Restauración del poder electoral y soberanía popular

Carlos César Cárdenas Márquez*

Los acontecimientos de los últimos tiempos en materia electoral –la elección presidencial del 2 de julio, la resolución Hank Rohn y la renuncia de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros– marcan y definen los intereses de los partidos, evidenciando la importancia capital de sostener una influencia permanente y decisiva en los organismos electorales que éstos, en las corrientes de las presiones, vanamente pretenden sostenerse en los conceptos de autonomía e independencia, a sabiendas de que, por razón misma de la estructuración normativa que los designó, de origen traían la carga de un conflicto de intereses.

Independientemente de la actuación de los consejeros del Instituto Federal Electoral en las elecciones presidenciales pasadas, es evidente que el escenario que se les presentó era el más difícil y cuestionado que podía darse: un estrechísimo margen en la votación, 0.56 por ciento, un líder carismático de la oposición que inyectó a la mayoría de los mexicanos la esperanza del cambio y un candidato del partido gobernante con escasa presencia e imagen en el horizonte político nacional. Lo anterior, repito, independientemente de la actuación de los señores consejeros, conllevaba una responsabilidad política que se concretó en la falta de credibilidad en el organismo base del sistema electoral mexicano, que está obligado, necesariamente, a actuar con esmero, pulcritud y cuidado, y que no puede soslayar la responsabilidad que implica el manejo de circunstancias que, si bien, pueden ser ajenos a ellas, no es menos cierto que eventualmente, como es el caso, les afecte directamente. Entendemos, por otra parte, que los errores humanos en un escenario de tal naturaleza se magnifican, sin embargo, eso no los deslinda en ningún momento de la responsabilidad política a que se hacen acreedores los consejeros desde que asumen el cargo. Es lo que en materia civil se llama responsabilidad objetiva.

Es obvio que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuyó a este escenario al rechazar el conteo integral de los votos y emitir una resolución en la que consideraba graves las intervenciones de diversos agentes en el proceso electoral presidencial, pero sin considerarlos trascendentes al sentido final del fallo. Esto y lo anterior fueron abonando al actual estado de cosas que se debaten en el Congreso de la Unión.

Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un asunto de primordial importancia, no sólo en la materia electoral, sino como eje de la participación política nacional, resuelve en favor de Carlos Hank Rohn, en su pretensión de ser elegible como candidato para la gubernatura del estado de Baja California. En lo particular, pienso que esa resolución estuvo apegada a derecho, tanto en su aplicación normativa como en la interpretación jurídica; el problema para el tribunal es que en casos recientes y anteriores no había aplicado el mismo criterio, por lo cual, de entrada y en el primer asunto realmente relevante, se evidenció una falta absoluta de congruencia. Si el criterio que utilizó –Constitución y tratados internacionales– los hubiera aplicado en los casos similares, otra sería la imagen de ese tribunal. Aunado a lo antes dicho, viene la renuncia a la Presidencia del Tribunal en cuestión, del magistrado en funciones, aduciendo problemas de salud, que no deben de ser o haber sido tan graves que no le permitan seguir actuando como magistrado del organismo electoral. Hay la presunción de malos manejos en la compra de algunos edificios. Las auditorias prosiguen su labor y se empatan en los debates de las cámaras donde se pide también la remoción de los actuales magistrados electorales. Los representantes populares de todos los partidos lidian con los apetitos personales, los intereses de grupo y con el interés general de la nación, creando un toma y daca político, donde parece que los intereses de la comunidad quedan de lado para privilegiar las cuestiones coyunturales e inmediatas, donde los posicionamientos, como en la bolsa de valores, cambian conforme a indicadores particulares o de grupo. En una visión de conjunto, parece que los propios parlamentarios son trascendidos y obligados a no actuar conforme a una auténtica reforma de Estado, sino a poner toda su potencialidad en temas menores en cuanto a cuestiones electorales se trata.

Entendemos la crisis permanente del sistema representativo, pero consideramos que un esfuerzo extraordinario debe acompañarse para rescatar la soberanía nacional y dictar las medidas que faciliten y hagan posible la restauración del poder electoral en el país, creando las condiciones necesarias para que la credibilidad, en materia de elecciones, repunte con nuevo vigor y energía.

El alto abstencionismo no es mera casualidad, sino que responde a cierto enfado e incredulidad de los ciudadanos hacia las instituciones electorales.

En el fondo del movimiento que se da en el Congreso subyace la idea de un semiparlamentarismo, que se resuelve mediante la creación de un jefe de gobierno y el lógico acotamiento de las facultades presidenciales como jefe de Estado. En este sentido, podemos visualizar la ceremonia de entrega del ejecutivo federal de su primer informe de gobierno y la lectura del mismo en Palacio Nacional cubierto de ropajes crepusculares.

* Abogado.