Clase política y diferencia obligada en gobiernos perredistas*

Carlos César Cárdenas Márquez*

La solución a los problemas electorales implica el fortalecimiento de la democracia formal o representativa y de la democracia real o económica.

La democracia está obligada a verse en su propio espejo, para su perfeccionamiento. Y de ese obligado análisis de autocrítica, aterrizar en lo cotidiano, y no quedarse en el discurso progresista y estacionarse en los viejos carriles del pragmatismo, que argumentando intereses momentáneos coyunturales o de grupo abdica de la visión general; objetiva, que conduzca a una profundización en la solución de las exigencias de las mayorías que conciben el cambio democrático como lo señala la Constitución Mexicana en su artículo tercero.

Se ha dicho que los mexicanos nos hemos decidido por la vía electoral para transformar la sociedad; sin embargo, se nos olvida que para hacer esa transformación, el primer paso para intentarlo es el cambio en nosotros mismos en lo individual, porque si no lo hiciéramos así caeríamos en la clásica incongruencia del decir y el hacer o, como dijéramos coloquialmente: “Que el cambio se haga, pero en los bueyes de mi compadre”.

Lo anterior significa, dentro de las limitaciones reales, trascender al accionar político tradicional. Ofrecer al pueblo hechos concretos o palpables que denoten un nuevo resurgimiento nacional; reconocer y aplicar, en la medida de que se tenga el poder en los distintos niveles de gobierno, las prerrogativas y obligaciones que la Constitución nos señala en su articulado respectivo, es decir, como gobierno, ser diferentes, ser distintos. Considero que en el Distrito Federal se logró, positivamente, la diferencia.

Lo anterior nos lleva a un problema fundamental: estamos carentes de una clase política en el país. No confundida con la clase gobernante que a veces coincide como clase política, cuando aquélla se despoja de intereses individuales y de grupo y actúa en última instancia a favor de la solución de los problemas y exigencias mayoritarias. Tampoco confundir al funcionario con el político, porque éste es difícil que pierda su calidad de tal, esté o no esté como funcionario público.

México carece de una clase política, puesto que los grandes y, a veces, hasta pequeños problemas nacionales, no están en sus prioridades y en la mayoría de los casos ni en sus cuestiones secundarias. El problema es cómo formar una clase política que dirija con profesionalismo y objetividad los destinos de la nación. A esto, puede responderse que la formación de una clase política real es un proceso, avoquémonos ya a su inicio.

Una forma de alentar la creación de la clase política en México sería dar solución, en la instancia correspondiente, a los diversos problemas que se han presentado en las cuestiones electorales y que el grupo gobernante no ha querido solucionar. Así, tenemos que en el desmesurado financiamiento público de las elecciones en nuestro país no se ha querido llegar a convenir soluciones prácticas, concretas, que coadyuven a la moralidad pública a la que estamos obligados los funcionarios de todos los niveles. En el caso del financiamiento público, la solución debe ser la prohibición de hacer propaganda para los partidos políticos en los medios, salvo el uso de los tiempos aire que el Estado maneja. Con lo anterior, se calcula reducir en un 60 y hasta un 70 por ciento el gasto en la materia.

Otro problema es el relativo al abstencionismo. Parece ser que mientras más numerario se invierte en la materia electoral, los electores se alejan en forma proporcional de las urnas. En algunos países europeos y sudamericanos las votaciones son muy altas, en virtud de que aplican sanciones a los electores que no acuden a votar.

En México, la Constitución prevé tal situación en sus artículos 36 y 38, y a pesar de que los funcionarios encargados obligadamente de aplicar la Constitución y las leyes que de ella emanen, por la protesta que se realiza en la toma de posesión respectiva, no aplican la exigencia que se les impone. Para nadie pasa desapercibido que nadie quiere ser el malo de la película, tratando de obligar a los electores a acudir a las urnas, por lo que quizás también los partidos políticos maliciosamente prevén, que en caso que hubiese sanción a los electores, estos usarían las boletas como un medio de protesta con toda la picaresca que ello conlleva, fortaleciendo así no al partido del abstencionismo, sino al partido protestante, con el consabido recuento entre protestantes y electores efectivos. Esos son los espejos a los que están obligados los grupos políticos a asomarse.

El tema fundamental en México es crear una clase política que esté atenta a la exigencia de la mayoría. No confundir clase política con grupo gobernante, pues este último es, en el caso concreto del actual gobierno mexicano, un grupo plutocrático que centra su accionar en el despojo a la clase media, laboral y campesina para fines particularísimos de lucro, sin ningún respeto a la normatividad constitucional ni a las necesidades fundamentales de la población mexicana.

La clase política debe definirse en los rangos de republicanismo, austeridad, honestidad y, ante todo, su compromiso ineludible con las necesidades nacionales, descartando en su dinámica los compromisos, personales o de grupo. Lo anterior sería lo que daría la pauta a los funcionarios del Partido de la Revolución Democrática para hacer gobiernos distintos, diferentes en cuanto a visión y contenido social se refiere.

En Estados Unidos de Norteamérica, hay 2 grandes partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata y, aunque esencialmente son lo mismo, tienen algunas diferencias. El Partido Republicano centra su actividad de gobierno, otorgando mayores presupuestos a la industria militar, mientras que el Partido Demócrata se aboca, en general, a dar más impulso a las políticas de contenido social, es decir, que aún con todo lo hegemónico que pueda ser el poder en Estados Unidos con su actitud, los dos partidos predominantes hacen alguna diferencia.

El Partido de la Revolución Democrática tiene gobiernos municipales y estatales y repito, el único que sí ha hecho la diferencia es el Distrito Federal, lo cual es digno de encomio porque, como todos lo sabemos, el gobierno federal y el poder legislativo intervienen en la designación de funcionarios encargados de la seguridad pública y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y la Cámara de Diputados en cuestiones de presupuesto y deuda pública; a pesar de tales obstáculos, se logró con arrojo y un intenso trabajo, hacer la diferencia.

Hay estados del país gobernados por el PRD, donde se tiene la mayoría en la Cámara de Diputados local y no se ve la diferencia.

Para concluir, considero que debiéramos tomar en cuenta para incorporarlos a la plataforma electoral, dos temas: Clase política y diferencia progresista de gobiernos perredistas.

* Ponencia presentada en el foro temático “Estado social y democrático de derecho. ¿Hacia una nueva Constitución?”, dentro del programa “Hacia un proyecto de nación rumbo al 2006. Debate de la Plataforma Electoral”, organizado por la Comisión para elaborar la Plataforma Electoral 2006 del PRD, realizado el 23 de octubre de 2005 en el Palacio de Minería, Ciudad de México.

** El autor es Magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal.