La ruta de una nueva Constitución

(primera parte)

Rubén Islas* y Daniel Prince Quezada

El punto de partida

Una posición jurídica de izquierda,o, mejor dicho, la conformación de una propuesta de reforma jurídica y constitucional desde una visión política de izquierda tiene, ante todo, que partir del paradigma de la izquierda: El cambio. La izquierda es, en esencia, revolucionaria y en tal sentido hace del cambio, de la transformación o del rompimiento de viejas reglas, su principal motivo. Una izquierda conservadora o perpetuadora del statu quo, no es izquierda, solo simulación.

El desarrollo político, social, normativo y económico del Estado nación moderno no es objeto de una sola institución, individuo o grupo, es un hecho global heterogéneo y polisistémico. Una reforma del Estado, como la que demanda México, ha de partir de la reciente experiencia política nacional, que convoca tanto a la sociedad civil como a la sociedad política a modificar y transformar tradiciones, usos, costumbres e instituciones que en el pasado le dieron sentido al régimen de partido de Estado. Por tanto, es imperativa una reforma integral (formal y material), que reincorpore al poder político a su real estatus soberano como entidad determinante de la conducción del Estado desde la construcción del orden jurídico superior, la Constitución.

El ser de toda nación, como entidad socio-jurídico-política es producto de la integración política de los sujetos y grupos sociales al orden constitucional, a partir de la inserción de sus intereses sociales, económicos, culturales, así como sus consideraciones políticas en la Carta Magna, tal como lo expresa nuestra Constitución en su artículo 39. Lo que los constitucionalistas, interpretando a Lasalle, denominan la Constitución material, la integración de los sectores en el pacto constitucional que hacen posible el cumplimiento de la Constitución formal. Sin embargo, hoy nos encontramos frente al inexistente proceso de acción comunicativa entre instituciones e individuos.

En vez de los derechos de los individuos, como dice la Constitución en su idea básica, lo que tenemos es el sistema de derechos de los partidos, “lo cual parece inocente, pero contiene en sí mismo el cesarismo de la organización”.

Con la independencia, México se integró con criollos, mestizos, clero y militares; con ello, los objetivos nacionales se plasmaron tanto en el acta constitutiva de la federación como en la Constitución de 1824. La Reforma y su antecedente, la Constitución de 1857, incluyeron las ideas liberales en el contrato social mexicano y le dieron sentido al naciente Estado de derecho, dotándolo de secularidad, liberalidad y seguridad jurídica. La Revolución Mexicana y su Constitución de 1917 hicieron posible la incorporación al pacto político y social del proletariado y el campesinado mexicanos en la institucionalización de sus derechos, en los artículos 3, 27 y 123, tal como lo refirió el diputado constituyente Alfonso Cravioto en su famoso voto particular: “Así como Francia, después de su revolución, ha tenido el alto honor de consagrar en la primera de sus cartas magnas, los inmortales derechos del hombre, así la Revolución Mexicana tendrá el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la primera en consignar en una constitución los sagrados derechos de los obreros”.

No obstante, en lo político el sistema presidencial instituido en la Constitución, se trasformó en un régimen presidencialista de partido de Estado, donde el ejecutivo, fuerte en lo normativo, incorporó, en lo político, atribuciones metaconstitucionales que desvirtuaron el correcto sentido de la democracia, la actuación de los otros poderes públicos y, sobre todo, la participación social en la vida política. Tal hecho, además de menguar la actividad de los poderes legislativo y judicial, impidió su debida incorporación a la cotidianidad política del Estado, perjudicado el interés social, al imposibilitar la formación de una sociedad civil plena; generando como consecuencia, una sociedad política precaria, inmadura e incapaz de enfrentar con responsabilidad los retos que la época y las necesidades imponen a los mexicanos.

Por ello, reformar estructuralmente al Estado, y me refiero claramente al Estado y no al gobierno, mediante una nueva cultura política que haga énfasis en la descentralización de los poderes económico, político y social, debiera ser el objetivo fundamental de la Convención Nacional Democrática y el Frente Amplio Progresista. Tal objetivo ha de traducirse en acciones culturales con trascendencia económica, política y jurídica, que perfeccionen la totalidad de la vida de la nación, para el establecimiento de una democracia auténtica, real y plena. Una verdadera acción comunicativa que permita la conducción racional del conflicto.

La arquitectura constitucional

El fortalecimiento de la vida democrática de un Estado se inicia por la transformación de sus órganos, con el fin de constituir, no un simple instrumento formal de una de sus funciones sustantivas: la gobernabilidad, sino ante todo un espacio de acción comunicativa, plural y formalizadora del pacto constitutivo de la sociedad política. Los poderes reales del Estado mexicano, requieren de un cambio de fondo en sus cometidos sociales y normativos y en el quehacer de sus actores políticos. Ha de entenderse a los poderes públicos como instituciones polivalentes, órganos del Estado dotados de una gran variedad de funciones que los determinan como instrumentos fundamentales de la soberanía popular, con amplias atribuciones para intervenir en todos los estadios del proceso político.

El punto de partida de una agenda política para la reforma del Estado, ha de ser la transformación democrática de los cometidos político-jurídicos del Estado mexicano; la redefinición de sus funciones y el acotamiento de las facultades metaconstitucionales del presidente de la república. Tal dilema obliga a un nuevo diseño de la vida institucional del país que resuelva los pendientes de la sociedad civil y la republica, una nueva arquitectura del sistema constitucional mexicano que incida en el ethos nacional.

La política es un espacio de acción de grupos, individuos y clases que luchan, intercambian y contrastan diversas formas de ejercicio del poder. En ese espacio, se puede tener más o menos poder, pero jamás se puede hegemonizarlo por completo. El error fundamental de los actuales actores de la vida política nacional, políticos, articulistas, columnistas, editorialistas, analistas y participantes de la vida social mexicana es su incomprensión del sentido del Estado de derecho. “En una sociedad como la nuestra, pero en el fondo de cualquier sociedad, relaciones de poder múltiples atraviesan, caracterizan, constituyen el cuerpo social; y estas relaciones de poder no pueden disociarse, ni funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento del discurso. No hay ejercicio de poder posible sin una cierta economía de los discursos de verdad que funcionen en y a partir de esta pareja”¹.

Dejemos claro: la razón de las sociedades modernas y el Estado no es el “bien común” (como pensaban Aristóteles y San Agustín y como postula el Partido Acción Nacional), sino la multiplicidad de contradicciones, los intereses opuestos que confluyen en la historia. Por ello, el derecho no es producto de la sana creatividad intelectual, sino el resultado de diversos procesos históricos orden político. La fuente primigenia del derecho es la política. Como realidad social, el derecho no es solamente un conjunto de normas. Se vincula con la realidad cotidiana más allá de la forma normativa y es, ante todo, un objeto cultural. En otras palabras, tanto el derecho, sea lo que éste fuere, como lo que se dice respecto del término: conjeturas, teorías, situaciones, problemáticas, problemas y argumentaciones, es un producto humano consecuencia de la multiplicidad de contradicciones que se gestan en la cotidianidad vivencial. No es posible, entonces, ocultar su naturaleza ideológica.

El cambio que ya hace buen tiempo demanda el país, no se puede circunscribir como lo entiende el panismo, en un alto acto de fe al voto y la alternancia. El cambio autentico, demanda transformar a las instituciones para que estas respondan a la nueva realidad de la sociedad mexicana; arribar a un régimen político distinto, refundar al Estado. En términos coloquiales, eso es lo que significa “mandar al diablo a las instituciones” o, dicho con singularidad filosófica, romper con el paradigma dominante.

La nueva realidad política mexicana está a la vista de todos, el viejo pacto que le dio sentido a la república está roto. Ante todo, debemos reconocer que el Estado no es neutro. Es indispensable que el régimen político tenga un claro compromiso social con los sectores más desfavorecidos, con los pobres. No hay democracia posible en la desigualdad y la injusticia. Esa es la razón por la que los votos de todos, en esta nuestra incipiente democracia, no valen igual. La enorme diferencia entre la política social del régimen y la justicia social concebida en los artículos 25 y 27 constitucionales, es su carácter como derecho social fundamental a la distribución justa de la riqueza. En eso radica también la construcción de ciudadanía, en donde los actores sociales se convierten en protagonistas del quehacer público. Los miembros de la sociedad conocen y hacen valer a plenitud sus derechos y pelean por ensancharlos, no como súbditos que reconocen el fuero del monarca sexenal o como beneficiarios de la limosna derivada de programas sexenales.

La ciudadanía mayor de edad, como la que debe constituir la Convención Nacional Democrática, el Frente Amplio Progresista y el nuevo PRD, habrá de tener claridad sobre el hecho de que la libertad no es ni un derecho natural ni una concesión, sino un derecho producto de la revolución de las conciencias. Por ello, es vital decir ante la opinión pública, que no somos súbditos que venimos a reconocer al monarca o al tirano, sino entes políticos con derecho y plena conciencia a repudiar la imposición. En esa toma conciencia, hacemos valer ese derecho universal, creado en la Francia revolucionaria y liberal de 1789, la resistencia a la opresión. El derecho que a la revolución que nos otorga el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El transito hacia la democracia, no solo pasa por la construcción de acuerdos políticos que permitan el establecimiento de nuevas reglas electorales reconocidas por todos. Esta es una condición necesaria más no suficiente para las fuerzas reales de poder en la política moderna. De ello hay ejemplos en todas partes (España, Chile, Brasil, Portugal, Costa Rica, Alemania, Francia, Japón, India, Sudáfrica, etcétera). En todos estos casos, la experiencia nos indica que los acuerdos fundamentales pasan por eliminar el paradigma político dominante del régimen autoritario que se pretende abandonar. Sin esta premisa sale sobrando cualquier discusión sobre el estado actual de la vida “institucional” mexicana.

Es un hecho que el sistema político constituido a partir de la Revolución Mexicana, ha sido un régimen semiautoritario o semidemocrático, según sea la perspectiva desde la cual se le quiera identificar. Por encima de los demás poderes de jure o de facto de la vida pública nacional, el régimen fue diseñado para otorgarle al presidente de la república, un poder hegemónico, tanto real como formal, sobre todas las instituciones de la vida pública. El sistema político mexicano concreta en la figura presidencial al determinador del destino político y social de todos cuantos vivimos en este país. Eso es la vieja república. La vieja república combina instituciones autoritarias y democráticas en un espacio temporal en el que no acaba por consolidarse un nuevo régimen y por fenecer el viejo estatu quo. En la vieja república persiste la cultura del vasallaje político, del uso de las instituciones para la eliminación del contrario, del juego sucio de los grupos de interés, del acomodo de las autoridades electorales, del tráfico de influencia jurisdiccional, del pago de plumas y opinadores, del uso del miedo y del terror para que los ciudadanos no decidan, de la formación de alianzas disimuladas, del dominio de los mercadólogos de quinta sobre los ideólogos, de la derogación de facto de los principios fundamentales de la Constitución, de la simulación institucional, del dominio del dinero sobre la voluntad popular, de la pareja presidencial y su corte, de sí el presidente intervino, pero no fue determinante (usted perdone), del predominio de los leguleyos formalistas sobre los jurisconsultos, de los coleccionistas de boletas –de las boletas como entes metafísicos– de los curas y políticos violadores y pederastas, de los narcos infiltrados en la vida política, de la impunidad para los delitos de cuello blanco, de la ficción de Estado de derecho, de los medios como administradores de justicia y del reconocimiento servil del leperaje ante su monarca sexenal.

Frente a eso, es absolutamente legítimo luchar desde el derecho a la resistencia a la opresión, por la firma de nuevo contrato social para una nueva república, que integre no sólo la voluntad de los contrarios, sino los principios de justicia, libertad, dignidad, transparencia, certeza, seguridad, tolerancia, diversidad, equidad, laicidad y democracia, real democracia, tanto a la Carta Magna como a la vida común y trascendente de todos. La democracia no sólo es una forma de manifestación pública del poder político o una forma de vida; además, se nos muestra como un espacio para la acción comunicativa, para el diálogo, para la política. La realidad social nos obliga a entender que política y democracia son un binomio, la política como actividad en donde las contradicciones construyen la realidad y la democracia donde los fines de la política se traducen en hechos relevantes para la vida del Estado y la sociedad. No hay democracia en política sin instituciones y normas que hagan efectivo el fin trascendente de ambas, la interpretación del conflicto y su conducción racional. Por ello, los actores de la vida político-democrática, esos que están insertos en la sociedad civil y en su expresión cúspide, la sociedad política, el Estado, logran su reconocimiento a partir de la legitimidad, la social y la legal. Sólo bajo estas razones la Constitución adquiere su carácter material, trasciende de lo formal y se convierte en entidad viva.

El sufragio de los ciudadanos se ha constituido en el cimiento de la génesis de una nueva era de la política y la democracia, la ruptura del paradigma, el fin de la tradición autoritaria, el principio de una nueva cultura en el ejercicio del poder. Por eso nuestra responsabilidad es mayor, dar plena vigencia a la estabilidad mediante el acuerdo en la política y en la democracia, en entender que conducir las contradicciones no es claudicar, sino reconocer los espacios legítimos de la lucha política de todos.

Una nueva realidad no puede ser conducida por viejas instituciones ni por tradiciones caducas que pertenecen al ámbito de la museografía política. Es imperativo, a partir de la fundación de una nueva cultura política, construir nuevas instituciones a la altura del tiempo que vivimos. El cambio en el país no puede circunscribirse a la alternancia, a la modificación periódica de hombres, nombres y colores. Es preciso transformar a las instituciones para que estas respondan a la nueva realidad de la sociedad mexicana; se debe arribar a un régimen político distinto, donde se reconstruya al Estado y éste pueda ejercer el control sobre los poderes fácticos (el poder financiero, industrial, comercial de las iglesias, de los sindicatos, del ejercito, de los medios masivos de comunicación, del mercado internacional). La parálisis legislativa y los magros resultados gubernamentales son producto del desfase entre una estructura política caduca y rebasada por el nuevo tiempo que vivimos y una ciudadanía que ejerce sus derechos, se organiza y participa de múltiples maneras. Si antes la decisión de una persona echaba a andar todo el engranaje, ahora que los contrapesos formales pasaron a ser reales, los comunicadores, periodistas y lideres de opinión han ganado independencia y poder, los gobernadores ejercen plenamente sus facultades, la sociedad civil y sus organizaciones se han multiplicado; es preciso construir los espacios y las dinámicas institucionales para procesar las diferencias y convertirlas en acuerdos en un marco de pluripartidismo y poder compartido.

El cambio radical de las instituciones y su andamiaje, es indispensable para el establecimiento de la emergente democracia mexicana. Ese complejo juego de balanzas tiene que partir de la convicción de que el Estado de derecho es, en cualquier circunstancia, irrenunciable y que a él deben someterse todos los poderes, incluyendo los que rebasan el ámbito estatal, como son los medios de comunicación, los sindicatos, las cámaras empresariales y las iglesias. De lo que se trata es de impedir la concentración desmedida del poder, generar mayores márgenes de participación ciudadana y establecer una relación más horizontal y democrática entre los poderes, favoreciendo el procesamiento de acuerdos, mediante la corresponsabilidad institucional y haciendo prevalecer la “visión de Estado”.

Eso significa, entre otras cosas, terminar con el régimen presidencialista, acotando las facultades que tiene hoy el presidente de la república; darle nuevas atribuciones al Congreso en la conformación y supervisión del gobierno; contar con un Poder Judicial cercano a la sociedad, austero, confiable, en el que predomine el sentido de justicia y no la corrupción; realizar reformas electorales para garantizar la equidad, evitar el dispendio y el poder del dinero frente a la voluntad popular; legislar sobre los medios masivos de comunicación para que se desenvuelvan en un sistema que los regule, que garantice el fortalecimiento del régimen democrático y que acote el gran poder que tienen, sin restringir la libertad de expresión. Propiciar mayor participación ciudadana y crear mecanismos para que se ejerza de manera directa la soberanía popular en la toma de decisiones importantes sobre temas sobresalientes de interés público; garantizar la transparencia como forma cotidiana de control social sobre la cosa pública y, generar un vigoroso federalismo sustentado en el fortalecimiento del municipio libre.

En efecto, ya no es viable el viejo presidencialismo, por ello hay que repetir: En el contexto del renovado pluralismo político es necesario que la representación popular se haga corresponsable de la buena marcha del gobierno. La legislación electoral tiene deficiencias evidentes: la consagración de la “partidocracia” que, entre otras cosas, evita el registro de candidaturas independientes, el despilfarro de recursos en las campañas electorales y la falta de obligación para que los medios de comunicación, sobretodo los masivos, traten equitativamente a los contendientes, tanto noticiosa como comercialmente. En especial, la radio y la televisión viven el auge de su poder y es una necesidad de primer orden regular democráticamente las concesiones que el Estado otorga, así como su incidencia social y los derechos de los ciudadanos ante ellos, garantizando el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Profundizar la democracia es acercar las decisiones que les incumben directamente a los ciudadanos, por lo que resulta indispensable legislar sobre nuevas formas de participación ciudadana y colectivización de las decisiones.

Una nueva democracia

La democracia participativa es un complemento necesario y valioso de la democracia representativa. En ese sentido, ya no cabe la opacidad en el ejercicio del poder público y los gobernantes, legisladores y jueces deben desenvolverse en una caja de cristal. El renovado federalismo no debe traducirse en el poder ilimitado de los gobernadores sino que, por el contrario, la distribución del poder debe ser análoga en todas las formas de gobierno. Es indispensable que el régimen político tenga un claro compromiso social con los sectores más desfavorecidos. No hay democracia posible en la desigualdad y la injusticia. Por ello, debe garantizarse, no la exigibilidad de los derechos sociales como erróneamente se ha interpretado, sino el amparo contra la omisión legal y constitucional de todas las instituciones administrativas y legislativas, en el incumplimiento de sus obligaciones frente al ejercicio de los derechos sociales. En eso radica también la construcción de ciudadanía, en donde los actores sociales se convierten en protagonistas del quehacer público y los miembros de la sociedad conocen y hacen valer a plenitud sus derechos y pelean por ensancharlos.

Es vital crear un espacio de neutralidad política para hacer coincidir a fuerzas económicas, políticas y sociales que defina la estructura del nuevo régimen. Ahí se discutirá y acordará, para luego procesarse en un Congreso Constituyente, si se establece un presidencialismo democrático, un régimen semipresidencialista o, bien, uno parlamentario. En cualquier caso, crear los mecanismos que propicien la conformación de coaliciones de gobierno y mayorías legislativas estables que den gobernabilidad, eviten el inmovilismo y garanticen estabilidad política. Un Estado social y democrático de Derecho que abone en la ampliación y garantía del ejercicio pleno de las libertades individuales y sociales, de los derechos humanos, y los compromisos económicos y sociales del Estado que beneficien a las capas más desfavorecidas. Un sistema electoral que beneficie la equidad, la participación desde la sociedad y termine con la partidocracia.

Debemos transitar a un sistema parlamentario que permita y favorezca las coaliciones legislativas; aumente las facultades de las comisiones en materia de investigación, control y dictaminación; establezca mecanismos para que las iniciativas no se congelen en las comisiones; estreche la vinculación de éstas con las distintas ramas del gobierno, dándoles facultades de planeación y evaluación del desempeño gubernamental y vinculatorias en la asignación del presupuesto; promueva la profesionalización de un servicio civil de carrera para garantizar un Poder Legislativo eficiente y capaz de dar continuidad a los trabajos legislativos. Es vital fortalecer a la Cámara de Senadores en la definición y evaluación de la política exterior y en la supervisión de los actos de los altos funcionarios de Hacienda incluido el secretario de esa área. Promover una nueva Ley de Presupuesto que garantice la participación de la Cámara de Diputados en la elaboración, vigilancia y modificación del presupuesto; y el establecimiento de reglas claras en el ejercicio del gasto público mediante un sistema riguroso de revisión de la cuenta pública.

Una sociedad realmente democrática, plural y abierta, demanda fomentar la calidad televisiva y radiofónica, garantizando diversidad, pluralidad y apertura. Debe terminarse con la indefensión jurídica y presupuestal que existe para las estaciones dependientes del gobierno federal, de las universidades o de los gobiernos estatales. La nueva república, habrá de someter a los medios masivos de comunicación al Estado de derecho. La naturaleza de la radio y la televisión es su carácter como servicio público y no como una actividad comercial sujeta al mercado. Por ello es necesario la actualización de las reglas constitucionales para los medios masivos de comunicación y una nueva Ley Federal de Radio y Televisión que democratice el ámbito de los medios mediante un marco jurídico que defina sus funciones y objetivos, impida las presiones gubernamentales, democratice, transparente y termine con la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones, y limite los excesos del enorme poder de las empresas de comunicación, garantizando el derecho de replica y la autonomía de conciencia de periodistas, comunicadores y líderes de opinión.

El Estado indispensable

Cuando el Estado se reconoce en su razón ética, en el acto de racionalidad por el que la sociedad civil se transforma en sociedad políticamente organizada (la sociedad política), el poder encuentra su razón y con ello el tránsito hacia una vida social institucionalizada. El propósito de la nueva república debe ser contribuir sustancialmente a la organización de una nueva sociedad democrática, fundada en la libertad, la igualdad, la equidad y la justicia social, para promover las potencialidades de los individuos y las colectividades. En ello, Poder Judicial debe ser factor de equilibrio en un régimen democrático de auténtica división de poderes; debe ser honorable y respetable y, por tanto, gozar de la confianza de la sociedad.

El derecho es producto de un proceso hegemónico de orden político. Como estructura social no es solamente un conjunto de normas, se vincula con la realidad cotidiana mas allá de la forma normativa, es un objeto cultural. Frente a esto, la primera tarea a la que debemos avocarnos es la de construir un conjunto de principios jurídicos innovadores, que integren un nuevo paradigma jurídico que de respuesta a tres preguntas fundamentales:

¿Cuáles son los nuevos valores sociales a los que debe apegarse un régimen jurídico de izquierda?

¿Qué fines debe contener el orden jurídico de protección de valores sociales?

¿Cuál debe ser la correspondencia material entre la nueva realidad y un nuevo sistema jurídico de carácter social?

Una nación incapaz de crecer productiva y distributivamente no puede, y así lo demuestran las estadísticas mundiales, hacerle frente a la crisis social y de crecimiento de las conductas delictivas, como las que se viven hoy en México. Grave resulta la descomposición social y de la cultura, con fuerte pérdida de valores y causante de aumento de la criminalidad e inseguridad. Como señalara Morelos, los bajos jornales o salarios motivan la criminalidad. Prueba de ello es que los encargados de diseñar el sistema penal para la supuesta rehabilitación de las personas han fracasado, pues mientras que con el incremento de la población aumentan las carencias sociales y económicas (servicios, educación, empleo, recreación y expectativas de vida, entre otras), el aumento de los mecanismos represivos (policías, cárceles, funcionarios ministeriales y funcionarios judiciales) no detiene o previene el alto nivel de conductas transgresoras de la vida social armónica. La diferencia sustancial y programática que una visión de izquierda ha de plantearse en materia de seguridad pública y justicia de la nueva república, consiste en la formulación y ejecución de una política criminal integral, que vea no solo los ámbitos represivo-policiaco, investigatorio, judicial, garantista y administrativo, sino, además, que esté firmemente vinculado, en esencia y objetivos, a los sectores programáticos (económico, político, social y cultural).

Al definir al Estado de derecho, debemos anticipar sin duda el concepto de seguridad jurídica, sin ella cualquier sistema jurídico, por pulcro que sea, pierde su sentido. Más que justicia el derecho moderno nos ha enseñado que la seguridad es la piedra de toque que conjuga el sentido democrático del orden normativo, dotar al individuo de mecanismos de defensa frente al ejercicio del poder. La razón potestativa de actuar de lo civil se opone a la sujeción del poder público a lo que la Ley determina, ahí el orden jurídico procesal es el eslabón fundamental de la cadena jurídica. El que nadie pueda ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y más aún que nadie pueda ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento, es garantía plena de superioridad del poder del derecho sobre la voluntad de quién gobierna.

* Profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México.

1 Michael Foucault.