Transparencia y democracia en la reforma laboral*

Arturo Alcalde Justiniani**

Presentaré tres aspectos fundamentales del problema. En primer lugar, una reflexión de carácter muy general, introductoria al tema. En segundo lugar, ubicaremos algunos ejes centrales, en términos de una inclusión precisa de estas ideas en la plataforma electoral del PRD, tomando en cuenta la posibilidad de algunas reformas, sobre todo, de carácter legal. Un tercer tema, abordará algunas medidas que podríamos afrontar sin la necesidad de una reforma, es decir, lo que podemos hacer ya, lo que podemos prometer, lo que puede incluirse sin las dificultades y obstáculos que han inhibido –en la práctica– la transición en el tema laboral.

Los problemas del mundo laboral siempre vamos dejándolos un poco al final, es un tema que está lleno de picos, de obstáculos, que a la hora de las concreciones queda reducido a nada; muestra de ello está en las plataformas, en las propuestas de los precandidatos, donde existe una referencia muy limitada, para no decir que casi ninguna. Se habla un poco de pensiones, se habla un poco de temas de seguridad social, pero sobre el modelo de relaciones laborales, el modelo de relación entre trabajadores, el empleador o los patrones, las instituciones tradicionales de derecho de asociación, contratación colectiva, huelga, justicia, normalmente, se han soslayado por distintas razones. Se ven como temas sin solución. Cuando uno habla de sindicalismo está pensando en los sindicatos charros, la gente no tiene mucho interés, hay un auténtico abandono del tema.

Por esa razón, sostengo que, en primer lugar, habría que rescatar la importancia de este esquema, de este modelo, en términos de una propuesta sustentable por parte del PRD, en la lógica de un partido que ha estado presente en la mayor parte de las luchas. El tema de las luchas obreras es patrimonio del PRD. Si lo comparamos con otras organizaciones o entidades políticas y partidarias, nos damos cuenta de que los militantes, luchadores de fábrica, los mártires que ha dado el movimiento laboral están vinculados, de alguna manera, a partidos de izquierda y en buena medida al PRD.

En ese sentido, creo que existe una relación de privilegio, fundamental, entre el partido y las luchas concretas en contra de las iniciativas de ley y las votaciones de los congresistas. Pensemos en el tema de las reformas a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la resistencia a la reforma laboral, el tema de la transparencia en el Infonavit. Podemos hacer un recorrido y veremos que existe toda una vocación, que es natural además por su condición de partido de izquierda, pero que tendría que tomarse muy en cuenta para reubicar su importancia hoy.

En tercer lugar, habría que señalar que se requiere de un consenso básico en el PRD. El tema laboral nos ha enfrentado un poco; persisten dos visiones: una, un poco tradicional frente a los temas, traducida como la resistencia a reformas de todo tipo; una visión demasiado parcial alrededor de la agenda de los derechos de los trabajadores, de la defensa de viejas instituciones, todavía vigentes, pero que son viejas en su aplicación práctica; otra, más novedosa y creativa, que pretende no solamente resolver el problema de una agenda en favor de los trabajadores, sino también resolver el problema del aparato productivo del país, lo lleva a tratar temas que en la práctica son motivo de mayor cuestionamiento, como es el tema de la flexibilidad, la movilidad laboral o los que tienen que ver con la responsabilidad en el mundo del trabajo.

Es fundamental que en el PRD se genere una discusión para transitar hacia un consenso básico, que no neutralice ni inhiba nuestra acción cotidiana, generando temores dentro del partido, y permita delinear una propuesta que, si bien, tenga un alto contenido social, también ofrezca una respuesta más integral.

A veces sucede que dividimos artificialmente los temas y hablamos de políticas labores, como si no estuvieran sustentadas en una adecuada política de empleo, en una política fiscal o en función de las políticas públicas en general.

Bajo esta reflexión inicial, consideramos que en la Plataforma habría que plantear siete temas que sugerimos.

En primer lugar, el tema relacionado con la estabilidad en el empleo, pero una estabilidad sustentable, no a toda costa, que es como hemos construido todo nuestro modelo jurídico. Somos de los pocos países que aún conservan este principio de estabilidad en el empleo, en el que los trabajadores conservan una relación por tiempo indeterminado, en razón de su materia de trabajo. Esto es motivo de cuestionamiento y crítica. Las actuales propuestas de la reforma laboral, en el plano individual, tienden hacia la creación de formas de contratación temporal por la vía de la capacitación y de la temporada a prueba. Sobre el asunto, creo que la idea central de la estabilidad es que esté relacionada con la fuente de trabajo.

En segundo lugar, el tema del salario, que tampoco está presente en las propuestas. Hay una referencia muy limitada al salario mínimo, pero pienso que la recuperación salarial bajo este principio económico, que ya se sustentaban con anterioridad, sería muy importante.

Un tercer tema es el de la igualdad de los trabajadores frente a la ley. Existe un sinnúmero de apartados de excepción: burócratas, trabajadores al servicio de los poderes públicos, trabajadores al servicio de los municipios y de los estados, trabajadores bancarios, particularmente de la banca pública, los trabajadores universitarios, particularmente los académicos. Así, podemos ir recorriendo y encontramos más de 15 sistemas normativos en nuestro país que crean una confusión impresionante y, además, hacen ineficaz el ejercicio de muchos derechos.

Simplemente, para hacer una referencia al mundo gremial, existen sindicatos de carácter local y federal, nacionales y de empresas, y toda una división en términos de competencia jurídica, que inhiben la posibilidad de que las organizaciones gremiales transiten a lo que podría ser su vocación fundamental: la concertación con el capital o con los empleadores o los patrones, pues la contratación colectiva es precisamente el espacio en donde se completan o mejoran los niveles mínimos irrenunciables que la propia ley señala.

Entonces, la propuesta es, y lo ha planteado así el PRD en su proyecto de ley, una homologación, un piso básico de carácter normativo, que conserve para la totalidad de los trabajadores el ejercicio de sus derechos básicos.

Un cuarto tema tiene que ver con la democracia y la autonomía sindical. Esto es muy conocido por ustedes, todo este reclamo para que exista un rescate de las organizaciones gremiales, de romper estos mecanismos de control y fuentes de corrupción que se encuentran, francamente, en el abandono. Se calcula que de cada 100 trabajadores, más de 90 no tienen la posibilidad de elegir a sus representantes, no cuentan con rendición de cuentas por parte de los líderes ni participan en los procesos esenciales, como pueden ser asambleas y congresos para decidir los aspectos centrales de la vida laboral.

Hay una agenda muy amplia en el sentido de liberar desde la tipología gremial y permitir organizaciones sindicales de todo tipo; preservar el derecho de asociación profesional; incluir el voto secreto; limitar y, si es posible, extinguir los mecanismos de control de registros y de toma de nota, y permitir un espacio para la discusión de la transparencia en el mundo gremial, lo que sería una salida inmediata y práctica para ir transitando hacia esta verdadera autonomía.

Un siguiente punto se refiere a la contratación colectiva. Contratación colectiva legítima sería el punto central. En esta dramática estadística existe, el famoso contratismo de protección, que agobia a más del 90 por ciento de los sindicatos en nuestro país. Esto es tremendo, pues según Bousat Bensusan, el 92 por ciento de los contratos colectivos son contratos de protección en alguna modalidad; estamos entonces hablando de un modelo de ficción, una simulación gigantesca, en la que todo se entrampa en una lógica en la que ni los patrones son tales ni los trabajadores son tales, es una serie de mentiras, porque la contratación colectiva finalmente no está controlada, no es motivo de un consenso o de consulta por parte de los trabajadores, y esto es de todos los días.

Recientemente, se pactó el contrato colectivo de las nuevas líneas aéreas. La empresa Vuela ya formó su contrató colectivo para marzo. En días pasados se discutía en la Secretaría de Gobernación cuál va a ser el sindicato del nuevo tren rápido, que va a llegar a Buenavista. Aunque el tren operará dentro de varios años, ya la empresa española está pactando con el señor diputado Espino, el contrato colectivo de esa nueva empresa. Estos son ejemplos de algo que es impresionante. Van a pasar varios años antes de que haya trabajadores, pero ya va a haber sindicato, y eso lo estamos viviendo en todos los sectores.

Por esa razón, es necesario rescatar la contratación colectiva. Ahí es donde el PRD y su plataforma tienen que plantear la necesidad de que los trabajadores participen desde el nacimiento, la revisión y terminación de la contratación colectiva.

El sexto punto pasa por la justicia laboral. Debe garantizarse justicia laboral imparcial. Suprimir las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que son claramente juez y parte en los procesos colectivos. Se requiere de profesionalización, de agilidad y de una reducción, incluso, de los costos de tres personajes que las integran, que son puro cuento. Si el tercer voto, que es el eficiente, el representante del Estado, decide que gane el patrón, los trabajadores perderán siempre.

Un séptimo punto tiene que ver con los derechos humanos laborales y aquí hay una serie de puntos que son claves. Uno, la reforma constitucional al artículo 102, en términos de la competencia de las comisiones nacionales y locales de Derechos Humanos; un tema en el que pudimos avanzar en el pasado en el PRD. El tema laboral que se mantiene como un concepto de excepción. Los derechos laborales constituyen derechos colectivos centrales: de asociación, contratación colectiva, a la salud, al empleo, entre otros.

En nuestra estrategia para impulsar el respeto de los derechos humanos laborales habría que acercarnos más a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y, particularmente, del Alto Comisionado, que hizo un diagnóstico de los derechos humanos laborales en México y generó alrededor de 16 propuestas sumamente valiosas, extraordinariamente afinadas y que debían haberse reflejado en el Plan Nacional de Derechos Humanos creado por la Secretaría de Gobernación que, por cierto, se publicó recientemente, pero casi nadie se enteró, lo cual nos da una idea de cómo el tema está en un abandono total.

Del total de recomendaciones, prácticamente, ninguna de ellas fue tomada en cuenta en ese plan nacional. Hubo tres que se mantuvieron en el tercer borrador, previo al texto definitivo y, al final, la Secretaría de Gobernación dijo: “Esto de lo laboral es una bronca, tiene espinas, va a inhibir la inversión, a provocar broncas con el sindicalismo tradicional y a generar votos en contra de la reforma laboral”; entonces, decidieron: “Mejor ninguna de las propuestas”, lo cual nos da ahora una oportunidad muy  importante  para  rescatarlas.

El último punto tiene que ver con los asuntos que podríamos resolver aún sin reforma legal, porque hemos vivido entrampados en una reforma durante muchos años. Necesitamos transitar hacia el tema de la transparencia, y me refiero a los gobiernos del PRD, los gobiernos locales que existen y que no instrumentan la plataforma del PRD. Es muy difícil hacer planteamientos para plataforma política cuando el PRD no práctica en sus gobiernos lo que plantea.

Las leyes deben incluir, en los niveles estatal y federal el tema de la transparencia.

El partido debe discutir el tema de la justicia. Hay tribunales laborales en los que el PRD puede influir y no lo está haciendo. Hoy, es el gobierno de Guanajuato el que practica, por ejemplo, el criterio del voto secreto en recuentos gremiales, mientras en los gobiernos perredistas no. Estamos muy atrasados en esa materia.

En el tema legislativo no tenemos, además de la iniciativa de reforma laboral, iniciativas específicas, por ejemplo, en materia de derechos humanos laborales que convendría que definiéramos.

Hay un conjunto riquísimo de propuestas en materia de justicia administrativa, particularmente, en el nivel de inspección de trabajo; otros países han desarrollado grandes reformas en esta materia, previendo o evitando los conflictos de trabajo, educando a los sectores productivos, evitando la simulación, castigando los delitos que llevan consigo todo el tráfico que existe en la contratación colectiva. Lo anterior, sería absolutamente posible y no es más que un problema  de  voluntad  política.

Quizá, convenga hacer alguna reflexión acerca de por qué el modelo se mantiene antiguo, por qué no hemos podido lograr consensos, por qué nuestra visión está tan atrasada con respecto al modelo laboral, en el contexto de crisis que experimentan muchas  de  las  instituciones.

Tenemos instituciones tan grandes, derechos tan gigantescos, que lo que han dicho los empresarios es: “pues para que tú no ejerzas esos derechos, te controlo”, y entonces mantienen el sindicalismo charro. Pero si no discutimos las dos cosas, va a ser difícil. Si lo que queremos es imponer esos derechos, pues va a ser difícil que ellos se dejen. Como dicen algunas empresas: “Para que me estalles una huelga anual, no lo voy a permitir”. Habría que reflexionar en una perspectiva distinta estos aspectos, para transitar con una propuesta que tenga un alto contenido social, pero también ese ingrediente de integralidad, responsabilidad y coherencia  que  es  fundamental.

* Ponencia presentada en el foro temático “Desarrollo sustentable, crecimiento, empleo y política laboral”, dentro del programa “Hacia un proyecto de nación rumbo al 2006. Debate de la Plataforma Electoral”, organizado por la Comisión para elaborar la Plataforma Electoral 2006 del PRD, realizado el 11 de septiembre de 2005 en Acapulco, Gro.
** El autor es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También, es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana. Es colaborador del periódico La Jornada y colabora en la Red Trinacional de Laboristas Democráticos, Canadá-México-Estados Unidos y representa a la Unión Nacional de Trabajadores en la Comisión del Proyecto de Ley Federal del Trabajo en
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.