El PRD y el nuevo momento político del país Jesús Zambrano Grijalva* Los saldos del 2 de julio de 2006 La elección del 2 de julio de 2006 tuvo un doble significado: por un lado, se expresó el avance fundamental de la izquierda, especialmente el Partido de la Revolución Democrática, que ganó la Presidencia de la República y, por el otro, significó un auténtico retroceso en el proceso de transición a la democracia que nuestro país viene experimentando desde hace poco más de treinta años. El conjunto de acciones y operaciones institucionales y políticas que autoridades, partidos y grupos de poder económico emprendieron para evitar el triunfo electoral oficial del candidato a la presidencia de la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, constituye un gran fraude electoral del que no tenemos duda; no obstante, el aval legal que el IFE, el TEPJF y la SCJN han otorgado a Felipe Calderón Hinojosa y a su gobierno. La intervención del ex presidente Vicente Fox en el pasado proceso electoral en favor del candidato de su partido, la red de intereses económicos y políticos que se formaron en contra de la coalición y la campaña de odio que desplegó quien hoy encabeza al gobierno ilegítimo del país, evidenciaron, en toda su extensión y claridad, la conciencia de clase y la firme decisión de la derecha conservadora del país de no ceder el poder y el gobierno, aun cuando la votación popular se lo exigiera; la estrategia de la derecha reveló una democracia frágil y limitada, así como unas instituciones políticas manipulables, sin autonomía plena y en evidente crisis. En número de votos y en logros alcanzados, la elección de 2006 aporta los mejores resultados electorales y de puestos de representación popular para el PRD desde su fundación. Es preciso reafirmar, porque parece olvidarse u obviarse en algunos análisis, que aún en los resultados oficialmente reconocidos, la coalición de partidos que impulsó a López Obrador obtuvo cerca de quince millones de votos en todo el país. Este logro no es menor. Nosotros afirmamos, al igual que millones de ciudadanos, que el ganador de la elección por decisión popular fue Andrés Manuel López Obrador, a través del voto directo y secreto que, por voluntad gubernamental, fue violado y manipulado. El arribo al poder político por la vía electoral y democrática es un principio contenido en los documentos básicos y fundacionales del PRD. Es con base en él y gracias al amplio respaldo social obtenido antes y durante la campaña electoral, que la Coalición por el Bien de Todos y su candidato pueden afirmar que se ganó la elección presidencial y es, también con ese fundamento, que tenemos hoy una presidencia legítimamente constituida y en funciones. Como consecuencia del fraude electoral cometido y del amplio movimiento poselectoral generado, surgen la Convención Nacional Democrática y el Frente Amplio Progresista. La primera, volcada fundamentalmente a la organización y buen cauce de la amplia expresión social que apoyó el Proyecto Alternativo de Nación, propuesto por López Obrador y, el segundo, dedicado a llevar a la práctica dicho proyecto, así como las propuestas programáticas y legislativas contenidas en la plataforma electoral de la coalición. El PRD participa en ambas instancias de manera preponderante y juega un papel central para el éxito de sus objetivos. La nueva correlación política La situación y el momento político en nuestro país es otro después del 2 de julio pasado. La elección abrió una herida en la sociedad, una lesión a la vida democrática que no se restañará fácilmente. Estamos ante el escenario de una crisis político-institucional de enormes proporciones. Para las expresiones sociales progresistas y para el PRD, en particular, es un momento de decisión que marcará un nuevo rumbo en la construcción de una patria más justa y democrática. Estamos, sí, ante una circunstancia del país y de su vida política especialmente compleja. A la constitución del gobierno ilegitimo de Felipe Calderón se agregó un actor fundamental para la estabilidad del país: el ejército. Es con él y bajo su literal protección que comienza a andar el nuevo gobierno, el cual emprende la construcción política, social y mediática de un estado de guerra, hoy no principalmente contra las fuerzas políticas, sino pretendidamente contra las organizaciones de narcotraficantes y la delincuencia organizada. Sin embargo, siguiendo la particular experiencia del gobierno derechista del Álvaro Uribe en Colombia, es esta condición de guerra, que se refuerza con la creciente violencia con la que dirimen sus disputas las bandas de narcotraficantes y otros grupos, la que permite desplegar al gobierno una cobertura política y la apuesta a construir legitimidad mediante acciones específicas. De este modo, al ejército se le asignaron tareas contrarias a su responsabilidad constitucional y se convierte en la última frontera del Estado mexicano contra el narcotráfico y su poder de corrupción. Esta apuesta comienza a resultar costosa para las propias fuerzas castrenses y para los ciudadanos, toda vez que las tareas de vigilancia y seguridad pública cotidianas no constituyen parte de las acciones cotidianas del ejército. Civiles y militares muertos son ya una consecuencia de la decisión del gobierno para enfrentar la crítica situación de inseguridad en el país. El gran peligro es que de esta situación se pase a otra en la que las fuerzas armadas comienzan a ser usadas para contener la inconformidad y la protesta social. Por otra parte, Felipe Calderón y las fuerzas políticas más conservadoras, emprendieron una de las acciones más contundentes que sacudieron a la clase trabajadora del país, especialmente a los trabajadores al servicio del Estado. La aprobación de la nueva ley del ISSSTE se realizó con rapidez y contundencia en el Congreso de la Unión, donde la correlación de fuerzas mostró ser adversa a los partidos del Frente Amplio Progresista. Esta decisión generó un movimiento de oposición a la nueva ley por parte de diversas organizaciones sindicales, partidos políticos y otras expresiones sociales. Constituye una de las primeras acciones concretas del nuevo gobierno para el cumplimiento de su política económica neoliberal, una de las llamadas reformas estructurales indispensables, a decir de las entidades económicas mundiales. Así, al carecer de legitimidad democrática, el gobierno de Felipe Calderón busca a través de imponer el programa de los intereses económicos, poderes fácticos y el conservadurismo que representan él y su partido, mantenerse en el poder. Su gobierno representa la continuidad del predominio de una derecha que intenta imponer sus principios morales y culturales a la sociedad, violando la ley y manipulando los medios de comunicación y las instituciones nacionales. No obstante lo anterior, sería ingenuo ignorar que tales expresiones políticas encuentran respaldo y apoyo entre sectores de la sociedad. También la derecha, con todas las argucias y engaños, obtuvo 15 millones de votos que le permiten, entre otras cosas, comenzar un segundo periodo de seis años al frente del ejecutivo y tener mayoría relativa legislativa en ambas cámaras del Congreso de la Unión. La pluralidad de la sociedad mexicana tiene, al menos en política, tres grandes componentes, uno conservador, uno liberal o progresista y uno más apático y alejado de la participación ciudadana. Es, pues, necesario establecer un plan y unos objetivos que permitan, al polo progresista, constituirse en mayoría política en el mediano plazo y, en lo inmediato, evitar la consolidación de las expresiones políticas de derecha en el poder y sus consecuencias. La estrategia a seguir Para alcanzar nuestros objetivos políticos, el PRD y las fuerzas progresistas del país requieren una estrategia multilateral que considere el fortalecimiento de todos los frentes articuladores: el político partidista, el parlamentario y legislativo, el de gobierno donde lo somos, el de la organización ciudadana y de las agrupaciones sociales de todo tipo para su movilización. La coyuntura actual nos exige actuar simultáneamente en cada uno de estos frentes con un doble propósito: contener el embate de la derecha y sus aliados desnudando sus ambiciones y propósitos reales y, por el otro, emprender una ofensiva política que coloque al PRD y a las demás fuerzas políticas progresistas, a la cabeza de iniciativas de transformación real económica, social y política. Debemos poner todo el capital político acumulado, la experiencia de dieciocho años como partido político y de innumerables luchas sociales, en el rumbo de la reforma profunda que necesita el país, teniendo como espacios privilegiados el terreno parlamentario, el de nuestros gobiernos, el de la opinión pública y el de las organizaciones sociales y ciudadanas. Es necesario que el PRD lidere la propuesta y la acción política, sobre todo del Frente Amplio Progresista, que si bien no se constriñe a la conformación de un mero frente electoral, debe actuar con mayor eficiencia y eficacia en este terreno, tarea que hasta ahora resulta deficitaria. Se encuentran en puerta más de diez elecciones locales que si bien requieren distintas estrategias según las regiones del país, todas coinciden en el mismo propósito: convencer a la mayoría ciudadana y que este convencimiento se exprese en mayores votos y espacios de representación popular, constituyendo un buen trabajo legislativo y de gobierno. La actual estrategia política que despliega Andrés Manuel López Obrador a través del gobierno legítimo y la Convención Nacional Democrática, se desarrolla sin una coordinación adecuada o suficiente con el PRD. Es imprescindible romper la visión que nuestros adversarios difunden de un PRD desarticulado del movimiento lopezobradorista, así como la de presentar como violenta la lucha social y de resistencia que las organizaciones sociales aliadas realizan. Para ello conviene que sea el PRD quién conduzca una estrategia de comunicación política que muestre la unidad del movimiento, la multilateralidad de acción y la iniciativa política conjunta en cada uno de los frentes de lucha. Para el PRD, la actual coyuntura plantea una oportunidad para revitalizar el trabajo conjunto con iniciativas extrapartiarias, ya sea sindical, agrarias, universitarias, etcétera, estableciendo y aplicando una estrategia propia que responda a las dinámicas reales de éstos movimientos, donde el partido juegue un papel preponderante en la proyección, difusión y apoyo para el éxito de sus demandas, logrando, al mismo tiempo, ser soporte de acciones diversas que conlleven a la aplicación y puesta en marcha del programa político del partido. Como partido político que es, el PRD se ha propuesto acceder al poder político por la vía electoral y pacífica. Este es un planteamiento básico contenido en sus documentos fundacionales que, ahora, dada la coyuntura del país, es preciso refrendar. No deber haber espacio para la duda porque, de lo contrario, contribuiremos a esta imagen difusa que busca prendar al PRD la imagen ya antes combatida de un partido violento que no respeta las reglas democráticas. Es esa vía pacífica la que una y otra vez ha llamado Andrés Manuel desde el Zócalo en incontables ocasiones; es también la vía electoral por la que alcanzamos el triunfo no reconocido, así que no debe haber dudas al respecto. Somos un partido de izquierda actuando dentro de un sistema de partidos, en el marco de reglas cada vez más democráticas que, no obstante, resultan frágiles a los intereses mezquinos y de facción a las que la cúpula gobernante y económica someten a las instituciones. La participación electoral del PRD debe concebirse como un elemento central en la construcción de un amplio bloque de fuerzas sociales y populares. Se trata de construir una mayoría participativa, organizada y capaz de incidir en las definiciones del Estado mexicano. Una relación partido sociedad sustentada en principios democráticos de participación, transparente y honesta en cuanto los alcances, clara y explicita en cuanto a sus propósitos y objetivos. El PRD puede ser la opción política que más respaldo social alcance en tanto se presente como realidad de gobierno exitosa, parlamentariamente propositivo, responsablemente opositor y defensor de las causas sociales de las mayorías. Actualmente, el PRD, a través de sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión y en coordinación con los partidos aliados que integran el Frente Amplio Progresista, así como con organizaciones sindicales y sociales como la Unión Nacional de Trabajadores y otras más, participa en el proceso de la reforma del Estado. La participación destacada en dicho espacio constituye un frente de acción muy importante para la realización de cambios trascendentes y duraderos en el país, al que el PRD y su Congreso Nacional deben respaldar y fortalecer con la difusión masiva de sus propuestas, con el fomento del debate nacional y con el seguimiento puntual del comportamiento de los demás actores participantes. Se ha dicho antes: la correlación interna del Congreso de la Unión es desfavorable para el PRD; sin embargo, el alto costo que significó el desenlace electoral de 2006 hace imprescindible para la continuidad democrática un conjunto de reformas que resuelva el nudo político e institucional en el que hoy nos encontramos, así como también ofrecer certidumbres que se han perdido respecto de nuestro tránsito a la democracia plena. Los trabajos para la reforma del Estado deben culminar en una nueva constitucionalidad para el Siglo XXI, alimentada del impulso democrático de la sociedad, de su carácter plural e incluyente, que contribuya en la construcción de nuevas instituciones que permitan sentar las bases de un Estado auténticamente democrático. Para el PRD es indispensable que se concreten temas impostergables como la renovación del Instituto Federal Electoral y no sea éste trampolín para cargos públicos futuros; la reducción de los tiempos de campaña electoral y los altos costos que esto implica; la limitación del dinero privado en las campañas políticas y la prohibición expresa para contratar directamente espacios publicitarios en los medios de comunicación por los partidos políticos, empresas o entidades civiles. Tenemos, también, como condición básica la eliminación del secreto bancario como parte del manejo financiero de los partidos y la necesidad de sancionar severamente a quienes violen los topes de campaña o reciban aportaciones ilegales. Más allá de lo electoral, el partido presenta demandas que, en su conjunto, construyan las bases de un nuevo régimen político que acote al presidencialismo y de acceso a la sociedad a figuras de participación más directas, garantice la exigibilidad de las garantías sociales, redimensione el pacto federal, fortalezca los municipios y realice una procuración de justicia genuina, pronta y expedita. Es evidente que esta parte de la estrategia, que da una gran importancia al Congreso, evitaría el riesgo del auto aislamiento del PRD y contravendría la proyección mediática de éste como una organización contestataria, estridente, conflictiva y sin propuesta ni capacidad de llegar a acuerdos para avanzar; en suma, un partido perverso para el país y sin capacidad de generar confianza en amplios sectores de la sociedad, tal y como suelen presentarlo sus detractores con la expectativa de que se convierta en un partido electoralmente marginal. La movilización es el correlato indispensable del Congreso. Sin fuerza en las calles y plazas difícilmente tendremos eco en la cámaras, como también sería un absurdo imperdonable pensar que sólo la calle definirá el derrotero de la crisis. No hay victoria posible del movimiento si no se gana también el debate y se disputa en serio a la opinión pública, no obstante, la situación desigual y desventajosa que existe en los medios de comunicación. Tenemos que desplegar la imaginación y prepararnos para el debate con seriedad y rigor. Hay que llegar a la sociedad de mil maneras, pero hay que llegar a ella para convencerla. El terreno de batalla también es el de las ideas y para ello es necesario transmitirlas, darlas conocer y defenderlas ante el público. La estrategia que al PRD le resulta más favorable es aquella que combina todos los frentes de lucha, en la que se inscribe como actor protagonista y articulador de los esfuerzos de las distintas fuerzas progresistas que buscan hacer realidad los planteamientos contenidos en los cinco puntos del Programa Básico de la Convención Nacional Democrática, así como en los puntos del programa político del Frente Amplio Progresista. El PRD tiene múltiples formas de actuación; todas ellas deben ser analizadas, mejoradas y puestas en acción al servicio de la causa social principal de la que el partido es instrumento y se encuentra plasmada en el programa del partido: “El objetivo fundamental del PRD es la conquista de una sociedad democrática con igualdad social, en el marco de la independencia nacional y el respeto a la diversidad humana, a la equidad entre los géneros y a la naturaleza. El instrumento programático para llevar a cabo su objetivo fundamental, es la instauración en México de un Estado democrático y social de derecho”. * Coordinador Nacional de Nueva Izquierda. |