Gobernabilidad y reforma del Estado. Reflexiones sobre el proceso electoral* Jorge A. Calderón Salazar**
Como producto de conversaciones y debates con académicos e investigadores sociales y con miembros de la sociedad civil realizados en fecha reciente en el Instituto de Estudios de la Revolución Democrática (IERD) sobre el proceso electoral del pasado 2 de julio, arribé a las siguientes reflexiones que someto a la consideración de los lectores. Sin embargo, estimo pertinente resaltar que las opiniones expuestas en el presente escrito son de mi exclusiva responsabilidad y no representan la postura oficial del IERD. Las expongo en mi condición de ciudadano. En una elección cerrada como la del 2 de julio es imposible que haya certeza. Nuestro sistema político constitucional está diseñado para sostener al régimen político presidencialista, no está hecho para la competencia electoral y mucho menos para darle legitimidad real a una diferencia mínima de votos. El escenario es que cualquiera que sea el ganador no garantiza un mínimo de gobernabilidad sin acuerdos básicos con la otra fuerza política. Concepciones confrontadas Es necesario destacar, en primer lugar, el nuevo espectro político que dejaron las elecciones. Hoy, las dos principales fuerzas políticas en México representan concepciones encontradas, a la derecha más pertinaz y a una izquierda, que si bien no es homogénea, sostiene principios socialdemócratas. Desde hace casi veinticinco años existen en el país, de manera muy definida, estas dos grandes visiones contrarias en cómo dirigir al país en los ámbitos económico, político y social. De un lado se encuentran aquellos que defienden las políticas fondomonetaristas del “ajuste estructural”, comúnmente denominadas “neoliberales”, instrumentadas en México desde los años ochenta del siglo XX. Esta corriente postula que la libre acción de las fuerzas del mercado, la desregulación y privatización de empresas públicas garantizará el crecimiento económico, el aprovechamiento de las ventajas comparativas y el establecimiento de un régimen político liberal. Algunos de sus principales resultados en la economía son una concentración del ingreso y la riqueza que pone en peligro precisamente la estabilidad económica y política del país; la pérdida del abastecimiento de una gran parte del mercado interno por productores nacionales que quebraron, como consecuencia de la apertura comercial apresurada e indiscriminada que se realizó desde 1985; la transnacionalización de la planta productiva nacional y del sistema comercial y financiero; la ruptura de múltiples cadenas productivas nacionales; un aumento del desempleo y el subempleo estructural; la baja de los salarios reales, cuyo poder adquisitivo ha disminuido pese a los incrementos de productividad; la disminución relativa del gasto social y la reducción absoluta, drástica y continua de la inversión pública, con el obcecado objetivo de alcanzar finanzas públicas equilibradas y hasta superavitarias y de abrir las puertas de la economía a la inversión privada, nacional y extranjera, incluso en áreas que protegía la Constitución. Los recortes sostenidos en el gasto y la inversión públicos tuvieron, a su vez, consecuencias negativas en la sociedad, sobre todo, en los estratos medios y bajos que vieron disminuir sus ingresos, el acceso a un trabajo digno con salario digno y la calidad en los servicios de salud y educación. Asimismo, provocaron el atraso, abandono y hasta desmantelamiento de la infraestructura pública. Todo ello, deprimió fuertemente de calidad de vida del pueblo mexicano. Otra característica de los gobiernos neoliberales, con consecuencias de carácter político y social, fue el trato dado a los trabajadores y al capital financiero. De un lado, mantuvieron las prácticas corporativas con objeto de continuar con el control de los trabajadores e impulsaron cambios legislativos, como en el caso del régimen de pensiones, que minan la solidaridad generacional y de género, entre otras, que existe entre la clase trabajadora. De otro lado, los numerosos cambios legislativos en materia financiera que se han dado, han favorecido de manera desmedida al capital financiero. La justificación ideológica de quienes instrumentaron estas medidas consiste en asegurar que una vez superado el periodo de transición –durante el cual se han impulsado numerosos cambios estructurales y aún, después de 25 años, no termina– la economía comenzaría a funcionar adecuadamente, sin inflación y sin déficit, dando paso a su crecimiento. Sin embargo, este futuro promisorio solo existe en la mente de los tecnócratas. Para la amplia mayoría de la población los impactos negativos del ajuste estructural persisten. Esto provocó, desde un principio, un rechazo social amplio que con el tiempo se ha incrementado. La existencia y desarrollo de teorías y modelos que buscan un crecimiento soberano y sostenido de la economía (dentro del juego internacional y con una distribución del ingreso más equitativa) junto a los movimientos sociales, han dado por resultado el surgimiento de diversas formas de organización y resistencia social que postulan un modelo alternativo de desarrollo económico. La agudización de contradicciones sociales que provocó el modelo neoliberal y la falta de sustento del régimen priista, llevaron a la mayoría de la población a elegir, en 2000, al candidato del Partido Acción Nacional (PAN). Los resultados de las elecciones de entonces fueron interpretados como la posibilidad de transición hacia un régimen más democrático; sin embargo, el mantenimiento del modelo económico impidió avanzar en la democratización del país. El error y la responsabilidad del PAN y del gobierno de Vicente Fox está en no haber apostado al cambio, sino al mantenimiento del antiguo régimen. Bajo esta alianza, el PAN adquirió compromisos que detuvieron el avance democrático. Esta decisión tomada por el PAN decepcionó a millones de mexicanos, la mayoría de los cuales decidieron votar, el pasado 2 de julio, por el proyecto que sostiene la Coalición Por el Bien de Todos. Adicionalmente, el Partido Acción Nacional y su candidato a la Presidencia de la República, Felipe Calderón, refrendaron su compromiso con el antiguo régimen. Una mirada a los resultados electorales Los resultados de las elecciones para presidente de la república que ha difundido el IFE han provocado rechazo en una parte muy importante de la sociedad mexicana. En ello tienen responsabilidad el presidente Vicente Fox –por su participación activa a favor del candidato de su partido y por existir evidencia de desvío de recursos federales, a través de diversas instituciones, principalmente de desarrollo social, cuyo objetivo fue influir en la decisión del voto de los ciudadanos–, los medios masivos de comunicación, la iglesia católica y el propio Instituto Federal Electoral (IFE), entre otros. Los errores del PREP, las faltas a la legalidad en el conteo distrital y, en general, la postura del Consejo General del IFE y de su presidente, acerca de que la elección ya está resuelta sirvió de base a diversos agrupamientos civiles para sostener que la elección estuvo afectada por serias irregularidades; además, de la presencia de una diferencia tan escasa de votos entre los dos candidatos punteros, que se traduce en una diferencia de tan sólo dos votos por casilla, obligan a exigir un nuevo conteo del total de las actas para presidente. Como ejemplo de lo anterior, nos referiremos a un ejercicio realizado por Silvia Gómez-Tagle, especialista en asuntos electorales, que confirma las dudas de gran parte de la ciudadanía1. Al respecto, la Dra. Gómez Tagle sostiene que el Instituto Federal Electoral no cumplió con los requerimientos básicos de toda elección democrática: imparcialidad y certidumbre en los resultados. Por ello, para poder reconocer a un ganador, en esta contienda electoral, se precisa la “legitimidad” del proceso y un cómputo muy exacto de los votos. En cuanto a la precisión con que se han contado los votos puede afirmarse lo siguiente: En general, los datos que presentó el Instituto Federal Electoral tienen irregularidades o inconsistencias que pueden ser significativas dado el escaso margen de diferencia entre los votos obtenidos por cada uno de los dos principales candidatos a la Presidencia de la República. En la elección de presidente faltan 822 casillas especiales, exactamente la mitad de las que se instalaron para diputados y senadores. ¿Por qué hay menos casillas en la elección de presidente si los ciudadanos pueden votar por presidente en todo el país, sin importar si están fuera de la sección que les corresponde? Las casillas que faltan en la elección para presidente están repartidas en toda la república y, a pesar de ser solamente 822, los votos de esas casillas para diputados y senadores fueron alrededor de 271 mil 890 en total, por lo que puede afirmarse que esos votos se perdieron en la elección para presidente. Adicionalmente, de 300 casillas básicas, cuyos resultados entregó el IFE hasta el 4 de julio, 284 casillas son “inconsistentes” y tienen 31 mil 833 votos en total. Una peculiaridad de estas 300 casillas es que corresponden cada una a uno de los 300 distritos electorales federales para la elección de legisladores. Si se trató de casillas en donde hubo errores accidentales, ¿por qué están distribuidas exactamente una por cada distrito? Otro aspecto que vale la pena explorar es la relación entre ciudadanos que aparecen en el listado nominal y el total de votos. En muchas secciones el listado nominal rebasa a la población que vive en ese lugar, lo que facilita que la votación sea alterada por fraude al permitir agregar votos falsos en una casilla, sin que sea fácil detectar el problema. La mayoría de casillas tuvo una participación que varía entre 45 y 85 por ciento de los votos. Pero hay 260 que tienen una participación mayor a 85 por ciento, por lo que hay dudas respecto de la autenticidad de la votación, sobre todo, con el antecedente de un listado nominal que supera a la población real en edad de votar. En estas casillas de muy alta participación en la elección de presidente se emitieron 82 mil 934 votos. Hay, además, 122 casillas que son ilegales, porque rebasan el 100 por ciento de los electores registrados en el listado nominal, las cuales representan 61 mil 128 votos que deberían ser anulados. Es de esperar que el número de votos totales sea el mismo en todas las elecciones (diputados, senadores, presidente) o, cuando menos, que existan errores mínimos en el conteo. La votación nacional para presidente, diputados y senadores da la impresión de un equilibrio casi perfecto, pero eso se debe a que en algunos casos las diferencias son positivas y en otros casos negativas, pero al separar las casillas con más votos para presidente de las casillas con menos votos, se encuentra una conducta muy extraña porque habría 353 mil 651 electores que votaron para presidente o para senador y se llevaron a su casa la otra boleta. Este hecho peculiar e ilegal requiere de una explicación porque puede tratarse de alteraciones en los resultados electorales, a primera vista insignificantes, pero que tienen peso en una elección tan competida como la presidencial del 2 de julio pasado. Por la incertidumbre sobre los resultados de la elección presidencial, la Coalición Por el Bien de Todos promovió casi 225 juicios de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en los cuales se demanda la realización de un nuevo cómputo de los votos emitidos el 2 de julio. De acuerdo con el artículo 99 de nuestra Constitución Política, la Sala Superior del TEPJF realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El inciso XX del artículo 191 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoce la facultad del presidente de dicho órgano para “ordenar, en casos extraordinarios que se realice alguna diligencia o se desahogue o se perfeccione alguna prueba.” La tesis jurisprudencial S3ELJ 14/2004 sostiene, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los artículos 41 de la Constitución Política y 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que, a efecto de alcanzar el objetivo de certeza rector del sistema de justicia electoral, se prevé como una atribución del órgano jurisdiccional electoral federal la de ordenar, en casos extraordinarios, la realización de alguna diligencia judicial, como sería la apertura de los paquetes electorales integrados con motivo de las elecciones de mérito. Advierte que esta atribución constituye una medida última, excepcional y extraordinaria, que únicamente tiene verificativo cuando su eventual desahogo pudiera ser determinante para el resultado de la elección, y siempre que pueda alcanzarse certidumbre sólo a través de tal diligencia. Por otro lado, en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-239/2005, en el que el PRD impugnó los resultados de la elección del Ayuntamiento del Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, el TEPJF recompuso el cómputo y modificó el resultado de la votación recibida en una casilla, lo cual condujo al cambio de ganador. En este juicio de inconformidad no era la nulidad de la casilla lo que solicitaba el PRD, sino una nueva computación de los votos y la recomposición de los resultados, procedimiento que llevó a cabo el TEPJF. Como puede deducirse de lo anteriormente expuesto, existen fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales, así como antecedentes, para que el TEPJF proceda a realizar un nuevo cómputo. El TEPJF decidió realizar un nuevo recuento en poco menos de 12 mil casillas y no aceptó contar el voto por voto en todas las casillas. Aun existe la posibilidad de que, ante el cúmulo de irregularidades detectadas en el recuento parcial, declare no válida la elección, trasladando la decisión y la responsabilidad al Congreso de la Unión para que nombre un presidente interino y convoque a nuevas elecciones; sin embargo, este escenario es poco probable. De ahí que es una posibilidad real que el tribunal, desconociendo la inmensa movilización social y ciudadana realizada a partir del 3 de julio y que se ha expresado en las tres megamovilizaciones a las que ha convocado Andrés Manuel López Obrador con participación de millones de ciudadanos, haciendo caso omiso de las acciones de resistencia civil iniciadas desde el 30 de julio en las calles de la Ciudad de México y en el Zócalo, decida declarar presidente electo al candidato del PAN. De ahí la importancia de la convocatoria de AMLO a realizar el 16 de septiembre una Convención Nacional Democrática que defina el rumbo de las acciones a seguir para impedir la imposición de un presidente ilegítimo y pugnar por un proyecto alternativo de nación. Evaluación del resultado electoral para la izquierda La realidad política en la que se encuentra el país nos obliga a estar concientes de la profundidad de la elección del 2 de julio. Estamos ante la posibilidad de un nuevo sistema político, de un nuevo sistema de partidos e instituciones en donde la izquierda se convierta en la alternativa que el país demanda. El valor histórico del PRD, a pesar de sus contradicciones, es fundamental en el desarrollo democrático de México. No debemos soslayar que en los resultados de las elecciones federales y locales desde 1990 a 1994, 2000, 2003, 2005 y 2006 se aprecia el gran avance que este partido ha tenido en la identidad ante el electorado. Cualitativa y cuantitativamente, el PRD ha sido el partido político de más rápido crecimiento en la historia moderna de México. En este contexto, resulta necesario destacar el nuevo equilibrio político resultado de las más recientes elecciones federales. Por segunda vez en su historia, el PRD se establece como la segunda fuerza legislativa más importante a nivel federal. La integración del próximo Congreso de la Unión la fuerza legislativa que representan los partidos que integran la Coalición Por el Bien de Todos será determinante para llevar a cabo las reformas mencionadas con anterioridad. En la Cámara de Diputados, el PRD contará con 126 curules, Convergencia con 18 y el PT con 15. En el Senado de la República, el PRD contará con 29 escaños, Convergencia con 5 y el PT con 2. Por su parte, el PRI fracasó rotundamente y se convirtió en la tercera fuerza en las cámaras. Su posición política es más endeble que nunca ya que no se sostiene en una posición ideológica alternativa, sino en un corporativismo que puede transferirse a otros partidos. El PVEM siguió medrando con su oportunismo y estará dispuesto a aliarse con quién más le convenga2. Por ello, independientemente del escenario que se concrete, los legisladores del PRD tienen que jugar un papel relevante. Una tarea fundamental del PRD en los próximos años es construir una frente amplio por un proyecto alternativo de nación y contra el conservadurismo cultural y el neoliberalismo económico. Este movimiento sería necesario tanto para gobernar como para ser oposición. Así, el PRD está en posibilidad de promover, articular y dialogar con la enorme organización social cívica. Al transitar de la movilización a la organización, debe actuarse con inteligencia. El movimiento es indispensable tanto para gobernar como para proponer y resistir. La demanda es la conformación de un núcleo de propuestas y diálogo con las organizaciones sociales democráticas afines al proyecto alternativo de nación. El compromiso del PRD ante esta etapa de la historia nacional es el de concentrarse en superar sus deficiencias, en construir un partido maduro con verdadera cobertura nacional, debidamente institucionalizado en sus normas y sus prácticas. El partido tiene que aprovechar la coyuntura actual para reorganizarse. Resulta necesario dar dirección y cohesión al partido para apoyar al movimiento. Hay que pensar y poner en marcha su refundación. Definir la relación, estrategias y espacios compartidos entre el instituto político y los ciudadanos que no están en él. Construir la institucionalidad democrática que la realidad social está demandando y actualizarla a los nuevos tiempos y circunstancias nacionales y mundiales. La clave es construir un frente en los ámbitos social, político e institucional e integrar como primera tarea estratégica a un grupo parlamentario de la Coalición en el Congreso de la Unión. En este escenario, el Partido de la Revolución Democrática debe ser impulsor del amplio movimiento social que se ha generado; es la oportunidad de potenciar al movimiento democrático en defensa de soberanía en la economía, el campo, la educación, la cultura y el sector energético. Construcción de un Frente Amplio Por lo anterior, es necesario elaborar un profundo trabajo político encaminado a proporcionar a la ciudadanía movilizada herramientas de comunicación en favor de las posiciones tanto de la Coalición Por el Bien de Todos, como del PRD, frente al proceso electoral. La información debe llegar simplificada a todos los niveles, desde la academia hasta los espacios laborales y familiares. Resulta necesario fomentar la organización independiente de ciudadanos para que puedan formar parte de un proceso político y social mayor. Si el PRD propicia la organización independiente podrían participar millones de personas más. La creación de un frente es una tarea prioritaria para salvaguardar la independencia y soberanía como condición de la adecuada inserción de la república en la globalización; que de certidumbre al empresario, pero también al obrero y al campesino, al joven y al viejo; que garantice las condiciones para la inversión y el crecimiento, pero también para el empleo y la distribución equitativa del ingreso. ¿Cómo pasar de la movilización a la organización? El actual momento político presenta la posibilidad para llevar a cabo este proceso. Es tiempo para sentar las bases para la organización política, pasar del discurso de coalición partidista al de frente amplio con organizaciones sociales y políticas. Plantear coherentemente las ideas que le dan razón de ser. En la estrategia, es vital incorporar a aquellas organizaciones con las cuales no hubo diálogo durante la campaña electoral. Incluir en el proyecto los derechos reivindicados por las organizaciones feministas, de la diversidad y otros. Este es el momento de incluir los planteamientos programáticos de estas y otras organizaciones, incorporando, sobre todo, el discurso de la diversidad. Tender en el discurso y en los hechos puentes con estos sectores. Por tratarse de una organización independiente, ésta depende ante todo de construir objeto y metas comunes específicas. El papel de los partidos, en su caso, sería el de acoger y suscribir la agenda común que corresponda al movimiento social organizado. Debe tener capacidad para captar a los grupos de los cuales el PRD se ha distanciado (campesinos, obreros, clases medias, entre otros). Asimismo, tiene que adquirir compromisos con base en los intereses de diversos sectores, de lo contrario se convertirá en un frente de autoconsumo. Gobernabilidad y la reforma del Estado Debemos reconocer que el resultado de la elección dificulta que el próximo presidente de la república lleve a cabo a plenitud su proyecto de Estado y gobierno. Hoy vivimos una polarización política resultado de dos visiones distintas de país, no únicamente de los candidatos o los partidos. Si el tribunal electoral concluyera que el triunfo es de Felipe Calderón esto profundizará la crisis política del país y puede crear un escenario de ingobernabilidad. La tentación autoritaria y represiva de la derecha podría desembocar en una escalada represiva que, en la práctica, ya se prefigura con la represión a legisladores federales del PRD que apoyaban acciones de resistencia civil en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Esta represión es una grave violación al fuero constitucional de los legisladores y un atentado al derecho a la libre expresión y manifestación. Lo más preocupante es que los voceros del gobierno federal han justificado de manera reiterada esta acción represiva e inconstitucional e, incluso, han amenazado con recurrir al uso del ejército para impedir nuevas protestas. La militarización de la Cámara de Diputados y el emplazaminto de tanques y miles de efectivos en sus alrededores son actos intimidatorios que deben ser rechazados por todas las fuerzas progresistas del país. Las instituciones democrática de México están hoy amenazadas por este clima de intolerancia. Una escalada represiva polarizaría aún más la vida política de la nación con resultados destructivos para la democracia. Para impedir esta dinámica y evitar seis años de ingobernabilidad se requiere, antes que nada, respetar las libertades democráticas, el fuero de los legisladores y castigar a los responsables de la represión. A mediano plazo, es necesario que el Congreso de la Unión defina una agenda mínima de reforma del Estado que permita un “compromiso histórico” y un pacto de carácter social y económico. En materia económica, existe la posibilidad de que en próximos meses el déficit comercial y el déficit fiscal de Estados Unidos lleguen a un límite, obligando a este país a una devaluación del dólar y un aumento significativo de las tasas internacionales de interés para restablecer el equilibrio macroeconómico. De suceder lo anterior, las repercusiones para la economía mexicana serían muy graves. No hay que descartar la posibilidad de que durante los primeros años del próximo gobierno federal haya inestabilidad económica internacional, con consecuencias negativas e inmediatas en nuestro país. Se puede dar el caso de que en México concurran una crisis de legitimidad política con una crisis del sistema financiero internacional. En el escenario descrito con anterioridad, la izquierda no debe apostar a que las contradicciones se agudicen, sino a impulsar un pacto que preserve la transición democrática, apegado a sus principios y programas. Los actuales acontecimientos y la necesidad de superar el sistema político presidencialista imponen la construcción de una profunda reforma del Estado, debido a que el importante avance democrático de los últimos años no ha sido acompañado de una nueva cultura política. Lo vivido ha sido un reciclamiento de tradiciones y actores políticos dentro de las mismas reglas de un viejo sistema. Es necesario construir una nueva cultura política que conlleve innovadoras prácticas democráticas que abarquen todo el espectro político y social. Se debe trabajar en la construcción de un acuerdo nacional para la tolerancia y la pluralidad, con una nueva constitucionalidad que permita a la izquierda gobernar al país. De no existir estos acuerdos, ninguna de las principales fuerzas políticas tendrían un mínimo de gobernabilidad. Debe entonces, encontrarse una salida política; un acuerdo básico para impulsar los cambios democráticos fundamentales; de otra forma existirá siempre el real peligro de ingobernabilidad en el que ya estamos inmersos. La izquierda europea, tanto comunista como socialista, así como algunas fuerzas progresistas latinoamericanas, han pactado en diferentes momentos de la historia con sus adversarios para salvaguardar la estabilidad de sus respectivas naciones. La posibilidad de la crisis dual mencionada (política y económica) fortalece la idea de crear un frente social con un programa pactado que tenga la capacidad de negociar, pero sin permitir que la derecha imponga su proyecto en su totalidad. Es el momento de plantear la reforma del Estado, una nueva Constitución y un sistema parlamentario que permita el cogobierno y evite la crisis constitucional y política a la que peligrosamente se acerca el país. Se requiere plantear un programa de reformas democráticas en las instituciones del poder, el IFE, los medios de comunicación social y la economía que sirva de marco para construir un clima de confianza y de tolerancia para el desarrollo, la modernización y un sistema de ejercicio y cumplimiento de los derechos humanos y las libertades. Esto permitiría la posibilidad de una alternancia pacífica entre la derecha y la izquierda. Un escenario por el que convendría luchar y construir las condiciones de su posibilidad es la celebración de un pacto democrático entre las principales fuerzas del país, no sólo las políticas, también las sociales y económicas. Agenda de la reforma democrática del Estado La alternancia en el Poder Ejecutivo en el año 2000 no se tradujo en el desmantelamiento del régimen político presidencialista basado en una estructura clientelar y corporativa del régimen anterior. Las estructuras políticas del viejo régimen se han mantenido, a pesar de que son inoperantes para enfrentar los grandes problemas nacionales. La crisis derivada de las más recientes elecciones presidenciales es el reflejo del régimen político actual, el cual enfrenta un desfase entre una estructura caduca y rebasada y una ciudadanía que ejerce sus derechos, se organiza y participa de múltiples maneras. La situación que vivimos es producto de la falta de espacios y dinámicas institucionales para procesar las diferencias y convertirlas en acuerdos en un marco de pluripartidismo y poder compartido. El cambio de las instituciones y de su andamiaje, mediante la construcción de un nuevo equilibrio entre poderes, es indispensable para dotar de mejores bases a la emergente democracia mexicana. Por ello, es preciso reformar y construir instituciones que efectivamente respondan a la nueva realidad de la sociedad mexicana; se debe arribar a un nuevo régimen político distinto, donde se reconstruya al Estado y se regulen los poderes fácticos. La aspiración de establecer un Estado democrático, socialmente responsable, en nuestro país es la motivación que ha movilizado a millones de mexicanos que integran el movimiento democrático nacional. Una nueva constitucionalidad debe ser la expresión jurídica fundamental del Estado democrático y social, en la que se plasmen los derechos políticos y sociales, la defensa de los derechos humanos, la reivindicación de los derechos de la mujer, la juventud, la niñez y de las mujeres y hombres de la tercera edad, el acceso de todas y todos a la justicia; los derechos de los pueblos indios; la preservación y disfrute de los recursos naturales, y el ejercicio de la autodeterminación de nuestro pueblo para que éste participe en los procesos de integración económica, política y cultural, sobre la base de la lucha contra la expoliación de unos países por parte de otros y en favor de la igualdad entre las naciones, la cooperación internacional, la paz y la solidaridad. Es necesaria una nueva constitucionalidad en la que se establezca un Estado federal, representativo y participativo; pluriétnico, multilingüe y pluricultural; nacional y democrático, que tenga entre sus prioridades la reforma económica y social; el nuevo régimen político; el papel rector del Estado; la preservación del medio ambiente así como el impulso al desarrollo sustentable; la laicidad, y la vigencia del principio de soberanía nacional frente al nuevo contexto internacional. Se requiere la incorporación de una gran cantidad de innovaciones constitucionales como son: las garantías efectivas a los derechos sociales; la ampliación de los derechos humanos; un marco democrático y moderno al derecho a la información, a los medios de comunicación y a la cultura; adecuación de las reglas del control constitucional en un sentido democrático y abierto; el carácter multicultural y pluriétnico de la nación mexicana; un esquema constitucional adecuado para la relación de la sociedad civil con el Estado; el tratamiento sistemático a los órganos constitucionales autónomos; la urgencia de enfrentar los problemas de gobernabilidad en materia de presupuesto, veto, nombramiento de los miembros del gabinete, entre otros. Cabe señalar que al referirnos a una nueva constitucionalidad no estamos hablando de una especie de borrón y cuenta nueva en materia constitucional ni desprendernos, desde luego, de nuestra historia; significa erradicar el vicio de reformar la Constitución de manera fragmentada, contradictoria y limitada como lo hemos hecho cientos de veces en los últimos veinte años. El fortalecimiento de la vida democrática de un Estado se inicia por la transformación de sus órganos, a fin de constituir no un simple instrumento formal para la gobernabilidad, una de sus funciones sustantivas, sino ante todo un espacio de acción comunicativa, plural y formalizadora del pacto constitutivo de la sociedad política mexicana. Los poderes del Estado mexicano requieren de un cambio de fondo en sus cometidos sociales y normativos y en el hacer de sus actores políticos. Ha de entenderse a los poderes públicos como instituciones polivalentes; órganos del Estado dotados de una gran variedad de funciones que los determinen como principales instrumentos de la soberanía popular, con amplias atribuciones para intervenir en todos los estadios del proceso político. El punto de partida de una agenda política para la reforma del Estado ha de ser la transformación democrática de los cometidos político-jurídicos del Estado mexicano; la redefinición de sus funciones y el acotamiento de las facultades metaconstitucionales del presidente de la república. Si aspiramos a un sistema político incluyente, que atienda el interés de las mayorías, que garantice los derechos de las minorías y que se desenvuelva en el equilibro entre los poderes públicos y respete los principios de soberanía, representación popular, división de poderes y federalismo, es necesario terminar con el presidencialismo autoritario. La correlación de fuerzas expresada en las más reciente elección presidencial nos obliga a reflexionar sobre la posibilidad de transitar hacia un sistema semipresidencial, es decir, un sistema presidencial con elementos parlamentarios. El esquema semipresidencial, aunque se aloja en lo que he llamado la esfera parlamentaria, parte de la tradición del sistema presidencial, en donde el presidente de la república es el jefe de Estado y cuenta con atribuciones muy importantes, como las de la conducción de la política exterior, el mando de los cuerpos de seguridad y de las fuerzas armadas, la capacidad de veto en algunas materias, la suscripción de tratados internacionales, entre otras. El jefe de Estado se elige directamente en las urnas y no es directamente responsable frente al parlamento3. Justamente, el matiz parlamentario aparece en la aceptación de que el Poder Ejecutivo es bicéfalo y se comparte con la figura del jefe de gobierno, que resulta nombrado a partir de la correlación de fuerzas expresada en el parlamento. El líder del partido dominante se convertirá en el primer ministro o jefe de gobierno, sea o no, del partido del presidente. En el caso de que sí sea del mismo partido, el presidente de la república refuerza su mandato y atribuciones, y domina en acuerdo con su jefe de gobierno en la escena pública y acuerda fácilmente los nombramientos de los integrantes del gabinete que no salen necesariamente de la asamblea, pero que sí deben ser ratificados por la misma y también pueden ser cesados después de un voto de censura o de no confianza4. Cuando un partido distinto al del presidente captura la mayoría en el parlamento se produce un gobierno de cohabitación, es decir, habitado por signos políticos distintos, en el que primer ministro se hace cargo prácticamente de toda la función de gobierno, mientras el presidente se restringe a sus facultades exclusivas y tiene que depositar su confianza en el primer ministro, sabiendo que será un competidor político permanente5. El hecho de que la asamblea o el parlamento intervenga en la ratificación de los miembros del gabinete y del jefe de Gobierno y que tenga la facultad de censura sobre los mismos, hace de ese Poder Legislativo un poder extraordinariamente fuerte y corresponsable con el Poder Ejecutivo para llevar a buen puerto o a la crisis al gobierno y al país. Para transformar nuestro régimen político, acotando al presidencialismo, debe repensarse el papel de nuestro Poder Legislativo federal. Además de llevar a cabo las reformas para contar con un régimen político que garantice la gobernabilidad democrática, una de las tares primordiales de la próxima legislatura federal será aprobar una legislación en materia electoral que los consolide como órganos de interés público, responsables frente a la sociedad y que establezca sus límites y obligaciones en el ejercicio de la representación popular. Las reformas a la legislación en materia electoral deben contemplar los siguientes puntos: • Regular las precampañas políticas y los gastos de los precandidatos. • Reducir los tiempos del proceso electoral. • Reducir el tope de financiamiento legal con recursos de origen privado y reglamentarlos para que estos sólo puedan aportarse por los miembros, afiliados o simpatizantes de un partido político. • Prohibir la contratación directa por parte de los partidos políticos de espacios publicitarios en los medios de comunicación. Estos solo podrán comprarse a través de los órganos electorales. Regular las tarifas de los medios de comunicación para evitar los precios diferenciados y establecer tarifas preferenciales para los partidos políticos. • Eliminar el secreto bancario en relación con el manejo financiero de los partidos políticos. • Sancionar durante el proceso electoral a los partidos y los candidatos que violen los topes de gastos de campaña. • Prohibir expresamente la publicidad de los tres órdenes de gobierno en tiempos electorales. • Permitir el registro de candidaturas comunes, reducir requisitos para la formulación de coaliciones y normar el registro de candidaturas independientes. • Promover las reformas necesarias para armonizar los calendarios electorales del país a efecto de celebrar un máximo de cuatro jornadas electorales nacionales y locales en cada sexenio en lugar de las setenta que actualmente se realizan, con el objeto de facilitar la participación electoral y reducir sustancialmente el dispendio de recursos públicos en elecciones. • Impedir que los consejeros electorales ciudadanos, federales y estatales, ocupen puestos de elección popular y cargos públicos durante los dos años inmediatamente posteriores al término de su encargo. Nuevo rumbo económico La polarización en la que estamos inmersos no es producto únicamente de los procesos electoral y poselectoral. El neoliberalismo impuesto en nuestro país desde hace casi 25 años ha profundizado las diferencias de carácter económico en nuestra sociedad. Este modelo económico y político sostiene que la libertad de las fuerzas del mercado, en los niveles nacional e internacional, garantizará el crecimiento y el desarrollo de la economía, a partir del aprovechamiento de las ventajas comparativas y de un régimen político que tendrá como centro el desarrollo del individuo. Sin embargo, algunos de sus principales resultados son: una concentración del ingreso y la riqueza que pone en peligro, precisamente, la estabilidad económica y política del país; la pérdida del abastecimiento de una gran parte del mercado interno por productores nacionales que quebraron, como consecuencia de la apertura comercial apresurada e indiscriminada que realizó el gobierno, en parte, para contener la inflación y, en parte, para abrir las puertas al capital extranjero; la ruptura de múltiples cadenas productivas; un crecimiento acelerado y estructural del desempleo; el castigo empeñado al salario como base de la productividad, la competitividad y el control de la inflación; la disminución relativa del gasto social y la reducción absoluta, drástica y continua de la inversión pública con el obcecado objetivo de alcanzar finanzas públicas equilibradas y hasta superavitarias y de abrir las puertas de la economía a la inversión privada, nacional y extranjera, incluso, en áreas que protegía la Constitución. Para terminar con una sociedad profundamente dividida, tanto económica como políticamente, se requiere que un Estado democrático y social, por mandato constitucional, que juegue un papel protagónico en el combate a la desigualdad, reorientando las políticas públicas y los recursos de la federación, de modo que exista una política congruente que combata, por un lado, la pobreza y, por otro, fomente el crecimiento económico. El Estado democrático y social tiene que asumir plenamente sus responsabilidades económicas fundamentales, consistentes en desarrollar la infraestructura productiva y mejorar las condiciones educativas y de salud de todos sus ciudadanos, que constituyen el núcleo para el incremento sostenido de la productividad, única garantía del bienestar futuro de México y su inserción ventajosa en el mercado mundial. La instrumentación de esta estrategia requiere que el poder público asuma un papel importante en la rectoría, regulación y promoción del desarrollo, lo que deberá plasmarse en un nuevo orden jurídico. Es indispensable que el nuevo régimen político se construya con base en el claro compromiso social con los sectores más desfavorecidos. No hay democracia posible en la desigualdad y la injusticia. Por ello, se debe garantizar la exigibilidad de los derechos sociales. En eso radica también la construcción de ciudadanía, en donde los actores sociales se convierten en protagonistas del quehacer público y los miembros de la sociedad conocen y hacen valer a plenitud sus derechos y pelean por ensancharlos. En concordancia con lo anterior, la nueva legislatura del Congreso de la Unión tiene la obligación de llevar a cabo reformas materia económica en beneficio de las grandes mayorías. El primer lugar, los esfuerzos de los legisladores de la Coalición Por el Bien de Todos deben encaminarse a una Reforma Hacendaria Integral, incluyendo sus cuatro componentes fundamentales: ingreso-gasto-deuda-pública, y fiscalización, basada en los principios constitucionales de equidad y progresividad. Para tal efecto, debe revisarse todo el sistema impositivo y su administración con el propósito de incidir significativamente sobre la equidad social, gravando, a partir de los principios de generalidad y simplicidad, más a quienes más tienen, combatiendo la evasión, omisión y elusión fiscales y liberando a las finanzas públicas de su excesiva dependencia de los ingresos petroleros. Los nuevos grupos parlamentarios tienen que continuar con la postura del PRD de mantener exentos del IVA, por razones de equidad social, alimentos y medicamentos. La composición plural de la nueva legislatura permitirá avanzar en el federalismo hacendario, por medio del otorgamiento los gobiernos de los estados y municipios mayores potestades tributarias y las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal para modificar el esquema de reparto entre las entidades federativas y la federación. La pluralidad mencionada puede también ser un marco favorable para acotar el presidencialismo en materia económica. Dos acciones legislativas que contribuirán a lo anterior son las reformas a la Ley General de Deuda Pública para acotar la discrecionalidad del ejecutivo federal de contratar pasivos sin fines productivos, así como para conocer con fidelidad el total de los pasivos públicos y los avales del gobierno federal, así como la reforma integral del marco jurídico e institucional de sus leyes y reglamentos correspondientes que afectan el ejercicio del presupuesto, la cuenta pública, el procedimiento administrativo, adquisiciones, arrendamientos, obra pública y lo relativo a las comisiones de Competencia Económica y Reguladora de Energía, entre otros, a la luz de la política de combate a la corrupción. En materia energética, es indispensable llevar a cabo una reforma legal en materia de energía que aumente las capacidades productivas del país y permita su viabilidad en el largo plazo. Los nuevos grupos parlamentarios propondrán integrar la industria energética nacional y considerar al sector energético como un todo, hidrocarburos, electricidad, gas natural, energía nuclear y fuentes renovables y alternativas, en especial, hidroeléctricas, incorporando en forma adecuada a los pueblos y comunidades involucrados. El sector energético demanda una reforma estructural la cual no requiere de cambios a nuestra constitución; por el contrario, precisa cumplirla a cabalidad. Esta reforma estructural considera de medidas como: • Modernizar el sector energético sin privatizar la industria eléctrica ni los hidrocarburos, agregándoles valor y generando empleos. • Dotar de autonomía administrativa y operativa a las empresas públicas de energía. • Devolver al autoabastecimiento y a la cogeneración de energía eléctrica su carácter original y terminar con la figura de productor externo o independiente. • Desarrollar formas de asociación con las entidades federativas productoras para que puedan participar en la producción energética que ya no es de interés para las empresas públicas federales. • Promover la diversificación de fuentes alternativas de energía. • Modificar el régimen fiscal de las empresas públicas del sector energético con objeto de utilizar sus excedentes de explotación para financiar su propia expansión. • Adecuar la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos para reintegrar su estructura corporativa en una sola empresa. • Incorporar en las leyes respectivas de las empresas energéticas la figura de la Contraloría Social, que supervise el correcto uso de los recursos públicos y la calidad de los programas y las obras. Por otro lado, el financiamiento al desarrollo debe ser de importancia estratégica en la nueva agenda legislativa. Lo ideal sería que la actual legislatura llevara a cabo las reformas constitucionales y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que el 1 de diciembre de 2006 quedaran integrados un Consejo Consultivo Económico y Social que agrupe a representantes del sector financiero privado, empresarial, laboral y académico de reconocido prestigio y formule políticas económicas que aceleren el desarrollo económico, así como un gabinete económico con la participación de los secretarios de los ramos involucrados y los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México. En estas dos instancias, junto con representantes del Poder Legislativo, tienen que discutirse las modificaciones de las leyes de planeación y presupuesto para adecuarlas a los cambios económicos, administrativos y políticos del país. Asimismo, tiene que plantearse la revisión el marco jurídico correspondiente para terminar con los compromisos presupuestarios que no provienen de inversiones públicas, sino de la quiebra técnica del sector bancario y financiero y que absorben una parte sustantiva del PIB. Resultaría también conveniente una reforma constitucional y a la Ley del Banco de México para que su objetivo prioritario no sea sólo la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, sino también apoyar el desarrollo nacional. Para integrarnos al proceso de globalización económica de manera ventajosa, los senadores tienen que promover reformas que fortalezcan el papel del Poder Legislativo y de la sociedad misma. El primer paso es una reforma constitucional para establecer una política exterior de Estado de tal manera que su orientación sea definida por el ejecutivo federal y el Congreso de la Unión. Estos dos poderes tienen que trabajar con órgano consultivo, por lo que es necesaria la creación del Consejo Nacional de Política Exterior. En lo que respecta directamente al Senado de la República, resulta impostergable reformar el marco jurídico para garantizar la participación activa del Senado en los procesos de negociación internacional, así como la aprobación bajo procedimientos de consulta popular de los tratados que se suscriban con otros países cuando impacten de manera determinante los intereses de la nación. Debido a la composición plural del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios del PRD tendrán que buscar la creación de una nueva mayoría. La política de alianzas y conformación de coaliciones debe ser flexible e incorporar planteamientos de otras fuerzas políticas, siempre y cuando estos no sean contrarios al programa y a la plataforma política del PRD. Como se aprecia, la crisis política que experimentamos exige un nuevo pacto social que necesariamente tendrá que enmarcarse en un nuevo ordenamiento jurídico fundamental.
* Agradezco la colaboración de Amabilia Terrazas y Álvaro Villegas en la elaboración de este artículo. ** Director del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática. Profesor de la Facultad de Economía, UNAM. 1 Gómez-Tagle, Silvia, “Una elección nula”, en Proceso, No. 1551, 23 de julio de 2006, México. 2 Gabriel Vargas Lozano. “La situación poselectoral: el nuevo reto de la izquierda”, ponencia presentada en el Seminario “Análisis Político y Jurídico Poselectoral” organizado por el Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, 19 de julio de 2006. 3 Ricardo Álvarez Arredondo. “La reinvención del parlamentarismo mexicano”, revista Coyuntura, No. 123, septiembre-octubre, México, 2004. 4 Ídem. 5 Ídem.
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