Alternativas a la crisis de la tortilla Adelita San Vicente Tello* El alza de la tortilla es una señal. El tiempo se acaba… Necesitamos retomar las riendas de la nación Rescatando para el pueblo la soberania… Soberania para crear empleos y producir alimentos, pero también para preservar nuestra diversidad biológica y cultural, asuntos mayores que no pueden quedarse al arbitrio del mercado. Armando Bartra1 A un mes de iniciado el sexenio del presidente espurio, estalló la crisis de la tortilla: en tan sólo unos días se multiplicó hasta en un 200 por ciento el precio del principal alimento de los mexicanos. En unos días, el problema provocó protestas, declaraciones, debates y baja en los niveles de popularidad del gobierno ilegitimo, inclusive. Aun cuando pareciera que algunos no perciben con claridad las consecuencias del brutal incremento al precio de la tortilla, la situación es muy grave y puede tener consecuencias terribles. Tal vez, a quienes hoy están al frente del gobierno les falta conocimiento sobre la historia de México para saber que crisis agrícolas similares antecedieron a los dos últimos movimientos armados de este país. En estos momentos no puede apostarse a eso; existe una preocupación generalizada y sería muy irresponsable no estar a la búsqueda de soluciones a tan aciaga situación. Esta crisis ha puesto en el debate nacional una situación que hoy amenaza nuestro país y que desde hace años venía denunciando el movimiento campesino. La política impulsada a lo largo de los últimos 25 años en el campo ha llevado al desmantelamiento de la base productiva de alimentos de nuestro país: “el campo no aguanta más” no es un slogan de campaña, es una realidad que arroja dramáticas consecuencias. Esta política ha sacrificado la seguridad y la soberania alimentaria de nuestro país; hoy las reservas de alimentos con que cuenta México no son suficientes ni siquiera para enfrentar un mes de abasto. En su papel como representantes populares, los legisladores tienen una gran tarea frente a esta crisis, debiendo evitar a toda costa que se profundice, analizando la situación y escuchando las diversas opiniones de todos aquellos involucrados. Desde el Poder Legislativo se debe estructurar una propuesta que amalgame las demandas y visiones de los diversos sectores para que desde la “más alta tribuna de la nación” se lance esta propuesta y con planteamientos de fondo se den alternativas. Es evidente que las medidas que ha adoptado el Poder Ejecutivo constituyen un peligroso continuismo: el modelo neoliberal que hoy ha desmantelado la base productiva y cuyo resultado seguramente será exacerbar la crisis. El gobierno de Calderón no cambiará su política hacia el campo; por el contrario, pareciera que las disposiciones adoptadas frente a la crisis en este mes tienden a profundizar el mismo esquema de supuesto libre mercado. Salta a la vista que cada una de las medidas adoptadas crea únicamente mejores condiciones para los grandes capitales. En primera instancia, la Secretaría de Economía “decidió adelantar la apertura de la ventanilla para el otorgamiento de cupos de importación de maíz blanco negociados en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Dicha ventanilla se abre normalmente hasta el 1 de febrero de cada año; no obstante, la dependencia decidió adelantar su apertura a través de la publicación de un acuerdo publicado el pasado 1 de enero en el Diario Oficial de la Federación.”2 La propia secretaría aseguraba en ese momento que “esta medida por si sola representa un factor de presión para atenuar el incremento de los precios de la tortilla, ya que la mayor oferta de maíz blanco contribuirá a un menor precio de este insumo.” Unos días después, la misma Subsecretaria de Industria y Comercio, Rocío Ruiz, reconocía que la importación “no es solución de fondo”3 y que aún quedaban por otorgarse 47 mil toneladas entre los nixtamaleros. Para este sector, incluso para los molineros, es imposible acceder directamente a los cupos de importación por carecer de recursos financieros. Es claro que quienes se han seguido beneficiando de los cupos de importación son las grandes empresas comercializadoras y los industriales, es decir, aquellos que cuentan con los recursos y la infraestructura necesaria para la importación. La siguiente medida adoptada por el ejecutivo fue la firma del acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla, el cual representó únicamente un acto mediático al que fueron invitados los empresarios de siempre. De acuerdo a la crónica parecía más bien la entrega formal de las tareas asumidas por el actual gobierno a los grandes industriales. Era evidente: únicamente fueron invitados a la firma los beneficiarios de este acuerdo; el sector de los molineros y tortilleros fueron excluidos del evento y, en la misma línea, ese es el pronóstico que se vislumbra para las miles de pequeñas tortillerias que no pueden mantener el precio señalado, es decir la desaparición. El acuerdo ha servido para que los grandes supermercados y los industriales que, incluso, pueden mantener el precio por debajo de lo signado, se apropien de todo el jugoso mercado de la tortilla. El pasado 4 de febrero, a 15 días de la firma del mismo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que en 39 por ciento de mil 133 tortillerías monitoreadas venden el alimento por arriba de los 8.50 pesos anunciados. El mercado de la tortilla esta constituido por la gran demanda nacional y por los nuevos mercados internacionales que crecen día a día vertiginosamente. El Grupo Maseca reporta ganancias de 10 mil 683 millones de pesos en 2006, mientras que en el 2005 fueron de 9 mil 685, es decir, un incremento de más del 10 por ciento4. Se calcula que en México se consumen 300 millones de tortillas de maíz diarios y se estima que el valor de la producción de la cadena maíz-tortilla representa el uno por ciento del Producto Interno Bruto. La producción de tortilla se compone en 50 por ciento por tortilla hecha a base de harina y en 50 por ciento por la elaborada en nixtamal5. No es difícil prever que en esta crisis el amplio aglomerado de tortillerias y molinos de nixtamal no podrán soportar el incremento del maíz, cediendo su mitad del mercado a los industriales: Maseca y Minsa. La siguiente propuesta que se perfila y que ha señalado reiteradamente el Secretario de Agricultura es la introducción del maíz transgénico. En múltiples declaraciones ha dicho que “él ya opto por abrir la puerta a la tecnología”, declarando que “todo lo que vaya en la línea de usar la biotecnología responsablemente va para adelante”. En esta propuesta se vislumbra la apropiación de la riqueza genética por parte de una compañía trasnacional. La riqueza genética es la base de la biodiversidad con que cuenta nuestro país, en la actualidad esta riqueza ha cobrado gran relevancia por las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías. El material genético contenido en las semillas es apropiado en virtud de la aportación de tecnologías, que abre la posibilidad de patentar las especies. Ahora, una sola empresa (Monsanto) maneja el 91 por ciento del comercio de semillas transgénicas6, con lo cual resulta evidente que las principales beneficiarias del desarrollo de los organismos genéticamente modificados han sido hasta ahora las grandes compañías trasnacionales. Los productos de la biotecnología se han convertido en un insumo que incrementa la dependencia tecnológica hacia las empresas trasnacionales. El peligro ahora es que la siembra del maíz en México sea penalizada por la propiedad que detentan estas empresas sobre la tecnología. La relevancia que ha tomado el maíz en el mundo nos obliga a reflexionar sobre la trascendencia de nuestro cultivo “madre”, el cual, podríamos afirmar, es un invento de nuestros antepasados. El grave peligro es que ahora nuestro maíz sea expropiado frente a la presión de estas empresas, la misma Monsanto a través de Ernesto Fajardo, director de la compañía para Latinoamérica Norte, reveló en un artículo publicado en la revista Poder y Negocios7, que “esperan que los transgénicos representen en México entre 75 y 80 por ciento de su negocio… La empresa quiere sacar provecho de sus tres centros de investigación nacionales y de la inversión de casi 40 millones de dólares que han realizado en México desde hace una década”. En sus declaraciones, observamos criterios más económicos que científicos, en los que parece que prevalecen los intereses de Monsanto sobre los requerimientos de la producción de maíz en México, pues cuando se le pregunta a Fajardo: ¿Aumentaría el campo su productividad y sus rendimientos por hectárea al usar OGM? El no se atreve a dar un porcentaje preciso; indica que depende de muchos factores, pero se asegura que el aumento en la producción puede ser hasta de 30 por ciento. Se toma en cuenta no sólo la semilla, sino los ahorros que implica su uso y ejemplifica con el algodón8. La afirmación que hemos escuchado en los últimos días en torno a que con los transgénicos se incrementará la productividad del maíz es falsa; a la fecha no puede afirmarse que los transgénicos incrementen los rendimientos. Las soluciones que presenta la biotecnología moderna para la agricultura en México merecen un análisis profundo sobre la problemática específica que presenta cada cultivo para, más allá de los factores económicos, realmente incidir en las alternativas tecnológicas que se requieren. Las conclusiones que observamos de las soluciones planteadas por el gobierno apuntan a reforzar un modelo económico que sólo ha permitido el enriquecimiento de unos cuantos. Para los analistas es claro, “hoy vivimos una nueva guerra de la tortilla que, a diferencia de la vivida en los años noventa entre distintos empresarios, enfrenta a los grandes agroindustriales y la población pobre. Se trata de una guerra en la que el gobierno de Felipe Calderón ha tomado claramente partido en favor de los monopolios que lo apoyaron para que llegara a la Presidencia de la República”9. El Poder Legislativo Por su parte, al estallar la crisis de la tortilla, el Congreso de la Unión se encontraba sesionando en la Comisión Permanente. De inmediato, los diferentes grupos parlamentarios se manifestaron en tribuna. En cada sesión se presentaron proposiciones con puntos de acuerdo por parte de todos los partidos, incluido el PAN. Entre el día 10 y 17 de enero se presentaron 11 puntos que solicitaban10: -Al Secretario del Trabajo y Previsión Social, establecer un Programa Emergente de Fortalecimiento del Salario. -Al Poder Ejecutivo federal, emitir un decreto de congelación del precio del kilo de tortilla de maíz, por un periodo de 120 días naturales. -Al ejecutivo federal; evitar la especulación comercial derivada de la reciente alza en el precio de la tortilla y minimizar el impacto que tendrá en los sectores sociales más vulnerables. -Al titular del ejecutivo federal, implementar una política de Estado, de mediano y largo plazo, para incentivar la productividad de la siembra del maíz en México y para ejercer controles antimonopólicos asociados a la producción y venta de ese bien de consumo socialmente necesario. -A la Procuraduría Federal del Consumidor, investigar, de manera urgente, los últimos aumentos en los precios de la tortilla, para verificar si van de acuerdo con los aumentos de la materia prima y, en su caso, sancionar a los dueños de las tortillerías que aumenten de manera desproporcionada el precio de este producto básico en la dieta de los mexicanos. -Al procurador general de la república, investigar la probable comisión de delitos contra el consumo y la riqueza nacionales en lo que respecta al aumento del precio de la tortilla. -A la Secretaría de Economía, instrumentar una mesa de diálogo con los actores involucrados en la cadena de la producción de la tortilla, con la finalidad de que el Estado asuma su papel de árbitro, para corregir los vicios del mercado. -Citar al secretario de Economía, Eduardo Sojo Garza Aldape, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; al procurador federal del Consumidor, Antonio Morales de la Peña; y al presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, para que comparezcan, en un lapso no mayor de 10 días naturales, con el fin de que expongan las políticas públicas de su competencia que han aplicado con el propósito de contener el alza desmedida del precio. -A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, establecer un fondo de apoyo para la producción de maíz, en el marco del presupuesto de los programas Alianza para el Campo, Apoyos a la Comercialización y otros, que: 1) establezca los mecanismos necesarios para el control de precios de los insumos, 2) considere un precio mínimo por kilogramo producido y 3) considere el apoyo con semilla, fertilizante, mecanización, tecnificación del riego, infraestructura de acopio, almacenamiento, transporte, comercialización, asistencia técnica, sanidad vegetal, seguro y financiamiento. -A las Secretarías de Salud, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación y de Economía, verificar y garantizar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas referentes a la inocuidad alimentaria frente a la eventual importación de 650 mil toneladas de maíz. -Al ejecutivo federal, establecer una reserva estratégica nacional de granos que permita hacerle frente a contingencias de escasez como la que hoy se ha anunciado. La comparecencia de los Secretarios de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de Desarrollo Social, se llevó a cabo el día 23 de enero ante la Tercera comisión de la Permanente. En esta ocasión, el Secretario Sojo se centró en explicar el acuerdo que se había signado días antes. Los senadores, en especial el senador Monreal, enfatizó que el precio de la tortilla se mantenía aún por arriba del límite establecido; argumentó el secretario que no todos los expendios habían firmado el acuerdo. Por su parte, la secretaria Zavala presentó la numeralía que la llevó a afirmar que el nivel de pobreza en el país no había disminuido. Finalmente, el secretario Cárdenas tuvo que reconocer la exportación, en 2006, de por lo menos 114 mil toneladas de maíz de Sinaloa con subsidios del gobierno, esto cuando se sabía ya del incremento de los precios internacionales. El 14 de febrero comparecieron ante la Comisión de Economía, el Procurador Federal del Consumidor, Antonio Morales de la Peña y el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta. Este último planteó que está realizándose la investigación para determinar si existieron prácticas monopólicas en la pasada crisis de la tortilla; sin embargo, señaló que esto les tomará ardedor de tres meses, pues requiere un enorme trabajo. Por su parte el Grupo Parlamentario del PRD, a través de la Coordinación del área de desarrollo rural, ha impulsado al iniciar el segundo periodo ordinario de sesiones, una serie de propuestas tendientes a conformar una estrategia frente a la crisis de la tortilla. La coordinación del área de desarrollo rural es el ámbito de organización interna y de definición política que integra a los diputados que participan en las diferentes comisiones del sector rural, encabezada por la diputada Adriana Díaz Contreras, y que cuenta con el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, diputado Carlos Navarro y con el diputado Alejandro Martínez, presidente del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria. Las propuestas que se presentaron en conferencia de prensa el 9 de febrero por parte del diputado Juan Guerra buscan baja el precio de la tortilla hasta encontrar su valor real en el mercado nacional, retomando nuestras capacidades de oferta y autosuficiencia estructural. Las propuestas puntuales fueron las siguientes: 1. La Cámara de Diputados, a propuesta de la Junta Directiva, integrará una comisión plural de legisladores para que coadyuve en las investigaciones que la PGR y la Comisión Federal de Competencia realiza con motivo de las prácticas monopólicas y especulativas que pudieron haber cometido algunas personas y/o corporaciones del sector. 2. La Cámara de Diputados acuerda solicitar a la Auditoria Superior de la Federación una auditoria a los recursos ejercidos por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuario (Aserca), revisando que la asignación de los mismos se realice con apego a las reglas de operación y al cumplimiento de las políticas y estrategias sectoriales definidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, así como el esclarecimiento de las entidades y sujetos que resultaron beneficiadas con dichos apoyos. 3. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud realizar una vigilancia de los embarques de maíz para evitar la contaminación con maíz transgénico. 4. La Cámara de Diputados acuerda solicitarle a la SHCP, a la Sagarpa y Sedesol el envío urgente de una propuesta de modificación presupuestal para que el gobierno concerté con los productores la constitución de una reserva estratégica, especialmente de maíz y fríjol, que serviría para evitar cualquier especulación en el mercado de los productos estratégicos y permitir el consumo del pueblo mexicano a precios accesibles. Por su parte, Sedesol, a través de Diconsa, deberá desarrollar un mecanismo de adquisición de maíz y fríjol, conjuntamente con las organizaciones de productores y el Consejo Mexicano de Desarrollo Sustentable, para constituir la reserva estratégica que se requiere para los propósitos ya señalados. Con los productores, se hará un inventario de las bodegas disponibles y aptas, y se concertará un mecanismo de pignoración que tome en cuenta los costos que se generan de este proceso. 5. La Cámara de Diputados acuerda, solicitarle a la SHCP y a la Sagarpa que los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 para el Procampo se entreguen, por lo menos, dos meses antes de la fecha de siembra del próximo ciclo primavera-verano y en esta ocasión verificar con posterioridad la fecha de siembra. La entrega del apoyo económico a los productores con oportunidad es de gran trascendencia para incentivar la producción del país. 6. Asimismo, la Sagarpa deberá fijar a la brevedad el ingreso objetivo, especialmente para maíz, y priorizar los subsidios y apoyos a estos granos para la formación de la reserva estratégica. 7. La Cámara de Diputados faculta mediante un decreto legislativo al ejecutivo, en virtud de la atribución que le otorga el Artículo 131 de la Constitución a restringir y prohibir las exportaciones “con el fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional… en beneficio del país.” 8. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaria de Economía que impulse a la brevedad un programa de modernización de los productores de tortilla de masa de nixtamal, que permita concentrar y consolidar sus compras, así como obtener mayor eficiencia y calidad. 9. La Cámara de Diputados acuerda la aprobación de la Minuta para elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación. En noviembre de 1996, México firmó la Declaración de Roma sobre seguridad alimentaria, y en 1992 nuestro país se unió a la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre), incluyendo un pronunciamiento en favor de la incorporación del derecho a la alimentación en la Constitución. 10. La Cámara
de Diputados exhorta a la colegisladora apruebe la Minuta de Ley de Planeación
para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, aprobada
con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Esta
legislación da certidumbre a la producción nacional de alimentos, por
medio de programas claves y con planeación de largo plazo. En estos momentos
en que en Estados Unidos se discute la Farm Bill para el periodo
2007-20012 es urgente contar con una ley espejo que permita enfrentar
la política agropecuaria estadounidense. 11. Finalmente, la Cámara de Diputados acuerda buscar los mecanismos para sacar al maíz del TLCAN de inmediato, reconociendo que la gravedad de la crisis que enfrentamos es el preámbulo de la apertura total del 2008; por ello, es urgente tomar las medidas para establecer una estrategia de largo plazo que permita la reactivación de la producción agropecuaria y conseguir que la producción nacional de alimentos sea de buena calidad, el regreso de nuestros connacionales a sus tierras y el sostenimiento de nuestra agrobiodiversidad. Estas propuestas se llevaron a un debate en el pleno el pasado 13 de febrero. En este debate participaron todos los grupos parlamentarios y también se ha presentado algunas en el pleno, mediante proposiciones con puntos de acuerdo. El siguiente paso es discutirlas en el foro que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados en torno la tema “Maíz: seguridad nacional y soberania alimentaria”, el próximo 14 de marzo. El objetivo
que se ha planteado es establecer un debate entre los actores que participan
en la cadena productiva maíz-tortilla en México para encontrar alternativas
ante la problemática que se enfrenta por el incremento de precios del
maíz y de la tortilla. Los participantes serán todos los actores de la
cadena productiva, a saber, productores de maíz, comercializadores, molineros-nixtamaleros,
tornilleros, investigadores, ambientalistas e instituciones gubernamentales. Finalmente, cabe señalar la gran extensión de la cadena de producción de la tortilla que inicia con la semilla, que en el campo se convertirá en elote fresco o grano de maíz; que del elote pasa a tamales, esquites y a cientos de platillos; del grano al nixtamal, al molino, a la fábrica de alimento balanceado, a la de almidón, fructosa o etanol; también, al almacén, al silo o al cuezcomate o de regreso a la semilla, que reiniciará un nuevo ciclo. Asimismo, amplio y variado, es el abanico de alternativas que se presentan a la crisis de la tortilla. Hoy el maíz exige imaginación de todos los actores, así como el impulso en un plan orquestado de todas las iniciativas que por años se han trabajado desde diversos ámbitos. El compromiso que debemos hacer, más allá del tono poético que nos pueda arrancar a todos el maiz –así, sin acento– es la defensa y protección de este invento de nuestros antepasados. * Ingeniera Agrónoma. Asesora del área de desarrollo rural del Grupo Parlamentario del PRD, Cámara de Diputados. 1 Armando Bartra, “De milpas y otras quimeras”, en La Jornada, 17 de febrero de 2007. 2 Secretaría de Economía, “Abre SE ventanilla para otorgar cupos de maíz blanco, en el marco del TLCAN, para garantizar abasto”, Boletín de prensa, 9 de enero de 2001. 3 El Financiero, 31 de enero de 2007. 4 GRUMA, S. A. de C. V. y subsidiarias, Resumen financiero (http://www.gruma.com/Documentos/seccion_6/Categoria_374/4Q06E-GRUMA.pdf). 5 Cámara Nacional del Maíz Industrializado (Canami) (http://www.cnmaiz.org.mx/index.html). 6
James, Clive, “Global Status of Transgenic Crops in 2001”, International
Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications, ISAAA Briefs,
No. 5, 2001. 7
Revista Poder y Negocios, “Monsanto contra ataca”,
No. 14, 25 de noviembre 2005. 8
Adelita San Vicente Tello, “¿Necesita México variedades transgénicas para
producir maíz?”, en Revista ANEC,
No.5, febrero 2006. 9
Luis Hernández Navarro, “La nueva guerra de las tortillas”, en La Jornada, 12 de enero de 2007. 10
Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria,
10 y 17 de enero de 2007. Proposiciones. |