PROYECTO
DE RESOLUCIÓN DE LA CONVENCIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA Gerardo
Unzueta Lorenzana* De acuerdo
con los documentos preparatorios de la Convención Nacional Democrática,
me permito, en mi calidad de consejero nacional del Partido de la Revolución
Democrática, presentar a consideración de la Comisión Nacional Organizadora
de la Convención Nacional Democrática un proyecto de definición de los
elementos generales de la construcción de Estado social democrático, a
partir del contenido del artículo 39 de la Constitución Política de nuestro
país. México,
D. F., 4 de septiembre de 2006 1 Reunidos
en la Convención Nacional Democrática, hombres y mujeres libres, conscientes
y preocupados por el destino de la nación mexicana, resueltos a poner
fin a la república simulada, empeñarán sus esfuerzos en la conformación
de una sociedad plenamente democrática, cuyo eje y principio fundamental
será la soberanía popular, en la que el pueblo represente la autoridad
suprema, en la que el poder emane del pueblo y las decisiones internas
y externas básicas surjan de la voluntad de los ciudadanos. Con la representación
de organizaciones sociales y políticas, de municipios y poblados de distintas
regiones, proponen un proyecto de nación en el que las luchas históricas
de los mexicanos por su libertad encarnen en un sistema político que rescate
el contenido democrático profundo de la concepción de soberanía popular
que se estableció constitucionalmente a partir de las revoluciones de
1810, 1855 y 1910, eventos fundacionales de la comunidad mexicana. 2 La soberanía
reside en el pueblo; él emite o renueva su constitución en un acto soberano,
de autodeterminación. Ya que la soberanía es imprescriptible, inenajenable
e indivisible, el pueblo establece sus mandatos al poder público –el Estado
creado constitucionalmente, con sus poderes e instituciones–, para que
éste los cumpla; estampa en leyes sus derechos soberanos y ordena a los
funcionarios cumplirlos y hacerlos cumplir. El pueblo es el titular de
la soberanía; los funcionarios de los tres poderes son mandatarios, cuyo
deber es garantizar la soberanía en lo interno y en lo externo. 3 La lucha
por hacer de la soberanía popular el eje y principio de la democratización
plena de la sociedad mexicana tropezó en el pasado y tropieza hoy, con
grandes obstáculos, pues la voluntad colectiva del pueblo ha sido reemplazada
por un sistema político que transfiere la soberanía del pueblo a gobernantes
y falsos representantes, y le deja, en el mejor de los casos, un inconsistente
poder de sufragar, siempre en peligro de ser alterado en favor de los
dueños del dinero y del poder. Es una minoría de funcionarios la que realmente
ejerce el poder público en nombre del pueblo y de la nación. Los mexicanos
libres reunidos en la Convención Nacional Democrática se comprometen a
emprender una acción política permanente que conduzca a la modificación
de esos mecanismos institucionales presentes en todas las esferas ejecutivas,
legislativas y judiciales. Una nueva constitucionalidad debe garantizar
a los ciudadanos libertad y autonomía, el ejercicio de sus potencialidades
y la conducción de sus destinos, la creación de un sistema institucional
que abra paso al autogobierno personal, social y colectivo. 4 La nueva
constitucionalidad debe propiciar que el pueblo ejercite su soberanía
democráticamente y en todo momento, sin limitación alguna, para decidir
sus destinos como tal y los de la nación; debe establecer que los órganos
del Estado tienen el deber de escuchar al pueblo en todas las formas en
que éste desee expresarse y dondequiera que esté. Es sobre esa base que
el poder público y los funcionarios que lo integran están obligados a
promover un bienestar creciente, la expansión de la economía, la garantía
del medio ambiente sano, el respeto a los derechos humanos y el establecimiento
de un orden internacional justo, equitativo, de cooperación y de paz.
La legitimidad del Estado mexicano y de cada uno de sus órganos deberá
juzgarse por su apego a la soberanía popular. Es hoy, ante los fenómenos
desatados por una globalización conducida por el capital financiero, que
la soberanía cobra mayor relevancia. Los pueblos, en ejercicio de su soberanía,
han de determinar la actitud de sus gobiernos. La defensa de la autodeterminación
colectiva ha de permitir que sean los pueblos los que decidan y controlen
el contenido y las formas de las relaciones internacionales. 5 Las normas
de la nueva constitucionalidad en que se exprese la soberanía popular,
deben reunir en sí mismas carácter legal y legítimo, deben ser sencillas
y asequibles a toda la población y a sus órganos de convivencia. Sin pretender
agotarlas, han de contener, por lo menos, las siguientes garantías: a)
revocación del mandato de todos los puestos de representación; b) institución
del referéndum para todo tipo de reformas constitucionales; c) anular
los fueros y tribunales especiales; d) establecer el principio de que
los representantes populares tendrán carácter de comisionados sujetos
a rendición de cuentas; e) establecimiento de un consejo de participación
ciudadana para el control de los medios de comunicación; f) ciudadanización
plena de los órganos electorales, mediante la designación por insaculación
de un consejo electoral temporal; g) designación de los altos funcionarios
de la administración pública federal por el Congreso de la Unión a propuesta
del Poder Ejecutivo; h) refundación del sistema de justicia en el que
se introduzca la formación de la Suprema Corte por Colegio Electoral del
Congreso de la Unión de entre los funcionarios propuestos por los congresos
locales con intervención de la sociedad civil, así como elección del procurador
general de justicia de la república y de los procuradores de justicia
de los estados; i) aprobación de los tratados internacionales por parte
del Congreso de la Unión; j) definir el acceso rápido y expedito a la
información desterrando los conceptos de información estratégica y restringida;
k) establecimiento de un catálogo de sueldos para servidores públicos
regido por los principios de transparencia, austeridad y racionalidad;
l) publicar anualmente un registro de bienes de funcionarios y servidores
públicos. En espera
de que esta proposición se admitida, estudiada y resuelta, quedo de ustedes. * Analista político y miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática. |