Diario poselectoral

Rosa Albina Garavito Elías*

Este artículo es una versión de mis colaboraciones publicadas en El Universal durante los meses de junio, julio y parte de agosto de 2006. Todas ellas, son reflexiones en torno al proceso electoral del 2 de julio que, a la fecha, aún no nos permite conocer los resultados de esa jornada. Seguramente, nadie imaginamos que un mes después de la jornada electoral estaríamos en estas circunstancias. Una crisis desfondada por la ambición del foxismo-panismo para retener el poder a toda costa; una crisis que está poniendo a prueba las instituciones electorales que el movimiento democrático conquistó a lo largo de muchas luchas, de manera primordial las que se desencadenaron a partir de julio de 1988, en las cuales, por cierto el PRD tiene su origen.

Después de diez años de que se lograra el acuerdo de las diversas fuerzas políticas, plasmado en la reforma electoral de 1996 (ciudadanización de los órganos electorales) y después de 18 años de que el movimiento democrático del país reclamara de manera masiva y constante el respeto al voto ciudadano, hoy nos encontramos con la negación de esos reclamos y con el intento de retroceder en el único acuerdo político logrado en nuestra larga y pasmada transición, esto es: elecciones que cumplan con los requisitos de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

El incumplimiento de esos principios inició con la intromisión del presidente de la república en la campaña electoral a favor de su candidato. Con el argumento de que lo asiste el derecho ciudadano de manifestar públicamente sus simpatías políticas, Vicente Fox usó tiempos y recursos del Estado para desplegar su proselitismo a favor del candidato de la derecha, Felipe Calderón Hinojosa (FCH). Además, existen indicios publicados en medios de comunicación, como La Jornada, sobre el uso clientelar de los recursos de programas de desarrollo social. No fue menor en esta historia de injerencia en el proceso, por parte del gobierno, la decisión de nombrar como coordinadora de la campaña de FCH a Josefina Vázquez Mota, hasta entonces Secretaria de Desarrollo Social, quien puso a disposición del PAN el padrón de los beneficiarios de los programas de esa secretaría. Tampoco habría que olvidar, el hecho de que la empresa Hildebrando, propiedad de un cuñado de FCH, haya vendido servicios de software al IFE.

Por si este listado de indicios de injerencia y manipulación del proceso electoral fueran pocos, hay que agregar que la composición de Consejo General del IFE estuvo definida sin la participación del PRD y, además, sumar el intento (2004-2005) de hacer efectivo el desafuero de AMLO, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal. Así, lo que a partir de 2004 se desplegó ante nuestros ojos fue la manifiesta ruptura del pacto democrático de 1996 y, con ello, el intento de retroceso del proceso de democratización del país al periodo previo a 1988, intentando botar a la basura veinte años de luchas del pueblo de México por hacer realidad el respeto  al voto en la elección de gobernantes.

Estas colaboraciones van dando cuenta, así sea de manera parcial, de la evolución del proceso poselectoral. Están hechas al calor de los acontecimientos, así que otras se requerirán –una vez concluido el proceso– para hacer un balance del mismo. Dicho balance habrá de tomar en cuenta la radiografía electoral que emergió de ese 2 de julio; y los indicadores sobre el grado organizativo del PRD, así como también la supuesta fractura social del país. Por su parte y sin duda, el análisis de la campaña electoral se convertirá en la crónica del fraude anunciado que hemos visto desplegarse ante nuestros ojos en las semanas posteriores a la jornada del 2 de julio; mientras que los acuciosos análisis sobre la estrategia del fraude, puesto al desnudo por científicos y socializado a través de La Jornada y de los correos electrónicos, habrán dado cuenta del grado de conciencia política de los ciudadanos sin partido, y también del peso de la experiencia de un pasado reciente de fraudes, que hoy se intenta reinstaurar.

Por fortuna, 2006 no ha sido 1988. Una cultura preventiva sobre el fraude, un mayor grado de organización política; el desempeño de instituciones que al no cumplir con su mandato constitucional, como el IFE, tampoco pudieron implementar la burda caída del sistema como en 1988; también, la pluralidad política y la mayor libertad de expresión, han sido fundamentales para resistir y hasta ahora impedir la imposición, y, sin duda, la presencia del firme liderazgo del candidato de la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Moral ciudadana

Así titulé mi artículo publicado un día antes de la jornada electoral. Flotaba en el ambiente el llamado de intelectuales de izquierda, simpatizantes o no de La Otra Campaña, a no votar o a anular el voto. Al respecto, recuerdo un artículo de Marcos Rascón y otro de Adolfo Gilly, ambos publicados en La Jornada. Por mi parte, a pesar de mis críticas al PRD por su pragmatismo electoral, su falta de institucionalidad y de democracia interna, el gran peso de sus liderazgos caudillescos, en fin, a pesar de mi tesis de que el PRD se ha convertido en una refuncionalización del PRI, llamar a no votar o anular el voto me pareció (y parece) una posición errónea y una inmoralidad ciudadana. En lo que sigue transcribo una versión del referido artículo.

En México, votar es un derecho no una obligación jurídica, pero a partir de 1988 no ejercer ese derecho va en contra de la convivencia civilizada y, por tanto de la democracia. Digo a partir de 1988, porque antes de esa fecha votar era parte de un ritual para la reproducción del régimen priista. El voto comenzó a ser expresión de la voluntad ciudadana a partir de que esta se rebeló contra la manipulación del régimen. Esa rebelión costó muchas vidas. Durante los sexenios de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, los asesinatos de perredistas por su exigencia de respeto al voto sumaron más de 600; evidentemente, era una lucha subversiva. Quien no salga a votar el próximo 2 de julio habrá echado a la borda ese sacrificio.

Ese derecho se conquistó en contra de la voluntad del PRI y del PAN. En contra de la voluntad del PRI, por la obvia razón de que la transparencia electoral minaba su permanencia en el poder; en contra de la voluntad del PAN, porque este partido olvidó sus demandas democráticas frente a la jugosa oferta de Carlos Salinas de otorgarle la legitimidad que no había ganado en las urnas, a cambio del reconocimiento de los triunfos electorales panistas.

Estos partidos accedieron a la reforma electoral que ciudadanizó los órganos electorales en 1996, esto es, que arrancó de manos del gobierno el control de los comicios, porque ya no les quedó más remedio. Gracias al empuje del EZLN y a las consecuencias de la crisis económica que estalló en diciembre de 1994, la peor después de 1932, el gobierno de Ernesto Zedillo necesitaba con urgencia garantizar la gobernabilidad mediante el reconocimiento de la fuerza política real de los partidos de oposición, a través de elecciones limpias y no de la forma selectiva como lo había hecho Carlos Salinas a favor del PAN. De no ser por estos factores, seguramente todavía estaríamos discutiendo las reformas electorales para hacer valer el voto ciudadano; lo que no significa que no exista la necesidad de cambiar ese marco jurídico en temas como la transparencia del origen de los recursos de campaña, la disminución de sus costos, el control del uso de los medios electrónicos y la reducción del tiempo de dichas campañas, pero este es un tema que, junto con las reformas al régimen político, tendrían que discutirse una vez concluido el proceso actual.

Así que volviendo a nuestro argumento sobre la importancia de votar, recordemos que como resultado de las triquiñuelas de Carlos Salinas con el PAN, el PRI logró mantener su permanencia en Los Pinos por doce años más. Los suficientes para llevar adelante la política económica que ha desmantelado la estructura productiva del país, convirtió en deuda pública la deuda privada de los bancos, ha profundizado el deterioro del bienestar social de la población y que tiene en vilo a los millones de migrantes, porque su futuro depende de una reforma migratoria que el gobierno de EU decidirá de manera unilateral. Seguramente, todos estos perjuicios a la nación y a las grandes mayorías se habrían evitado con el respeto a la voluntad popular en 1988.

Sin embargo, a pesar de que en el año 2000 la voluntad popular se respetó, el país continuó caminando hacia el abismo. ¿O de qué otra manera calificar el significado de aumentar en más de 5 millones el déficit en la generación de empleos durante el gobierno foxista? ¿O el de haber continuado con la sangría de Pemex, a pesar de los altos precios del crudo? Hacia el abismo también caminó el país por la facciosa decisión de iniciar el procedimiento de desafuero contra AMLO en 2004.

Por fortuna, ya estamos en 2006 y además de que la moral ciudadana obliga a votar, es necesario que el voto contribuya a que el país recupere su capacidad de crecimiento en beneficio de las grandes mayorías, porque tantos y tan profundos abismos sociales no sólo significan mayor desigualdad, sino también mayor deterioro de las instituciones republicanas y mayor vulnerabilidad frente a los desafíos externos. No podían ser otras las consecuencias de gobernar durante tantos años al servicio de los privilegios para unos cuantos y muy lejos del interés nacional y social.

Además de que el proyecto de cambio existe, también está presente una ciudadanía informada y crítica que sabe de la necesidad de empezar a ponerle apellidos a la democracia en favor de las grandes mayorías del país. Y en medio de la tradición que dicta que la política es para enriquecerse, tener la oportunidad de votar por alguien con vocación de servicio al pueblo y a la nación, como AMLO, lo considero un hecho afortunado. Como afortunado es hacer uso de la conquista histórica del derecho de votar en libertad.

Retos abiertos el 2 de julio

Llegó el 2 de julio con la sorpresa de un cuasi empate entre FCH y AMLO. En una democracia gana quien tiene la mitad de los votos más uno. Pero, ¿realmente esa fue la situación? Los votos contabilizados en el PREP y después en el cómputo distrital ¿corresponden a la suma real de los millones de voluntades ciudadanas? O, por el contrario, como antaño, ¿se hicieron presentes las prácticas fraudulentas? Una serie de torpezas cometidas por el IFE empezaron a generar la sospecha, la duda y, con ellas, el análisis metódico de los resultados. Las evidencias del fraude empezaron a recopilarse y a hacerse públicas. En lo que sigue, en mi artículo de la semana posterior a la jornada elctoral, hago las siguientes reflexiones.

La jornada electoral abrió retos fundamentales. De la manera en que esos retos se resuelvan dependerá el desarrollo y la paz social del país. El primero de esos retos es acreditar la confianza de la población de que su voto se respeta. Esa confianza quedó seriamente lesionada con las irregularidades en el conteo de los votos del PREP. La primera, haber iniciado la presentación de resultados con entidades eminentemente panistas para generar la imagen de un candidato triunfador. La segunda, no haber contabilizado más de 2.5 millones de votos sin la explicación necesaria, para después incorporarlos de manera súbita y reducir la diferencia entre los punteros. La tercera, la existencia de una diferencia inexplicable de actas entre las tres votaciones nacionales. La cuarta, la evidencia de la supresión de votos a favor de AMLO en el cómputo de algunas actas. La quinta; después de generado el ambiente de desconfianza por ese desaseo en el manejo del PREP, haber realizado el cómputo distrital a toda prisa cuando no existe término legal para ello.

En una contienda tan cerrada como la del pasado 2 de julio, ¿por qué la prisa de culminar con ese cómputo en el menor tiempo posible? Lo correcto habría sido que los consejos distritales realizaran su trabajo con toda la calma necesaria para dar certidumbre a los resultados. Esto es, que se abrieran los paquetes y se contaran de nuevo las boletas, sin importar el tiempo que ello significara. Sin embargo, consejeros del IFE y otros voceros desacreditaron dicha necesidad mediante una campaña sobre la presunta ilegalidad de abrir paquetes fuera de las causales del artículo 243 del Cofipe, haciendo a menos los principios de certidumbre y transparencia. Por si fuera poco, todavía durante el cómputo distrital ininterrumpido, fuimos testigos de un comportamiento estable de los resultados, difícilmente explicable en una geografía política dividida por sus preferencias electorales.

Con ese tipo de hechos, por supuesto que es necesaria la impugnación del proceso electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No importa quién sea el triunfador de la jornada del pasado 2 de julio, lo fundamental es que ese triunfo se acredite de manera transparente, de otra manera la sombra de ilegalidades en el proceso se proyectará a lo largo del próximo gobierno. ¡Lo que menos necesita el país!

Por otra parte, es claro que el proceso electoral se convirtió en un plebiscito sobre la necesidad de cambiar el proyecto de país que ha venido imponiéndose a lo largo de los últimos treinta años. Los primeros resultados sobre ese plebiscito es que existe un empate entre la continuidad y el cambio. Aún cuando el tribunal limpiara la elección, el resultado sería la profunda división entre dos concepciones de país.

Frente a esta división tajante, quien gobierne tiene la obligación de incluir a la otra parte. De manera reiterada, FCH ha propuesto la reconciliación nacional y el gobierno de unidad. Es evidente que eso significa oferta de puestos en su gabinete. Más de un interesado (a) podrá tomarle la palabra, y ello no habrá significado beneficio alguno a la nación, como no significó la alianza de Carlos Salinas con el PAN o la de Ernesto Zedillo con ese partido; por la sencilla razón de que esos pactos tras bambalinas tuvieron como objetivo otorgar legitimidad a cambio de beneficios políticos particulares. Si tales experiencias se reeditan, su resultado será seguir ahondando la fractura social que ya vivimos.

Por el contrario, el desafío es lograr que el proyecto y el programa con el que se gobierne sea incluyente de las dos visiones de país que se manifestaron con toda claridad el pasado 2 de julio. Por su parte, AMLO ha propuesto la necesidad de lograr un gran pacto nacional con la concurrencia de las diversas fuerzas políticas y sectores sociales, para acordar los cambios que permitan relanzar el desarrollo del país. Un pacto sin duda imprescindible para lograr la cohesión en torno a un proyecto nacional, misma que se evaporó con la ruptura del pacto social del siglo XX. La moneda está en el aire. Respetar la legalidad electoral es la mejor opción.

Hacia el futuro

Dos semanas después de la jornada electoral, el equipo de FCH se mostraba presuroso por iniciar los trabajos de la transición del poder y el candidato tenía reuniones, ciertamente, con personajes menores de la política nacional, en su calidad de supuesto candidato triunfador, por lo demás, así lo había nombrado el presidente del Consejo General del IFE, Luis Carlos Ugalde. Por su parte, la Coalición por el Bien de Todos CPBT) llamaba al recuento de voto por voto y casilla por casilla. A este tema dediqué el siguiente artículo, de cuya nueva versión transcribo los siguientes párrafos.

Por fortuna, cada día va creciendo la corriente de opinión que apoya la necesidad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, otorgue la certidumbre necesaria a la calificación presidencial, mediante la apertura de paquetes electorales y el recuento de los votos. Esa corriente trasciende ya a los sectores simpatizantes de AMLO y abarca incluso a seguidores de Calderón Hinojosa. A menos esa es la percepción que tengo a partir del registro de las opiniones de los analistas, de lo que escucho en mi entorno y también de los lectores que gentilmente me hacen llegar sus mensajes.

Pareciera que la razón que está prevaleciendo es la necesidad de construir la credibilidad y certeza necesaria para el triunfador de una contienda tan cerrada. Lástima que a esta corriente aún no se sume el propio abanderado del PAN, pues de hacerlo se generaría una distensión muy saludable en la confrontada situación política que vive el país. Reconocer la necesidad de apertura de los paquetes electorales no pone en riesgo ningún supuesto triunfo, por el contrario, le daría una mayor solidez y autoridad moral, en caso de hacerse realidad. Dos requisitos muy importantes en la situación de crisis por la que el país atraviesa.

Por fortuna, la Presidencia de la República ha declarado que no iniciará contacto con el equipo de transición que, de manera indebida, ya ha designado Felipe Calderón. Escuché en la radio decir a Josefina Vázquez Mota que ellos “son muy respetuosos de la legalidad, pero que no hay tiempo qué perder”; de ahí, según ella, la necesidad de iniciar esos trabajos. ¿Nadie le habrá dicho que en estos casos la prisa es muy mala consejera? No sólo porque provoca que se tomen decisiones inconvenientes, sino además porque, en este caso particular, envía un mensaje de inseguridad acerca de un triunfo que se insiste ya tener en las manos y ese mensaje, a su vez, hace crecer la suspicacia que flota en el ambiente.

Durante aquella semana, el IFE contribuyó de nuevo a aumentar el recelo sobre su actuación, cuando funcionarios de ese instituto fueron sorprendidos abriendo paquetes electorales en un distrito de Tabasco y cuando, además, su respuesta absurda fue involucrar al tribunal por una supuesta solicitud de ese organismo para procesar la impugnación ¡que todavía no era recibida! Para colmo, con la más absoluta insensibilidad sobre el momento que el IFE está viviendo, también en esta semana, los consejeros electorales se adjudicaron una cuantiosa compensación por el trabajo desempeñado durante este proceso electoral. No dudo de los términos legales de esa bonificación, pero tampoco de los inmorales, por la cantidad y por la falta de oportunidad política. ¿No podían esperar a que su trabajo fuera calificado de manera positiva por la sociedad una vez concluído el proceso? ¿Por qué adelantar una generosa autovaloración a través de esa recompensa económica? ¡Otra vez la prisa!

Una prisa que para nada se justifica, cuando día tras día surgen más evidencias de la mala calidad de la organización del proceso electoral. Por ejemplo. ¿por qué la alta incidencia de sustitución de funcionarios electorales en ciertas entidades federativas? ¿Es sólo probable e interesada intervención de los partidos políticos, desinterés de la ciudadanía o falta de cuidado en la capacitación y motivación a la participación ciudadana? Un IFE que no contrarresta adecuadamente los incentivos a estas conductas, está contribuyendo en muy poco al desarrollo de la cultura democrática del país.

Una vez que superemos la tormenta poselectoral que estamos viviendo, es evidente la necesidad de abrir un amplio debate nacional sobre la reforma electoral que, por lo visto los partidos ya no consideraron necesaria. En esa discusión tendrían que estar presentes temas como el blindaje del IFE, la depuración del padrón y, por supuesto, la regulación de precampañas y campañas, así como el costo y la duración de las mismas. Además, también es necesario crear nuevos espacios para el ejercicio del poder político. Es evidente que nuestra penosa e incipiente democracia electoral, ya no alcanza para procesar la complejidad del país que somos Es hora de abrir los canales a la democracia participativa.

No validez de la elección

En el siguiente artículo arriesgué mi hipótesis que la verdad legal y la verdad histórica se reencontrarían en la declaración de no validez del proceso electoral nulidad. No ha sido esa la demanda de la Coalición por el Bien de Todos, pero en lo que sigue trato de argumentar sobre las bondades de esa posible resolución.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene en sus manos la oportunidad de generar las condiciones para restablecer el pacto roto por la clase política en el poder; me refiero, por supuesto, al único acuerdo logrado en nuestro accidentado proceso de transición cuya esencia fue: son los ciudadanos quienes de manera libre y secreta eligen a sus gobernantes. No es otro el significado de la ciudadanización de los órganos electorales plasmado en la reforma de 1996. Ese pacto se respetó en el 2000 y dio origen a la alternancia política, pero ya en el poder, el foxismo y el panismo decidieron violentarlo aliados a un sector del PRI.

El primer episodio de esa ruptura lo vivimos de mayo de 2004 a abril de 2005, con el intento de desafuero de AMLO, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal. Dicho intento fue derrotado por la movilización democrática de la ciudadanía y la firme conducción política de AMLO, pero la clase política en el poder no cejó en su propósito. De ahí el rosario de conductas indebidas del gobierno foxista en el proceso electoral; del uso excesivo de recursos en la campaña panista; de la utilización de la campaña sucia contra su adversario; y no conformes con ello, de la manipulación de actas de la jornada electoral de la cual resulta aproximadamente un millón y medio de votos sin respaldo en boletas. Evidentemente, no se trató de un proceso que haya respetado los principios del artículo 41 constitucional que son los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, sino de un segundo episodio de la ruptura del pacto de 1996.

Pero todo crimen deja huella, y el que hoy se intenta cometer contra nuestra incipiente democracia no es la excepción. El de 1988 no se pudo documentar por la quema de los paquetes electorales apoyada por PAN y PRI, pero no es el caso en 2006 y la documentación que evidencia el fraude será la que el Trife analice para sustentar su fallo. Una decisión que para otorgar certidumbre plena tendría que basarse en el cómputo de voto por voto, y si en este conteo las irregularidades son tantas como documenta la CPBT en el 60 por ciento de las casillas, entonces mi opinión personal es que la declaración de nulidad del proceso electoral sería una decisión legal y justa. Legal, porque respondería al incumplimiento de los principios constitucionales del proceso electoral, y justa porque crearía las condiciones para restablecer el pacto de 1996 y para avanzar un poco más.

Me explico: después de anular el proceso, la primera decisión que obligaría a un acuerdo político sería la designación de un presidente de la república interino y, de manera simultánea, las reformas necesarias que logren reconducir el siguiente proceso electoral por el camino de los principios constitucionales. Además, esa resolución del tribunal crearía las condiciones, no sólo para restituír lo que ya teníamos en el 2000, sino también para rediseñar nuestro régimen político, esto es, para iniciar la tan pospuesta reforma del Estado. Un rediseño constitucional cuyo piso mínimo sería la reforma al régimen presidencialista, porque es evidente su obsolescencia frente al país plural que somos, y la segunda vuelta electoral; sin duda, las figuras tradicionales de la democracia participativa, pero que también tendría que abarcar dos reformas políticas democráticas de la mayor importancia: la libertad sindical y la autonomía indígena.

Con un acuerdo político de esa naturaleza, concertado con todas las fuerzas políticas y sociales por el presidente interino, el presidente que gobernara los cuatro años restantes del sexenio tendría despejado el camino para ser electo con legalidad y legitimidad, pero también con los instrumentos necesarios para darle nuevos horizontes a la república.

Para concluír, déjeme contarle que este tipo de reflexiones yo las acostumbraba discutir con mi querido amigo Alfredo del Valle, quien fue brutalmente asesinado el pasado 15 de abril. Alfredo era un jurista sabio y de sus análisis siempre admiré su capacidad para conciliar la verdad histórica con la verdad legal, y la objetividad con su compromiso político.

Después de esa reflexión, en el siguiente artículo,  analizo las condiciones teóricas y concretas en las que se encuentran los magistrados del tribunal para resolver las impugnaciones presentadas.

Los siete sabios

Si la verdad se mostrara sin ningún velo no habría necesidad de la ciencia; no sería necesario elaborar conceptos para explicarla, y si la realidad del mundo de las llamadas ciencias exactas es renuente a mostrarse ante el ojo humano que la escudriña, más resistente aún es el encuentro de la verdad en el campo de las ciencias sociales, porque su objeto de estudio está hecho de relaciones sociales. Nada más etéreo, pero tampoco más contundente.

En relación a los resultados electorales del pasado 2 de julio, las últimas semanas hemos vivido un debate nacional por encontrar la verdad de los resultados. Cierto, también estamos esperando que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), realice el cómputo final y resuelva legalmente sobre los resultados del proceso. En ese momento tendremos la verdad legal e inatacable sobre los comicios presidenciales. El problema es que no necesariamente tendremos la verdad histórica, esto es el fallo que corresponda a lo que realmente sucedió. Sin embargo, eso no quita que la gran responsabilidad del TEPJF es hacer coincidir la verdad legal con la verdad histórica.

Pero, si lo que realmente sucedió tuvo lugar en una sociedad escindida, ¿cómo entonces hacer coincidir la verdad legal con la verdad histórica? ¿Cómo hacer coincidir el concepto con la cosa? ¿Cómo arribar al punto en el cual se une lo que aconteció, con aquello que la autoridad jurídica determinó como verdadero? En otras palabras, en estas circunstancias ¿cómo se logra hacer justicia? ¿Por qué se consigue unir lo que antes del fallo estaba separado? ¿Acaso no es esa la obligación del Poder J udicial, aplicar la ley para hacer justicia?

Sigamos con el razonamiento: si lo que digo es cierto y si el TEPJF logra hacer coincidir la verdad legal con la verdad histórica, logra hacer justicia, entonces la confrontación política y social que estamos viviendo se resuelve. El primer indicador de ello sería la aceptación de los resultados por parte de los contendientes y de la sociedad en su conjunto. En ese caso –que tendría que ser la aspiración general de la sociedad–, la legalidad coincide con la legitimidad y el tribunal habrá cumplido de manera eficaz con su delicada tarea.

Y para cumplir con la delicada tarea de hacer justicia, de hacer coincidir la verdad legal con la verdad histórica, la legalidad con la legitimidad, el tribunal tiene las herramientas necesarias. La más importante de ellas es el marco constitucional y legal para calificar si el proceso electoral estuvo apegado a los principios ahí contenidos. Por fortuna, esos instrumentos legales no son producto de la inspiración divina o de un gobierno de facto, sino de un poder legal y legítimamente constituido como es el Congreso de la Unión, en donde las fuerzas políticas lograron el acuerdo de crear ese tribunal para esos fines. Lo que ahora le corresponde al tribunal es, precisamente, hacer cumplir ese pacto plasmado en la Constitución y en el Cofipe. Como lo dije en mi colaboración de la semana pasada, ese acuerdo consiste en respetar la voluntad ciudadana para elegir a sus gobernantes. Si el tribunal no lo cumple, habrá consumado la ruptura de ese pacto, ruptura cuya crónica empezó en mayo del 2004.

Pero volvamos al tribunal y ya no pensemos en los instrumentos jurídicos que tiene para cumplir con su delicada tarea, sino en los atributos necesarios de las personas de carne y hueso que lo constituyen, y en las condiciones que viven para arribar a su decisión. Tienen que ser objetivos con los instrumentos que les da la ley sin ser neutrales, pero la paradoja que viven es que incumplirían su mandato si fueran parciales. Como militante de una causa yo hago explícita mi parcialidad y respeto la de otros; también trato de hacer coincidir mi toma de partido con mi objetividad, y todo ello lo aprecio como parte de la lucha democrática de la sociedad en su conjunto, pero los magistrados en su calidad de tales, no pueden actuar como cualquier ciudadano. Tienen que actuar como hombres de Estado. Su no neutralidad, su compromiso, es que deben hacer prevalecer el interés general de la sociedad, en eso consiste la sabiduría jurídica. Ojalá que los siete magistrados sean también siete sabios.

Al momento de escribir estas líneas, los sabios siguen titubeando, pero durante la última semana de julio quienes no titubearon para dar testimonio de su fe ciega en las instituciones, fue un grupo de intelectuales. Una fe que desde mi punto de vista nos retrotraería cuatro siglos atrás en la historia de la humanidad, cuando con la Inquisición encima, trataba de liberarse de los dogmas de la Edad Media y mediante el desarrollo del pensamiento científico inaugurar la modernidad.

Cuatro siglos atrás

El pasado miércoles se publicó un desplegado firmado por 131 intelectuales, cuya tesis fundamental es que las instituciones democráticas que hemos podido conquistar, no son perfectibles, sino museos inmaculados de historias perfectas y acabadas. Dicho de otra manera, hacen de la confianza en el IFE una profesión de fe y olvidan que si la humanidad ha podido abrirse paso desde el oscurantismo de la Edad Media hasta la Edad Moderna inaugurada por Descartes con su célebre “pienso luego existo”. Su duda metódica abre paso a la modernidad. Por cierto que por esos años la modernidad de Galileo lo llevó a la Inquisición. ¿Será que los firmantes de ese desplegado quieren prohibirnos el derecho a dudar y mandarnos cuatro siglos atrás en la historia de la humanidad?

En dicho desplegado, el grupo de intelectuales afirman no haber encontrado evidencia firme de un fraude maquinado a favor o en contra de algún candidato. No sabemos cuál haya sido su análisis o, si en lugar de análisis, lo que prevaleció en su razonamiento es la idea de que en tanto son ciudadanos los que cuentan los votos, pudo haber irregularidades y errores, pero no un fraude. En efecto, la ciudadanización de los órganos electorales y de los funcionarios de casilla durante la jornada electoral ha sido una conquista democrática que muchos sacrificios costó a la sociedad (por ejemplo, al PRD alrededor de 600 muertos) y que debemos cuidar, pero, precisamente por ello, hay que mantenerla bajo rigurosa observancia. Pareciera que las certezas preconcebidas de los intelectuales firmantes no les permiten analizar lo que sucedió en casillas sin representantes de la Coalición por el Bien de Todos; tampoco lo que sucedió en los casos de sustitución de funcionarios que no se presentaron o la manera en que actuaron los grupos comandados por Elba Esther Gordillo. Seguramente es más cómodo pensar que ninguna triquiñuela existió y que la construcción de la democracia electoral en nuestro país es tarea terminada.

Ahora, supongamos sin conceder que no hubo fraude y que sólo existieron errores e irregularidades como ellos afirman. ¿Cuántos y de qué tamaño fueron como para incidir o no en el resultado final de una contienda tan reñida? Esta circunstancia bastaría para reclamar la apertura de todas las casillas y el recuento de voto por voto, precisamente para fortalecer las instituciones que tanto nos ha costado construir, pero nuestros intelectuales predescartianos piensan que es la duda la que lesiona a las instituciones, y no al contrario. ¡Qué intelectuales tan raros que anteponen la fe a la razón!

En efecto, el país ya no es el de 1988, pero las reacciones de algunos intelectuales son semejantes a las de aquel entonces, cuando pedían, antes que limpiar la elección, el acuerdo político civilizado para dejar atrás el encono. Posición por cierto, muy semejante a la del PAN de Luis H. Alvarez y Diego Fernández de Cevallos: “¿para qué insistir en que Salinas hizo fraude? Mejor dejémoslo gobernar, si no se legitimó con votos, ya se legitimará con acciones de gobierno”. Tampoco es casual que hoy Felipe Calderón se sume al pronunciamiento de esos 131 intelectuales.

De no haber sido por los millones de necios que en aquel entonces insistieron (insistimos) en que hubo fraude y en que era necesario arrancar de manos del gobierno la organización de los procesos electorales, en este momento esos intelectuales no tendrían un IFE tan cercano a sus aprecios.

Claro, progresistas como son, afirman que “el espectacular crecimiento de la izquierda en estas elecciones confirma que es a través del sufragio como las distintas fuerzas políticas pueden expandir su influencia en la agenda nacional”. ¿Así que la izquierda tiene el derecho sólo a expandir su influencia, pero no a acceder al poder? ¿No será que su fe en las instituciones no es más que el velo a su temor de que no llegue a la presidencia el candidato de la derecha?

No, no es la duda y la exigencia del recuento de voto por voto lo que envenena el ambiente político, sino las posturas del PAN, el gobierno y ahora un sector de intelectuales; quienes ponen en riesgo las instituciones democráticas que el pueblo de México ha sabido conquistar en la calle.

Concluyo con mi colaboración publicada el 12 de agosto, en pleno recuento parcial de los votos y pensando que el intento de retener el poder por parte del foxismo-panismo se parece al intento de reelección de Alvaro Obregón en 1928. También con la confianza de que, tantos años de lucha del pueblo de México por su plena liberación no serán en vano y que en próximos números de Coyuntura podremos dar cuenta de una nueva gesta histórica: el desmantelamiento del fraude de la derecha, que ahora lleva las siglas del PAN.

2006, ¿cómo en 1928?

Desmantelar la estructura oligárquica del porfiriato le costó al país un cuarto de siglo; dejar atrás el fraude electoral como operativo de Estado está requiriendo otro tanto, si partimos de 1988 como el parteaguas histórico del movimiento democrático electoral. Después de la Revolución de 1910, la gran tentación de reinstaurar la reelección contra la que se había luchado invadió al caudillo Alvaro Obregón. Diez años después de la reforma electoral de 1996 que ciudadanizó los órganos electorales; el foxismo-panismo generó un retroceso político en su afán de retener el poder. El desafuero de AMLO, la campaña sucia y la injerencia del presidente Fox en el proceso electoral, son algunas evidencias del intento de romper, como he dicho en este espacio, con el único pacto de nuestra raquítica transición, esto es, el respeto al voto como fuente de legitimidad. Así que bien valen las acciones de resistencia civil pacífica que está desarrollando la Coalición por el Bien de Todos (CPBT) para despejar el camino de tentaciones regresivas y para consolidar nuestra incipiente democracia. No es fácil, pero no hay de otra.

Con 0.58 por ciento de diferencia entre Calderón Hinojosa y López Obrador, es evidente la necesidad de dar certidumbre al resultado y en la medida que pasan los días se acumulan más evidencias del desaseo del proceso electoral. Es lamentable que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no haya aceptado la demanda de recuento total de los votos y también es lamentable que el recuento parcial que se está llevando a cabo se haga sobre paquetes electorales en mal estado, porque genera más incertidumbre en una situación poselectoral llena de interrogantes. Todavía está muy fresca la memoria de la quema de los paquetes electorales de 1988 aprobada por el PRI y el PAN en la Cámara de Diputados para eliminar las evidencias de aquel fraude, como para no asociar aquella situación con la actual. El IFE tendrá que dar una amplia explicación al respecto.

Los correos electrónicos de dirigentes de la campaña de Calderón, dados a conocer por la CPBT también hacen crecer la sospecha sobre los resultados. Después de que en ellos se consulta y afirma la veracidad de la información de las actas electorales denunciadas por la CPBT, lo menos que debió hacer el PAN y su candidato es sumarse a la exigencia del recuento total de votos. Otra vez, ¿qué esconden?

Todo parece indicar que el recuento parcial ordenado por el tribunal concluirá en el plazo previsto o antes, inclusive. Por los resultados dados a conocer hasta ahora es evidente el cúmulo de “errores” en favor del candidato panista y en contra de AMLO, así como la apertura previa de paquetes que ameritarían la nulidad en los distritos correspondientes, pero, sobre todo, la reconsideración del tribunal a su negativa a realizar el cómputo en todas las casillas.

¿Realmente es imposible en términos legales ordenar el recuento de todos los votos en todas las casillas? Dentro de muy pocos días sabremos si el tribunal modificó su interpretación letrista de la ley. Puede dejarla de lado y resolver favorablemente la impugnación basada en la causal de nulidad abstracta, en atención a que las características del proceso electoral impidieron que se cumpliera con los principios del artículo 41 constitucional.

Cada día leo más opiniones en contra de una posible declaración de la no validez de la elección presidencial. Sé que no es la posición de la CPBT, pero si el tribunal se niega al recuento total de votos, no veo otra salida a la encrucijada en la que se encuentra el país, no veo otra manera de hacer coincidir la verdad legal con la verdad histórica, en otras palabras de lograr la justicia electoral.

El país no se ha derrumbado porque a más de un mes de la jornada electoral aún no tengamos presidente electo, por la sencilla razón de que la institución diseñada para el caso está funcionando. De la misma manera sucedería con un presidente interino; cuya función sería promover las reformas electorales y políticas necesarias para el complejo país que somos. Lo grave sería calificar la elección sin dar la certidumbre necesaria sobre los resultados. Tan grave como el intento de reelección de Álvaro Obregón.

* Profesora-investigadora del Departamento de Economía de la UAM-A y Consejera Nacional Emérita del PRD.