Reconstruir las instituciones, nuevo horizonte de la democracia

Los sexenios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox profundizaron un modelo de desarrollo injusto y excluyente, que privilegia al mercado siguiendo disciplinadamente los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y del “Consenso de Washington”.

Las políticas neoliberales trazadas desde el exterior y aplicadas con todo rigor han originado una creciente pobreza y extendido la miseria. Hoy, es claro que este proyecto no tiene viabilidad ni futuro y lleva a la nación a un abismo y a la violencia. Parte central de la estrategia del gobierno de Vicente Fox ha sido utilizar los programas asistencialistas como “Oportunidades” para incrementar el control social sobre los grupos de pobreza extrema, buscando inducir su voto en favor de los candidatos afines a la continuidad del modelo neoliberal, con objeto de mantener intacta la integración subordinada a la economía de Estados Unidos, seguir abasteciendo la reserva estratégica de petróleo de ese país y mantener el flujo de mano de obra indocumentada que, por carecer de derechos sociales y laborales, le resulta altamente redituable a la economía estadounidense.

Para nuestro país el costo ha sido muy elevado. Los signos son muy diversos, como el empobrecimiento de la población, la elevación de la contaminación en sus diversas modalidades, la falta de equipamiento en sectores como el de la salud, educación, agricultura, pesca, industria, entre muchas otras. Todo esto ha hecho que la población acepte, por necesidad, empleos mal remunerados y con condiciones laborales que parecían superadas. En una palabra, 18 años de polarización política y social.

El sexenio de la alternancia ha sido, en realidad, la continuación y profundización de las políticas neoliberales. Hoy, el régimen pretende brindar a nuestra sociedad una democracia aparente, carente de un auténtico ejercicio de la soberanía popular y secuestrada por instituciones electorales subordinadas a los intereses del bloque de fuerzas monopólicas y transnacionales que se han beneficiado de más de veinte años de políticas de ajuste estructural. Con este objetivo, pretende mantener el control del Poder Ejecutivo federal y usar en su beneficio a las instituciones de la república, buscando imponer como presidente, a cualquier costo, al candidato de la derecha.

El proceso electoral ha transcurrido con una continua injerencia del gobierno federal que junto con las cúpulas empresariales impulsó una propaganda negra que desencadenó odios y diferencias raciales y sectoriales. A esto hay que añadirle las violaciones a la legalidad electoral en que incurrieron los consejeros del Instituto Federal Electoral y las múltiples presiones a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que la decisión tomada fuera favorable a los intereses de los grupos monopólicos que controlan el poder en México.

La “Coalición por el Bien de Todos”, así como numerosos analistas, intelectuales y académicos han mostrado múltiples evidencias de que en el proceso electoral del 2006 se violaron los preceptos constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Sin duda, la Coalición y su candidato, Andrés Manuel López Obrador, deben alcanzar acuerdos que permitan, con inteligencia y sentido patriótico, crear una correlación de fuerzas que permita el triunfo de un proyecto alternativo de nación e impida que se consume la usurpación de la voluntad popular.

Las opciones que la población tiene para reconstruir el Estado nacional son diversas. Para unos, la opción es una insurrección revolucionaria, pero también, desde 1968 ha sido la aspiración mayoritaria del pueblo de México impulsar la transición democrática y la transformación de las instituciones de manera pacífica. La Convención Nacional Democrática se inscribe en la perspectiva de unificar la voluntad de amplios sectores populares a través de una convocatoria que defina el rumbo futuro de la nación y mire hacia delante retomando las experiencias de nuestra historia nacional.

Pensar un México democrático sin corrupción, sin impunidad, sin pobreza, sin privilegios no es una fantasía o un sueño, sino una opción que tenemos que plantearnos para desarrollar una nación moderna, esto es, reorganizar nuestras instituciones nacionales para hacerlas más equitativas y democráticas, para lograr un desarrollo económico con justicia, equidad, generación de empleos y un crecimiento económico con bienestar social y respeto a los derechos humanos. Pensar en un país democrático significa pensar en los demás como en uno mismo, pensar en las futuras generaciones como en nuestros hijos y pensar en la democracia plena como la opción más viable para nuestra nación.

Ciudad de México, 14 de agosto de 2006.