Balance la política interior

Mario Maldonado Mercado*

Apuntes teóricos de la política interior

La política interior de cualquier gobierno en el mundo se sostiene en dos pilares fundamentales: la gobernabilidad y la legitimidad de las instituciones. La primera podría definirse como “la capacidad de un gobierno para elaborar y presentar a los ciudadanos sus planes de políticas públicas, obteniendo respaldo social y político suficiente en su realización y preservando, en el desarrollo de sus acciones, tanto el orden como la paz social”¹, siempre y cuando el origen de la autoridad que pretende ejercer el poder sea legitimo, es decir, que se ejerza, en una democracia, respetando básicamente las reglas del juego y el andamiaje institucional.

Por otro lado, observamos recientemente que en materia de política interior la “gobernanza” y la “gobernabilidad” se han convertido en conceptos comunes en los ámbitos académico y político. Sin embargo, no existe acuerdo sobre su significado y, en muchos casos, se usan de manera indistinta asociados con los valores con que se pretende conducir el poder.

Ahora bien, desde el punto de vista teórico, gobierno se refiere al ejercicio de la autoridad en una entidad política y, el concepto de gobernabilidad abarcaría necesariamente, en la medida de lo posible, el equilibrio entre demandas sociales y la capacidad gubernamental de responder a ellas con la implementación de políticas públicas oportunas y eficaces.

El concepto mismo de gobernanza –al parecer– nos lleva al terreno de las normas, instituciones y costumbres que regulan las relaciones entre las autoridades y la sociedad, y se caracteriza por la participación real, que no formal, de los ciudadanos en la definición y conducción de las decisiones públicas y por la transparencia y eficacia en la actividad gubernamental.

Sin embargo, frente a estos conceptos que se traducen en acciones de gobierno, observamos que en el instrumento maestro de la planeación sexenal del gobierno, la administración del presidente Fox entiende el concepto de gobierno desde una doble perspectiva: por un lado, como una forma de gobierno, la cual concibe como una democracia apegada al respeto a la ley y la participación ciudadana y por el otro, como una nueva forma de estructurar el gobierno, por medio de la reorganización de la administración pública, esto es, le otorga un significado parecido al de “gobernanza”².

La presente administración, quizá por ignorancia o por frivolidad, ha basado su modelo de política interna en una confusión de conceptos ya que al concepto de “gobernación” le ha dado, por un lado, una pretendida orientación de “gobernabilidad democrática” y “gobernanza”, considerando la participación ciudadana y la construcción de acuerdos políticos y sociales, así como la conducción interna del país, el respeto al estado de derecho y, por otro, como garante de la seguridad e integridad del Estado mexicano, sin definir sus campos de acción de una y otra, dándole preeminencia a la estabilidad política y económica en todo momento.

Tomando en cuenta que el concepto de política interior en sí mismo abarca un enorme listado de contenidos: entre otros, relaciones de los poderes de la Unión, de la federación y los estados, relación entre el Estado y las organizaciones sociales, participación social y política, del Estado laico y las iglesias, la política de población, sistema electoral, derechos humanos, el saldo que deja tras de sí la presente administración, es enorme como lo demuestran los hechos y sus acciones.

Manuel González Oropeza explica que el aspecto central en la concepción de gobernación ha sido la seguridad nacional, entendida como la estabilidad y permanencia del propio Estado y que la definición específica de la forma en la que deben conducirse las relaciones de gobierno se ha visto influida tanto por el debate académico y la agenda pública como por las prácticas administrativas y políticas en otros países del mundo: la descentralización de la administración pública, la reforma administrativa de los años setenta y ochenta y la llamada “nueva gestión pública”, el nuevo federalismo y la gobernabilidad democrática de los noventa³.

La conducción del gobierno y de la política interior

La nueva coalición gobernante que llegó al poder el 1 de diciembre manejó como oposición el discurso de la gobernabilidad democrática como pieza fundamental de su gobierno en materia de política interior; sin embargo, más temprano que tarde, se optó por una estrategia de no confrontación con los vestigios del viejo régimen, se pactó con el PRI, su aparato clientelar y los sindicatos charros, y a cambio se dejó prácticamente intactos los aparatos clientelar y corporativo de los que se valió el régimen de partido de Estado por más de 70 años para controlar las instituciones públicas, las organizaciones sociales, coartar las libertades políticas y el sufragio efectivo e impedir que se asomará siquiera un intento de oposición seria.

El banderazo de salida del gobierno foxista se dio con la presentación mediática del, llamado por su propio autor, “ gabinetazo”, que más pronto que tarde, naufragó en su propia frivolidad, en un sexenio que empezó tarde y termino muy temprano, con un jefe del ejecutivo que desperdicio el bono democrático que consiguió en las urnas en el año 2000.

Este fue un sexenio que, particularmente, se caracterizó por la crisis de gobernabilidad que recorre el país con focos rojos altamente preocupantes, los ciudadanos tienen que convivir cotidianamente con expresiones de violencia que se manifiesta en varios estados como por ejemplo: Sinaloa, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, con ejecuciones sumarias cometidas por el crimen organizado y el narcotráfico, y en otros como en Ciudad Juárez, Chihuahua, en los que la violencia se ejerce impunemente contra las mujeres, ante la negligencia y la ineptitud de las autoridades federales y locales que siguen investigaciones que no satisfacen a nadie, mucho menos a los familiares de las víctimas fatales.

El vergonzante episodio del de-safuero contra Andrés Manuel López Obrador, en el año 2004, demostró la intromisión del Poder Ejecutivo y de las altas esferas del poder en la prematura carrera por la Presidencia de la República de modo que, al coautor intelectual del agravio, general Rafael Macedo de la Concha, ex Procurador General de la República, no le quedó más remedio que ser el chivo expiatorio, cuando todo el teatro se les cayó, de cara a los alegatos defensivos y a la multitudinaria demostración de protesta en las calles. Se exhibió con toda claridad la estrategia del gobierno de Fox de inhabilitar como candidato a Andrés Manuel para el proceso electoral de 2006, para dejarle el camino abierto al candidato de su preferencia: Santiago Creel Miranda.

En esta crisis de gobernabilidad, la descomposición social, apareció con gran crudeza, prueba de ello fueron los hechos suscitados con las represiones policíacas en San Salvador Atenco, en la planta de Sicartsa en Lázaro Cárdenas Michoacán, y en el estado de Oaxaca, donde ahora el abanderado de la derecha, Felipe Calderón pretende que se de una solución represiva al conflicto político y social en la presente administración. El fantasma del 68 ya recorre las calles de Oaxaca, por la intransigencia de Ulises Ruíz y de Vicente Fox.

No hubo coherencia entre lo que se dijo y lo que se hizo. El gobierno foxista se caracterizó por proteger a toda costa la impunidad de unos cuantos que han sido beneficiados por jugosos negocios personales al amparo del poder, dejando pasar a la historia de las impunidades a los Hildebrando, los Bribiesca, los amigos de Fox, los Sahagún, y ahora los políticos y empresarios pederastas, sin que hasta el momento se sigan investigaciones serias que esclarezcan los hechos de corrupción y se busque y castigue a los culpables, como la única vía para rescatar la credibilidad en la justicia en nuestro país.

Los pocos avances que se habían logrado en materia electoral, se perdieron con el conflicto postelectoral por el que atraviesa nuestro país, el cuál ha llegado a proporciones que el mismo régimen, no calculó debidamente y que tienen al pueblo de México en una movilización totalmente legítima que busca el verdadero cambio de las instituciones.

Todos estos ejemplos sirven para demostrar que el gobierno del cambio no quiso profundizar en la reforma de las instituciones públicas; que, antes de hacer un planteamiento serio para reformar al Estado mexicano, desde sus raíces, prefirió seguir por el camino de la alianzas espurias con lo más retrógrada del viejo régimen, caciques como Elba Esther Gordillo, los sindicatos charros y los priistas corruptos.

Cabe recordar que la conducción de la política interior estuvo a cargo de dos titulares, Santiago Creel Miranda y Carlos Abascal Carranza. El primero, tuvo la responsabilidad de diseñar la estrategia fundamental del sexenio, dirigida desde la Secretaría de Gobernación, que tuvo el propósito central de pactar con los actores políticos y sociales la orientación y el alcance del cambio prometido; en particular, en su persona recayó la decisión de dejar intacto al viejo régimen con el PRI y su aparato corporativo, a cambio de generar y garantizar las condiciones mínimas de gobernabilidad del sexenio del cambio, así como también el intento negociar con un cabildeo erróneo las reformas que propuso el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, sin lugar a dudas, su estilo personal definió los derroteros del régimen foxista, al que marcó con su agenda personal y su interés de llegar a la candidatura del PAN a la Presidencia de la República, como el favorito de la casa presidencial.

Santiago Creel fue un activo promotor del desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador, enarboló falsas banderas de la legalidad y del respeto al estado de derecho, se convirtió en juez y parte interesada, con ello, en verdad se torció la ley con un sentido faccioso y antidemocrático; no existió elemento alguno que pudiera esgrimirse como una causa motivada, imponiéndose lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 22, define y prohibe como una pena inusitada al no haber delito que perseguir.

Será recordado como quien, desde la Secretaria de Gobernación, prefirió vestir de charro y montar a caballo, ser totalmente Palacio, codearse con el jet-set y demás frivolidades, y darle la vuelta a los graves problemas nacionales, haciendo caso omiso de la violencia que recorre el país y de las muestras evidentes de descomposición social.

Ya definida la precandidatura de Creel en el PAN, éste deja el cargo y su puesto es ocupado por el titular de Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza, con un perfil altamente conservador y la consigna de preparar el terreno para la inminente campaña electoral de 2006; trató capotear el temporal, pero le revientan las peores bombas que le heredó Creel.

Puntos álgidos de la política interior

Carlos Abascal enfrentó grandes retos ejerciendo sus funciones como columna vertebral de un gobierno que se extinguió a pasos agigantados, no solamente en lo temporal, sino también en lo ético, en lo legal y en lo legítimo de sus acciones.

La relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión. Al comienzo de su administración, Vicente Fox hilvanó una frase esperanzadora: “El ejecutivo propone y el legislativo dispone”, que prometía abrir una nueva etapa en la transición democrática, con un presidente tejiendo acuerdos con las fuerzas políticas, y que mejor que en el Congreso; sin embargo, los intereses del grupo gobernante, la ineptitud para plantear una verdadera agenda política, la preferencia y la defensa a ultranza de las reformas estructurales, cabilderos ineficaces –sobretodo de Gobernación y Hacienda–, hicieron naufragar en tres años todo intento de reforma, el enorme costo político se pagaría en las elecciones de 2003 y en la creación de las condiciones de inestabilidad y de ingobernabilidad que hoy padecemos.

En la LVIII Legislatura, el gobierno de Fox contó con una aplastante bancada en la Cámara de Diputados, con más de 200 curules y con una importante presencia en el Senado de la República. Para las elecciones de mitad de sexenio, en el año 2003, el PAN pierde 50 posiciones en la Cámara, producto de lo que fue calificado por expertos como un voto de castigo a la administración federal. Para ese momento coyuntural, el llamado bono democrático con el que llegó a la presidencia, prácticamente se desvaneció, debido al negligente desperdicio de su gran capital político y las frivolidades del presidente Fox.

Pese a la dura y en no pocas ocasiones ríspida relación entre los dos poderes, hay un dato relevante que ejemplifica un grado mínimo de colaboración en materia de relaciones exteriores: 54 de los 56 permisos solicitados por el titular del ejecutivo para salir del país en vista oficial o de trabajo fueron aprobados, salvo dos: el primero, a la Columbia británica, en junio de 2002, a la Cumbre de APEC en la República Socialista de Vietnam y Australia, el pasado noviembre.

En el tintero quedaron para mejores épocas las iniciativas polémicas del ejecutivo en materia de justicia, hacendaria, particularmente, IVA en alimentos y medicinas y la energética, así como su visión reducida de reforma del Estado.

Queda para la historia y los anales judiciales la controversia constitucional que presentó el ejecutivo federal contra de las modificaciones que realizó la Cámara de Diputados al Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005.

Reforma del Estado truncada. Ahora podemos darnos cuenta y reconocer sin temor a equivocarnos que los verdaderos intereses del grupo gobernante transitaban por otros caminos, buscaban la privatización de la industria energética del país y la manera de seguir evadiendo impuestos, trasladando el costo de aumentar la recaudación fiscal a los mexicanos de menores recursos, con un esquema de recaudación que presentaba menores conflictos: el IVA en alimentos y medicinas.

Con esas dos banderas, el gobierno y sus grupos parlamentarios, transitaron todo el sexenio sin salirse del guión en ningún momento; esto afectó de manera significativa las posibilidades de emprender con éxito negociaciones en otros temas políticos importantes en la agenda nacional.

Como un buen ejemplo está la reforma del Estado que nunca llegó a buen término; todo quedó en meras formulaciones académicas, en la producción de un destacado acervo bibliográfico en la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado y en un sinnúmero de iniciativas depositadas en los haberes de las comisiones ordinarias, condenadas, la inmensa mayoría de ellas, a la congeladora y al olvido parlamentario.

Seguridad pública y violencia. Este es el tema más preocupante de la herencia foxista; no se reconoce su exacta dimensión y los alcances del mismo, puesto que saltan a la vista y la luz pública todos los días muestras del avance del crimen organizado y del narcotráfico a lo largo y ancho del país, haciendo sentir su presencia en todos los ámbitos de la vida cotidiana de nuestro país. El Estado mexicano se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad frente al embate de grupos criminales altamente organizados armados con armas sofisticadas y con el prurito de conquistar por la fuerza nuevos territorios y mercados. Su capacidad de respuesta ha sido muy limitada en esta dura batalla, que podría considerarse como perdida.

El pesimismo es fundado, toda vez que el poder delictivo ha logrado penetrar con sus enormes recursos económicos, corrompiendo las instituciones de seguridad federales, estatales y municipales, las procuradurías y los poderes judiciales federal y estatales, ganando los favores de policías, ministerios públicos y jueces. Las causas judiciales se ganan con dinero, no porque se tenga la razón legal; el sistema de justicia mexicano vive una de las horas más negras de su historia.

Crisis de gobernabilidad y descomposición social. En este año tan aciago y para el que el gobierno federal tenia una expectativa completamente diferente: vivir en la santa paz y tranquilidad foxista, todo le estalló en la cara, comenzando con la pésima conducción del conflicto con las familias de los mineros caídos en la mina de Pasta de conchos Coahuila, el conflicto minero y la persecución del “Napito” (Napoleón Gómez Urrutia), el fantasma de la represión que se asomó en la planta de Sicartsa en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la brutalidad policíaca contra los machetes de Atenco en dos ocasiones y los casi 200 días de conflicto en Oaxaca.

Cómo puede hablarse de gobernabilidad, ya no de gobernabilidad democrática, cuando se asoma lo peor del régimen, cuando es él mismo quien propicia la inestabilidad social y política; cuando se violan los más elementales derechos humanos; cuando se defienden ante todo los intereses de la clase gobernante; cuando se coarta la libertad de expresión, asesinando a periodistas de manera alarmante; cuando se pacta con los cacicazgos regionales, rompiendo con su función de mediación y conciliación de intereses, de válvula de escape de la presión social, de actor y conductor del interés general en la política interior.

Sin embargo, ante todo esto, Vicente Fox afirmó recientemente: “En seis años de gobierno no ha habido ni censura ni coacción; en seis años de gobierno no ha habido represión ni ejercicio absoluto del poder”. Yo diría ni absoluto ni relativo, sino todo lo contrario o, más bien, un vacío inmenso de poder que se ejemplifica con otra de las frases presidenciales celebres: “Y yo ¿por qué?” Un vacío que ha sido ocupado por los poderes fácticos e informales que ambicionan, ellos sí, desde largo tiempo el control absoluto del poder.

Fraude electoral y conflicto poselectoral 2006. Para colmo de males: fraude electoral y conflicto postelectoral, con una grave crisis política y constitucional, sin parangón en la historia moderna de nuestro país, desde que comenzó el conflicto poselectoral profundizado con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que declaró la validez de la elección presidencial del 2 de julio.

Quien postula como la regla de oro de la democracia el principio mayoritario, falta a la verdad o, al menos, a una parte de ella, ya que antes de que puedan computarse mayorías, lo que verdaderamente define a un sistema político como democrático es el respeto al principio de igualdad de oportunidades para participar en el proceso electoral, así como la garantía constitucional de la igualdad de condiciones que ofrece a todos los que aceptan el juego de democrático y la posibilidad de poder ganar.

El gasto tanto en las precampañas y las campañas de los candidatos de la derecha excedieron por mucho el gasto registrado y reconocido oficialmente, lo que constituyó por sí mismo un grave indicio de inequidad y que con toda seguridad influyó en el desarrollo del proceso electoral.

La coalición “Por el Bien de Todos” presentó una controversia constitucional contra del ejecutivo federal por el uso electoral de mil 800 millones de pesos en programas sociales y la evidente intervención facciosa del presidente Fox a favor de la candidatura de Calderón, que no fue causa de peso suficiente para plantear la anulación de los comicios, como si lo hizo en las elecciones de Colima en el año 2003, en las que el gobernador en aquel entonces, Fernando Moreno Peña acudió a un acto de campaña del candidato de su partido, lo que fue suficiente para que el Tribunal decidiera anular la elección.

Resulta inexplicable que los resultados del PREP y del cómputo distrital arrojen una tendencia “determinista”, prácticamente absoluta, entre las votaciones de ambos candidatos, lo que matemática y estadísticamente se ha dicho, es casi imposible, tomando en consideración que se registran aleatoriamente los resultados casilla por casilla y que, por ello, alternativamente uno y otro debieran estar a la cabeza, lo cuál no sucedió.

También fue determinante la operación financiera y política de Elba Esther Gordillo durante todo el proceso electoral y, como parte de ella, la creación de el seudo partido o partido corporativo-sindical Nueva Alianza (Panal), la presión que ejerció entre los maestros del SNTE y su cabildeo entre los gobernadores priistas.

¿Cómo puede hablarse de una campaña positiva dirigida a los ciudadanos, cuando en vez presentar propuestas de gobierno, se utilizan los espacios en los medios para someternos a los efectos de la guerra sucia y la propaganda negra que buscan concitar al miedo, la violencia y la discordia, falseando y manipulando siniestramente la verdad?

Con los elementos del cómputo final, la declaración de validez y de presidente electo, contrariamente a lo que afirman los emisarios de la derecha, de ningún modo se impartió justicia electoral y sólo se nos impuso a toda costa a Felipe Calderón, quien ostentará el titulo de “usurpador” más no el cargo, que el pueblo de México no le confirió como se impuso “legalmente” Victoriano Huerta el 18 de febrero de 1913 y después del conflicto postelectoral de 1988, Carlos Salinas de Gortari.

A manera de conclusión. El legado foxista para Calderón es verdaderamente desolador: las tentaciones del poder desde la derecha, la gobernabilidad autoritaria y la represión ya asomaron su rostro. La debilidad de Calderón es evidente, muestra de ello, es la atropellada conformación de su gabinete y su flaqueza para poner en su sitio a los grupos de interés que lo llevaron al poder. Este es un sexenio que, a diferencia del foxista, empezó temprano, pero que, probablemente, pase por el mismo derrotero: terminar temprano.

* El autor es asesor en política interior y reforma del Estado.

¹ Deutsch, Karl, Política y gobierno, FCE, 1995.

² Plan Nacional de Desarrollo, 2000-2006.

³ González Oropeza, Manuel, Anuario Mexicano de Historia del Derecho, Volumen XIV, 2OO2, México.