Realidades, límites y definiciones de una política económica de izquierda

David Márquez Ayala*

En el mundo se ha corroborado que la derecha es, en efecto, como la pintan: negociante, inescrupulosa, corrupta, hipócrita, sin principios y sin patria, elitista y demagoga, guerrerista y destructora y, aun así, con plena conciencia, millones de votantes que distan mucho de pertenecer a la élite optan electoralmente por ella en México y en todo el mundo.

¿Por qué? Es lo que muchos nos preguntamos. Las razones pueden ser múltiples e incluso distintas en cada país, sistema político o grupo social. Puede argüirse que el analfabetismo político de extensas capas de la población las lleva a votar irresponsablemente por sus verdugos, que la capacidad de manipulación del poder mediático, especialmente el televisivo (cuya participación en los procesos electorales por cierto debería ser acotada) o sobre la soterrada intervención eclesiástica para inducir el voto en segmentos atrasados, pero considero que una razón fundamental, un común denominador de este fenómeno es que las llamadas izquierdas no sólo suelen adoptar las posiciones, políticas y vicios de la derecha, confundiéndose con ésta, sino que en muchos países han sido incapaces de articularse a sí mismas y de constituirse ante la sociedad como una opción distinta, coherente y confiable, inclusive.

Las sociedades son, en general, conservadoras, no teorizan ni intelectualizan, votan por lo que más entienden y lo que consideran más seguro; no suelen extender cheques en blanco ni apoyan a quienes consideran, con razón o sin ella, un riesgo de conflicto o inestabilidad. Esto fue particularmente claro en las últimas elecciones, donde la manipulación del voto del miedo por parte de la derecha tuvo efectos devastadores en la candidatura de la izquierda.

Para la derecha, en países como el nuestro, es relativamente fácil articular ante la sociedad un discurso aparentemente coherente, aunque esencialmente falso, basado en el humanismo, la moralidad, la religiosidad, el rasgar vestiduras ante la pobreza, la libertad (incluyendo la del mercado, por supuesto), la estabilidad fiscal y monetaria, así como las supuestas buenas relaciones con el capital inversionista, los países más poderosos y con Estados Unidos, en especial. Tal discurso llega a ser incluso cínicamente demagógico como es el caso de sus incumplibles promesas de empleo.

Para la izquierda, por el contrario, resulta extremadamente difícil articular su posición y su mensaje, empezando por el hecho de que no existe una izquierda homogénea, sino muchas izquierdas que, de buena fe o por así convenirles, sostienen a capa y espada posiciones, enfoques, estrategias, radicalismos y hasta fundamentalismos ideológicos tan diversos que lograr acuerdos entre ellas resulta tarea titánica. Esto sin considerar las nada discretas disputas por espacios de poder, manejo de recursos y cuotas de participación que no sólo provocan el rechazo ciudadano, sino que, en muchos casos, acaban encumbrando como gobernantes, legisladores o funcionarios a personas que resultan ser no sólo la antítesis de los principios sociales y éticos que la izquierda pregona, sino incluso una auténtica vergüenza y un descrédito político para esta corriente en su conjunto.

Si bien por su naturaleza el pensamiento de izquierda es infinitamente mas complejo y sofisticado que el de la derecha y que cada cabeza se siente obligada a tener una opinión distinta, hoy la situación nos apremia a reflexionar tanto sobre la realidad mundial –donde el capital corporativo ha impuesto su dominio y sus reglas de liberalización y globalización– como sobre las mismas derrotas políticas locales que obligan a un ejercicio de menos autocomplacencia y más autocrítica, con el fin de dar pasos firmes hacia el cambio posible dentro de una realidad de márgenes estrechos.

Derechas e izquierdas suelen converger en varios aspectos de gobierno. Su discurso en torno a la libertad, los derechos humanos, la seguridad, la consolidación del Estado de derecho, la preservación del medio ambiente y otros temas tiene en lo general visiones compartidas. De hecho, es al llegar al terreno de la economía donde los caminos se bifurcan abruptamente. La economía es el núcleo indiscutible de la disputa por el poder.

Lo anterior es particularmente definitorio en países como México, desarticulados en lo económico y polarizados en lo social, con desigualdades abismales, media población en pobreza e injusticia rampante. Nosotros no podemos darnos el lujo de una izquierda indefinida y una retórica vacua. Creo en la necesidad de evitar la estridencia discursiva que nada ayuda y mucho estorba, como también creo en los deslindes, en destacar las diferencias, en las definiciones claras, firmes y convincentes de qué se quiere lograr y cómo.

En este contexto se ubica la temática central de esta intervención ¿Cómo definir y cómo plantear ante la ciudadanía una opción de cambios posibles hacia un mejor modelo de economía social como alternativa al neoliberalismo? ¿Cómo encauzar un reordenamiento económico para el progreso social? ¿Cuáles serían los objetivos finales y las metas parciales que en el tiempo se pretenden alcanzar?

Al efecto, considero que la propuesta económica de la izquierda puede plantearse en torno a un proyecto económico para el empleo y la integración social, orientado hacia un objetivo central:

Hacer posible que en un plazo de 10 a 15 años México supere en definitiva el umbral del subdesarrollo y el atraso incorporando a toda la población al proceso económico y, con ello, a niveles mínimamente razonables de vida digna, capacidad de consumo, seguridad y bienestar.

Para alcanzar este objetivo central, la estrategia económica que se propone gira sobre tres ejes principales: crecimiento autosustentado, pleno empleo y una distribución más equitativa del ingreso.

El eje del crecimiento

La economía mexicana tiene un potencial de crecimiento anual de 8 por ciento o más; sin embargo, la tasa que aquí proponemos como referencia mínima es de 6 por ciento anual sostenida, esto es, tres veces más que el crecimiento promedio de los últimos 25 años. Con este 6 por ciento el país duplicaría en términos reales su economía actual en 12 años y la triplicaría en 19; esto es, si el PIB actual es del orden de los 9 billones de pesos, en 19 años sería de unos 27 billones, a precios actuales.

Si consideramos un crecimiento poblacional de 1.3 por ciento anual (hoy en día es del 1.0 por ciento), arraigando en el país a un número creciente de emigrantes potenciales, el PIB por habitante sería de cualquier forma más del doble en términos reales de lo que es actualmente hacia el año 16, y dos veces y media para el año 20, esto significa que dicho PIB per cápita pasaría a valor presente de los actuales 85 mil pesos al año a unos 215 mil pesos en dos decenios, y con mucho mejor distribución.

Esta meta de crecimiento anual del 6 por ciento se asume lograrla con recursos propios, públicos y privados; la inversión extranjera vendría a ser así, bajo nuevas reglas y límites, adicional para un mayor crecimiento. El crecimiento económico no es desde luego un fin en sí mismo, pero sí es un requisito indispensable para el generar el empleo necesario y sustentar el desarrollo social.

Actualmente, la economía mexicana crece insuficiente y erráticamente porque la asfixian cuatro principales puntos de estrangulamiento: la desmedida apertura externa, el creciente predominio monopolista de los grandes corporativos, la inviabilidad en aumento de las empresas y unidades productivas de menor tamaño y la disfuncionalidad del sistema bancario-crediticio. La suma de estos cuatro elementos adversos ha desplazado a cientos de miles de pequeños y medianos productores, sobre todo del campo y de la industria, que simplemente no tienen ninguna posibilidad de competir y sobrevivir en un mercado de grandes escalas, alta tecnología e importaciones subsidiadas, tanto directamente en su país de origen como indirectamente en el nuestro con un peso sobrevaluado.

Para crecer es, por lo tanto, necesario reordenar la economía, orientándola a potenciar toda la capacidad productiva del país, a crear un entorno económico favorable que dé certeza a las inversiones y viabilidad a las unidades productivas nacionales en todos los sectores y niveles. Para ello, sería necesario adoptar medidas en los siguientes campos:

1) En el mercado interno, dar prioridad a los productos nacionales bajo normas de calidad y niveles de precio que protejan también a los consumidores. Esto implica, por supuesto, una dosificación de las importaciones para que complementen la oferta sin desplazar a los bienes y servicios del país. Si esta dosificación de importaciones se logra ajustando el TLCAN y otros tratados existentes, magnífico, si no, habrá que firmar nuevos tratados. Todos los países industrializados protegen a sus productores y nosotros con mayor razón debemos hacer lo mismo. En lo interno implica, además, evitar el desplazamiento de los productores de menor tamaño, reconstruir las cadenas productivas y crear nuevos y eficientes canales de comercialización.

2) Tanto el fomento del ahorro interno como su conversión en inversión productiva encontrarán el cauce debido con la reordenación económica, y esto favorecerá su crecimiento, pues deben acercarse a los niveles internacionales de un 30-35 por ciento del PIB, esto es, cuando menos un 50 por ciento más de los niveles actuales. Una alta tasa de inversión es imprescindible para lograr el crecimiento sostenido de la economía.

En este sentido, un manejo eficiente del sistema tributario, reforzado con adecuaciones para hacerlo más equitativo, evitar la elusión y frenar la evasión, deberán asegurar que el fisco duplique sus recursos actuales hasta un 30-35 por ciento del PIB, para de ello canalizar una tercera parte cuando menos a inversión productiva, sobre todo en energía, infraestructura agrícola, vías de comunicación, agua, saneamiento, recuperación ecológica y fomento económico, utilizando el 20 por ciento del PIB restante al cumplimiento cabal de sus funciones en materia educativa, salud, seguridad, vivienda, servicios, administración, y al pago de las enormes obligaciones contraídas a través de la deuda reconocida, la no reconocida y las pensiones.

3) La refuncionalización de la banca, empezando por la de desarrollo (a la que es preciso reestructurar y dar acceso al primer piso) y por la creación de un Instituto Nacional de Pensiones para el manejo autónomo e impecable de las pensiones de los trabajadores del Estado, en primera instancia, y de los trabajadores en general, en segunda; ambas medidas serían las piezas angulares de la recuperación de un sistema financiero y de pagos acorde a las necesidades del país.

4) Un replanteamiento de fondo de las leyes de competencia para frenar y revertir las tendencias monopolistas de la economía, abrir el mercado a una competencia efectiva y diversificada, garantizar el enlace de los productores nacionales con los consumidores e imponer con una nueva legislación límites a la inversión extranjera, a su grado de participación en el mercado, a su adquisición de empresas nacionales y al ejercicio de prácticas nocivas al país.

El eje del empleo

Este objetivo es, de hecho, el más importante de la estrategia planteada. Lo que diferencia en definitiva a una nación avanzada de una atrasada es el grado de incorporación de la población a la economía y al bienestar. La principal vía para esta incorporación es, por supuesto, el empleo formal o la ocupación no asalariada pero con ingreso suficiente y estable, con acceso a servicios médico-asistenciales, pensiones, vivienda y, en la fase avanzada, seguros en caso de desempleo. En el mundo, salvo los ejecutivos corporativos y los espíritus aventureros, nadie emigra de Suecia, Francia, Dinamarca o Canadá en busca de empleo o mejores condiciones de vida; a ello debemos llegar.

La meta principal de esta propuesta es precisamente dar un gran salto al pleno empleo en un esfuerzo nacional colectivo de inclusión social de 15 años máximo.

Actualmente, la población económicamente activa del país ronda los 45 millones de personas. De éstos, se estima que sólo unos 24 millones cuentan con empleo satisfactorio (esto es, relativamente estable y con acceso a seguridad social o seguros particulares), mientras que cerca de 21 millones de personas están en ocupaciones precarias sin seguridad social o son desempleados francos.

La irrupción de los grandes corporativos transnacionales en la economía mexicana a partir de la apertura no sólo ha desaparecido a cientos de miles de pequeñas empresas, las principales generadoras de empleo, sino que han impuesto patrones de tecnificación diseñados precisamente para ahorrar personal. México no puede abstraerse de ciertos patrones de producción intensivos en tecnología y capital para competir internacionalmente, pero sí puede enfatizar y alentar patrones de producción intensivos en mano de obra para su mercado interno e, incluso, para exportación en algunos casos.

Así, el gran reto en esta materia sería reorganizar nuestra economía para una generación intensiva de empleos como prioridad nacional durante 15 años, a fin de lograr:

a) Crear cerca de dos millones de nuevos empleo anuales, de los cuales:

-800 mil se enfocarían a ocupar a los jóvenes que cada año arriban al mercado de trabajo.

-400 mil se orientarían a arraigar en México al mayor número posible de emigrantes potenciales, con énfasis en los altamente calificados.

-Los 800 mil restantes se orientarían a absorber productivamente, cuando menos, la mitad de los 21 millones de personas que actualmente tienen un empleo insatisfactorio.

b) Lograr la transformación simultánea y paulatina a empleo formal del remanente de 11 millones de ocupaciones informales o insatisfactorias. Estos empleos, de hecho, ya existen y son susceptibles de formalización con bajo costo.

De acuerdo a las estadísticas de inversión y empleo de los últimos años, el costo de crear un empleo actualmente en México gira en torno a los 3 millones 700 mil pesos en promedio, cifra muy elevada para una economía como la nuestra. Si este patrón continúa, sólo podremos aspirar a crear unos 500 mil empleos al año y resignarnos a ver cuando explota el problema. Está más que comprobado que el modelo vigente no permite grandes avances en el empleo; eso hizo quedar en ridículo a Vicente Fox y lo mismo le pasará al autoproclamado “presidente del empleo”.

Si, por el contrario, enfocáramos como central el tema del empleo en la política económica otros serían los resultados. El incremento planteado de la inversión al 30 por ciento mínimo del PIB, unido a una política de fomento y protección de las empresas y unidades productivas del campo, la industria y los servicios intensivas en mano de obra, esto es, con una baja inversión por empleo generado –estrategia por lo demás recomendada por la Organización de las Naciones Unidas con la denominación de tecnologías apropiadas de generación interna– haría posible lograr las metas propuestas de creación de empleos con una inversión promedio de un millón 250 mil pesos actuales por empleo, cifra absolutamente realista.

El eje de la distribución del ingreso

Unido estrechamente al empleo, este tercer eje de la estrategia propuesta implica el reposicionamiento del Estado como el gran equilibrador social y rector efectivo del desarrollo económico. Un Estado realmente democrático lo es cuando representa y cumple con las aspiraciones mayoritarias de la sociedad, es guardián del bien común y porque es, además, la línea de defensa del patrimonio y los intereses de la nación. En el mundo, ninguna nación fuerte tiene un Estado débil, lo cual no debe confundirse por supuesto con un Estado autoritario.

La fortaleza del Estado a que hago referencia radica en los tres poderes y es una fortaleza ética en primera instancia; política, a partir del buen gobierno, buenas leyes y buena administración de justicia; y económica.

La fortaleza económica del Estado debe sustentarse en su compromiso con la democracia económica, en su capacidad para garantizar el desarrollo del país y la elevación del nivel de vida de la población. Un Estado autista es un Estado inútil. El papel rector que constitucionalmente tiene el Estado en México no puede seguir siendo letra muerta.

Ordenar, encauzar y equilibrar a todos los factores y todos los actores económicos para aprovechar todas las potencialidades es su obligación, como también lo es garantizar una equitativa distribución de los beneficios y abatir las desigualdades extremas que caracterizan al país.

Así, incluir a toda la población a la economía, el bienestar, la seguridad y el progreso a través del empleo es básico pero insuficiente; se requieren medidas adicionales en torno al salario y al abaratamiento del costo de la vida para preservar y elevar su poder adquisitivo; también es necesaria la expansión en cantidad y calidad de los servicios educativos, de salud, seguridad, vivienda, transporte, agua potable, energía, pensiones a desvalidos y otros apoyos que el Estado debe brindar, total o parcialmente, a quienes no pueden costearlos, a los grupos vulnerables y, en especial, a la infancia.

El alto nivel de vida general y la equidad distributiva que caracterizan a las naciones avanzadas se da precisamente por la intervención del Estado bajo el pacto social implícito en el buen uso de los recursos que la sociedad le entrega por la vía fiscal para su administración.

El sistema fiscal es pues pieza clave de la fortaleza económica del Estado, de su capacidad para cumplir con sus obligaciones para con la sociedad y de su función como mecanismo redistributivo y equilibrador de los extremos.

En México es de sobra sabido que el sistema fiscal es deplorable, ineficiente e inequitativo, características que se reflejan, repiten y limitan la acción del Estado. La reforma hacendaria, para duplicar los ingresos y reasignar los egresos es, por lo tanto, elemento toral e ineludible de la reorganización económica.

Finalmente, quisiera hacer mención breve de un aspecto clave, que si bien está implícito en el planteamiento anterior, requiere unas palabras aparte: el de la relación económica de México con el exterior.

Los últimos cuatro gobiernos que ha tenido el país, sin contar al actual, se han esmerado en claudicar de sus obligaciones, en vender los activos nacionales y en colocarnos en situación de extrema vulnerabilidad externa. Los nuevos dogmas impuestos del libre mercado, la apertura al capital, la jibarización del Estado, la globalización, y la inutilización de los organismos internacionales han creado un mundo de crecientes desequilibrios, de megaconsorcios y oligopolios, de desempleo y conflictos sin instancias efectivas de negociación ni árbitros; y hacia adentro de nuestro país, nos dejan una economía desarticulada, inercial, transnacionalizada y cada vez más disfuncional para los mexicanos.

Reconstituir el aparato institucional internacional es sin duda la gran tarea aunque llevará mucho tiempo hacerlo, pero replantear nuestra inserción en la globalidad es tarea tan inaplazable como delicada, pues debe llevarse a cabo en los linderos mismos del conflicto que nadie desea y con las únicas armas de la razón nacional.

Estados Unidos dice no querer nuestros migrantes, aunque los usa, los explota y los agrede. Nos ofende militarizando su frontera y construyendo una ignominiosa barda y nos reclama ser incapaces de crear aquí los empleos necesarios para su arraigo. Repudiemos ciertamente sus acciones y ofensas, pero démosle en esto último la razón, pues es, sin duda, una vergüenza nacional la literal fuga al exterior por necesidad de más de medio millón de personas cada año y es, además, una pérdida enorme para el país.

La estrategia del empleo habrá de ser así argumento central para reconsiderar el Tratado de Libre Comercio (y libre inversión) de América del Norte, en particular, y otros, con la intención de buscar las ventajas mutuas pero sin permitir que un tratado, cualquiera –que debe de ser por naturaleza benéfico para ambas partes– se convierta en pérdidas desproporcionadas para la parte débil y, peor aún, en un obstáculo al desarrollo del país.

Menos habrá que ver hacia el Norte y más hacia el Sur; ahí están nuestros pares, pueblos y naciones con realidades, problemas y necesidades similares al nuestro. Con el Norte, es inevitable, busquemos buen comercio y buenas relaciones; con el Sur busquemos la integración y el futuro.

* Director general de Unidad Técnica de Economía (Unite).