La revolución democrática de Oaxaca

Eloí Vázquez López*

El tamaño de la crisis

La crisis que enfrenta Oaxaca no es una crisis de gobierno o una simple revuelta derivada de los errores graves cometidos por el gobernador Ulises Ruiz; se trata de una crisis de sistema que no ha encontrado las formas de articulación con la incipiente democratización del país en lo político, con el capitalismo globalizado en lo económico, que arrastra una diametral desigualdad en lo social y que resiste a la estandarización en lo cultural. Es la ruptura del consenso social que dio origen al estado de Oaxaca mismo. Se trata también de una disputa por la orientación del rumbo del desarrollo de la entidad entre las formas más autoritarias y corruptas de la toma de decisiones que han devenido disfuncionales a lo largo de los tres últimos decenios luego del desplome del modelo de sustitución de importaciones y el llamado desarrollo estabilizador, y una propuesta de modernización que ubica los ejes determinantes a partir de la participación ciudadana, atendiendo los elementos formativos originarios de la sociedad oaxaqueña, presentándolos en una nueva forma e incorporando sus nuevas significancias.

Es necesario generar el nuevo consenso social, un nuevo paradigma de la oaxaqueñidad con nuevas normas de convivencia en una diversidad progresiva, donde se mezclan los efectos de la globalización con la regionalizción, de la migración con la sociedad comunitaria tradicional; el sistema de partidos políticos con la comunalidad; el incremento de las comunicaciones con la existencia de expresiones culturales, enriquecidas por su particularidad y su identidad. En suma, se trata no sólo de desenredar el “quesillo”, sino de incorporarlo a los sabores mundiales y producirlo masivamente para beneficio de todos sin que pierda su sabor artesanal a cuajada, a madera y a penca de maguey.

El gobernante empleador

El periodo del llamado “desarrollo estabilizador” (1954-1978) fue desestabilizante para la economía oaxaqueña. Esta entidad es a la que se refieren los teóricos cuando hablan del saqueo de recursos naturales y migración de la fuerza de trabajo de la agricultura a la industria y del campo a la ciudad. Con una formación económico social basada en agricultura de autoconsumo en buena parte del territorio, llega al siglo XX, siendo una economía cerrada dentro de otra economía cerrada. La deseada comunicación ferroviaria de los Valles Centrales a la Costa se ha frustrado: la orografía y el porfiriato se benefician de la comunicación interoceánica con el desarrollo de Veracruz; la reforma agraria posrevolucionaria es simulada, en el mejor de los casos, o francamente negada por el pacto del PNR, el PRM y el PRI, consecutivamente, con los caciques; no hay petróleo en Oaxaca en cantidades dignas de explotarse y, de acuerdo con las investigaciones del ININ, tampoco otras fuentes de energía más que el viento; el acceso del país al desarrollo industrial de los años cincuenta no encuentra la ventaja comparativa de una entidad cuya superficie es comparada con un papel arrugado en progresiva pérdida de fertilidad cuya comunicación resulta costosa hasta para los pueblos más cercanos entre si.

La economía oaxaqueña se atrofió a tal grado que el gran empleador –por no decir el único– terminó siendo el gobierno estatal, federal o municipal, con todas las implicaciones negativas y positivas que el asunto acarrea. Así fue como se creó, desarrolló e inició su decadencia un modelo de control político a través del sistema corporativo con un margen altísimo de discrecionalidad para administrar el gasto público con una óptica patriarcal y patrimonialista por parte del gobernador del Estado. Al inmenso poder político, el ejecutivo estatal incorporó su poder económico que le permite decidir proveedores, contratistas, dirigentes empresariales y gremiales, beneficiarios de programas sociales, bajo el modelo pragmático clientelar, utilizando los programas como el Pronasol y sus derivados. En los últimos quince años pudo discriminar organizaciones sociales, seleccionar a sus dirigencias y prácticamente en todos los partidos de oposición, las corrientes internas, dirigentes y candidatos que lograban tener éxito e interlocución privilegiada a cambio de sumisión. El movimiento magisterial, durante sus veintiseis años de existencia por su pluralidad y por estar enfrentado con el CEN del SNTE, debió también realizar una dinámica de acercamiento y negociación con el gobernador en turno; ello no le restó vigor ni independencia, pero si permitió que fuera permeado por el oficialismo en distintas formas, cuya evaluación corresponde a otro momento, pero que actualmente se expresa en su división respecto de la negociación con Gobernación y el regreso a clases; por fortuna, sus mecanismos reguladores internos, resultado de la pluralidad y sus principios rectores, les permiten sobreponerse a las presiones gubernamentales del momento.

Durante decenios, las mejores tierras, los bosques, las minas y el litoral de Oaxaca fueron saqueados mientras la población joven emigró para poblar el Oriente del Valle de México, Sinaloa, Baja California y otras entidades, en menor medida¹. Los acuerdos internacionales, primero, y la emulación, después, propician el crecimiento de las comunidades de oaxaqueños en Estados Unidos², que debajo de la apariencia cibernética y biónica que su medio estadounidense les impone, llevan su alma de chapulín y de vez en cuando vienen a renovarla, por ello las remesas que envían mensualmente significan la mayor fuente de divisas en la entidad, superando el turismo y, desde luego, la inversión extranjera que, en la práctica, es nula³. Las remesas son cada vez más importantes para la economía del estado⁴, pero además el papel de los migrantes dentro de las comunidades rurales de la entidad también es cada vez más importante en lo social, lo político y lo cultural, por ello el choque que esto propicia es impactante en los procesos de democratización e incorporación a una visión crítica de la globalización y el mercado que deben encontrar una articulación adecuada con los valores de la comunalidad de manera irremisible que la visión antidemocrática y patrimonialista del ejercicio del poder no resuelven.

Poder local contra poder estatal

Desde su surgimiento, la república convivió con la comunalidad; el virreynato despojó a los pueblos indios de las mejores tierras y los replegó a las montañas, en ellas se desarrolló la economía de autoconsumo y el poder comunitario con sus valores culturales, basados en una identificación de los pueblos con la naturaleza y manteniendo una actitud alerta ante las iniciativas de los colonizadores y mestizos. Los problemas de límites, originados en errores técnicos de la topografía colonial, contribuyeron a crear un sistema de poblaciones aisladas entre sí con un profundo arraigo e identidad. La multiplicación de los municipios tiene su origen en tal aislamiento y capacidad autogestiva de la población rural de Oaxaca.

En el porfiriato, los colonialistas fueron sustituidos por los caciques que, después, en diversas formas se amoldaron a la Revolución, pactando con el PRI la simulación de la reforma agraria para su beneficio, mientras preservaron el poder político y económico regional, a cambio de respetar la comunalidad en los asentamientos indios, que fueron agrupados corporativamente en la CNC, la que contribuyó al saqueo de los recursos naturales, implantó el clientelismo asistencialista y desarrolló formas de control político enmarcándolas en el concepto de usos y costumbres, que no era otra cosa que la aplicación de las modalidades de la comunalidad sin afectar el control general del partido oficial. Respetados sus llamados usos y costumbres en la decisión de ayuntamientos, en la elección de legisladores, gobernador o presidente de la república, los pueblos no votaban en realidad, el gran elector era el gobierno que podía realizar el fraude electoral simulando una participación del tamaño que quisiera sin que los pueblos protestaran. A fines de los años setenta, los 570 municipios de Oaxaca eran considerados priistas.

La manipulación, control y utilización de las comunidades rurales de Oaxaca se tradujo en la manipulación, control y utilización de las colonias populares en las poblaciones urbanas de la entidad cuya formación estuvo conducida por la CNOP, bajo un esquema clientelar que mantenía los procesos electorales nutridos con verdaderos y falsos votos en favor de las candidaturas decididas por el gobernador; el PRI era el partido único y el futuro de los políticos dependía de su cercanía o no con el grupo en el poder: el paraíso que todavía añoran muchos de los inoculados por el autoritarismo excluyente, que militan auténticamente, entre los pocos seguidores con que cuenta Ulises Ruiz.

El desarrollo comercial y la diferenciación con la que impactaba el aumento de la comunicación con el capitalismo regional, la migración, el intercambio de información y el surgimiento de diversas corrientes al interior del partido oficial, fueron degradando la unidad bucólica de los grupos de poder rural oaxaqueño y las contiendas por los ayuntamientos fueron tornándose cada vez más agudas e irresolubles con el esquema de un partido único dirigido por un gobernante plenipotenciario. El silente desprecio que las comunidades habían guardado al partido oficial debido a la suplantación discrecional que éste hacía de su voluntad electoral se fue volviendo expreso. Así que, como efecto colateral del movimiento de 1968, durante los años setenta, los conflictos por el control municipal explotaron en Oaxaca, como expresión de una confrontación generacional, al mismo tiempo, cuestionando los mecanismos de toma de decisiones, así como la incorporación de Oaxaca a la modernidad emergente en el país; ello coincide con el surgimiento del movimiento democrático universitario y el proceso democrático dentro de la sección 22 del magisterio. Mediante los métodos de negociación con los partidos satélites, la apertura interna del PRI a una modalidad de alternancia, las cooptación de liderazgos y el uso discrecional del presupuesto, el partido oficial logra encauzar y contener la insurgencia municipalista; sin embargo, la semilla de la diferenciación política está germinando y su desenvolvimiento no se detendrá a lo largo de los siguientes decenios.

Esta disputa por el poder político local en Oaxaca no está resuelta institucionalmente; dos hechos políticos nacionales harían añicos las formas de control heredadas del desarrollo estabilizador en el nivel municipal: la legalización de la izquierda en 1979 y las modificaciones legales que aumentaron las facultades a los ayuntamientos: la de 1983 al artículo 115 para administrar los servicios y la posterior creación del ramo 33 del presupuesto federal, aprobado con la reforma de la Ley de Coordinación Fiscal, en diciembre de 1997.

En el primer caso, durante los años ochenta, los grupos políticos locales encontraron pronto en la nueva pluralidad y la congruencia de los partidos de izquierda, especialmente en el PSUM⁵, un espacio de expresión y participación política en Oaxaca, con lo que la izquierda política se volvió competitiva hasta convertirse en alternativa de gobierno y organización de la ciudadanía en la vida municipal. En lo que se refiere la lucha electoral y la resistencia ciudadana, la disputa por los ayuntamientos en Oaxaca en aquellos años llena páginas destacadas como precursora del 88 y del 2006 en la historia contemporánea del país. Las formas autoritarias del poder priista, en lo local, fueron despedazadas, lo que generó disidencias estructuradas, muchas de las cuales se expresaron a través de frentes populares que han llegado hasta nuestros días y se funden con la APPO; aunque por la animosidad de los conflictos y la normatividad antidemocrática y exclusionista de los ayuntamientos, agravada por el temor del gobierno estatal de perder el control frente al avance de la oposición, impidieron el establecimiento de la alternancia pacífica y, por tanto, la gestión de las izquierdas no se tradujo en la existencia de políticas públicas trascendentes, pero la izquierda política aprendió a defender sus triunfos y a gobernar.

En cuanto al segundo aspecto, ayuntamientos rurales o semirurales, que basaban su toma de decisiones en la comunalidad⁶, de súbito se vieron dotados de recursos inmensos sin que se acompañara el incremento de las participaciones con un proceso de capacitación y, sobre todo, trastocando la organización comunitaria. En efecto, a partir de 1998, los conflictos municipales en Oaxaca se ha incrementado por el manejo de la hacienda municipal, por la gestión unilateral del presidente municipal que actúa sin reunir al cabildo y por la falta de integración de la oposición a la toma de decisiones. El sistema de cargos ha sido deteriorado porque los presidentes municipales, poseedores de las participaciones federales han generado una nueva forma de control basado en el manejo faccioso de los dineros cuya asignación y aplicación no pueden ser vigiladas porque no existen los mecanismos institucionales en el nivel local para hacerlo⁷.

En un vano intento de recuperar el control político municipal el gobierno estatal ha realizado dos contrarreformas⁸: en 1987, eliminó la representación proporcional plena del ayuntamiento y estableció la limitada representación de regidores de partido que se mantiene hasta la fecha como una camisa de fuerza para la representatividad y la gobernabilidad; en 1995, con el respaldo de la diputación estatal del PRD, promovieron otra contrarreforma a la constitución –que fue presentada como un gran avance luego del movimiento zapatista– donde se reconoce la figura de municipios de usos y costumbres, separado del sistema de partidos políticos; lo que no representa el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indios, sino una perversión basada en la extensión del concepto priista de control municipal, con la cual obtuvo varias ventajas:

a) Dejó en manos de la Secretaría de Gobierno y del Instituto Estatal Electoral, simuladamente ciudadanizado –en el fondo integrado por priistas–, el establecimiento de criterios mediante los cuales definir que municipio es de régimen de partidos y cual es de régimen de usos y costumbres.

b) El secretario de Gobierno se arroga la facultad extraconstitucional de registrar a las nuevas autoridades municipales, ya que para hacer válida una elección debe ser organizada y sus documentos suscritos por el presidente municipal saliente, con lo cuál establece de facto la reproducción del grupo local en el poder, en tanto se subordine al gobierno estatal, o su sustitución, en caso contrario.

c) Eliminó a los partidos políticos, especialmente al PRD, la participación en los municipios así clasificados.

d) Con el fin de limitar la penetración de las fuerzas democráticas fomentó y alentó el antipartidismo –equiparando a todos los partidos con el PRI en el imaginario social local– en las zonas rurales y, de este modo, tener la posibilidad de operar el fraude en elecciones estatales y federales en favor de los candidatos del gobierno.

e) Abrió una gama discrecional de formas de elección municipal no reglamentada –ante la cuál el Instituto Estatal Electoral y el secretario de Gobierno se convierten en grandes legisladores–, que le permite al gobernante en turno decidir si respeta la voluntad popular o somete al desgaste a los grupos que le resultan inconvenientes o ligados con la oposición estatal o nacional.

El llamado régimen de usos y costumbres ha demostrado hasta la saciedad su ineficiencia para regular el conflicto municipal por su discrecionalidad y parcialidad que limita la alternancia democrática entre los grupos locales. Existen municipios que han estado en la inestabilidad y la disputa política desde hace veintiséis años y otros que tienen menos, pero sus secuelas se han vertido en la inconformidad colectiva que nutre el movimiento ciudadano de Oaxaca.

Deterioro de la vida social e institucional

En Oaxaca el sistema corporativo favorecido por los gobierno priistas: empresarios, contratistas, taxistas, transportistas, está fragmentado e impactado por la discrecionalidad de los gobernadores que, al llegar al poder en los últimos 30 años, han sustituido un grupo privilegiado por otro, un líder corporativo por otro, unas autoridades municipales por otras, un líder sindical por otro, desplazando del escenario concreto a quienes no participan en los grupos de interés del momento. Mediante la lógica maquiavélica, tan citada por José Murat, de que “el poder no se comparte”, la vida institucional ha sido suplantada por las urgencias de la coyuntura, definidas siempre por quien toma las decisiones, al tiempo que se ha ido deteriorando el tejido social y las formas de convivencia política. No ha existido un proyecto de desarrollo estatal consensuado que impulse la participación en beneficio de todos, los llamados planes estatales de desarrollo consecutivos han sido acomodados al gusto de los grupos económicos cercanos al gobernador en turno.

La institución misma del Poder Ejecutivo no tiene autoridad moral ni dignidad republicana, como resultado de los excesos de sus últimos titulares. Por ello, la ciudadanía toda recurre a los valores originarios de la comunalidad, en especial la vocación de servicio que se expresa en la frase de la APPO: “Este no es un movimiento de líderes, es un movimiento de bases”, que se mezcla con la visión antiautoritaria de la izquierda contra el culto a la personalidad.

El detonante: excesivos compromisos, impericia e incapacidad

La llegada de Ulises Ruiz a través del fraude electoral en las elecciones más competitivas de la entidad, lo dejó endeudado con José Murat, quién según mis cálculos tuvo un sobregiro del presupuesto de egresos del 2004 del orden de 3 mil 200 millones de pesos de los que una buena parte se aplicó en beneficio de sus candidatos. El cumplimiento de los compromisos que tal enclave revistió fue demasiado para Ruiz Ortiz, cuya incapacidad de gestión se combinó con la existencia de una oposición democrática cada vez más activa y cada vez más efectiva, aunada a la necesidad de realizar su propio aporte a la campaña de Madrazo, lo que le obligó a nuevos compromisos con nuevos grupos económicos a los que privilegió, porque representaban su futuro. Por su impericia y la inmadurez de su equipo, se confrontó antes de construir un esquema de alianzas que le permitiera superar una respuesta airada de los sectores afectados por sus decisiones. Tal contradicción lo condujo a confrontarse parcialmente con Murat y a desplazar a sectores relacionados con él dentro del gobierno del estado⁹ y del empresariado, con lo cuál perdió su único punto de apoyo local. La recomposición de su alianza con la llegada de Heliodoro Díaz a la Secretaría de Gobierno no fue suficiente para recuperar la credibilidad.

Una deuda que Ulises Ruiz tenía con los maestros fue que con el fin de desactivar la simpatía hacia la Coalición “Todos somos Oaxaca” (PRD-PAN-Convergencia) en 2004, se comprometió a otorgar la rebonificación, promesa que incumplió en las dos revisiones salariales consecutivas. Por ello, luego de haber reprimido el 14 de junio, resultan inútiles todos sus ofrecimientos y los llamados al diálogo por parte del gobierno federal; el detonante de la represión se combinó con una inconformidad larvada durante decenios y de profunda raíz en contra del modelo clientelar del gobernante empleador, que abarca a todos los sectores sociales en la entidad, aún aquellos que aparentemente apoyan a Ulises Ruiz Ortiz.

Convertir la revuelta en revolución democrática

Estos y otros factores generaron la revuelta que, para muchos intelectuales, aparentemente no tenía sentido, en una sociedad con avances democráticos como la mexicana. Su surgimiento no es resultado de una mente perversa, se trata de una formación económico social que, en el marco de la globalización, no encuentra la forma de desplegar su regionalidad y ha visto deteriorados y agredidos sus valores originarios. Ello ha hecho irresoluble el conflicto si Ulises no renuncia o si el senado no declara la desaparición de poderes. La vía represiva sólo aplazará un estallido mucho más incontrolable y de mayores dimensiones.

El movimiento le dio el triunfo a la Coalición Por el Bien de Todos por más de doscientos mil votos sobre el PRI, sin embargo, por el antipartidismo existente en la sociedad comunal, el PRD tiene la gran responsabilidad de presentar una alternativa congruente con las aspiraciones democráticas de la ciudadanía.

La APPO realizó su Congreso Constitutivo donde se proclamó como “la expresión del poder soberano de Oaxaca que concretiza y globaliza la lucha justa y digna de los pueblos de Oaxaca, México y del mundo. La APPO es un gran movimiento plural y diverso que, por la gran fuerza y legitimidad que representa, es el cimiento para la construcción y ejercicio del poder popular y soberano.”¹⁰

Este es un paso importante en el sentido de darle conducción y orientación al movimiento rumbo a la realización de una transformación democrática de las instituciones de Oaxaca.

Existe un número significativo de miembros del PRD que participan como integrantes de la APPO. Como partido, además de la solidaridad a la que estamos obligados, debemos aportar nuestra propuesta programática, nuestro esfuerzo legislativo y nuestra experiencia forjada en años de disputa por el poder local en la transformación de las instituciones de Oaxaca.

Centralmente se trata de:

a) Construir un nuevo consenso social, basado en el reconocimiento de la oaxaqueñidad de los diversos sectores, un proyecto estatal de desarrollo que vincule el mejoramiento de todos y la incorporación de Oaxaca a la economía mundial en condiciones de equidad con la participación de las comunidades de oaxaqueños que habitan en el territorio estatal, nacional y en el extranjero.

b) Realizar una reforma del Estado que garantice la convivencia política de las distintas formaciones; señaladamente, hacer viable y funcional la autonomía de los pueblos indios y modificar las formas de hacer política y de tomar las decisiones en la entidad, desarrollando una democracia participativa, inspirada en la comunalidad, pero incorporando el reconocimiento de las virtudes de la modernidad democrática en la que todos nos veamos reflejados.

c) En consecuencia, constituir un gobierno comprometido con el proyecto de desarrollo consensuado, representativo de la pluralidad existente.

* Eloí Vázquez López ha sido consejero nacional del Partido de la Revolución Democrática desde su fundación hasta la fecha.

¹ La mayoría de los migrantes oaxaqueños (52.1 por ciento) se dirige a los estados de México y el Distrito Federal y un tercio se distribuye entre los estados de Veracruz, Puebla, Baja California, Guerrero, Sinaloa y Chiapas. Los 23 estados restantes captan entre 2.1 y 0.1 por ciento del total de los migrantes oaxaqueños. Fuente: Instituto Tecnológico de Oaxaca.

² Oaxaca ocupa el lugar número 12 a nivel nacional por número de emigrantes internacionales, significa el 3.4 por ciento de la población migrante del país. Fuente: INEGI.

³ Las remesas enviadas desde Estados Unidos al estado por los migrantes oaxaqueños alcanzaron durante el primer semestre del 2006 un record histórico, ya que se cuantificó el ingreso de 585.3 millones de dólares, 23.21 por ciento más respecto al mismo periodo del 2005, Fuente: Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM).

⁴ En 2003, Oaxaca ocupó el lugar noveno nacional en remesas, con una participación de 4.90 por ciento del total, en los primeros tres meses del 2006, Oaxaca recibió el 26.9 por ciento (254 millones de dólares) de las remesas totales que llegaron al país. Fuente: INEGI.

⁵ El PCM en su primera participación en elección de ayuntamientos en 1980, resultando ser la quinta fuerza electoral del estado, ganó cinco municipios, dos de ellos en elecciones extraordinarias hasta abril de 1981; para 1989, el PRD ocupó el segundo lugar ganando treinta y cinco municipios. Fuente: Archivo Histórico del PRD.

⁶ La comunalidad es un concepto desarrollado por quién considero el intelectual orgánico de los pueblos indios de Oaxaca, Jaime Martínez Luna; consiste en la existencia de las formas democráticas comunitarias de toma de decisiones de quienes comparten la propiedad social de la tierra, estas son: La asamblea comunitaria como máxima autoridad, existencia de un sistema de cargos que obliga a cada individuo a seguir un estricto escalafón, basado en la vocación de servicio y sin remuneración, así como la obligación de cada uno de los jefes de familia de aportar una cantidad equivalente de fuerza de trabajo obligatorio para la realización de las obras de la comunidad. Todos estos son elementos que comparten los pueblos de Oaxaca (nota del autor).

⁷ Al respecto, véase Amabilia Terrazas, Consideraciones en torno a la Convención Nacional Hacendaria, en Federalismo hacendario en México. retso y alternativas, IERD, México, 2004.

⁸ En 1987, mediante una contrarreforma promovida por Heladio Ramírez, se eliminó la representación proporcional plena que existía en los ayuntamientos y la facultad que tenían de elegir al presidente municipal y síndicos en la primera sesión del cabildo, disposición esta última que databa de la fundación de los ayuntamientos oaxaqueños (nota del autor).

⁹ La destitución de la secretaria de transporte, Aurora López Acevedo, propietaria de más de 600 autobuses urbanos de la ciudad de Oaxaca –funcionaria muratista y esposa de Heliodoro Díaz Escárraga, actual Secretario de Gobierno– en mayo de 2006, fue seguida de su persecución judicial, acusada de falsificar 5 mil concesiones de taxi, las cuales en realidad fueron autorizadas por Murat y que benefician a diversas organizaciones sociales, entre ellas, varias dirigidas por líderes de izquierda. Actualmente, se encuentra fuera del país (nota del autor).

¹⁰ Capítulo: Perspectivas de la Relatoría y acuerdos de la Mesa Tres del Congreso Constitutivo de la APPO.