La ficción democrática

Fernando Belaunzarán Méndez*

Nadie puede negar los avances que en materia democrática se han logrado desde el monumental fraude de 1988, sobretodo, con las reformas de 1996 que permitieron la elección de jefe de gobierno de la capital del país, conformaron una institución autónoma y ciudadana para organizar las elecciones y constituyeron un órgano jurisdiccional propio y específico para resolver las impugnaciones, tutelar los derechos electorales de los ciudadanos y calificar la elección presidencial. Sin embargo, tampoco nadie puede negar que quedaba una agenda pendiente para extender y consolidar los cambios y que, lejos de alcanzarlos en el gobierno de la alternancia, no obstante que ese era un compromiso explícito del entonces candidato Vicente Fox, lo que se dio fue una clara regresión política y no hay mejor muestra de ello que la elección presidencial del año 2006.

Entre los elementos más visibles del retroceso están: la notoria y burda intromisión del presidente de la república en la reciente campaña por la sucesión; la actuación de los medios de comunicación masiva que ni siquiera se preocuparon por disimular su sesgo calderonista; la conformación del IFE mediante plancha, únicamente con los votos de las fracciones del PRI, PAN y PVEM, además de que tuvo una actuación descaradamente parcial, oficiosa del panismo, y omisa; la desaparición por consigna oficial del Canal 40 que estuvo al aire en el año 2000 con lo que, aunado a la aprobación de Ley Televisa que fue operada directamente por Los Pinos, consolidó el reinado del duopolio televisivo, el cual retribuyó con creces los favores recibidos; los programas sociales se utilizaron como en los viejos tiempos para favorecer al candidato oficial; la campaña de Estado para detener a AMLO, cuyas manifestaciones más evidentes fueron el caso Ahumada, el desafuero del entonces jefe de gobierno y la manipulación del IFE. En este tenor es que se pretende decretar su derrota sin que se haya permitido establecer cualquier mecanismo de demostración de ese resultado.

¡Quién viera hoy a “los demócratas” que sacaron al PRI de Los Pinos! La alternancia disparó el optimismo democrático y se cantó victoria antes de tiempo, a pesar de que la democracia conseguida no era plena ni irreversible. Por una parte, el desinterés de Vicente Fox, previsiblemente compartido por el priismo, por realizar el cambió que prometió una vez que se sentó en La silla del águila y, por la otra, la lógica facciosa de la nueva casta aferrada al poder recién conseguido que veían con preocupación la popularidad creciente de López Obrador impidieron consolidar y perfeccionar la naciente y todavía titubeante democracia mexicana. Los partidos mayoritarios en la legislatura que fenece decidieron, en función de la rentabilidad, congelar las reformas electorales y favorecer a la televisión a cambio de beneficiarse de ella con noticieros y spots para tratar de compensar la notoria ventaja que sobre ellos tenía el candidato de la izquierda. Si hubiera un titulo para nombrar al reciente proceso electoral sería sin duda “La cruzada de los poderosos para detener al Peje”.

En ese contexto es que se “inventa” a Felipe Calderón, actor secundario e instrumento de la continuidad del sistema, para enfrentar al luchador social de alcances históricos, Andrés Manuel López Obrador, quien tuvo un éxito inusitado al frente del gobierno del Distrito Federal y que importantes grupos de poder económico, político y fáctico, vieron como una amenaza para la conservación y extensión de sus intereses venales. La promoción del producto Calderón y la denostación mediática en contra del ex jefe de gobierno, el señalamiento reiterado de que era “un peligro para México” son las dos caras de una misma moneda y ejemplifican muy bien la regresión democrática arriba señalada.

Por eso es que la elección de 2006 representó una dura prueba para las instituciones garantes de la democracia,  nacidas en el decenio pasado y en las que se basaba la propaganda autocomplaciente y el optimismo intelectual acerca de la calidad de nuestros procesos electorales, así como de la vocación democrática de diversos actores clave de la vida política. Prueba que, evidentemente, no fue superada por el Instituto Federal Electoral, el cual ensució el proceso y se convirtió en factor de desconfianza y sospecha, inclusive. También nos regresó a la realidad la actitud de mal disimulada imparcialidad de los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión, en donde la inequidad se hizo patente. No se diga del activismo descarado de empresas privadas que violaron la ley flagrantemente para golpear al candidato de izquierda frente a la mirada indolente y omisa de la autoridad electoral, por no mencionar la multicitada intervención del Poder Ejecutivo en la elección. La ilusión democrática que llevaba a repetir aquello de que “En México ya hay elecciones libres, limpias y confiables” se ha venido abajo para una gran parte de la población; para otra, se ha establecido una duda razonable sobre ella y, paradójicamente, los que dicen que todo fue perfecto son los más reacios a que se constante directamente, abriendo los paquetes y contando los votos, sus dichos de ejemplaridad que con tanta convicción pregonan.

La credibilidad del IFE hoy no existe. Sólo puede salvarse si en un nuevo conteo se ratifica el resultado que dio, pero la ferviente y militante oposición de los consejeros a que se cumpla esa posibilidad nos dice que prefieren resistir frente a la duda que hacerlo frente a la certeza. Ellos saben que hubo fraude y lo esconden concientemente, pues, si todo estuviera bien, la apertura los reivindicaría públicamente y ganarían autoridad política y moral. Las instituciones sólo se fortalecen cuando la transparencia los deja a salvo de la sospecha. Con los resultados electorales en la opacidad, muchos mexicanos vamos a presumir que el IFE es una cueva de ladrones y que los que ahí despachan son los responsables de la crisis política postelectoral que nadie sabe donde desembocará si no se cuentan los votos.

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se quedó corto en su prueba de fuego a unos meses de ser renovado casi en su totalidad al acordar tan sólo un recuento parcial –menos del 10 por ciento de las casillas–, pese a las dudas reiteradas de la sociedad y la diferencia estrecha entre los candidatos. Los magistrados no repararon en que democracia que no puede verificar sus resultados plenamente no es democracia.

La ficción de la democracia mexicana se ha venido al suelo y en el momento que escribo estas líneas parece inminente la ratificación del Trife al cuestionado resultado del IFE sin ningún mecanismo de constatación que le proporcione un mínimo de legitimidad, lo que además agudizará la crisis postelectoral. Todo indica que la máxima autoridad electoral no entendió que en sus manos estaba poner la primera piedra en la reconstrucción del sistema electoral con bases sólidas y confiables, pues en estos momentos delicados para el país, un acuerdo nacional sólo puede partir del establecimiento indiscutible de la verdad de las urnas, de que exista un resultado incontrovertible de la elección del 2 de julio. La falta de transparencia y certeza hace imposible dar pasos para que prevalezca siquiera el mínimo necesario de confianza que se requiere para que haya puntos de encuentro entre las partes, algo indispensable para fortalecer, reconstruir o diseñar una nueva institucionalidad democrática que sea creíble para todos.

La democracia mexicana se juega hoy, al igual que ayer, en las calles. El futuro del movimiento que se instaló en el Zócalo, Madero y el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México es el futuro político del país. O se instala la ficción democrática y las elecciones regresan a ser la simulación ritual que durante tantos años fueron, aunque de manera más sofisticada y con alternancias permisibles y pactadas, o se concluye la transición interrumpida, revirtiendo su regresión y llevando a cabo el pospuesto cambio de régimen.

Estamos ante una bifurcación en el camino y las fuerzas políticas y sociales están tomando sus posiciones. La insólita alianza electoral en Chiapas PRI-PAN-PANAL (por no decir Elba Esther Gordillo), el PRIANAL, sobrepasa a ese estado, es la manifestación de un bloque que ha decidido constituirse para gobernar, destruir a la oposición de izquierda y repartirse el poder como botín. Cualquier semejanza con el salinismo no es coincidencia. Se plantean concientemente llevar hasta las últimas consecuencias la política de Salinas y de ahí la audacia de constituir un “gobierno de coalición” que se refleje no sólo en las cámaras legislativas sino también en las boletas electorales. De ahí que su derrota en ese estado adquiera relevancia nacional de primer orden.

Es verdad que existe el riesgo, ya vivido en los primeros años del PRD, que la intensificación de la lucha política llevada a las calles es electoralmente contraproducente. Sin embargo, aceptar la imposición tendría un efecto nocivo entre los simpatizantes del proyecto representado por AMLO, una desmoralización muy dañina y dolorosa, además de que permitiría a los adversarios encumbrados actuar con toda libertad para combatir al enemigo que les disputó en serio el poder en la última elección y consolidaría el descaro y la simulación de instituciones democráticas operadas por personeros de los intereses dominantes del status quo. De ahí, la importancia de la Convención Nacional Democrática convocada el 16 de septiembre, pues el movimiento de resistencia civil pacífica tendrá que reflexionar su forma de organización y un plan de acción que evite el desgaste, el aislamiento y la confrontación con sectores crecientes de la sociedad, sin sacrificar eficacia en la presión contra los factores reales de poder que convirtieron los avances democráticos conseguidos con múltiples y arduas luchas de generaciones enteras de mexicanos en una ficción.

* Secretario de Formación Política del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática.