De cara a las diversas definiciones de izquierda, tendríamos que aceptar que los parámetros que definen estas experiencias son muy laxos y que, en todo caso, la característica común es que los nuevos gobiernos de la izquierda en América Latina se distinguen por colocar el acento de sus políticas en el intento de eliminar o, al menos, disminuir los rezagos sociales heredados de las políticas de ajuste económico implantadas desde los años ochenta. 

La confrontación del gobierno de Kirchner con los acreedores financieros expresó la urgente y dramática necesidad de cerrar la llave de las transferencias de capital para hacer frente a las ingentes necesidades sociales después de los estallidos sociales de 2001, originados por la profunda crisis de pagos de la deuda externa y el violento despojo de los pequeños ahorradores. Por su parte, aunque sin el éxito necesario, desde el primer día del gobierno de Lula en Brasil, se colocó la solución al problema del hambre como la prioridad; mientras que la campaña de la socialista Bachelet hizo énfasis en la necesidad de profundizar la política social para la disminución de la pobreza en uno de los países con las más altas concentraciones del ingreso de la región. 

Sin disminuir la importancia de estas orientaciones, todo parece indicar que están llegando tarde: cuando en los países de América Latina se acumulan por lo menos dos decenios perdidos para el desarollo, a raíz de las políticas de ajuste aplicadas “por recomendaciones” del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Dichas políticas, resumidas en el llamado Consenso de Washington, han abarcado todos los ámbitos de la gestión económica de los Estados: privatización de las empresas paraestatales, austeridad y disciplina fiscal, astringencia monetaria y crediticia, desregulación de los mercados y apertura económica; medidas que han colocado al mercado como el factor decisivo en la orientación económica de cada país. 

Las consecuencias de ese modelo económico están a la vista en las definiciones de políticas económicas llevadas adelante a partir de los ochenta: transferencia de la riqueza pública a manos privadas; reducción del gasto público como proporción del PIB y, dentro de esa disminución, la del gasto social fue un rubro muy importante; eliminación de subsidios y de controles de precios (menos el de la fuerza de trabajo que continúa sometido a la política de los topes salariales); aumento de las tasas de interés, devaluaciones, eliminación de aranceles y cuotas de importación para dar paso al libre mercado y apertura a la inversión extranjera, generando una profunda transformación económica en favor de los intereses del capital privado, de manera privilegiada, del capital financiero. 

Esa transformación económica no la podemos caracterizar como un fenómeno pasajero, sino como una recomposición efectiva en todos los órdenes de la sociedad: el político, el económico, el social y el cultural. En el orden económico, la preponderancia de los intereses del capital financiero en un mundo abierto a la inversión extranjera trajo como consecuencia insuficientes tasas de crecimiento económico y mayor desempleo; en términos sociales, las consecuencias han sido la extensión de la pobreza y de la pobreza extrema, así como de la concentración del ingreso y de la riqueza. En la esfera de lo político, la liberalización económica fue una condicionante para los cambios democrático-electorales que han permitido el arribo de estos nuevos gobiernos por la vía electoral. 

La pregunta que se deriva de esta nueva situación estructural de los países de América Latina es: ¿cuál es el margen de libertad con el que pueden actuar los nuevos gobiernos de izquierda para cambiar un modelo económico depredador y excluyente? Quizá, la respuesta se encuentre, entre otros factores, en la capacidad de concertar acciones regionales para enfrentar el desafío que impone la globalización. De esos intentos de concertación dan cuenta los esfuerzos de los países de Sudamérica en torno a la organización del Mercosur, como alternativa al ALCA, y también los apoyos que en materia energética están ofreciendo los gobiernos de Venezuela y Bolivia a Argentina y Brasil. 

Si la prioridad en la cuestión social es una de las características de los nuevos gobiernos de la izquierda latinoamericana, por otra parte, es sintomático que los tintes nacionalistas de esta izquierda se subrayan en los casos de países con dotaciones de recursos estratégicos como el caso de Venezuela y Bolivia. 

Además, la solidez y legitimidad representada por estos gobiernos, depende del desempeño de cada izquierda en el desarrollo histórico de su país. En lo que sigue, hago un somero recuento de los orígenes políticos de la izquierda en Brasil, Uruguay, Bolivia y Chile. Seguramente, el origen histórico no es suficiente para explicar la naturaleza de sus gobiernos, tampoco sus perspectivas de éxito o de fracaso, sobre todo porque es muy distinto ser una fuerza opositora a convertirse en la gobernante, pero, sin duda, acercarnos a los orígenes, puede ayudarnos a reflexionar sobre los largos, diversos y, también, semejantes caminos que la izquierda ha debido recorrer antes de convertirse en gobierno.

En esa historia, es necesario no perder de vista si los triunfos de la izquierda han significado cambio de régimen político, esto es, si se han colocado como protagonistas de las transiciones democráticas en sus países o, simplemente, se trata de cambios de signo político dentro de un mismo régimen. Esta dimensión del análisis, que considero fundamental para valorar las experiencias de la izquierda, rebasa los alcances de este pequeño trabajo; sin embargo, llamo la atención sobre la necesidad de profundizar en ella.

Lula y la densidad obrera del PT

El caso de Brasil destaca por la densidad obrera que dio nacimiento al Partido del Trabajo en 1980, a raíz de las huelgas metalúrgicas del triángulo industrial más importante del país, todavía durante la dictadura militar. Con las luchas por reivindicaciones laborales, como el derecho de huelga, inició la recta final de los gobiernos militares y abrió paso a las opciones electorales que, finalmente, llevaron a Lula al poder presidencial en 2002. 

Un partido de raigambre obrera como el PT supo combinar adecuadamente liderazgos como el de Lula, un obrero de la ciudad de San Bernardo y fundador del PT, con el proceso de institucionalización de su partido que, antes de ganar las elecciones presidenciales, se hizo de triunfos en ciudades tan importantes como Sao Paulo y Porto Alegre. Dos años después del triunfo de Lula, su gobierno y su partido se vieron envueltos en escándalos de corrupción por desvío de recursos públicos hacia sus campañas electorales. Un desafío que, aparentemente, el gobierno de Lula supo resolver adecuadamente, de manera que su reelección es bastante probable. 

El Uruguay de la gente 

Con el lema de campaña: “Para construir el Uruguay de la gente”, Tabaré Vásquez llegó a la presidencia de la república el 1 de marzo de 2005, gracias a una coalición de izquierda encabezada por el Frente Amplio en la que participaron las organizaciones Encuentro Progresista y Nueva Mayoría. Miembro del Partido Socialista desde 1987, Tabaré Vásquez triunfó en su campaña por la intendencia de Montevideo en 1990, con la cual se inició la primera experiencia de gobierno del Frente Amplio. Con los triunfos municipales de 2005, el Frente Amplio gobierna al 75 por ciento de la población de ese país. 

El Frente Amplio tiene una larga historia de lucha en Uruguay. Fundado el 5 de febrero de 1971, con la participación de demócrata cristianos, nacionalistas, socialistas, comunistas y trotskistas, el Frente Amplio logró romper con 174 años del sistema bipartidista entre el Partido Nacional y el Partido Colorado cuando en noviembre de 1971, Liber Seregni, candidato presidencial, obtiene el 18 por ciento de la votación. Su condición de preso político durante la dictadura lo convierte en un legendario dirigente de la izquierda uruguaya. 

El Frente Amplio resistió la dictadura militar iniciada en junio de 1973, cuando el presidente Bordaberry, con el apoyo de las fuerzas armadas, declaró el estado de emergencia y disolvió el Parlamento. Un régimen militar que concluiría con la elección del primer gobierno civil de Julio María Sanguineti en 1985. 

Después de tres intentos por ganar la presidencia de la república, Tabaré Vásquez está a punto de cumplir un año de su gestión. En el informe de su primer año de gobierno destaca su objetivo de lograr un “desarrollo productivo sostenible”, también la creación de agencias para fomentar la innovación y el comercio exterior, así como la reducción del peso de la burocracia, mediante el impulso del llamado “gobierno electrónico”. La creación del Ministerio de Desarrollo Social y el Plan de Emergencia que atiende a 300 mil personas en la pobreza extrema, han sido otras de sus prioridades. Además, Tabaré Vásquez califica de “difícil pero inexcusable valor” la investigación sobre los crímenes de Estado contra la oposición realizados por la dictadura militar que gobernó al país de 1973 hasta 1985; crímenes cuyos expedientes se habían clausurado con la aprobación de la Ley de Amnistía de 1989. 

Con el 62 por ciento de la aceptación ciudadana, el todavía flamante presidente agradece a la población de escasos recursos su comprensión de que “las dificultades no se revierten milagrosamente”¹; en efecto, ese es el gran desafío de los gobiernos de izquierda en América Latina. 

Somos Pueblo, somos MAS 

La tradición de lucha marxista que caracterizó a la izquierda boliviana de los años sesenta, hoy se ha transformado en una lucha indigenista y antimperialista. En 2002, con la separación inconstitucional de Evo Morales del Parlamento, el movimiento que tres años después lo llevaría a la presidencia de la república tomó un impulso tan fuerte que logró que Morales, dirigente del Movimiento al Socialismo llegara a la presidencia de Bolivia el pasado 22 de enero. Entre las consignas electorales de ese año estaba “Somos Pueblo, Somos MAS”.

El triunfo de Juan Evo Morales Ayme, indígena aymara, dirigente también de los campesinos cocacoleros, pone fin a una crisis política iniciada con el presente siglo alrededor de la defensa de los hidrocarburos y del cultivo de la coca. “Nadie pensó que un movimiento indígena y campesino pudiera llegar tan lejos ¡ni siquiera nosotros mismos!”, declaró en una entrevista publicada en la página electrónica de Prensa Rural Boliviana. 

Antes de ese triunfo, el movimiento encabezado por el MAS había echado abajo al gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada (alias el gringo, no sólo por sus posiciones subordinadas a los intereses del gobierno de EU, sino también por su acento para pronunciar el castellano) y, posteriormente, al de Carlos Mesa. El gobierno interino de Eduardo Rodríguez Veltzé convocó a las elecciones realizadas el 18 de diciembre de 2005, en las que Evo Morales resultó triunfador en la primera vuelta (por primera vez en treinta años) con el 53.74 por ciento de los votos, seguido por su principal opositor Jorge Quiroga con el 28.59 por ciento de la votación. 

La historia de este triunfo inicia decenios atrás con la organización de los campesinos, obreros y mineros en defensa de sus condiciones de vida y en contra de los diversos golpes de Estado por parte de las fuerzas armadas para desarticular esos movimientos sociales. Con una vasta riqueza de recursos naturales, entre los que se encuentra el estaño, la plata, el cobre, y los hidrocarburos, una población indígena de las más importantes en América Latina y un ancestral rezago social, Bolivia ha sido escenario de profundas luchas sociales como la de guerrilla dirigida por Ernesto Che Guevara o las huelgas realizadas por la Central Obrera Boliviana y, durante los últimos años, las movilizaciones encabezadas por el MAS, con una alta participación de población campesina e indígena (aymaras, quechuas y guaranies). 

Dentro de los principales objetivos del gobierno de Evo Morales, está el de cambiar el modelo económico y recuperar la propiedad de los hidrocarburos para exportarlos en mejores condiciones para el beneficio del país y no de las trasnacionales. Una bandera muy importante del MAS y de Evo Morales es la defensa del “cultivo sagrado” de la coca para los pueblos indígenas; incluso, esta bandera fue uno de los principales detonantes del movimiento que lo llevó a la presidencia de la república. Con la consigna: “Cocaína Cero en lugar de Coca Cero”, el MAS quiere expresar su compromiso en la lucha contra del narcotráfico y la defensa del cultivo que forma parte de la cultura y dieta ancestral de los indígenas. 

El MAS nace en 1997 como la expresión electoral de la unidad de diversos movimientos sociales congregados en el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Uno de los representantes del MAS ante el Parlamento es Antonio Peredo, hermano de los legendarios Coco e Inti Peredo compañeros guerrilleros del Che en Bolivia, también asesinados como él. Sobre la ideología del MAS, Antonio Peredo señala: “la permanente contradicción entre concepciones indigenistas, marxistas y socialdemócratas nos ha dado resultados positivos”. Por lo pronto, antes de inciar su mandato de gobierno, Evo Morales hizo un recorrido por diversos países de Europa, Asia y América Latina, de cuyos gobiernos obtuvo compromisos importantes para su gestión, por ejemplo, la condonación de la deuda contraída con el gobierno de España. 

Chile: una socialista en el gobierno

En el caso de Chile, el tercer gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, que encabezará Michelle Bachellet, habla también de una fuerte presencia y tradición de la izquierda en ese país, organizada en el Partido Socialista al que pertenece la nueva presidenta chilena, y en el Partido Comunista, que la apoyó en la segunda vuelta de la elección. Durante la cruenta dictadura de Augusto Pinochet, ambos partidos organizaron la resistencia y lograron la realización del referéndum sobre la permanencia del dictador que, en 1989, puso fin al régimen militar. 

No obstante, los gobiernos emanados de la Concertación, entre los que se encuentra la Democracia Cristiana, tuvieron que lidiar con la reforma constitucional impuesta por el gobierno militar que convirtió a Pinochet en senador vitalicio, además de otras inmunidades y prerrogativas a las fuerzas armadas de ese país. El desmantelamiento de esa protección para enjuiciar a Pinochet y desarticular los fueros militares no ha sido tarea fácil y en ella se ha visto involucrada la justicia internacional. Además de la puesta en juego de la justicia internacional para la investigación y el castigo de delitos de lesa humanidad como el genocidio, la experiencia chilena rescata una amplia presencia de los partidos y las luchas de izquierda en su transición a la democracia.

Que ahora sea una mujer la que encabezará el gobierno de ese país –a partir del 11 de marzo del 2006– es un elemento más que ilustra la raigambre y modernidad de esa izquierda, que, por cierto, habrá de enfrentarse también a los escasos grados de libertad que el modelo económico, impuesto desde los años de la dictadura militar, ha dejado para abatir los rezagos sociales. 

La izquierda mexicana 

En este contexto de triunfos electorales de las izquierdas latinoamericanas durante los últimos años es necesario pensar en el significado del triunfo de la izquierda en México que se avizora como probable el próximo 2 de julio. Me refiero por supuesto a la izquierda organizada en el PRD y cuyo candidato es AMLO. El PRD no es la única expresión de la izquierda en México, pero sí la fuerza más importante de ese espectro político que está participando en la contienda electoral. 

Si utilizáramos el método comparativo, lo primero que encontraríamos es que los cuadros militantes y dirigentes de la izquierda perredista tienen muy poco que ver con la raigambre obrera del PT brasileño, con la tradición democrática de la izquierda chilena, con el origen indígena y obrero del MAS boliviano o con el Frente Amplio de Uruguay. 

En la amalgama de la izquierda perredista lo que predomina son sus orígenes priistas; una tradición y una cultura en la que se recrean no sólo militantes y dirigentes que vienen del PRI, sino y sobre todo los que provienen de toda la gama de la izquierda que existía antes de 1988. La vocación priista de la izquierda no priista del PRD ha quedado documentada una y otra vez a lo largo de los últimos seis años. 

De esta trayectoria, la conclusión inicial que se desprende es que si la Coalición por el Bien de Todos encabezada por el PRD, y de la que forman parte Convergencia y el Partido del Trabajo, gana el próximo 2 de julio, el significado de su triunfo será muy semejante a que hubiera ganado un PRI nacionalista, con una política de bienestar de gran alcance, con una drástica reducción del cáncer de la corrupción y con políticas más eficaces para reactivar la economía y generar empleos. El triunfo de AMLO significaría todos esos avances frente al conservadurismo del PAN y la franca descomposición del PRI. Sin embargo, todos esos avances no alcanzarían para caracterizar su triunfo como la materialización de un proyecto de izquierda moderno y democrático, por la sencilla razón de que esa izquierda y ese proyecto no existen en México. 

Pero en ausencia de esa izquierda democrática y moderna, lo que existe en México para empezar a cambiar el rumbo del país hacia mejores derroteros es el liderazgo de AMLO y la amalgama de grupos e intereses llamado PRD, más los que se suman por la participación de Convergencia y el PT. Sin embargo, como en el resto de las experiencias en América Latina, es conveniente tener los pies en la tierra y no generar expectativas de que el muy probable triunfo de AMLO constituirá la llave que abrirá la puerta a la democracia participativa y a una nueva estrategia económica.

Con ese triunfo la democracia electoral se consolidaría, sobre todo por el significado que adquirió a partir del antecedente de abril del 2005, cuando el movimiento democrático del país encabezado por el hoy candidato presidencial, logró derrotar la estrategia del desafuero maquinada por la derecha (léase PRI, PAN y gobierno de Vicente Fox) que, de haber prosperado, habría significado un profundo retroceso en los avances logrados en términos de democracia electoral, pero a pesar de su consolidación, habrá que empujar todavía la lenta transición mexicana hacia nuevas etapas. 

Cuando el voto ciudadano era un cero a la izquierda, como sucedió en México durante la larga hegemonía priista, la elección de un nuevo jefe del ejecutivo se entendía como una coyuntura política de cambio. Ahora que estamos instalados en la democracia electoral, esa percepción se ha extendido y profundizado aún más. Sin embargo, ni antes ni ahora ha sido necesariamente correcto identificar coyunturas políticas con jornadas electorales, aún cuando se trate de elecciones presidenciales. 

Pongo un ejemplo relevante de coyuntura política de cambio fuera de los calendarios electorales: el movimiento estudiantil de 1968. Las consecuencias de ese movimiento sobre el sistema político mexicano aún siguen vivas. Ahora tomo el caso en que coyuntura política de cambio coincide con coyuntura electoral: el seis de julio de 1988. Las consecuencias de aquel fraude también siguen repercutiendo en la vida nacional. Sigo con los ejemplos: en 1994, la coyuntura política de cambio se generó el 1 de enero con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y, por supuesto, con la elección de Ernesto Zedillo en agosto de ese año. 

Así pues, lo que hace a una coyuntura no es necesariamente un paisaje lleno de urnas, sino el cambio de correlación de fuerzas que obliga a una mudanza en las reglas con las que hasta entonces se había venido reproduciendo el sistema. El significado político de las coyunturas (1968, 1988 y 1994) es evidente, así como que sólo una de ellas no coincidió con el calendario electoral presidencial. 

En el caso del fenómeno encabezado por AMLO, su principal contribución para consolidar la democracia mexicana sucedió antes de su probable triunfo electoral, precisamente, el 24 de abril del 2004, cuando se derrotó la estrategia del desafuero. Si AMLO sigue adelante en las encuestas electorales no es solamente por su trayectoria y buenos resultados de gobierno en el Distrito Federal, sino porque supo interpretar el desafío que se le presentó a la democracia mexicana con su posible desafuero y supo también encabezar el movimiento para resolverlo. Actuó con la firmeza necesaria, como Cuauthémoc Cárdenas lo hizo en 1988. Quizá la elección de 2006 ya se resolvió en esa coyuntura del 24 de abril de 2005. 

Aunque el triunfo de AMLO no significaría la coyuntura política que transforma el régimen político imperante en una democracia participativa, sí generaría mejores condiciones para lograr ese objetivo. Sin embargo, democratizar la relación entre organizaciones sociales y el Estado, con la conquista de la autonomía indígena y de la libertad y democracia sindicales, requiere de un empuje desde abajo, por eso es tan importante “la otra campaña” del EZLN; esa que muchos analistas ven con recelo porque –supuestamente– pone en riesgo el triunfo de AMLO. 

Me parece que el origen del miedo hacia “la otra campaña” es que convoca a la participación política fuera de los cánones partidistas o de los expertos sin partido; es el temor a que la gente rescate a la política del ámbito mercantil en el que se encuentra secuestrada. AMLO ha estado construyendo su próximo triunfo electoral con mucho talento, valor y firmeza, pero es necesario no perder de vista que el proyecto de cambio democrático, más allá del respeto al voto, se empezó a generar con el levantamiento del EZLN. “La otra campaña” es un capítulo más de ese profundo cambio. Exigirle lo que no es o ver amenazas al triunfo del candidato de la izquierda mexicana, donde sólo hay la necesaria búsqueda de nuevos caminos para construir un país justo y democrático es tanto como buscarle tres pies al gato. 

A manera de conclusión 

El arribo de las fuerzas de izquierda a los gobiernos en distintos países de América Latina implica enfrentar los fuertes desafíos que impone la globalización para lograr variaciones significativas en el modelo económico. Revertir las profundas transformaciones estructurales que los gobiernos neoliberales –con o sin dictaduras militares– lograron imponer en los países de la región durante los últimos dos decenios no pareciera ser la esencia de las políticas de estas nuevas experiencias de gobierno, en todo caso, se estaría tratando de “limar las aristas” al capitalismo salvaje que se ha desarrollado en los últimos años, a través de la ampliación de las políticas de gasto social y el combate a la corrupción.

De lo anterior, podría establecerse que los diversos grados de raigambre y legitimidad social de las izquierdas de cada país, que depende sobre todo de sus trayectorias históricas, posibilitan la existencia de gobiernos sólidos capaces de hacer frente a los desafíos de la globalización. En esta posibilidad, los embrionarios intentos de parte de Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela y Uruguay, para lograr acuerdos que desarticulen la iniciativa del ALCA, que nace bajo la hegemonía de EU, constituyen experiencias alentadoras en la construcción de caminos distintos a los que hasta ahora ha logrado imponer el capital financiero internacional. El antecedente más sólido de estos esfuerzos es el Mercosur. 

Por su parte, el probable triunfo de la izquierda en México, podría abrir nuevas posibilidades a la organización de un bloque económico alternativo al que surgió de la Iniciativa de las Américas, lanzada por George Bush padre en 1990, materializado primero en el TLCAN y ahora en el intento de imponer el ALCA, aunque para nuestro país no constituyen condiciones favorables –para esa perspectiva–, compartir una de las fronteras más largas del mundo con el poderoso vecino del norte, tampoco la compleja agenda bilateral que hasta ahora ha sido procesada de manera unilateral por el gobierno de EU y, en el mismo sentido, la camisa de fuerza que significa la firma y puesta en marcha del TLCAN. También es verdad que la subordinación de los gobiernos priistas y el panista a los designios del gobierno estadunidense está colocando al otrora “hermano mayor” de América Latina en una posición no sólo riesgosa para la soberanía nacional, sino también para la región. 

De tal manera que dentro del marco de una relación de respeto mutuo con EU, propuesta por AMLO, la expectativa de una política exterior más inteligente y sensible, podría concretarse en comenzar a mirar hacia el sur y, con ello, sumar esfuerzos para enfrentar los desafíos de la recuperación económica y el bienestar social. La moneda está en el aire, pero el papel de un probable y posible gobierno de izquierda en México es determinante para la suerte de los gobiernos de izquierda de América Latina, sin duda. 

* Profesora investigadora del Departamento de Economía de la UAM-A y Consejera Nacional Emérita del PRD.

1 Véase: Clarín.com.

Nota: Las fuentes consultadas son las páginas electrónicas de diversos diarios, institutos de investigación, enciclopedias y organizaciones políticas; mientras que la parte de la izquierda mexicana, recupera el artículo de la autora titulado “De la izquierda mexicana”, publicado en el periódico El Universal, 21 de enero de 2006, México.