Situación de las izquierdas en México

Manuel Canto Chac*

Decir que estos son momentos de grandes redefiniciones en la política mexicana corre el riesgo de ser un lugar común; evitarlo requiere de creatividad, implica un enorme desafío y una enorme responsabilidad, por eso agradezco ser invitado, una vez más, por Nueva Izquierda para compartir mis reflexiones. Como siempre, corresponderé a este honor con la sinceridad de mis expresiones.

Si de alguna manera se pudiera resumir la situación actual de la política mexicana sería constatando que en lo que va del siglo XXI los gobernantes han desperdiciado las oportunidades de adecuar el régimen político a las exigencias de la nueva época: no han realizado las reformas que se requieren para dotar de legitimidad a las instituciones ni a los procesos de selección de los gobernantes; por el contrario, han partidizado su actuación y elitizado las decisiones de gobierno, al grado de tener el proceso electoral más inequitativo de los últimos decenios y las políticas más excluyentes desde el porfiriato. Es urgente, si queremos mantener la presencia de México en el cambiante contexto internacional, hacer las adecuaciones necesarias al régimen político con el fin que produzca políticas más eficaces e incluyentes. En todas las democracias consolidadas la estabilidad política sólo se ha alcanzado por el crecimiento y la inclusión, como respuesta a la diversificación de los grupos sociales y de sus formas de representación. ¿Cómo lograr la articulación de fuerzas que permita revertir las tendencias hacia la exclusión y el estancamiento económico y político al que han conducido las políticas públicas de los últimos 23 años? ¿Con qué contenidos concretos impulsar un nuevo pacto social que permita sustituir eficiente y legítimamente el actual modelo ya obsoleto?

Estos son los principales retos para la izquierda, asumirlos implica escapar de los falsos dilemas a los que la derecha la pretende conducir, entre una izquierda moderada o una que pone énfasis en los cambios; entre una izquierda dialogante con el gobierno y otra que se le confronta o entre una izquierda que tiene que decidir entre la aceptación por parte de los sectores medios y altos o la defensa de las mayorías. Dilemas, habrá que decir a los que ciertamente la derecha nos quiere conducir y a la que contribuyen algunos liderazgos de la propia izquierda.

Intentando resolver estos falsos dilemas, hay que hacer, a la vez, diversas cosas que se presentan como contrapuestas: moderación y reformas, diálogo y confrontación, aceptación amplia con defensa de intereses mayoritarios, son necesarias no sólo para mantener la unidad del bloque de fuerzas que podría cambiar las actuales tendencias, sino para recuperar legitimidad frente a la sociedad. Reflexionarlo implica abordar tres aspectos: 1) la identidad de la propia izquierda, 2) su participación en las políticas públicas y 3) los pactos que es necesario construir.

1. Sobre la identidad

Ya desde el siglo pasado se señalaba que la diferencia entre el acierto y el error en la política está en un adecuado diagnóstico sobre el Estado; intentar no equivocamos implica tener una visión adecuada sobre el Estado y el gobierno en México, el cual en la actualidad requiere:

i) Una profunda redefinición, teniendo en cuenta que el eje fundamental de su estabilidad: el presidencialismo y el partido dominante ya no son ni deseables ni posibles; urge, entonces, establecer los mecanismos adecuados de relación entre poderes y órdenes de gobierno, así como de equilibrios entre las fuerzas políticas que aspiran a ocuparlos.

ii) También, se requiere tener en cuenta que los Estados contemporáneos están en un proceso de readecuación, no sólo de sus estructuras gubernamentales, sino de su relación con la sociedad; el gobierno (incluyendo sus tres poderes) no puede más aspirar a ser el centro decisorio, sino que las decisiones las comparte con diversos actores sociales y políticos; no en balde los desarrollos recientes de la administración pública hablan del gobierno en red. Por tanto, ya no caben las ideas estatistas que inspiraron a la socialdemocracia europea, que a cada nuevo problema tenían un misma respuesta: una nueva agencia de gobierno.

iii) Renovar el pensamiento de la izquierda nos obliga a retomar las experiencias latinoamericanas, las que han sido tematizadas por David Held en el marco de la democracia participativa, planteándola como el principal desafío actual a la derecha, refugiada en los formalismos y en la abstención de las responsabilidades públicas de los gobiernos. Se trata de experiencias que ponen en el centro la participación de la ciudadanía, adecuando para ello las instituciones y diseñando mecanismos que la hacen concreta, que implican la reapropiación eficaz del Estado por la sociedad y no sólo por las nuevas burocracias. Los niveles de concretización alcanzados por la participación ciudadana en las políticas públicas nos explican el refrendo de Lula en Brasil a pesar de los escasos resultados en las reformas socieconómicas; y no es que la participación sea un sustituto de las reformas, sino que sienta las condiciones y los consensos para lograrlas en el mediano y largo plazos.

No pretendo contraponer posiciones que sé que son reales dentro del PRD; relativizando la identificación entre izquierda viable, moderada y racional con la expresión socialdemocracia, pretendo contribuir a la superación de ese falso dilema y abonar a la racionalidad contemporánea, que hoy pasa más por la sociedad que por el Estado.

2. La política y las políticas

Nadie puede negar que un objetivo fundamental para un partido político sea lograr triunfos en los procesos electorales, pero nadie podría afirmar que eso es suficiente para un partido que pretenda ser más que una agencia de colocación de funcionarios; que, por lo contrario, pretenda convertirse en una opción real de gobierno inspirado en un programa construido junto con la sociedad requiere que el partido moderno de izquierda otorgue la misma importancia a las estrategias para conseguir votos y a las estrategias para tener una buena capacidad de influencia en las políticas públicas, esté en el gobierno o en la oposición. Aquí es donde puede superarse el falso dilema entre dialogar o confrontarse.

iii) Si el gobierno y, particularmente, el ejecutivo ya no son los únicos decisores, como ocurre en las democracias consolidadas, las políticas ya no son ni pueden ser acciones sólo del gobierno; son públicas, precisamente porque el público interviene, porque se realizan con la concurrencia de los poderes –evidentemente diferenciales– de gobierno, organizaciones políticas y organizaciones de la sociedad.

iv) Es por ello que los acuerdos en torno de las políticas públicas se convierten en el mejor espacio para construir las alianzas entre organizaciones partidarias y organizaciones sociales de izquierda rebasando, así, las viejas formas de intercambio político entre votos por candidaturas o entre favores administrativos por fidelidades partidarias del tipo de las que establecían los partidos socialdemócratas con las cúpulas corporativas, que son corporativas no por organizar a grupos sociales, sino por pretender el monopolio de la representación. Hoy se requiere tener en cuenta la diversificación de la sociedad y de sus formas de organización; se requiere pasar del intercambio político vergonzante a la construcción pública de acuerdos sobre las políticas, a partir de visiones programáticas. El convenio suscrito entre el Frente Amplio Progresista y el Espacio Tripartito de organizaciones sindicales, campesinas y civiles es muestra clara que se puede pasar del discurso a la acción.

v) Construir acuerdos sobre las políticas públicas con las diversas formas de organización de la sociedad reclama un cambio de la visión que los partidos socialdemócratas tenían y tienen acerca de la relación con las organizaciones sociales: el partido era el receptáculo de sus votos porque tutelaba sus intereses. El reto es hoy pasar de una relación tutelar a una relación contractual, en la que se realizan acciones concurrentes en función de acuerdos programáticos, en un plano de igualdad y con legitimidad social, la que sólo puede alcanzarse si las demandas se sustentan en derechos, no necesariamente en leyes, sino en los derechos humanos integrales, de esta manera los acuerdos serán sobre las estrategias y los mecanismos concretos para hacerlos garantizables, exigibles e incluso justiciables, en las circunstancias concretas del país, superando con ello las malintencionadas expresiones que descalifican toda reivindicación social con la acusación de populismo.

Llama la atención, por lo señalado en este punto, que en la iniciativa aprobada por el Senado para tal reforma del Estado, con el apoyo de los grupos parlamentarios del FAP, no se haga mención alguna a los derechos humanos ni a la democracia participativa; sería de esperarse que en este aspecto se aprovechara la oportunidad para avanzar en algo que no es accesorio, sino fundamental tanto para la democracia como para la construcción de la legitimidad de la izquierda.

3. Pactos políticos y estructuras partidarias

Tal vez, la pregunta central en este aspecto sea como pasar de la estrategia y organización electoral a la estrategia y organización poselectorales. Ningún partido puede tener una práctica política eficiente si supone que permanentemente está en campaña electoral. Ningún partido puede pensar que con su sola fuerza sería capaz de construir las reformas sociales que ofrecía a su electorado ni podría sólo ofrecerle que “en la próxima vez podrá ser”.

Se requiere, entonces, acordar los contenidos concretos que podrá tener un nuevo pacto social y los actores concretos con los que se podrá construir.

1) Con el Poder Ejecutivo, ¿qué acuerdos podrían construirse?

a) Sin duda alguna, en el campo de lo económico, más allá de enunciados generales, será difícil avanzar en las condiciones actuales, cuando el ejecutivo se encuentra atrapado en la ineficiencia de su ortodoxia de mercado, en construir acuerdos específicos. Esta visión pesimista en esta materia no niega, sino por lo contrario alienta, a realizar formulaciones concretas de política económica, con el fin de legitimarlas frente a la opinión pública, lo que contribuiría a su factibilidad cuando el ejecutivo se decida a echar la mirada más allá de las ruinas de su casa neoliberal.

b) En el aspecto político es en el que, en la búsqueda de construir la gobernanza –con lo que esta categoría implica– podrían alcanzarse acuerdos que fueran materia de pacto con el ejecutivo.

c) Tampoco podrían descartarse opciones de acuerdo sobre la política social, la que ya no podemos seguir viendo únicamente como reflejo de la política económica; podrían pensarse pactos para comenzar a modificar el actual, internacionalmente criticado, enfoque asistencialista individualizante, definiendo otros que fortalezcan la capacidad productiva y organizativa de los diversos sectores sociales, y que terminen con el mito de que la política social es sólo para los pobres; por el contrario, que la afirme como instrumento público para la articulación social y para la construcción de la equidad y que, de paso, convenza a la propia izquierda de que el objetivo no es más recursos para hacer lo mismo, sino más recursos para desatar procesos nuevos.

2) Pactos con distintas fuerzas políticas, no sólo para procesos electorales, sino para el impulso de las reformas necesarias, producto de acuerdos que deberán tener un carácter diferencial, dependiendo de las orientaciones y preferencias de los diversos actores políticos, con los que podrían construirse acuerdos sobre reformas socieconómicas; además, no sólo en relación a los asuntos de carácter nacional, sino con los que son competencia de los distintos órdenes de gobierno.

3) Pactos con las diversas organizaciones sociales (campesinas, sindicales, civiles, comunitarias) que en su conjunto conforman la sociedad civil sobre acuerdos programáticos para el impulso común a las reformas necesarias, pero también para el seguimiento del desempeño de parlamentarios y funcionarios de la izquierda en los distintos poderes y órdenes de gobierno, con el fin de que con esta alianza pueda superarse la calidad de gobierno, así como, al mismo tiempo, construir la legitimidad de la izquierda que le permita el apoyo electoral.

4) Pactos entre las diferentes corrientes del PRD. Parece probable que en el futuro previsible se mantengan las corrientes dentro de ese partido, pero no es deseable continuar con el único mecanismo que hasta ahora ha sido eficiente para moderar su confrontación: el dominio del liderazgo unipersonal; ha habido sustitución de líderes, pero no de relación entre las corrientes. Tal vez, en las condiciones actuales, sea factible un pacto en el que las distintas corrientes definan qué es lo que tendría que cambiar según los resultados de la competencia entre ellas y que es lo que tendría que mantenerse fuera de la competencia. Entre aquellas cosas que deberían quedar más allá de las pugnas podrían estar: a) la definición de mínimos de calidad que debiera cubrir cualquier funcionario electo o designado por el PRD; b) el compromiso con reformas fundamentales (políticas, socieconómicas, la descentralización, la democracia participativa y los derechos humanos) y, c) el apego a los mecanismos internos para procesar las decisiones y el ejercicio de los liderazgos personales, reconociéndolos y acotándolos a la vez.

Una forma ineludible para construir estos acuerdos internos es, sin duda, abrirse al debate público, ventilar las ideas y los asuntos que pudieran ser asumidos como patrimonio grupal o personal. Esta es la manera como, tradicionalmente, la izquierda ha logrado superar los obstáculos y es la manera más legitima para renovarse hoy. Es un gran paso haber iniciado este debate y es para mí un honor haber sido invitado a participar, espero haber correspondido con la sinceridad de mis reflexiones.

* Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.