La crisis de la democracia en México

Adalberto Saldaña Harlow*

1. La democracia es el gobierno del pueblo en general y, específicamente, el gobierno del pueblo, por el pueblo y, especialmente, para el pueblo. Tiene dos condiciones sine qua non: Proviene de la voluntad general, para el bienestar general.

2. La voluntad general implica una voluntad muy mayoritaria, si no unánime, que refleje lo que casi todos quieren. Y el bienestar general, igualmente, significa el beneficio de la gran mayoría, de casi todos, si no de todos.

3. La gran mayoría frecuentemente no está expresamente establecida, pero puede establecerse “convencionalmente” como las 2/3 partes o las 3/4 partes, esto es, el 66 o el 75 por ciento del total. Este ha de considerarse sobre todo, según el asunto del que se trate, en cuanto a su trascendencia social, política y económica, escoger presidente es de la mayor importancia, porque significa el control del Poder Ejecutivo, el eje del gobierno, el primer mandatario, implicando una decisión de plena soberanía del pueblo.

4. El Talón de Aquiles de la democracia es que la mayoría absoluta no puede consistir en la mitad más uno, el 51 por ciento del total.

5. Mucho menos, la democracia puede consistir, para su funcionalidad práctica y social, en cualquier mayoría relativa, como la mayoría de la minoría.

6. Hablando en términos de democracia real, si bien, la experiencia general es de elecciones de gobierno con mayorías relativas, a veces únicas y a veces en alianzas con otras minorías, esto ya no puede considerarse democracia verdadera, veamos por qué.

7. Cuando se consigue una mayoría relativa, digamos de 35 por ciento, como ocurrió en el caso de la pasada elección federal mexicana, con 15 millones de votos de una población total de 103 millones, con un registro electoral de 71 millones y una votación de alrededor de 42 millones, estos 15 millones no pueden ser la voluntad general, la voluntad de la gran mayoría; no pueden ostentar, detentar, la soberanía nacional del pueblo de México¹.

8. De manera que el voto de 15 millones no puede mandar sobre los restantes 85 millones de mexicanos, bajo un supuesto democrático del gobierno del pueblo, del gobierno de la gran mayoría.

Este es el caso que generalmente se presenta en muchos lugares, que podrá ser útil para resolver controversias sociales, pero que indudablemente no es democrático, como lo sería el gobierno del pueblo, encarnado en la gran mayoría.

9. Pero en México, el 2 de julio de 2006, la descalificación democrática se agravó al máximo, porque se dio, aparentemente, un virtual empate entre las dos opciones con 15 millones de votos, cada una con el 35 por ciento del electorado y una diferencia de tan sólo la mitad del 1 por ciento.

10. Entonces, no sólo se observa la descalificación de una mayoría relativa de 15 millones sobre una población de 103 millones (y digamos 71 en edad de votar), sino, además, dicha mayoría relativa está empatada con otra mayoría relativa; con el añadido de que se trata de la posición política virtualmente opuesta: la derecha en general y la izquierda en general.

11. Lo que lleva a que ninguna de las partes pueda conceder el triunfo a la otra y menos que la izquierda le conceda el triunfo a la derecha. Cuando se trata de la bandera de Primero los Pobres, en un país de 80 millones de pobres, frente a la posición partidista pro-capitalista-empresarial-extranjerizante de la minoría con el poder económico y social.

12. A pesar que muchos de los pobres, votaron por la derecha, dentro de una actitud tradicionalmente conservadora, alentada por el voto del miedo de la guerra sucia electoral, que amenazaba con quitarles lo poco (y aún nada) que tenían.

13. Pero la elección presidencial se transformó en una confrontación poselectoral entre la bandera política por los pobres y la continuación del fracasado modelo foxista de los empresarios, por los empresarios y, sobre todo, para los empresarios, con el argumento de que hay que crecer primero y luego derramar por goteo a las masas las utilidades; más aún, porque haya paz social y estabilidad económica. Y frente a esto, las propuestas poco viables de la izquierda, por decir lo menos, de un incremento instantáneo y por decreto de los ingresos de los trabajadores, así como la resolución de toda controversia económica nacional por la vía de una nada probable concertación en todos los ámbitos.

14. Ahora, esto se presenta como una confrontación, tanto poselectoral como extra-electoral, entre una derecha que lucha por conservar sus abusivas ventajas económicas y una izquierda que encabeza la inconformidad de la pobreza de las masas populares, a la que progresivamente se van sumando organizaciones sociales.

15. Esto descalifica la elección presidencial, porque si se confirma la minima ventaja de Felipe Calderón, la izquierda, encabezada por Andrés Manuel López Obrador no va a reconocerla, por lo que no será el presidente de todos los mexicanos.

16. Lo que se agrava, por la característica convencional de la práctica seudo-democrática de que el ganador, así sea por un voto, gana todo y el perdedor pierde todo, es que la nueva izquierda poselectoral no puede permitir que la derecha gane todo el gobierno de todos los mexicanos y que los pobres, en su enorme mayoría, pierdan todo el gobierno, ahora que su voto cuenta.

17. Y la derecha, no necesariamente encabezada por Calderón, sino por los intereses empresariales y capitalistas de los grupos de poder, no tiene margen de acción para hacer concesiones de política económica y distribución del ingreso a la izquierda, por lo que es inviable un gobierno de “conciliación nacional” y, menos un “co-gobierno” entre derecha e izquierda. Sus demandas son opuestas, pues favorecen a los ricos y, aunque no sea a costa de los pobres, no los favorece, no les da prioridad social.

18. Por lo que se presume que el conflicto electoral por la Presidencia de la República de 2006, no tiene solución².

19. Sólo su transformación en una lucha de clases extendida, que va a preparar la elección del 2012, en favor de la revancha de la izquierda, pero en un largo y espinoso camino de seis años de encono y pérdida para todos, de un gobierno nacional repudiado por las mayorías necesitadas, y alimentado por las minorías agresivas.

20. Si los gobiernos populistas de izquierda, en países de grandes mayorías de pobres, son adictos a la desestabilización social y a enfrentamientos con las clases medias y ricas (como el de Hugo Chávez), los gobiernos de derecha, apoyados por los pobres conservadores intimidados, no pueden controlar las exigencias necesarias de las masas (que sólo pudo hacer Salinas en el contexto del Partido de Estado, después del fraude electoral a Cuauhtémoc Cárdenas).

21. Va a ser necesario que tanto izquierda como derecha, en la lucha de clases, se acerquen al centro para poder sobrevivir, tanto electoralmente como en este periodo de gobierno cuestionado. Calderón no va a tener el apoyo de “sus” pobres conservadores para privatizar Pemex, imponer el IVA a medicinas y alimentos o reducir derechos laborales, aunque tenga los números suficientes de legisladores (que son sólo representantes del PAN, pero no de sus electores pobres, que se le “voltearán” en las calles).

22. Así que Calderón no tiene un mandato del pueblo que le otorgue legitimidad de origen y menos de legitimidad de ejercicio si va a contradecir el proyecto nacional constitucional plasmado en los artículos 27, 25, 26, 28, 123, 39 y 41. Y si pretende cambiarlo reformando el texto de la ley suprema, va a enfrentarse a una inconformidad social generalizada, con el nuevo liderazgo establecido de López Obrador, sólo apoyado por los pequeñísimos grupos de interés del gran capital transnacional que se verían beneficiados directamente.

23. Calderón no tiene un mandato popular privatista ni lo tienen los grupos de poder para acrecentar su enriquecimiento.

24. La soberanía popular expresó un empate entre derecha e izquierda.

25. Lo que debe traducirse en una voluntad general para que la paz social sea tan prioritaria como la mejora de las clases populares, es decir, primero la estabilidad social tanto como primero los pobres.

26. Tal vez fue un voto de castigo al discurso agresivo de lucha de clases, por su presentimiento desestabilizador, más no por su contenido de justas demandas insatisfechas de las grandes mayorías de pobres.

27. En conclusión, el pueblo no se decidió³, en la voluntad general, por López Obrador o Calderón. No prefirió una de las dos opciones. Eso llevó a la crisis de la democracia en México, agravada, porque las dos obtuvieron una minoría que está muy lejos de representar la soberanía del pueblo.

La única solución democrática no es el conteo de voto por voto de dos minorías, sino que el pueblo exprese su soberanía, en una gran mayoría, a través de una segunda elección, basados en una interpretación democrática del artículo 39 constitucional; en vez de alegar que la Constitución obliga a un desenlace no democrático porque no está expresamente establecida la segunda vuelta (como tampoco está establecida la elección de un congreso constituyente, por lo que sólo pueden darse las reformas cuestionables de los congresos ordinarios constituidos con mayoría calificada, del artículo 135.

Nunca debe olvidarse el principio supremo de la vida y organización de la sociedad, de que sólo es soberano el pueblo, que tiene el inalienable derecho de cambiar la forma de gobierno en cualquier momento (artículo 39 constitucional). Este es el momento de hacerlo, aunque sea a través del artículo 135.

La “salida” puede apreciarse como fuera de tiempo, pero es la única solución democrática que permitiría la expresión de la soberanía del pueblo en beneficio del mismo pueblo y llevaría a que los candidatos y sus partidos “repensaran” su oferta electoral, para acercarse a obtener la voluntad general soberana que en este momento está anulada, al resultar dos partes iguales opuestas que se contrarrestan, además de que son minoritarias y se encuentran sin la legitimidad necesaria para ser relevantes democráticamente⁴. No dejemos que la “desalmada” formalidad se sobreponga al beneficio del pueblo mexicano. La solución debe ser democrática en el fondo.

* Investigador de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México.

1 Si se considera convencionalmente que los 71 millones de electores registrados representan la soberanía popular nacional (sobre una población de 103 millones), y aunque se conservara tal soberanía hasta con el 66% de 71 millones, equivalente a cerca de 47 millones de votantes, cuando este colectivo se divide, se pierde tal soberanía para decidir. Por supuesto, las 2 partes de 15 millones, del PRD y el PAN, carecen de la soberanía popular, sobre todo, en lo individual, pero también sumadas.

2 Especialmente ahora que se ha convertido en un conflicto social entre los nuevos conservadores y los nuevos socialdemócratas, más que entre capitalistas y meros socialistas, menos aún comunistas, aunque todos populistas. Los nuevos conservadores populistas se van pareciendo cada vez más al PRI de la retórica social y la complicidad conservadora con el capital y sus negocios, mientras, los nuevos socialistas, presumen nuevos ideales democráticos sobre los avances sociales del PRI en su parte revolucionaria y progresista.

Da la impresión que el PRI se ha dividido ya (aún sin hacerlo), al propiciar la emulación de los dos polos que se contenían en un solo partido político, pero que no podrán conciliarse internamente por un presidente fuerte. Los anteriores extremos ideológicos tradicionales del PRI, se enfrentaran como nunca antes, en una lucha sin concertación y no habrá el equilibrio de un punto medio, de un centro democrático, que hubiera podido tomar el PRI, si no lo avasallara su sociedad interesada y añeja, con el gran capital.

3 Dos decisiones iguales y opuestas significan que no hubo decisión (y, por lo tanto, no se resuelve una controversia y pierden todos) o significa que se acepta sólo una parte de las dos opciones, como se menciona antes.

4 En el caso actual, el ganador debería haber obtenido, por lo menos, el 66 por ciento de los votos emitidos; lo que hubiera significado, simplificando números, casi el doble de los 15 millones de votos, que sumarían cerca del doble del 35 por ciento de participación.

Esto es, con casi 30 millones de votos y con todos sus “bemoles”, lo que convencionalmente podría considerarse como un ejercicio aceptable de la soberanía popular, lo que hubiera significado que el candidato vencedor hubiera obtenido cerca del 70 por ciento de los votos y el perdedor sólo cerca del 30 por ciento (eliminando a los demás partidos en la segunda vuelta).