Organizar al poder: reto constitucional*

Diego Valadés**

Quiero subrayar que en la generosa invitación que me hizo el IERD invitándome se señalaba que podía participar, desarrollando el tema “Nuevo régimen, nuevas instituciones y nueva Constitución”. He tenido, previamente, la grata oportunidad de estar en algunas reuniones convocadas por el Partido de la Revolución Democrática para discutir, particularmente, temas de naturaleza constitucional. Me ha invitado doña Ifigenia Martínez en alguna ocasión, doña Silvia Gómez Tagle, también, y esta es para mí una nueva forma de corroborar la apertura del PRD en cuanto a recibir opiniones, puntos de vista y reflexiones en el más amplio sentido y de un amplio sector de la comunidad, en este caso de la comunidad académica.

Nuevo régimen

Las opciones son, esquemáticamente hablando, dos: un sistema presidencial y un sistema parlamentario. La verdad es que yo sugiero no entrar a discutir este tema, los problemas del nominalismo suelen ser más graves que las cuestiones mismas de fondo. Luego por discutir acerca del nombre del niño no nos preocupamos acerca de la estructura y del desarrollo de la criatura.

En este momento no hay en el mundo sistemas puros, todos los sistemas constitucionales tienden a incorporar elementos de aquellos sistemas que no forman, digamos, el elemento constitutivo o definitorio de la propia Constitución, los sistemas parlamentarios han aceptado muchísimas instituciones procedentes del sistema presidencial y viceversa. Por otra parte, los sistemas llamados parlamentarios tienen problemas y ventajas, igual que los presidenciales. En el caso del sistema presidencial, la principal ventaja es la determinación de una periodicidad en cuanto al ejercicio del poder y, a su vez, una de las mayores desventajas del sistema parlamentario es la duración indeterminada de quienes ocupan la jefatura de gobierno, que suele concluir sólo cuando la sociedad acaba aborreciendo a los respectivos jefes de gobierno, y eso tampoco resulta razonable, como le sucedió a Margaret Thatcher y a Gerhard Schroeder.

Eso indica que la estructura o la denominación de los sistemas es irrelevante, lo importante es la forma de organizar el poder. Por tanto, sugiero que la definición del régimen se omita para no dar lugar a la discusión sobre el nombre y el apellido que se le quiera poner.

En cuanto a nuevas instituciones, considero importante establecer la figura del Gabinete en el país. En una obra interesantísima de la autoría del magistrado Saldaña Harlow, La Constitución comentada, cuando se refiere al artículo 80, dice que es un artículo sorprendente y llamativo y sí lo es, porque establece la concentración máxima del poder en una sola persona denominada como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto ya prácticamente no existe en ningún sistema presidencial. Somos, en ese sentido, una verdadera reliquia. Si queremos conservar las reliquias para tener algo de lo cual enorgullecernos, pues dejémoslo como está, pero considero que es algo en lo que hay que avanzar, como han avanzado casi todos los sistemas presidenciales en el mundo, y establecer que el presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado, pero que el gobierno está integrado por un Gabinete; esto permitirá establecer nexos de responsabilidad ante el Congreso.

En un sistema presidencial las formas de reclamo o solicitud de confianza son frecuentes; es frecuente que el Congreso dé su confianza a los integrantes del Gabinete y, también, es posible que haya censura, porque sin que tenga que darse el caso de la disolución del Congreso, como ocurre en los sistemas parlamentarios puede darse su disolución por parte del jefe de gobierno. En este caso no, porque como el jefe de gobierno seguiría siendo el Presidente de la República y ése es inamovible, entonces no tendría que darse el derecho de disolver el Congreso cuando el Congreso a su vez censurara a un ministro.

El periodo presidencial

Es importante que recapitulemos acerca de la duración excesiva del presidente en el poder. En Francia se redujo la duración de siete a cinco años, a pesar de ese sistema entre presidencial y parlamentario que tiene ese país. En Chile, Augusto Pinochet dejó establecido en la Constitución de 1980 un periodo presidencial de ocho años. Diez años después, se redujo a seis y este año a cuatro, sin reelección, por supuesto.

¿Por qué la reducción? Porque los ciudadanos necesitamos poder renovar la titularidad de los poderes con mayor frecuencia y para que se produzca algo muy importante que señalaba doña Silvia Gómez Tagle, para que la duración de los programas dependa de la permanencia de los partidos en el poder, no de la extensión de los señores presidentes en el gobierno.

Hay que recordar que el periodo más estable del gobierno republicano romano fue de 500 años y había dos cónsules cada año. La duración, pues, de los titulares del Ejecutivo no afectó la construcción de lo que fue realmente un gran imperio. Por el contrario, el imperio entró en barrena cuando los emperadores tuvieron duración indeterminada y, de los 82 emperadores que hubo, 46 fallecieron asesinados. Esto quiere decir que no es un buen sistema establecer la duración amplísima y, en ese caso, indeterminada en el poder.

Esto es por lo que se refiere al sistema de gobierno. Sobre el sistema representativo, sugiero examinar el tema de la reelección de los legisladores, aunque no por lo que se ha planteado, que yo no comparto, en cuanto a que es una forma de adquirir experiencia. Yo no he conocido nunca a un solo diputado y a un solo senador al que pudiera considerar inexperto, otras cosa sí, pero inexperto no. Lo importante es darle facultades de control eficaces en relación con el gobierno, y eso se tiene que pasar por la permanencia más amplia de los legisladores.

Los legisladores deben someterse a la fiscalización y único momento real en el que nos dejan saber lo que hicieron y podemos ratificar o enmendar, es cuando se da el proceso de reelección o no del representante en cuestión.

El tercer sistema que hay que reformar es el sistema federal y municipal. Tenemos que pensar en los mecanismos de federalismo cooperativo que permitan una nueva relación entre las entidades federativas y la federación, pero también entre las entidades federativas entre sí. En realidad, nosotros tenemos un país en el que no se producen los efectos de autonomización como están dándose en Italia, más significativamente en España, en Rusia, los que acabaron con el país llamado Yugoslavia; no tenemos esas circunstancias, por fortuna. Pero tenemos otra situación que debemos reconocer, hay muchos que son del Distrito Federal pero muchos venimos de otros estados, como el doctor Calderón y yo que somos de Sinaloa, y sabemos que hay una incomunicación absoluta entre las entidades federativas. Son 32 mini países con 32 mini presidentes en cada uno. No hay comunicación.

En Europa hay sentido de integración, porque, entre otras cosas, la juventud, los trabajadores, las sociedades en general, se mueven lateralmente a lo largo de todo el continente. Los alemanes, por ejemplo, pueden tener el derecho a que se les paguen sus vacaciones si es que las toman fuera de Alemania. Entre los estudiantes todos pueden acreditar materias en sus respectivas universidades si llevan a cabo estudios en universidades de otros países.

En el caso de México, es  más fácil que un joven universitario se vaya a estudiar a Estados Unidos a que un joven oaxaqueño se vaya a estudiar a Puebla, Sonora, Sinaloa o Chihuahua; no tenemos un sentido de integración comunitaria nacional. Esto es algo con lo cual se puede contribuir desde una nueva perspectiva del federalismo.

El sistema judicial que hay que renovar

Este cambio debe hacerse no sólo pensando en la estructura estrictamente de los jueces y de los magistrados, también tenemos que cambiar el concepto de abogado y de ejercicio de la abogacía y pensar en un nuevo sistema de enseñanza del derecho, porque ahí es donde traemos en este momento un grave déficit en el país: la falta de compromiso ético y de conocimientos jurídicos por parte de la mayoría de los abogados mexicanos, representan un factor de presión para corromper el aparato jurisdiccional mexicano. De manera que si no reformamos, si no vemos eso, no vamos a resolver el problema de fondo.

El sistema de los derechos fundamentales, es importantísimo y estoy hablando de nuevas instituciones. ¿Por qué es importante? Porque tenemos una pluralidad de derechos que todavía no aplicamos en nuestro país, entre otros, por ejemplo, los que aparecen en los instrumentos internacionales tutelares de los derechos humanos. No tenemos la práctica de invocar esos instrumentos ante nuestros tribunales, entre otras cosas, porque nuestros abogados los ignoran. Podríamos hacerlo y nunca se hace; los casos son absolutamente episódicos, son irrelevantes en el orden numérico.

Doña Silvia Gómez Tagle propone la defensa de los trabajadores migratorios. Por qué no utilizar los instrumentos jurídicos, junto con los instrumentos políticos que ya existen para plantear, por ejemplo, la exigencia de que Estados Unidos respete el Tratado Internacional de los Derechos de los Trabajadores Migratorios, que ya está vigente en el mundo y que en el continente, EU es el país que más lo ha objetado. Por qué no pedirle a la Cumbre Iberoamericana se pronuncie en la defensa de los trabajadores mexicanos que están siendo objeto de violaciones sistemáticas de derechos en Estados Unidos. Es un tema que debemos internacionalizar, porque nosotros solos frente a ese coloso, no quiero manifestarme derrotista pero sí realista, podemos hacer muy poco. La comunidad internacional puede hacer muchísimo.

Reforma constitucional

Aquí se han dado dos planteamientos: dos de los participantes han dicho no a una nueva Constitución, dos han dicho sí a una nueva Constitución. Y bueno, ¿qué voy a decir yo? A ver cómo desempato.

Con mi queridísimo colega y amigo Jaime Cárdenas nunca he tenido discrepancias de fondo y sólo algunas diferencias en temas formales, siendo que, además, ninguno de los dos es formalista. Un ejercicio que he hecho de las propuestas de don Jaime es ver si todas las propuestas cabrían en la Constitución por la vía de reformas y he llegado a la conclusión de que sí, a lo mejor él cree otra cosa y ahora nos lo dirá.

El problema, pues, no es de contenidos, nuestras discrepancias no están en los contenidos. Podemos desde luego encontrar y buscar matices, eso es otra cosa. Nuestro problema son nuestras diferencias de procedimiento: un Constituyente o no un Constituyente.

Luis Javier Garrido acaba de señalar que no cabe un Constituyente; yo pienso que, técnicamente, sí podría, sin tener que convocarse a un Constituyente, decirle al Congreso: “Aquí está un proyecto de nueva Constitución, tómalo como reformas a la Constitución en vigor y tramítalo conforme al artículo 135”. Formalmente cabría la posibilidad.

Para mí el problema no es ése. Mi preocupación está en que hemos visto y hemos podido corroborar que hay una fuerte resistencia al cambio en el país, tan fuerte que en este sexenio no se ha hecho y presumo que en lo que le resta tampoco se hará nada. Si se convoca a una discusión de este género, se corre el riesgo de tener una poderosa resistencia al cambio que entorpezca los objetivos de una nueva constitucionalidad o de una nueva Constitución.

Por otra parte, hay factores que no están siendo discutidos, pero que con motivo de una nueva discusión tendríamos que discutir, porque en una nueva Constitución se discute todo. Veamos lo que ha pasado ante una posición plenamente justificada, como ha sido la de la píldora del otro día, o veamos qué está pasando frente a un planteamiento como el que han hecho algunos diputados del PRD y diputados locales acerca de la eutanasia, y contra la que se ha venido una avalancha para desacreditarla y utilizando algo muy peligroso: los sentimientos religiosos de la sociedad. Cuando volvamos a mover los sentimientos religiosos de la sociedad, vamos a meternos en conflictos mayores, porque todos los laicos y los agnósticos y los ateos –que en este país habemos y que respetamos muchísimo las convicciones religiosas de todos los demás– vamos a perder esa neutralidad, y también los católicos tolerantes, que son muchísimos, yo diría que son la mayoría de los mexicanos, van a perder su neutralidad. Ese es otro riego que veo.

Por tanto, creo que el tema es estrictamente de procedimiento y, puedo decirlo, ese ya no es un tema de propuestas académicas, es un tema de decisiones de estrategia política y sobre eso vale la pena que los dirigentes políticos se manifiesten.

* Ponencia presentada en el foro temático “Estado social y democrático de derecho. ¿Hacia una nueva Constitución?”, dentro del programa “Hacia un proyecto de nación rumbo al 2006. Debate de la Plataforma Electoral”, organizado por la Comisión para elaborar la Plataforma Electoral 2006 del PRD, realizado el 23 de octubre de 2005 en el Palacio de Minería, Ciudad de México.

** Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.