un Consejo de Seguridad Económico y Social para coordinar las políticas de reducción de la pobreza y las de desarrollo global; creación de OIG medioambientales; establecimiento de redes sobre problemas globales, centradas en acuciantes problemas sociales y económicos; fortalecimiento de la capacidad negociadora de los países en vías de desarrollo; desarrollo de criterios para realizar negociaciones justas entre Estados y actores no estatales; mejora de la cooperación entre las OIG y fomento del escrutinio de los organismos regionales e internacionales por parte de los parlamentos.

Derecho

Convocatoria de una convención internacional para iniciar el proceso de reconexión entre las agendas de seguridad y derechos humanos, mediante la consolidación del derecho humanitario internacional.

Seguridad

Desarrollo de los principios y procedimientos del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en relación con las amenazas a la paz y la utilización de fuerzas armadas para intervenir en los asuntos de otro Estado; mejora de la capacidad de seguimiento de los riesgos de crisis humanas y de su evolución; aplicación de los compromisos y políticas existentes en materia de reducción de la pobreza y desarrollo humano a nivel mundial; fortalecimiento del control de armamento y de la reglamentación del comercio de armas.

Medidas a largo plazo

Economía

Domesticación de los mercados mundiales: organismo global antimonopolio; organismo financiero mundial; códigos de conducta obligatorios para las multinacionales.

Corrección del mercado: reglamentación laboral y medioambiental mundial obligatoria; códigos y criterios de inversión extranjera.

Promoción del mercado: acceso privilegiado a los mercados para los países en vías de desarrollo en los que industrias inexpertas precisan de protección; convención sobre movilidad mundial de los trabajadores y emigración económica.

Gobernanza

Democratización de la gobernanza nacional y supraestatal (ciudadanía multinivel); convenio constitucional mundial para explorar las normas y mandatos de los nuevos organismos democráticos mundiales; establecimiento de nuevos mecanismos fiscales internacionales; creación de foros de negociación para nuevos asuntos prioritarios (por ejemplo, un tribunal hidrológico mundial); fomento de la provisión mundial de bienes públicos.

Derecho

Establecimiento de un tribunal internacional que entienda sobre cuestiones de derechos humanos, apoyado por una sólida red de instancias judiciales regionales; expansión de las competencias de la CPI y del TIJ; consolidación de las pautas laborales, de protección social y medioambientales en el modus operandi corporativo.

Seguridad

Establecimiento de fuerzas permanentes de pacificación y de mantenimiento de la paz; desarrollo de umbrales mínimos en materia seguridad y de derechos humanos para acceder a las principales OIG; evaluaciones de impacto de las medidas de desarrollo global en materia de seguridad, exclusión social y equidad.

Cambio climático. Evaluación de su impacto económico y alternativas. Tesis de Nicholas Stern³⁴ y de OXFAM³⁵

El cambio climático representa un reto único para la economía, pudiendo afirmarse que es el mayor y más generalizado fracaso del mercado jamás visto en el mundo³⁶.

Constituye una amenaza contra los elementos básicos de la vida humana en distintas partes del mundo: acceso a suministro de agua, producción de alimentos, salud, uso de las tierras y medio ambiente^37.

Existe, a su vez, una profunda injusticia en los impactos del cambio climático. Los países ricos han sido quienes han causado el problema tras decenios de emisiones excesivas de gases de efecto invernadero. Los países pobres, por su parte, han sido los más afectados, debiendo hacer frente a un número cada vez mayor de inundaciones, sequías, hambrunas y enfermedades³⁸.

El impacto del cambio climático hace ya peligrar la vida y el sustento de millones de individuos en África, Asia, América Latina y el Pacífico, quienes son, además, los menos responsables del problema y los peor preparados para afrontarlo³⁹.

Así, las repercusiones del cambio climático no se distribuirán equitativamente, siendo los países y las poblaciones más pobres los que sufrirán las consecuencias antes y con mayor intensidad⁴⁰.

El cambio climático es una seria amenaza para el mundo en desarrollo y un importante obstáculo para la reducción continuada de la pobreza en sus múltiples dimensiones. En primer lugar, desde un punto de vista geográfico, las regiones en desarrollo se encuentran en desventaja, puesto que, por término medio, son ya más cálidas que las regiones desarrolladas, además de experimentar una elevada variabilidad en la pluviosidad. Como resultado de ello, todo calentamiento adicional del planeta resultará en mayores costos y reportará escasos beneficios para los países pobres. En segundo lugar, los países en desarrollo –y, en particular, los más pobres– dependen grandemente de la agricultura (sector económico más directamente afectado por el clima), además de carecer de un sistema de salud adecuado y de contar con servicios públicos de baja calidad. En tercer lugar, sus bajos ingresos y su vulnerabilidad dificultan en gran manera su adaptación al cambio climático⁴¹.

Si bien es posible que, en un principio, el cambio climático tenga consecuencias positivas de poca envergadura para un reducido número de países desarrollados, es probable que, de mantenerse el statu quo, resulte altamente nocivo cuando se alcancen las temperaturas mucho más altas esperadas entre mediados y finales de siglo⁴².

Consecuencias

Si ignoramos el cambio climático, se producirán en su día consecuencias negativas para el crecimiento económico. Nuestras acciones actuales y de las próximos decenios podrían crear el riesgo de que se produzca una importante perturbación de las actividades económicas y sociales a finales del siglo actual y en el próximo siglo, cuya escala sería comparable a la asociada con las grandes guerras y depresión económica de la primera mitad del siglo XX. Estos cambios serán difíciles y aún imposibles de subsanar. A plazo más largo, la adopción de medidas sobre el cambio climático es una estrategia en favor del crecimiento, que puede llevarse a la práctica sin por ello recortar las aspiraciones de crecimiento de los países, ricos o pobres. Cuanto antes se ponga en marcha una acción eficaz, menor será el costo⁴³.

Con un calentamiento de 5-6ºC, que es una posibilidad real para el próximo siglo, modelos actuales –en los que se incluye el riesgo de cambios climáticos abruptos y en gran escala– han calculado pérdidas medias de 5-10 por ciento del PIB mundial, con costos para los países pobres superiores al 10 por ciento del PIB. Existen ciertos indicios de pequeños pero significativos aumentos térmicos aun por encima de dicha gama, aumentos que nos colocarían en un territorio totalmente desconocido por el hombre y que llevarían a cambios radicales en el mundo que nos rodea⁴⁴.

El cambio climático en un escenario en donde las cosas sigan igual reduciría el bienestar en una cantidad equivalente a una reducción del consumo per cápita de entre el 5 y el 20 por ciento. Si se toma en consideración la creciente información científica indicativa de riesgos más graves, la aversión a las posibilidades de catástrofes y un planteamiento más amplio sobre las consecuencias que lo sugerido por medidas estrechas de producción, es probable que el cálculo apropiado se encuentre hacia la parte más alta de la gama antedicha⁴⁵.

El análisis no debería centrarse únicamente en estrechas medidas de ingresos, tales como el PIB, siendo probable que las consecuencias del cambio climático para la salud y el medio ambiente sean graves⁴⁶.

Los beneficios de la adopción de medidas prontas y firmes sobre el cambio climático superará con creces los costos⁴⁷. La mitigación (puesta en práctica de firmes medidas para reducir las emisiones) deberá entenderse como una inversión, un costo incurrido ahora y en los próximos decenios para evitar el riesgo de consecuencias muy graves en el futuro⁴⁸.

Medidas

Dado el papel histórico que han de-sempeñado los países ricos como desencadenantes del problema, dichos países tienen hoy dos deberes claros que cumplir: por una parte, dejar de dañar el planeta mediante un recorte masivo de sus emisiones de gases de efecto invernadero y, por otra, comenzar a ayudar, mediante la asignación de fondos compensatorios que permitan a los países pobres adaptarse al cambio climático antes de que tengan que sufrir el impacto del cambio en toda su intensidad⁴⁹.

Oxfam calcula que los costos de la adaptación al cambio climático de los países en desarrollo superarán con creces las previsiones, ampliamente citadas, del Banco Mundial, que oscilan entre 10 mil y 40 mil millones de dólares anuales. De acuerdo con los nuevos métodos de proyección de costos, Oxfam calcula que los costos ascenderán a 50 mil millones de dólares anuales como mínimo, una cantidad que puede aumentar de forma significativa si no se reducen rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero⁵⁰.

Los cálculos del costo de los recursos indica que el límite superior del coste anual proyectado de una reducción de emisiones de carbono es posible que alcance el 1 por ciento, aproximadamente, del PIB para el año 2050⁵¹.

Estados Unidos es responsable de asumir aproximadamente el 40 por ciento de los recursos que se necesitan cada año, la Unión Europea del 30 por ciento y Japón del 10 por ciento. En la Unión Europea, los cinco donantes principales deberían ser Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y España⁵².

Para que esta financiación sea eficaz, ha de estar integrada en los planes y presupuestos de los países en desarrollo a través de canales bilaterales y multilaterales. Ahora bien, la financiación para la adaptación debería ser clasificada de forma sistemática y considerada como algo independiente de la ayuda al desarrollo. Hasta la fecha, sin embargo, las ayudas proceden, en casi todos los casos, de los fondos asignados a la ayuda al desarrollo⁵³.

Precios e impuestos sobre el carbono

Distintos tipos de impuestos sobre el carbono se encuentran ya operando en países como Francia, Suecia, Holanda, Reino Unido, Alemania y Canadá. También han sido propuestos y sometidos a debates encendidos en otros países, como Nueva Zelanda, Japón, Irlanda, Australia, Estados Unidos y la UE en su conjunto. En lugar de canalizar todos los ingresos recaudados a sufragar las necesidades nacionales, un porcentaje de los ingresos recaudados mediante los impuestos nacionales actuales o futuros sobre el carbono podrían dirigirse –en línea con el principio de que el “que contamina, paga”– a financiar la adaptación más allá de sus fronteras⁵⁴.

Por otro lado, el establecimiento de un precio para el carbono, mediante la imposición de impuestos, comercio o reglamentación es un factor de crucial importancia para toda política sobre el cambio climático⁵⁵. La creación de un precio al carbono similar, en líneas generales, por todo el mundo, y el uso de la financiación del carbono para acelerar la introducción de medidas en los países en desarrollo son prioridades urgentes de cooperación internacional⁵⁶.

Un gravamen internacional de adaptación sobre el transporte aéreo

El transporte aéreo internacional provoca un crecimiento rápido de la contaminación por carbono y es costoso: quienes viajan son tanto responsables de contribuir al cambio climático como capaces de asistir a las personas que lo sufren. En 2006, dos mil millones de viajeros se desplazaron mediante transporte aéreo, de los cuales 800 millones hicieron vuelos internacionales: un impuesto de 10 dólares sobre cada billete bastaría para recaudar 8 mil millones de dólares anuales para la adaptación. Otra opción, sería aplicar el gravamen sobre el precio del billete, con una prima para los viajeros de primera clase o clase business. Podría operar conjuntamente con el “impuesto de solidaridad” sobre los billetes aéreos, introducido en Francia en 2006, para financiar medicamentos para los países en desarrollo, que ha servido ya de inspiración a otros 20 países, que han creado impuestos similares con el mismo fin⁵⁷.

Con el fin de poder responder a la magnitud del reto, se hace imprescindible contar con una perspectiva global compartida sobre lo apremiante del problema, sobre los objetivos a largo plazo de la política sobre el cambio climático y un planteamiento internacional basado en marcos multilaterales y en una acción coordinada⁵⁸.

Tesis de la Internacional Socialista sobre el proceso de globalización. Propuestas alternativas

A partir de los documentos aprobados por los tres últimos congresos de la Internacional Socialista (Nueva York 1996, Paris, 1998, y Sao Paulo, 2003), a continuación se expone una síntesis de la estrategia socialdemócrata frente al proceso de globalización.

La globalización –gobernada por una lógica neoliberal– produce riqueza económica y cultural que se distribuye de manera desigual. El mayor desafío que presenta la globalización es, entonces, generar una efectiva política democrática en el nuevo ámbito global, que permita que los beneficios de la globalización puedan compartirse en forma equitativa.

Ante lo anterior, la socialdemocracia tiene entre sus prioridades mejorar la labor de la comunidad internacional, modernizar y fortalecer las instituciones multilaterales para promover nuestros intereses colectivos, impulsando la reforma del sistema global de gobernabilidad. El objetivo es dar forma a la globalización de manera que ofrezca oportunidades a todas las personas, permitir que las instituciones y mercados mundiales funcionen en beneficio de todos y establecer un sistema de gobernabilidad multilateral basado en el Estado de derecho y en una arquitectura más equilibrada y justa de las relaciones internacionales, que tenga como piedra angular una ONU reformada y modernizada⁵⁹.

En este contexto, es necesario, también, un nuevo sistema de responsabilidad colectiva que compense los efectos negativos de la globalización, tales como el desorden financiero, desarrollo desigual, incremento de la desigualdad, altos niveles de desempleo, deterioro ambiental, exclusión y malestar social. La globalización ha incrementado el poder de los países del Norte, las corporaciones multinacionales, de los manipuladores de mercados de divisas y organizaciones internacionales a expensas de los gobiernos, de los electores y del proceso democrático. Necesitamos un nuevo sistema de responsabilidad colectiva que vuelva a dar eficientes poderes de decisión a los gobiernos electos⁶⁰.

El enfoque socialdemócrata de la globalización: (forma responsable) parte del principio de que es necesario tomar en consideración las diversas realidades regionales, la cohesión social de distintas sociedades para contribuir de esta forma a una mejora global de la economía y del bienestar, así como a la conservación del medio ambiente⁶¹. La recuperación de la autonomía de la política para representar los intereses generales, expresados soberanamente por los ciudadanos y las ciudadanas, es indispensable para lograr lo anterior. Por tanto, la socialdemocracia tiene la obligación de participar en la construcción de sociedades libres, con personas responsables de su destino individual y colectivo, respetuosos tanto de la diversidad humana como ambiental⁶².

En resumen, el enfoque socialdemócrata es el siguiente: para que la globalización constituya un elemento de progreso deberá estar políticamente regulada.

Orden económico global

Los Estados democráticos deben dirigir sus políticas en beneficio de su gente sin sacrificar la buena marcha de las ganancias de los mercados. Rechaza la idea de que el desempleo y el sub-empleo son inevitables, y apoya los esfuerzos nacionales y multilaterales en la búsqueda de un pleno empleo, incluyendo acciones internacionales conjuntas para conseguir un nivel más alto de demanda efectiva, negociación social en cuanto al número de horas de trabajo y creación de empleo en la esfera social, así como la conservación y cuidado del medio ambiente⁶³.

Para lograr lo anterior, es necesario rechazar el enfoque neoliberal que, por un lado, predica la democracia para las economías en desarrollo y, por otro, les niega las condiciones económicas básicas para el desarrollo y bienestar social, haciendo así que su experiencia democrática se convierta en algo sumamente frágil. Esa es la razón por la que se necesita reforzar la democracia mediante un nuevo sistema de responsabilidad colectiva y nuevas políticas para reforzar la propia democracia⁶⁴.

Una democracia eficaz significa que los partidos políticos sean capaces de aplicar programas de gobierno alternativos. La austeridad prolongada, la pobreza permanente y el desempleo a gran escala devalúan y desacreditan a la propia democracia. Para cambiar esta situación dependemos del marco económico internacional y del comportamiento de las instituciones internacionales. Ambos deberían proporcionar el entorno macroeconómico dentro del cual nuevos programas se hagan posible. La democracia implica también que el sistema político asegure que la reforma política, las políticas solventes y el desarrollo económico beneficien a todos los grupos sociales, y que no esté amenazado por las desigualdades sociales o la corrupción⁶⁵.

Así, una estrategia de desarrollo sostenible integral y equilibrada debe basarse en un pacto global, el cual requiere que los países en desarrollo mejoren su integración a la economía global, construyan su capacidad nacional en términos institucionales, económicos, tecnológicos y educativos, luchen contra la pobreza, mejoren las condiciones laborales, así como el acceso de las mujeres al mercado del trabajo, y controlen los principales desequilibrios ecológicos, así como que los países desarrollados abran sus mercados a las exportaciones provenientes de países en desarrollo, incentiven las buenas inversiones en las regiones más pobres del planeta para acrecentar un desarrollo más equilibrado, fortalezcan la cooperación y aumenten la asistencia financiera a los países en desarrollo, avanzando hacia patrones sostenibles de consumo y producción y preservando la cohesión social⁶⁶.

No obstante, los esfuerzos por construir la estrategia mencionada se han visto frustrados en gran medida debido a que: los objetivos de desarrollo se han dejado de lado con el argumento de que debe darse prioridad a las preocupaciones por la seguridad y no se ha podido avanzar suficientemente en la modificación del así llamado Consenso de Washington, por lo que los países en desarrollo aún no tienen el poder necesario para hacer escuchar su voz en las instituciones de Bretton-Woods, que siguen siendo incapaces de responder adecuadamente a los desafíos del desarrollo o de manejar crisis financieras y bajas económicas⁶⁷.

Como se observa, los obstáculos para una economía global más equilibrada y un mundo más justo son más políticos que técnicos y deben, por lo tanto, ser superados mediante esfuerzos políticos. Por esta razón, entre las acciones políticas prioritarias de la socialdemocracia a nivel global se encuentran⁶⁸:

1. El comercio internacional, como motor del crecimiento y el empleo debe incluir acceso sin obstáculos a los mercados del mundo desarrollado para las exportaciones provenientes de países en desarrollo, especialmente productos agrícolas y otros de mano de obra intensiva, tomando en cuenta que la mayoría de los granjeros son mujeres.

2. La actual brecha digital debe transformarse en una oportunidad digital internacional para todos. El conocimiento está convirtiéndose en la fuente principal de riqueza, pero también puede ser la principal fuente de desigualdades. Los países en desarrollo deben, por lo tanto, dar el salto hacia la economía digital y el Norte debe ayudarlos lanzando un plan de inclusión para el mundo en desarrollo que incluya alianzas entre los sectores público y privado y transferencias tecnológicas.

3. Convirtiendo el desarrollo sostenible en oportunidades de crecimiento, fomentando y emprendiendo nuevas oportunidades para promover el desarrollo sostenible medioambiental en agricultura, energía y transporte, y aprovechando las oportunidades de empleo que esto crearía.

4. Adoptando una nueva perspectiva con respecto a las políticas de desarrollo que incluya nuevas oportunidades comerciales, promoción de empresas, construcción de una capacidad productiva nacional y una infraestructura social. En los países en desarrollo, las políticas de estabilización deberían permitir una mayor flexibilidad fiscal para la inversión y un margen más amplio para el gasto, en particular, en cuanto a educación, salud y desarrollo social. Al mismo tiempo, debe acelerarse el alivio de la deuda y debe extenderse la asistencia al desarrollo.

5. Instituyendo una mejor regulación, responsabilidad y supervisión de los sistemas financieros para ampliar las perspectivas de crecimiento y desarrollo sostenibles.

6. Invirtiendo en la gente, aumentando los niveles educativos, otorgando capacitación para todos e incorporando técnicas avanzadas de enseñanza para garantizar una fuerza de trabajo lo más calificada posible. Las tecnologías de la información deberían desempeñar un papel clave en el mejoramiento de la calidad de la educación y en la creación de nuevas oportunidades laborales.

7. Proveyendo una atención en salud adecuada y eficiente para todos, con especial atención a las mujeres y a los derechos reproductivos de las mujeres, los que deben estar protegidos contra toda clase de intimidación.

8. Promoviendo las posibilidades de conseguir empleo y una fuerza de trabajo más calificada y versátil a través de políticas activas de mercado laboral que incluyan medidas contra todas las formas de discriminación y provean mayor asistencia y capacitación a los trabajadores pobres para que pongan al día el nivel de sus habilidades. Contar con una red de seguridad para la protección social ha demostrado ser crucial para las personas que luchan por adaptarse al cambio. Se requieren estrategias específicas para la economía informal.

9. Enfrentando el crimen relacionado con las drogas y el lavado de dinero, mediante el aumento de la cooperación internacional con una responsabilidad compartida, reduciendo tanto la oferta como la demanda e involucrando a la sociedad civil en la prevención y el tratamiento del uso de drogas.

10. Poniendo mayor énfasis en el suministro de servicios públicos globales, especialmente en cuanto a salubridad, atención en salud, facilidades de cuidado infantil, educación, promoción del empleo y protección del medio ambiente. El principio del servicio público no puede sacrificarse a la consagración del mercado.

Si deseamos modificar la orientación del proceso de globalización, es imprescindible restructurar el desequilibrio entre el poder financiero del sector público, por un lado, y privado, por el otro, en el ámbito mundial. Si queremos que los mercados estén al servicio de la gente en lugar de que rijan lo que hacen los gobiernos, necesitamos asegurarnos de que puedan potenciar el empleo y el bienestar, recortando al mínimo los riesgos medioambientales. Se necesita formular reglas que propicien resultados positivos, para ellos y para la economía mundial, en lugar de los ceros y valores negativos registrados últimamente. Esto implica que la economía global y la defensa de los derechos sociales y el medio ambiente en el plano mundial se sitúen dentro de un marco de control gubernamental.

De esta manera, el gran desafío está en ser capaces de impulsar la regulación de la sociedad y de la economía globales. En otras palabras, globalizar la regulación de la economía mundial. Adoptar una plataforma de acción basada en la responsabilidad y orientada a la creación de un sistema global de responsabilidad colectiva. Un sistema capaz de combinar una economía global, con justicia en las relaciones económicas internacionales, entre las diferentes regiones del mundo, con la preservación de la cohesión social de nuestras colectividades, con la protección del medio ambiente y la capacidad de promover el bienestar de nuestras sociedades.

* El presente ensayo es una versión ampliada y modificada de un artículo de Jorge A. Calderón: “Globalización y regulación económica. Estrategia socialdemócrata frente al proceso de globalización” publicado en la revista Nueva Visión Socialdemócrata, No. 6, abril de 2007, pp. 67-86. Una primera versión de este texto fue también presentado en un seminario realizado en la Facultad de Economia de la Universidad Autónoma de Puebla, en julio de 2007.

** Profesor de la Facultad de Economía, UNAM. Director del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática.

*** Investigador del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática.

1 Deepak Nayyar, Globalization and Development Strategies, UNCTAD, Bangkok, 2000.

2 O. c., p. 6.

3 Ulrich Beck, ¿Qué es la globalización?, Paidós, Barcelona, 1998.

4 Ib., p. 16.

5 Ib., p. 17.

6 Ib., p. 18.

7 Ib., pp. 19-21.

8 Ib., p. 22.

9 Ib., pp. 182-184.

10 Ib., p. 190.

11 Ib., p. 191.

12 Altvater y Mahnkopf, Las limitaciones de la globalización, Siglo XXI Editores, México, 2002.

13 Ib., pp. 397-398.

14 José Antonio Ocampo y Juan Martín (eds.), Globalización y desarrollo. Una reflexión desde América Latina y el Caribe, Banco Mundial y Alfaomega, Colombia, 2003, pp. 205.

15 Ib., pp. 163-164.

16 Ib., p. 165.

17 Ib., p. 165.

18 Ib., p. 167.

19 Ib., pp. 168-169.

20 Ib., p. 169.

21 Ib., p. 170.

22 Ib., p. 171.

23 Ib., p. 173.

24 David Held, Un Pacto Global, Ed. Taurus, Colombia-Madrid, pp. 86-87.

25 Ib., p. 87.

26 Ib., p. 88-89.

27 Ib., p. 91-92.

28 Ib., p. 108.

29 Ib., p. 109.

30 Ib., p. 110.

31 Ib., p. 111.

32 Ib., pp. 117-118.

33 Ib., pp. 208-209.

34 Nicholas Stern, “Stern Review on the Economics of Climate Change”, UK Treasury, octubre de  2006, p. 1 (www.treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm).

35 Oxfam Internacional, “Adaptarse al cambio climático”, mayo de 2007, p. 2 (www.oxfam.org/es/policy/briefingpapers/bp104_cambio_climatico).

36 Nicholas Stern, o. c., p. 1.

37 O. c., p. 6.

38 Oxfam Internacional, o. c., p. 2.

39 Ib., o. c., p. 8.

40 Nicholas Stern, o. c., p. 7.

41 Loc. cit, o. c., p. 7.

42 Ib., p. 8.

43 Nicholas Stern, o. c., p. 2.

44 Ib., p. 8.

45 Ib., p. 11.

46 Ib., p. 8.

47 Ib., p. 1.

48 Ib., p. 1.

49 Oxfam Internacional, o. c., p. 2.

50 Ib., o. c., p. 3.

51 Ib., p. 14.

52 Ib., o. c., p. 3.

53 Ib., p. 32.

54 Ib., p. 37.

55 Nicholas Stern, o. c., p. 21.

56 Ib., o. c., p. 27.

57 Oxfam Internacional, o. c., p. 37.

58 Nicholas Stern, o. c., p. 23.

59 XXII Congreso de la IS, Declaración de São Paulo, São Paulo, 2003.

60 La necesidad de un nuevo sistema de responsabilidad colectiva, XX Congreso de la IS, Nueva York, 1996.

61 Ib.

62 Los desafíos de la globalización, XXI congreso de la IS, París, 1999.

63 La necesidad de un nuevo sistema de responsabilidad colectiva, XX Congreso de la IS, Nueva York, 1996.

64 Ib.

65 Id.

66 Declaración de São Paulo, XXII Congreso de la IS, São Paulo, 2003.

67 Ib.

68 Id.