Convención
Nacional Democrática y Frente Amplio La Convención Nacional Democrática resolvió, el pasado 16 de septiembre, en una magna concentración de más de un millón de personas realizada en el Zócalo de la Ciudad de México, que Andrés Manuel López Obrador se convierta en el presidente legítimo de México. Resolvió también convocar a una amplia movización ciudadana para lograr un cambio profundo en todas las estructuras e instituciones de la república. Estos acuerdos tomados en ejercicio del principio constitucional de la soberanía popular tienen múltiples antecedentes y poseen su propia dinámica. Desde la creación del Frente Democrático Nacional en 1988 y la postulación de Cuauhtémoc Cárdenas como su abanderado presidencial, la sociedad observó el inicio de una confluencia de diversos sectores, grupos, organizaciones y partidos, con los cuales se formó el PRD, para iniciar los cambios fundamentales. Sin embargo, el fraude cometido por el PRI en ese año, signó el destino de nuestro país y las alianzas para impedir la democratización de la nación. Desde entonces, la lucha de la izquierda ha tomado distintas vertientes, como la apropiación de los espacios públicos para denunciar la injusticia y los abusos de la autoridad, así como la manifestación sistemática de las demandas de la población, pero sobre todo, la participación de los representantes de los diversos grupos sociales en los espacios legislativos y de gobierno. Estas diversas maneras de participación política se han reflejado en numerosas iniciativas de ley vigentes y políticas públicas en estados y municipios gobernados por el PRD, defendiendo los intereses del pueblo mexicano. Un aspecto central de la propuesta de reforma del Estado ha sido la crítica al régimen presidencial, autoritario y centralista, y el cuestionamiento a la política económica neoliberal; no obstante, nuestros representantes también han asumido, cuando ha sido necesario, la negociación como la manera de construir nuevas condiciones para el cambio hacia la vida democrática. En todos los casos, el PRD ha mostrado sus propias posturas frente a la lucha política que rebasa el sentido pacífico del cambio, cuando la población ha roto sus límites o ha tomado justicia por su propia mano; igualmente, cuando el poder centralista ha intentado disminuir los derechos ciudadanos o no ha respondido con la estatura que se requiere frente a los embates económicos y políticos del exterior o cuando se ha intentado vulnerar la independencia de otras naciones. El PRD ha sido desde su origen un partido congruente con la historia y factor activo en el impulso del tránsito a la democracia. La conclusión del sexenio del presidente Fox deja la huella del tiempo perdido, donde se desperdicio la alternancia política, donde el mismo alimentó la tentación de la continuidad en manos de su esposa Marta, pero además, en la cual dispuso de la estructura gubernamental para favorecer al candidato de su partido. En una palabra, el signo de este gobierno fue la falta de lealtad a la patria. Más que un acto simbólico, las decisiones de la Convención Nacional Democrática son acciones de resistencia civil. Con ellas, se abrirá un nuevo sendero que requiere nuestra historia, pero también otra ardua dinámica que debemos emprender los mexicanos progresistas. Las distintas vertientes de participación democrática en el país, que fluyen como ríos hacia un mar de organización, han creado el Frente Amplio Progresista (FAP), con el propósito principal de impulsar un programa de profundas transformaciones. Este frente no pretende fusionar a sus integrantes, sino concretar un acuerdo entre las diversas fuerzas y personalidades que tienen definido un proyecto político común, manteniendo una pluralidad y diversidad ideológica. Este acuerdo obliga a sus integrantes a la unidad de acción y el acatamiento de los compromisos políticos y programáticos, sin perjuicio del mantenimiento pleno de la identidad histórica y de los principios que sostienen las distintas fuerzas participantes. El Frente emprenderá una intensa lucha para aprobar reformas profundas a la Constitución, por lo que impulsará en el Congreso de la Unión la plataforma y el programa de gobierno de la Coalición, expuestas en este número de Coyuntura por los coordinadores parlamentarios del PRD, el senador Carlos Navarrete y el diputado Javier González Garza. La agenda programática del FAP, presentada el pasado 25 de octubre de 2006, busca satisfacer las demandas fundamentales de la población, reducir la pobreza, promover la democracia y ganar espacios de libertad frente a la restauración autoritaria en marcha. Entre las reformas propuestas se encuentran aquellas destinadas a fortalecer las finanzas públicas y restablecer la capacidad de promoción del desarrollo del Estado; una reforma fiscal justa y equitativa que considere el cambio del régimen fiscal de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, para reforzar su operación y oponerse a todo intento de privatización del sector energético; promover la adopción de un sistema de seguridad social universal y diseñar políticas distributivas de mayor profundidad para aumentar la cobertura y la calidad de la educación; la realización de una reforma electoral de fondo, que garantice equidad en los comicios, modifique la estructura del IFE y del tribunal electoral y otorgue independencia a los integrantes de estos organismos. Además, deberá impulsar el fortalecimiento de las finanzas públicas y una política de austeridad del Estado en los tres poderes y órdenes de gobierno; el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios; la promoción del federalismo; el establecimiento de una política exterior de Estado y, la creación de un método integral para la revisión de la constitución política. Las tareas pendientes de la CND y el FAP representan un gran reto, sobre todo en un ambiente de descomposición social y política como el que se vive en Oaxaca y en otros puntos cardinales del país. Coyuntura, como parte del gran mosaico del movimiento democrático nacional, apoyará con plena convicción estas manifestaciones, recibiendo en sus páginas análisis, propuestas y alternativas. Uno de los temas que merece nuestra atención en este número es el papel que desempeñan las instituciones que imparten justicia. Es el caso específico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues en sus manos quedaron las resoluciones fundamentes que le dan dirección política al país. Con su resolutivo sobre la calificación de la elección presidencial dejaron en claro que la puerta del fraude aún permanece abierta y que es necesario para la sociedad y las fuerzas democráticas establecer criterios para dar respuesta a las violaciones que se observaron durante el proceso electoral presidencial y a las que respondieron con la ingenua deducción de que no tuvieron impacto en la preferencia de los electores. Esta cuestionable resolución permite que la autoridad política formal pueda hacer lo que sea necesario por mantener el poder y que no exista juicio o procedimiento de impugnación posible. La asombrosa paradoja de nuestro sistema judicial es que ha develado que la defensa del ciudadano, por parte del propio ciudadano, es posible, es necesaria y es legítima. Frente a este escenario, el PRD debe dar muestras de congruencia democrática, promoviendo espacios novedosos de información política para la sociedad y los ciudadanos con el objeto de fomentar la participación ciudadana que requiere nuestro pueblo. Es necesario formular también, con mayor precisión nuestro proyecto de nación; proponer una estrategia de comunicación eficaz que integre nuevos grupos, sectores y generaciones. Desde ahora, la historia
de la nación la escriben los ciudadanos en las calles, plazas públicas,
escuelas, sindicatos, comunidades, pueblos y barrios; y también se expresa
en las políticas públicas que, con transparencia, ética,
conciencia social y austeridad republicana, impulsan los gobiernos y representantes
populares comprometidos con los principios y el programa de la izquierda,
respetando siempre la soberanía popular. |