Sociedad con equidad y Estado social y democrático: responsabilidad de la izquierda

Juan José García Ochoa*

La izquierda mexicana ya no es más una opción marginal. Tras un largo trayecto de casi un siglo de lucha contra la injusticia y en favor de la democracia, esta izquierda, que muchas veces fue declarada ilegal por los gobiernos priistas, pero siempre movilizadora de sectores inconformes con el régimen, ha crecido y se ha posicionado como opción de cambio real de la sociedad. Hoy, la izquierda democrática gobierna a casi 30 millones de mujeres y hombres en varios estados y numerosos municipios, somos la segunda fuerza en ambas cámaras del Congreso de la Unión y nuestra agenda, la de la sociedad que ha sufrido mayores injusticias, es parte fundamental de la agenda nacional.

El Partido de la Revolución Democrática es ya el partido más importante de la izquierda mexicana en toda la historia de México. Somos una fuerza amplia, plural y con un enorme legado de diferentes historias y estrategias de lucha, pero que compartimos valores y objetivos comunes que podemos sintetizar en la importancia que damos a la búsqueda de la igualdad social, la equidad entre los géneros, el respeto a la naturaleza, la lucha por garantizar no sólo los derechos políticos individuales y las libertades, sino además los derechos sociales, económicos, culturales y colectivos. Todo ello en el marco de un auténtico Estado democrático y social de derecho.

Gran parte de nuestra fuerza electoral se debe que hemos demostrado que se puede gobernar bien y de manera distinta. Los gobiernos del PRD se han distinguido claramente de otros proyectos por el respeto y promoción de las libertades democráticas de los ciudadanos, la honestidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos y por el uso de los mismos de manera prioritaria para mitigar las injusticias sociales. Sólo gracias a que los ciudadanos nos han visto ofrecer resultados en nuestros gobiernos es que hemos superado la barrera del 20 por ciento en las elecciones federales, que había sido, después de 1988, nuestro techo electoral.

Las elecciones presidenciales de 2006

Durante la campaña presidencial establecimos una acertada política de alianzas que se cristalizó en la Coalición por el Bien de Todos, en la que participaron el Partido del Trabajo y Convergencia, diversas organizaciones sociales y las redes ciudadanas. Todos aportaron un esfuerzo que debemos reconocer con justicia.

El centro aglutinador de la campaña en todo el país fue el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Buena parte de la votación de la Coalición por el Bien de Todos se debió a su capacidad para sumar a las fuerzas del PRD y sus aliados, una gran cantidad de organizaciones y ciudadanos a favor de un proyecto alternativo de nación.

La conjugación de todos estos factores: un buen candidato, buenos gobiernos mostrando resultados positivos a la opinión pública, una correcta política de alianzas y un discurso moderno y realista, sustentado en los valores de la izquierda, dieron como resultado una votación altísima y, probablemente, mayoritaria.

Andrés Manuel López Obrador encabezó siempre las preferencias en la intención del voto. Ello provocó la actuación facciosa del presidente Vicente Fox y de su gobierno, la alianza ilegal entre los gobernadores priistas del norte que promovieron el voto por Calderón, la intervención ilegal en el proceso de organismos empresariales y empresas privadas, el manejo tendencioso de los grandes medios de comunicación y la brutal e ilegal campaña negra contra nuestro candidato.

Se trató de una verdadera guerra desatada por nuestros adversarios contra nosotros desde antes del desafuero y que continuó intensificándose conforme se acercaba la elección presidencial.

No bastó la campaña de mentiras y calumnias sin precedente en la historia reciente del país. El mismo día de la elección, nuestros adversarios recurrieron a una serie de prácticas que creíamos superadas para siempre.

El fraude electoral, la adulteración de votos, la violación de paquetes electorales, la actuación parcial y mal intencionada del Instituto Federal Electoral antes, durante y después de la jornada electoral y, finalmente, el fallo inapelable, pero igualmente inmoral e inaceptable del Tribunal Electoral, fueron las acciones que nos arrebataron la victoria.

No podemos dejar de reconocer que la limitación de recursos y nuestra debilidad organizacional en algunas regiones nos impidió contar con una estructura electoral suficiente y capacitada para detectar y evitar todas las acciones fraudulentas e ilegales de nuestros adversarios.

Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entregó a Felipe Calderón su nombramiento de presidente electo y, con ello, cubrió el requisito que la letra de la Constitución exige para que tome posesión como presidente de México, haciendo a un lado su obligación de eliminar toda sombra de duda sobre el resultado, revisando y recontando todos y cada uno de los paquetes electorales y de los votos para, de esa manera, otorgar plena legitimidad  al resultado y consiguiente nombramiento de quien hubiera tenido el mayor numero de sufragios certificados.

Estos hechos marcarán el destino del gobierno impuesto de esta manera. Muy poco se puede esperar de quien no tuvo límite en el uso faccioso del Estado para proteger sus privilegios. Seguramente, seguirá intentando imponer su modelo de sociedad, de economía y de gobierno. Hoy vemos como los representantes del viejo régimen antidemocrático y la derecha se han aliado en el Congreso para defenderse de la izquierda y apuntalar sus intereses. Nuestra radical convicción en la democracia, la solidaridad y una sociedad sin privilegios nos responsabiliza a oponernos a este gobierno y a todo intento de seguirle imponiendo a los mexicanos este modelo social, económico y político que promueve la desigualdad y limita los derechos económicos, políticos y sociales.

Nuestro horizonte político

Esta nueva etapa para la izquierda mexicana está plagada de nuevos obstáculos, algunos más difíciles que en otras épocas, como lo es la alianza conservadora de la derecha y del viejo régimen que nos ha dejado en minoría en ambas cámaras, la militante actuación de los monopolios de la comunicación, de la jerarquía católica y de algunos empresarios beneficiarios de este modelo en favor del bloque conservador y sus políticas. No obstante, contamos con una fuerza capaz de sortear esos y muchos obstáculos más, ya que contamos con una presencia legislativa muy importante. Gobernamos a casi 30 millones de mexicanos y el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador sigue siendo la esperanza de muchos mexicanos excluídos.

Lo primero que tenemos que reconocer es que, como solía recordarnos Willy Brandt, cada época requiere su propia respuesta. El terreno político en el que nos movemos hoy ya no es exclusivamente el de las instituciones del viejo régimen; también, hemos consolidado instituciones, leyes, liderazgos, ideas y gobiernos democráticos y progresistas. Es necesario reconocer estas diferencias para no cometer el error de descalificar a todo el sistema político y crearnos contradicciones a nosotros mismos o adversarios que no lo son.

Hoy coexisten instituciones del viejo régimen con nuevas instituciones producto de las luchas democráticas. Por un lado, existen procesos electorales regulares y hemos erradicado algunas prácticas fraudulentas, pero al mismo tiempo persisten prácticas toleradas de manipulación de la voluntad popular, así como inequidades flagrantes en las elecciones que posibilitan a las instituciones encargadas de aplicar las normas actuar con criterios facciosos, en lugar de defender la aplicación de la ley, sin que nadie se los impida o se les castigue.

Las fuerzas progresistas deben saber distinguir con claridad cuales instituciones debemos transformar y en qué consiste este proyecto transformador. Aquellas instituciones que ya han sido transformadas por nuestra propia lucha o la de otros demócratas en nuestra historia deben ser cuidadas para evitar su regresión. Aquí se encuentran todas aquellas que defienden las libertades democráticas y los derechos políticos y sociales de los ciudadanos.

En este camino para transformar radicalmente las instituciones del viejo régimen tenemos la responsabilidad de cuidar los todavía limitados espacios de poder que le hemos ganado, de manera legítima, a las fuerzas conservadoras.

Debemos estar en la discusión de la Reforma del Estado, porque no podemos acudir a otras elecciones federales con las mismas reglas que facilitaron el triunfo ilegítimo de la derecha. La enorme inconformidad ciudadana ha dado un mandato a todas las fuerzas políticas para realizar una transformación profunda de las instituciones. El objetivo fundamental del movimiento democrático es, por lo tanto, seguir influyendo en la transformación democrática para construir Estado Social, Democrático y de Derecho en nuestro país.

En este marco, el Partido de la Revolución Democrática debe entender los resolutivos de la Convención Nacional Democrática y sumarnos, como ciudadanos, a esta lucha contra la imposición de un gobierno no democrático y que defienda privilegios en vez de promover la igualdad y la solidaridad.

Debemos también apoyar la lucha que está dando Andrés Manuel López Obrador en contra del gobierno ilegítimo surgido de una imposición facciosa y en favor de un Proyecto Alternativo de Nación.

Como partido, debemos asumir una conducta generosa y plena de buena voluntad en la consolidación del Frente Amplio Progresista y reconocer la riqueza y fuerza que representa el diálogo y la unidad de las izquierdas, reconociendo nuestra pluralidad, nuestras historias distintas, pero privilegiando las coincidencias que nos permitieron caminar juntos en las elecciones federales del año pasado y en el Congreso.

El partido que necesitamos

Para apoyar los objetivos y las estrategias de la Convención Nacional Democrática, a nuestro presidente legítimo y al Frente Amplio Progresista, nuestro partido deberá hacer una profunda reflexión sobre su propia vida interna. Necesitamos una reforma radical del PRD. Llamamos a un nuevo debate en el partido para, de una vez por todas, crear una organización a la altura de las responsabilidades que la izquierda tienen con el pueblo de México.

Queremos un partido democrático, sin clientelismos ni patrimonialismos, donde la opinión de todos y cada uno de sus integrantes sea escuchada y respetada, donde el diálogo sea un mecanismo permanente de comunicación e interacción, donde se reconozca la pluralidad y se ejercite la tolerancia, donde las mayorías respeten, reconozcan e incluyan a las minorías en la toma de decisiones y la conducción del partido; en fin, un partido que funcione bajo la guía de los valores de la democracia.

Para alcanzar los objetivos programáticos y la misión del PRD. Es prioritario consolidarlo como un partido organizado, ganador de elecciones y generador de buenos gobiernos.

Tenemos que consolidarlo en todo el territorio nacional. No podemos seguir siendo un PRD fuerte sólo en el centro y sur del país, mientras en grandes regiones del norte no hemos consolidado una presencia competitiva. Debemos repensar nuestro discurso y nuestras formas de liderazgo en esa parte del país.

Queremos un partido abierto a la ciudadanía, dispuesto a incorporar nuevos liderazgos e ideas que nos enriquezcan. La izquierda no es patrimonio exclusivo de sus militantes. Nadie puede reclamar exclusividad. Si realmente queremos ser mayoría, sólo debemos solicitar a quienes se incorporan a este proyecto su decisión de compartirlo y una trayectoria personal de honestidad.

Para que en verdad nuestra organización permita el acceso de los ciudadanos al poder público, nuestras normas deben hacer compatible el derecho de los afiliados a ser postulados como candidatos, con la necesaria eficacia del partido para llevarlos al triunfo. Aseguremos el cumplimiento estricto de nuestras normas y abandonemos la estridencia en la discusión de los problemas internos.

Un partido con vocación de gobierno. Debe existir una estrecha relación entre el partido y sus gobiernos, en el marco del respeto y dentro de la legalidad para que los gobiernos cumplan con el programa y plataforma partidarios. Ello significa una mayor responsabilidad para el partido, que implica no caer en la tentación de usar el gobierno como espacio para el pago de cuotas de lealtad y respetar la ley para no utilizar recursos públicos con fines partidistas. Además, la creación de espacios para la participación de la base del partido en el debate temático, para la elaboración de nuestro programa y alternativas a las actuales políticas públicas, así como iniciativas de ley cuyo contenido beneficie, tanto en lo político como en lo económico, a la población.

Un partido que escuche a la sociedad, que sea capaz de interpretar y reconocer la manera en la que la ciudadanía, sectores, organizaciones y grupos sociales y económicos observan los problemas públicos.

Un partido moderno, que se actualice permanentemente y que aproveche las ventajas e instrumentos que pone a nuestro alcance la modernidad, incluyendo nuevas metodologías y enfoques de análisis político, económico y social, incorporando nuevas tecnologías en las tareas partidarias, como internet, que empleé novedosas estrategias de marketing político; en fin, que innove en la forma de hacer política.

Un partido que impulse la formación política de sus militantes, que forme a sus cuadros, principalmente a los jóvenes, para desempeñar con la más alta calidad técnica y apego a los principios democráticos de la izquierda su papel en la administración pública, la representación popular y la organización social.

Un partido con una intensa vida interna de discusión, debate y análisis, que le permita entender la realidad y proponer alternativas siempre fundadas en los principios históricos de nuestra organización, pero al mismo tiempo coherentes con los tiempos de permanente transformación que vivimos en México y en un mundo cada vez más interrelacionado.

Un partido transparente, que fomente una cultura de rendición de cuentas desde los órganos de dirección nacional hasta el nivel de base. Ello incluye informar periódicamente ante los órganos correspondientes de las actividades realizadas en el marco de la planeación y programación partidaria, evaluar metas y objetivos, así como informar puntualmente sobre las fuentes y destinos de los recursos del partido.

Un partido que impulse la equidad de género y la participación equitativa de las mujeres y hombres en sus órganos de dirección y de representación popular, a través de las candidaturas, como un principio de justicia social que reconoce que existen diferencias sociales entre mujeres y hombres que hacen necesario establecer políticas de equidad. Por lo tanto, propondremos durante el Congreso Nacional que todas las instancias de dirección y todas las listas de candidatos y candidatas se integren con el criterio de paridad.

Un partido joven y de jóvenes, que logre el apoyo de este sector, que abra los espacios de participación y formación política para promover el crecimiento político generacional. Un partido que incorpore la agenda política, económica, social y cultural de las nuevas generaciones.

Un partido que garantice en su interior y promueva en la sociedad la equidad y la no discriminación por ninguna causa, como género, opción  sexual, posición política, clase social, orígen etnico, entre otras.

Con base en estos principios, de cara a la reforma interna, nos pronunciamos en favor de mantener la elección universal, directa y secreta para dirigentes y candidatos, preservando la capacidad del partido para acordar métodos alternos de elección de algunos candidatos en los casos en que así lo justifique la situación política.

Sin embargo, para evitar en lo posible, que las elecciones internas sigan poniendo en crisis al partido, es necesario revisar a fondo nuestras reglas de competencia. Urge tomar medidas para acabar con las prácticas clientelares, de compra de votos e, incluso, de fraudes electorales.

No podemos permitir que nuestro sistema de elección de dirigentes y candidatos excluya a quienes tienen capacidad técnica y principios, pero no cuentan con posibilidades de  movilizar el voto clientelar. Nuestros mecanismos deben adecuarse para que generen buenos candidatos, buenos gobernantes y buenos legisladores y no sólo buenos movilizadotes de votos cautivos.

Para resolver estos problemas profundos de cultura política interna, debemos revisar nuestro sistema de justicia interno, con el fin de que los órganos jurisdiccionales sean realmente capaces de garantizar la aplicación de la norma interna sin estar sujetos a las presiones de las corrientes. También, es necesario contar con un padrón confiable de miembros que permita dar certeza a todas las fuerzas en cada uno de los aspectos de organización de la elección.

Sólo un partido con esas características podría aportar todo su enorme potencial a la consolidación del Frente Amplio Progresista; sólo un partido así podrá apoyar a nuestros gobiernos; sólo un partido así apoyará la lucha que dará estos años nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador; sólo un partido así impulsará la transformación democrática del país.

Los gobiernos de izquierda

Nuestros gobiernos, en el DF, en los estados y los municipios, han implementado en sus propios espacios las reformas que proponemos para el país y han buscado trabajar con congruencia, principios y eficacia. Los resultados, valorados y reconocidos por los ciudadanos, deben seguir dando muestra de que es posible gobernar diferente y mejor que la derecha.

Los gobiernos del PRD han logrado impulsar políticas públicas muy importantes para la vida de millones de ciudadanos. Han alcanzado avances significativos en la construcción de una nueva gobernabilidad democrática que ha colocado en el centro de la vida pública la responsabilidad del Estado con los sectores más vulnerables.

Los apoyos a grupos sociales vulnerables, el impulso a la educación pública y gratuita, los programas de salud universales, las obras de infraestructura, marcan el sello de nuestra orientación democrática y solidaria, que ha sido nuestro principal valor electoral. Los ciudadanos nos ven cómo gobernamos y nos evalúan en consecuencia.

Debemos, entonces, seguir haciendo realidad sociedades con una mejor calidad de vida para todos, es decir, más equitativas, tolerantes, seguras, más responsables con el medio ambiente, con mayor participación democrática de los ciudadanos.

Por ello, nuestros gobernantes tienen la responsabilidad de seguir desarrollando el programa de la izquierda y, a su vez, gobernar para todos los ciudadanos.

Es claro que deberán coexistir con el gobierno federal en los términos que les obliga la ley, pero deberán tener claridad en las diferencias existentes entre nuestro proyecto y el de la derecha y el conservadurismo.

Por su parte, el partido deberá confiar y apoyar la labor de nuestros gobernantes. Lo peor que nos puede pasar es que instauremos una cultura de desconfianza e incomprensión entre compañeros que ejercemos funciones distintas.

En las cámaras de los estados que gobernamos y en los ayuntamientos de los municipios privilegiaremos la unidad y construiremos espacios de discusión y debate entre gobernantes, representantes populares y dirigentes partidarios, con el fin de sacar adelante, en el ámbito local, las reformas coherentes con el proyecto alternativo de nación que proponemos y el cumplimiento de programas y compromisos de campaña.

Influir en la transformación democrática de México y en la equidad en nuestra sociedad

Es de esperarse que la derecha continúe actuando de la misma manera, intolerante, incluso violenta, que la ha caracterizado. Debemos estar preparados para que se intensifique la campaña de linchamiento en los medios de comunicación y se sucedan actos de represión contra los movimientos sociales.

Seguramente, nuestros gobiernos enfrentarán el acoso presupuestal desde el gobierno federal. En las cámaras legislativas enfrentaremos una mayoría hostil conformada por el PRI, el PAN y sus aliados, que aprobarán presupuestos que tengan la intencionalidad de afectarnos electoralmente.

Sin embargo, la unidad de la izquierda, nuestra fortaleza orgánica y el éxito de nuestros gobiernos serán bien vistos y apoyados por la ciudadanía.

Hemos avanzado mucho, como nunca antes en la historia. Es por ello que los retos son más complejos y nuestra responsabilidad es mayor. El PRD, como fue concebido en su fundación, debe seguir siendo un instrumento de la sociedad, para promover la equidad y un Estado social, democrático y de derecho. Trabajemos en estar a la altura de esta circunstancia.

* Consejero Nacional del Partido de la Revolución Democrática.