El doble poder en una república plutocrática* Carlos Fazio* Una confrontación entre dos bloques En el marco de una sucesión de grandes movilizaciones de masas, integradas
mayoritariamente por pueblo pobre, que cristalizaron como larvado esfuerzo
organizativo en la Convención Nacional
Democrática, bajo el liderazgo indiscutido de Andrés Manuel López Obrador,
y ante el desarrollo de otras experiencias sistémicas y antisistémicas
en todo el territorio nacional, va conformándose en México un nuevo bloque
histórico que, en la nueva fase de luchas políticas y sociales abierta
tras el fraude de Estado consumado en torno a los comicios del 2 de julio
de 2006, se perfila para disputar la hegemonía y un nuevo proyecto de
nación a la alianza de clase dominante. En el lapso comprendido entre mediados de 2003 y los comicios presidenciales de 2006 –periodo que abarca la crisis de los videoescándalos, el intento de desafuero de López Obrador, la guerra sucia informativa preelectoral y el fraude–, se trató, en rigor, de la disputa entre dos bloques con proyectos de nación no del todo antagónicos. Por un lado, el proyecto de una patria financiera conducido por una plutocracia apátrida y parasitaria, que cuenta con administradores gubernamentales y una clase política dóciles y medios masivos de propaganda (el duopolio de la televisión) a su servicio. Bloque de poder legitimado por la jerarquía conservadora de la Iglesia católica mexicana y sus grupos de choque, en alianza subordinada con círculos del poder imperial en Washington. Por otro, un proyecto de cambio reformista, de corte nacionalista moderado, con acento en lo social y de intención redistributiva, encarnado por López Obrador, en el marco de una alianza electoral pluriclasista –no exenta de contradicciones–, que nucleó a tres agrupaciones políticas progresistas con representación parlamentaria (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia), a ciudadanos sin partido, integrantes de sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas, grupos populares, sectoriales y barriales, creadores y difusores de la cultura y juventud estudiantil que vieron la posibilidad de acceder al gobierno por las vías legales, democráticas y pacíficas. Sin embargo, tras la sostenida ofensiva de la alianza del gran capital, el foxismo y la tecnocracia priista, que en la fase poselectoral lograron imponer por la fuerza a Felipe Calderón, con la intención de garantizar la implementación de la segunda generación de contrarreformas neoliberales afines al Consenso de Washington (en particular, la privatización de los hidrocarburos, la industria eléctrica y el agua, y la contrarreforma fiscal) y darle continuidad a las políticas hambreadoras del último cuarto de siglo, se ha producido una aguda polarización clasista. En ese contexto, en el marco de una resistencia civil pacífica, que ha protagonizado en distintos escenarios del país una serie de movilizaciones populares en ascenso, de signo radical y anticapitalista algunas, el bloque dominante podría verse tentado a utilizar el recurso desesperado de la fuerza. De concretarse tal situación, dicha confrontación entre bloques podría adquirir, a corto o mediano plazo, carácter antagónico. Tras el nuevo fraude de Estado quedó al desnudo un orden jurídico-electoral ramplón, de opereta, más propio de una república bananera que de un país que cuenta en su haber con uno de los grandes procesos revolucionarios del siglo XX. A su vez, la campaña para imponer a la brava al representante de los poderes fácticos, la derecha vernácula y el imperialismo estadunidense, agudizó la autodeslegitimación del sistema presidencialista mexicano con sus caducas instituciones clasistas. ¿Hacia un Estado de excepción? México vive una nueva etapa. La administración espuria de Felipe Calderón marcha hacia la conformación de un Estado mafioso servil-autoritario de nuevo tipo. Un nuevo Estado controlado por una plutocracia y apoyado en una violencia reguladora estatal-criminal, para la aplicación de un modelo que podríamos definir como una suerte de colonialismo interno o una guerra de conquista y ocupación del territorio nacional y sus recursos geoestratégicos. En el marco de una crisis generalizada, asistimos a la construcción de un nuevo modelo de Estado dependiente, más subordinado a Estados Unidos; una suerte de Estado bantustanizado, donde las Fuerzas Armadas y las agencias de seguridad del Estado juegan un renovado papel al servicio de la clase dominante. Un nuevo modelo asentado en las economías criminal, informal y formal, en interacción permanente, que echa mano de la violencia reguladora y adopta la forma contrainsurgente en la represión de los movimientos sociales, con el aval de los poderes fácticos y el capital financiero, articulados en la coyuntura con una lógica de Estado. La tácita equiparación de quienes encarnan la protesta social como presuntos terroristas y/o subversivos, que como política de Estado, arranca en 1999 con la represión y criminalización de los estudiantes huelguistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, plasmada ahora en las contrarreformas al Código Penal y que se manifiesta en la forma como un castigo vengativo y ejemplar, paralizador, propio del terrorismo de Estado –como el aplicado a los presos políticos de Atenco, Oaxaca y Mérida, y en la coyuntura contra civiles en Michoacán y Sinaloa–, anuncian la disposición del ejecutivo federal y ejecutivos estatales de distinto signo partidario, de transitar hacia un nuevo régimen de excepción que, en su lucha contra la disidencia política y social y los insumisos, recupera aspectos de la contrainsurgencia clásica y la guerra de baja intensidad de tipo antisubversiva. Sobre el liderazgo y la resistencia civil En medio de una profunda crisis estructural que abarca a las instituciones, al sistema político mexicano y al actual modelo de dominación, el país parece aproximarse a un punto de quiebre histórico. México está hoy dividido y polarizado. La opinión pública está enterada de todas las circunstancias que rodearon el proceso electoral en sus tres fases: las campañas políticas de los candidatos, el día de los comicios y la etapa poselectoral. A la abierta intervención del presidente de la República, Vicente Fox, en favor del candidato de la derecha, se sumaron la campaña de terror y guerra psicológica financiada por el gran capital y desatada sobre la población por los medios masivos de difusión bajo control monopólico y oligopólico, en lo que se inscribe no sólo la guerra sucia mediática, instrumentada a través de spots publicitarios y mensajes de miedo y de odio clasistas, sino también la instrumentación, con los mismos fines, de acciones de tipo contrainsurgente violentas en la siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, San Salvador Atenco y Oaxaca, todas en 2006. Como quedó demostrado, el propio acto electoral del 2 de julio de 2006 abundó en graves irregularidades. Con posterioridad, la irresponsable actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al convalidar el fraude; la actitud del espurio Calderón al dividir a los mexicanos en “pacíficos” y “violentos” y recostarse en las fuerzas armadas y los organismos de seguridad del Estado para asumir el cargo e intentar gobernar, con el visto bueno de los poderes fácticos y sus grupos de fachada, y los arreglos cupulares en el Congreso entre las mafias parlamentarias del PRI y del PAN, dejan en evidencia una vez más que la plutocracia gobernante no está dispuesta a ceder por las buenas los resortes del poder. El hecho de que la Coalición Por el Bien de Todos se haya convertido en la segunda fuerza política del país, siga gobernando la capital de la república, varios estados y haya logrado refrendar victorias a escala municipal, adquiere en este momento una importancia fundamental. Un sector del pueblo consciente encontró en la coalición y en su candidato López Obrador la posibilidad de un cambio real por la vía pacífica, lo que infundió temor a la plutocracia y al imperialismo estadunidense. El avance logrado por la coalición acrecentó la crisis del sistema político tradicional, representado por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional y, con ello, acelerará el proceso de la crisis política definitiva del viejo sistema de dominación vigente. No obstante, la coalición –al igual que La Otra Campaña, impulsada por el EZLN, y experiencias como la que viene desarrollando la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca–, no ha podido ganar hasta ahora a sectores de indecisos o vacilantes de la población, todavía proclives a votar por los dos partidos conservadores, es decir, existen grandes masas populares que aún no tienen plena conciencia de las causas de sus propios males y de las calamidades nacionales, así como de las soluciones radicales que esos males y calamidades exigen. De allí que, de consolidarse el nuevo régimen autoritario de Felipe Calderón, significará la continuidad y acentuación de la nefasta política antinacional y antipopular de los últimos cuatro gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. En ese contexto, la formación de un combativo movimiento de resistencia civil pacífica de carácter horizontal y asambleario, producto de un largo proceso de acumulación de fuerzas, que en la última fase se nutre de la redes de solidaridad creadas por miles de mexicanos tras los sismos de 1985, la irrupción del movimiento cardenista en la coyuntura preelectoral de 1988, la insurrección campesina-indígena liderada por el EZLN en 1994, que dio paso a una singular experiencia autonómica de signo anticapitalista, a lo que se suman la rebelión de los ejidatarios de Atenco y la expresión de poder dual protagonizada en la actualidad por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, refrendaron el liderazgo y el poder de convocatoria de López Obrador y dieron pie al nacimiento de una amplia coalición antioligárquica. Hacia un frente grande Estamos convencidos de que la construcción de una sociedad justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con ese sistema es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de conquista de la efectiva independencia de la nación. Pensamos que ninguna fuerza política aislada será capaz de abrir una alternativa cierta de poder al pueblo organizado. México cuenta con una amplia experiencia de luchas políticas y sociales que se manifiesta, en la etapa, por un nuevo proceso de acumulación de fuerzas que refleja un avance a nivel cualitativo y cuantitativo. Para combatir a la imposición autoritaria y lo que ya apunta como un proceso larvado de fascistización del régimen, se necesitará una acción concertada, enérgica y audaz de todas las fuerzas de izquierda, progresistas, nacionalistas y populares. Si frente a la consolidación de las derechas hoy en el poder, no se construye la coalición de las fuerzas progresistas y revolucionarias sobre la base de un programa mínimo común y de una táctica solidaria, es posible que nos encaminemos hacia un régimen de dominación violento de nuevo tipo, que, en el marco de leyes de excepción y una mayor militarización del Estado, pueda perdurar un largo tiempo. Por eso, en la actual coyuntura y como resultado de un proceso gradual, creemos necesario el lanzamiento de un gran frente patriótico que exprese la posibilidad de concretar un nuevo acuerdo político unitario entre todas las fuerzas populares auténticamente nacionales, para agotar las vías legales, democráticas y pacíficas, con el fin de que el pueblo organizado, mediante la combinación y coordinación de diversas formas de lucha, la acción política permanente en todos los campos (no sólo el electoral y el parlamentario) y a través de la movilización de masas pueda realizar las grandes transformaciones que el país requiere. No se parte de cero. En el plano de la política legal, la creación y funcionamiento del Frente Amplio Progresista (FAP), así como las actividades de la Convención Nacional Democrática y la instauración de un gobierno progresista paralelo como el que ha venido impulsando López Obrador –que debía operar con un gabinete-sombra a la manera de un doble poder que desafíe a los administradores del poder de la plutocracia–, son, a mi juicio, el primer embrión de un frente más grande por conformar. Por otra parte, en la actual etapa, ni el FAP, ni la CND ni las redes del llamado gobierno legítimo han logrado trascender de acuerdo con las expectativas populares generadas. Pensamos que para que los partidos del FAP y el gobierno-sombra incidan en la realidad concreta con mayor eficacia, hay que dotar a la Convención Nacional Democrática de mayores niveles de organización, es decir, la lucha política electoral y parlamentaria debe estar apoyada con la movilización en las calles, y no puede estar disociada de las demandas reivindicativas de la gente. Por eso, en la perspectiva de mediano plazo, preparar la transición hacia un gobierno de izquierda o centro-izquierda significa desarrollar la organización de masas en la que ese gobierno se tendrá que apoyar. En ese sentido, como se apuntaba arriba, la acumulación de fuerzas populares indica que se ha ganado a vastos sectores de la población, pero que eso no fue suficiente todavía para ganar de manera contundente al candidato de la derecha. Debido a ello, de cara a un futuro cercano de signo incierto, pero que ya asoma su rostro conservador y violento, resulta necesario abocarse a una paciente e incesante labor de concientización, para ir transformando a cada habitante del país en un ciudadano informado y sensible a las propuestas de cambio. Se trata de que el pueblo tenga una visión lúcida de las circunstancias por las que atraviesa, que sepa valorar el significado histórico de su lucha, de alertar a los desinformados, de convencer a los indecisos, de transformar a cada simpatizante en un combatiente aguerrido, porque sólo un pueblo consciente y decidido puede ser un pueblo victorioso. Se trata, también, y fundamentalmente, de desarrollar y hacer crecer las organizaciones y el protagonismo colectivo, en el entendido de que un gobierno de la resistencia civil tendrá que aprovechar su gestión para ayudar a construir el nuevo sujeto social colectivo, combatiendo todo tipo de práctica sectaria, burocrática, corporativa y corrupta en su seno, incluido todo tipo de liderazgo vertical y unipersonal. No puede haber gobierno popular, de verdad ni ser partido de izquierda si no se estructura el apoyo desde abajo. Si no se apoya en la gente y le da a la gente la posibilidad de hacer efectivo ese apoyo. En ese sentido, pensamos que hay que hacer de la Convención Nacional Democrática uno de los principales instrumentos en la conformación de un bloque popular. A partir de lo anterior, con base en esos referentes que hemos mencionado y otros agrupamientos surgidos en los últimos años en todo el territorio nacional –como el llamado Diálogo Nacional, que agrupa a un amplio espectro de fuerzas sociales y políticas, y la APPO a nivel local–, creemos necesario priorizar la unidad de acción entre el movimiento de resistencia civil lopezobradorista, las bases del Partido de la Revolución Democrática y los partidos del FAP y de la CND con las organizaciones sociales, en la perspectiva estratégica de conformar el gran bloque popular que, como expresión amplia de la voluntad de las organizaciones sociales, políticas, civiles, ciudadanas y de individuos que se organicen para enfrentar la estrategia represiva del calderonismo y sus aliados, lleve, a su vez, a la construcción de un gran frente patriótico en el que cada uno de sus integrantes deberá mantener su identidad. El comité de base como herramienta popular Dicho frente, que, repito, a mi juicio deberá ser más amplio que el que agrupa a los partidos parlamentarios que integran la Coalición por el Bien de Todos, deberá incluir además movimientos no partidistas organizados y, a nivel de militancia de base, deberá ser estructurado por núcleos de opinión inorgánicos (comités de base de la resistencia o comités cívicos del frente patriótico) que acatarán la estrategia y disciplina comunes, pero que se mantendrán al margen de toda filiación sectorial. No obstante la confluencia desde fuentes tan diversas, para una acción política efectiva el FP deberá contar con un alto nivel de coherencia ideológica y una militancia unitaria, pero no una unidad muerta, de fachada, silenciosa. El frente necesita una unidad crítica, leal. Una crítica que apunte a fortificar el despliegue del FP en el pueblo. Una tarea clave de la etapa es acercar al frente a sectores del pueblo que nunca han participado en la acción política organizada o que han estado inscritos en grupos corporativos y/o clientelares. Se trataría de invitarlos a incursionar en una nueva forma de participación popular, en una nueva forma de hacer política sin ningún vínculo de subordinación o dependencia partidaria, tutela ni imposición, como tampoco prestación y aceptación de favores, servicios o ayudas. Las razones del ingreso al frente debe ser resultado de un proceso de toma de posición política. De concientización política. Lo anterior, supone una definición ideológica, pero también una actitud moral. En su organización y militancia, pensamos que el frente debe ser una gran escuela que ayude al ciudadano común a convertirse en un agente del proceso integral de cambio que transformará al país. El comité de base será el instrumento clave para la consumación de esa tarea de docencia cívica. El comité habrá de ser el lugar natural de encuentro y unidad de las masas populares para la acción política. La presencia del pueblo en el comité, entendido como centro de educación política y adoctrinamiento, habrá de constituir la vía más directa para el encauzamiento de la acción de resistencia al autoritarismo. En otro sentido, el comité de base reflejará una real democratización de la vida política del frente progresista. Será un lugar de participación política activa, creadora; un instrumento permanente de lucha. A partir de lo anterior, creemos que los organismos de base del frente patriótico (comités de base o cívicos del FP) deberían constituirse a nivel nacional por la reunión de los adherentes al mismo de un determinado lugar. Planteamos que haya dos clases de comités: de nucleamiento territorial y de nucleamiento por centro de actividad (centro de trabajo, estudios, barrial, etcétera). Los comités cívicos o de base deberán estructurarse con eje en tres tareas centrales: organización, finanzas y propaganda. El comité de base, puede ser una herramienta clave en la perspectiva de otra forma de hacer política, pero lo fundamental es que López Obrador, otros referentes históricos del PRD y sus aliados sumen fuerzas en la actual etapa, identifiquen al enemigo principal y vayan conformando una alianza estratégica antioligárquica y antimperialista que, de la mano de otro proyecto de nación, sirvan de base para la refundación de México. * Ponencia presentada en el foro “Situación nacional y tareas de la izquierda”, el 8 de agosto de 2007 en la Ciudad de México. ** Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Es colaborador del diario mexicano La Jornada. |