Desarrollo con responsabilidad social* Orlando Delgado Selley** Es muy pertinente someter a juicio ciertos aspectos
centrales de las finanzas públicas, que tendrían que incorporarse, necesariamente,
a un programa de gobierno formulado desde una perspectiva de izquierda,
que realmente reconozca que lo que quiere hacerse es cambiar este país. Existe la
posibilidad verdadera de que el 1 de diciembre de 2006 comience una nueva
época en la vida del país. Ello dependerá, por supuesto, de ganar las
elecciones federales; esta es la condición necesaria. La otra condición,
la suficiente, estará determinada por la política económica que se instrumente,
específicamente, por la sujeción o por la liberación de la ortodoxia promovida
por los organismos financieros internacionales, los países imperialistas,
los grandes grupos económicos extranjeros y nacionales y los analistas
financieros, auto convertidos en voceros
oficiales de los mercados. No se trata,
por supuesto, del abandono total de eso que, eufemísticamente, los neoliberales
llaman “responsabilidad presupuestal”. Se trata de someter la política
económica a los compromisos derivados de un gobierno que pretende contar
con una sólida base
popular. Atender las cuestiones
básicas que todo gobierno se plantea lleva a considerar la pertinencia
del mantenimiento de los equilibrios fundamentales. La ortodoxia señala
que debe existir austeridad en el gasto, deben cubrirse puntualmente los
vencimientos de la deuda pública, lo que en la terminología bancaria se
llama: “honrar la deuda”, al tiempo que se reduce la presencia estatal
a límites muy estrictos; en consecuencia, conseguir un equilibrio fundamental,
el equilibrio fiscal; proponernos honrar este equilibrio macroeconómico
tendrá consecuencias importantes, pero hacerlo, sin considerar los requerimientos
centrales de un programa que se proponga atender los requerimientos de
los pobres de
este país es
incongruente. La responsabilidad
social de un gobierno popular es insoslayable. A continuación, se presenta
una muy rápida consideración sobre los determinantes del crecimiento y
el papel de la inversión pública; con ellos, se estiman los requerimientos
financieros que pueden permitir un crecimiento de cuatro o cinco puntos
porcentuales en el primer trienio y, luego, de seis y siete en el segundo. Además,
se propone una distribución intergubernamental de los impuestos a cobrar,
que busque reducir la evasión y que acerque a los causantes con la utilización
de sus contribuciones. Un cuarto apartado replanteará la estructura del
gasto público, reduciendo el gasto corriente, elevando la inversión y
limitando estrictamente el gasto no programable. Finalmente, se reúne
la información entregada y se ilustran los requerimientos financieros
de un sexenio con verdadera responsabilidad
social. En la estrategia instrumentada
para hacer más selectiva la participación del Estado en la economía, se
utilizaron los mecanismos que convencionalmente se asocian a la política
del Consenso de Washington: reducción del gasto público y privatización
de una buena parte de las empresa públicas. Entre los
primeros estuvieron los recontraconocidos argumentos macroeconómicos,
como el uso de los recursos crediticios por parte del Estado; la dispersión
o la distracción de las responsabilidades fundamentales y el hecho, se
dijo, de que había capitales nacionales depositados en el extranjero que
podían ser invertidos en las actividades que en aquellas épocas ocupaba
el Estado. Las razones macroeconómicas daban por supuesto que aumentar
la participación del sector privado significaba incrementar la eficiencia
general de la economía. Luego de
casi un cuarto de siglo de implantación de estas políticas, los resultados
no han demostrado cumplir con lo que se proponía, no han sido favorables.
Un sólo indicador, el producto por habitante –utilizando los datos de
Angus Madison– registró una tasa de crecimiento anual, entre 1950 y 1973
de 3.2 por ciento del producto per cápita; para el periodo entre 1973
y 2001 se redujo a 1.6 por ciento, pero si nos concentramos en los años
entre 1980 y 2000, esa tasa se redujo a 0.6 por ciento. Es evidente una
disminución importantísima del producto per cápita en esta
población. Si comparamos
estos datos con las diversas regiones del país, siguiendo la metodología
de agrupación desarrollada por Madison, en prácticamente todos los casos,
salvo en África y los países de la ex URSS, la tasa de crecimiento del
PIB per cápita mexicano es desfavorable. Se compara
desfavorablemente con los países de Asia, con los países de Europa Meridional
(España, Portugal, Grecia e Irlanda), con los nuevos países occidentales
(Australia, Canadá, Nueva Zelanda) y, por supuesto, con los países europeos.
En todos los casos, el desempeño de nuestro PIB per cápita, ha sido verdaderamente
desastroso. En el fondo,
la explicación obvia es la que tiene que ver con la inversión. Sin duda,
los países que han tenido mayores ritmos de crecimiento del PIB per cápita
han sido aquellos en los que la inversión en relación con el producto
ha tenido coeficientes del orden del
30 por ciento. Una de las
estrategias fundamentales de las reformas orientadas al mercado fue eliminar
a la inversión pública. La inversión pública representó en los primeros
años de los ochenta el 9.2 por ciento del producto, pero en los primeros
cuatro años de Fox (2001-2004), representó el tres por ciento, o sea,
se redujo a la tercera parte. En estos mismos años, la inversión privada
pasó de 12 a 16 por ciento. De modo tal que, en los años de las reformas
orientadas al mercado, la inversión total de la economía perdió entre
tres y cuatro puntos del producto
anuales. Esa es la
consecuencia drástica, clara y contundente de las reformas orientadas
al mercado: cuatro puntos del producto se perdieron anualmente por esta
discusión. Es evidente que con una inversión tan disminuida las posibilidades
de que el desempeño económico sea más o menos fundamental
no pueden darse. Consecuentemente,
lo que ha quedado claro en 25 años es que la inversión privada no puede
hacerse cargo del desarrollo económico y, en consecuencia, es indispensable
que la inversión pública retome estos papeles. La conclusión obvia es
que en la nueva etapa de desarrollo del país se requerirá una mayor y
una mejor participación del Estado. Una nueva
estrategia que se proponga que el crecimiento del producto per cápita
sea de por lo menos tres por ciento anual y recuperar las tasas que teníamos
en los años cincuenta y sesenta. Para ello, es indispensable que la inversión
productiva aumente significativamente y en un plazo muy
breve. Como dije,
la inversión privada ha mostrado que no puede responder eficientemente
a los requerimientos nacionales por muchas razones. Una de ellas, fundamental,
es que las distorsiones provocadas por la rápida apertura comercial inundaron
al país de importaciones, desincentivando la inversión manufacturera y
provocando una reducción de la rentabilidad que, a su vez, significó un
círculo vicioso que fue eliminando uno de los sectores que atraen inversión
privada de mayor nivel en el país, que
es la inversión
manufacturera. Es por ello
indispensable que en la reconstrucción de una dinámica virtuosa entre
inversión pública y privada, la primera ocupe el papel inicial. En términos
agregados, los requerimientos inmediatos consistirían en lograr un aumento
del orden de 5 puntos porcentuales del producto en la inversión, de modo
tal que la inversión pública pudiera llegar a 8 por ciento. Si suponemos
que en 2005, el producto creció tres por ciento y la inflación a diciembre
fue de cuatro por ciento, ello implicaría que el PIB nominal mexicano
en 2005 sería del orden del 8.25 billones de pesos. Por tanto, requeriríamos
un incremento en la inversión de, aproximadamente,
410 mil millones
de pesos. Esto permitiría,
por supuesto, atender los requerimientos que se han propuesto en los 50
compromisos de López Obrador. En términos de la inversión petrolera y
la obra pública, podrían también atenderse los famosos compromisos 28,
29 y 30 que se refieren a inversiones para modernizar la infraestructura,
para desarrollar proyectos que recuperen la importancia de los ferrocarriles,
no solamente uno que nos lleve al norte, sino uno que reestructure la
red ferrocarrilera de transporte de pasajeros en el país y, por supuesto,
para la creación de puertos de altura. Eso tendría que ser presupuestado
de manera inmediata para poder dimensionar cuánto significarán en el primer
año estas cosas. Adicionalmente,
tienen que atenderse los déficit sociales en educación, vivienda y salud.
En materia educativa, es indiscutible que hay una cobertura relativamente
total en educación primaria, pero no lo hay en secundaria y el rezago
en bachillerato y educación universitaria es brutal. En este sentido,
tendría que plantearse si lo que conviene es, en efecto, crear 20 universidades
y 200 preparatorias o si lo que se requiere es fortalecer a las universidades
públicas ya existentes en cada una de las entidades del país y mejorar
su calidad. En todas
las evaluaciones disponibles es indudable que el gran problema educativo
en México, además de la cobertura, es el que tiene que ver con la calidad.
Aquí hay un problema verdaderamente central y, para ello, hay que actuar
invirtiendo en los profesores, invirtiendo en los recursos humanos del
sector directamente, haciendo un poco de lado a la estructura corporativa
sindical que ahí
existe. En vivienda,
se trataría de concretar por lo menos las 500 mil acciones anuales con
las que se plantea generar los 400 mil empleos que se proponen, pero ¿en
dónde serían esas acciones?, ¿de qué acciones se tratan?, ¿se trata de
acciones de vivienda nueva o no? Para que realmente esto pueda configurarse
una cosa parece fundamental, junto con los requerimientos en materia de
salud, plantear que en los primeros tres años de un gobierno popular tendrían
que proponerse, entre otros, el objetivo central de que las entidades
con mayor rezago relativo en sus índices de desarrollo humano, en tres
años, puedan estar en los niveles promedio del país. Esto tiene que ser
una idea central, es decir, no solamente hablar de sectores y de mejorías
generales. Las entidades con mayor retraso relativo en los indicadores
de desarrollo humano, tendrían, en tres años, para el cierre de la primera
parte de un gobierno de izquierda, estar en los niveles promedio,
por lo menos. Esto significaría
un impulso a la dinámica económica general y la creación de un círculo
virtuoso que permita corregir las cosas y dar sentido y orientación a
las acciones. No se trata, por tanto, solamente de invertir en las grandes
ciudades, donde también hay rezagos, se trata de concentrarlos para que
estos desarrollos desiguales, a nivel de entidades y, particularmente,
de ciertas regiones del país, puedan
corregirse. Evidentemente,
todo esto no puede plantearse si no hay un correlato en los ingresos,
es decir, se requiere invertir, se requiere desarrollar, se requiere impulsar,
pues esto no puede ocurrir si no se generan los ingresos necesarios para este
propósito. Evidentemente,
la sociedad es la que determina los requerimientos de gasto de un gobierno.
El equilibrio macroeconómico central es responder a los requerimientos
de la sociedad. Eso tiene un costo y significa definir y determinar la
propuesta impositiva de un nuevo gobierno. Parece poco sensato, desde
este punto de vista, plantear desde ahora que un gobierno de izquierda
no va a impulsar aumentos de impuestos y que todo se logrará con austeridad
juarista y con mejoras
en la recaudación. El Banco
Mundial, cuando planteó su propuesta de programa a Fox, en ese famoso
libro gigantesco que se llama Una agenda para el desarrollo, dijo
que mejorar la eficiencia recaudatoria y reducir la evasión, podrían significar
cuando mucho uno o dos puntos del producto. Estamos hablando de que este
programa requiere cinco puntos
del producto. La austeridad
republicana, incluso en términos tabasqueños, que son bastante draconianos,
no va a dar más de 80 mil millones de pesos al año, no más. Queda claro
que un proyecto de esta naturaleza no da para los requerimientos iniciales
de inversión pública. Tiene que
hacerse una reforma fiscal integral que, por supuesto, deseche lo que
ha dividido al país: el incremento del Impuesto al Valor Agregado.
Eso es implanteable. Para plantear
una nueva propuesta fiscal hay que invertir una relación que hoy se ha
convertido en una relación perversa y que deriva del régimen priista.
En nuestro país, prácticamente, el total de los impuestos son de carácter
federal, o sea, hay un porcentaje verdaderamente pírrico de los impuestos
de carácter local. La totalidad de tributación es recaudada por el gobierno
federal. En otros países, por ejemplo, Canadá las tributaciones federales
son el 43 por ciento y en los Estados Unidos el 31 por ciento. El asunto
no es menor, tiene que ver con la estructura de un régimen político, corresponde
a la época del capitalismo priista. Esto tiene que ser modificado; tenemos
que cambiar las relaciones, de tal modo que se impulse una nueva propuesta
tributaria, una nueva propuesta de ISR, que plantee gravar las transacciones
financieras para impedir que operaciones financieras, como la compra de
Banamex, no causen impuestos, lo cual no ocurre prácticamente en ningún
país del mundo. Tenemos que plantear eso y para hacerlo hay que acercar
a los causantes a sus gobiernos locales. Debe
construirse un verdadero federalismo fiscal basado en hechos como que,
por ejemplo, por lo menos el 50 por ciento del ISR que se recaude se quede
en los gobiernos locales, lo cual supone ir eliminando rápidamente los
famosos ingresos participables, que se convierten en una puja cotidiana.
No hay una estructura en la que, efectivamente, ciertos estados con mayores
niveles de recaudación contribuyan al financiamiento de las entidades
con menores niveles de recaudación, de modo tal que el federalismo se
establezca como uno políticamente acordado. Esto, supone
también un pacto social federal, es decir, de lo que se trata en el fondo
no es solamente determinar unilateralmente una estructura impositiva,
nuevos impuestos, detener la reducción de los gravámenes a los ingresos,
sino de plantear un pacto social que establezca un nuevo programa de desarrollo
para el país y que, por supuesto, incluya un capítulo fiscal. Esto es
la única posibilidad de que la tributación se convierta en un factor fundamental
para la reconstrucción del país. Por supuesto,
plantear las cosas de esta manera y decir que la recaudación tiene que
ser asociada al gasto de las propias localidades, implica que hay poner
frenos, porque si no puede pasarnos lo que a los alcaldes panistas del
Estado de México que rápidamente se incrementaron los sueldos a 400, 500
mil y hasta 600 mil pesos. Por su parte,
el gasto público representa apenas 23 puntos porcentuales del producto.
En otros países esto es verdaderamente mucho más. Quizás lo más grave
es que el 61 por ciento de ese gasto público se destina a gasto corriente.
Cuando Carlos Slim dijo: “Estamos gastándonos los excedentes petroleros
en pagar sueldos”, la afirmación era indudable. casi las dos terceras
partes se destinan al gasto
corriente. La parte
destinada a lo que se denomina el gasto no programable, que tiene que
ver con los intereses, se lleva otro 25 por ciento. Eso significa que
el gasto de capital es de apenas 14 por ciento del gasto público. Evidentemente,
esta es una estructura que se replanteará. ¿Cómo vamos
a replantearlo? Primero, el gasto corriente tiene –en efecto– que entrar
a la austeridad tabasqueña; tiene que entrar un Oficial Mayor tabasqueño,
que en este caso tendrá que ser un Secretario de Estado, para que reduzca
la estructura y no solamente reduzca los sueldos, sino que termine con
toda la dilapidación existente. Hay que
plantear una dinámica en la cual el costo o el impacto del gasto no programable
se reduzca. Desde el gobierno de Ernesto Zedillo y ratificada por Vicente
Fox, ha ido creciendo de manera muy significativa la deuda interna. En
2000, la deuda interna representaba el 30 por ciento de la deuda total
del sector público. Para diciembre de 2004, la deuda interna representaba
el 47 por ciento de la deuda del sector público. Decíamos
que la condición necesaria para que pueda cambiar este país es que ganemos
las elecciones, pero la condición es si tendremos o no mayoría parlamentaria
para cambiar las leyes de este país, porque si no se logra la mayoría
parlamentaria, la autonomía del Banco de México va a persistir, Guillermo
Ortiz va a continuar haciendo la política monetaria y, en efecto, puede
haber una disputa entre la política diseñada desde la Secretaría de Hacienda
y la diseñada desde el
Banco de México. Lo que se
plantea es que los intereses se determinen internamente; esa es una manera
de reducir el costo de la deuda y, a su vez, utilizar los márgenes de
maniobra que otorga la reducción irrestricta del gasto público y el mantenimiento
del equilibrio fiscal, para manejar los niveles de déficit –que aceptan
los países de la Unión Europea– de hasta tres por ciento, lo que significaría
que podríamos crecer tres puntos del producto
tomando deuda. Podríamos
tomar deuda, pero no al estilo actual. Actualmente, toda la deuda gubernamental,
los CETES, se colocan con los intermediarios financieros y por supuesto,
eso define su tasa de
interés. ¿Por qué
no plantear una emisión intermediada por los bancos, pero que sea colocada
entre la gente, a tasas, por ejemplo, que reduzcan en diez por ciento
la tasa de los CETES, pero que se garantice que por lo menos el 80 por
ciento de esa tasa se pague a los pequeños ahorradores directamente y
que los intermediarios se queden con el otro 20 por ciento? ¿Esto de entrada
qué haría? Reduciría el costo de la deuda, podríamos ir financiando con
esa deuda el requerimiento de inversión general y al propio tiempo remuneraríamos
de mucho mejor manera a los pequeños ahorradores, generando incentivos
al consumo que –eventualmente– se convertirían en dinamizadores del funcionamiento económico. Pero concluir
que todo esto es posible, realmente puede plantearse, si se reconoce que
lo que tiene que hacer un gobierno de izquierda, un gobierno de nuevo
tipo, es poner verdaderamente en el centro
a la gente. Finalmente,
los viejos paradigmas de keynesianismo mantienen su pertinencia y eso
hay que plantearlo. No se trata de volver al pasado, sino de disponer
del instrumental keynesiano para estar en condiciones de cumplir con la
responsabilidad social que tenemos. Los fracasos de otros gobiernos de
izquierda en el mundo deberían hacernos mucho más exigentes con la política
y con su expresión en política
económica. Sólo es
posible actuar con sentido popular si en el centro de la política económica
está la política social y si quienes diseñan e instrumentan estas políticas
comparten el proyecto histórico de la izquierda. Muerte a los expertos.
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