La participación ciudadana en el proceso electoral

Clara Jusidman*

La participación de los ciudadanos en el proceso electoral en curso puede observarse desde cuatro ópticas: a) la participación en la estructura ciudadana del Instituto Federal Electoral; b) la participación de organizaciones de ciudadanos en las actividades de observación del proceso electoral; c) el diálogo de las organizaciones de ciudadanos con los candidatos a puestos de elección popular y c) la participación ciudadana en el ejercicio del voto. 

En este artículo me referiré al primer tipo de participación, la de los ciudadanos independientes en la estructura del IFE y en la organización de las elecciones. 

En principio, en el texto se define como participación ciudadana y de las organizaciones ciudadanas en el proceso electoral a la que se realiza con independencia de los partidos políticos, comparativamente con los ciudadanos y la participación ciudadana que se da en calidad de militantes activos de partidos políticos y de organizaciones parapartidarias o directamente integrantes de esos partidos. 

La diferencia estriba en que los primeros no están participando en la contienda por el poder político directamente, aun cuando cada persona puede tener sus simpatías políticas propias y así lo expresará al emitir su voto en las urnas. Se trata, entonces, de ciudadanos no militantes en partidos políticos y de organizaciones que no tienen filiaciones partidarias. 

En la muy reciente historia democrática del país, estos ciudadanos y sus organizaciones han buscado jugar un papel de arbitraje en las contiendas electorales, con el propósito de crear una competencia equitativa y transparente y promover un juego limpio entre los contendientes por el poder. En ese sentido, particularmente desde medidos de los ochentas, se fueron creando organizaciones en lucha por la democracia que iniciaron procesos de observación electoral en varias elecciones locales. En el surgimiento de estas organizaciones, las elecciones en San Luis Potosí y el movimiento navista marcaron un punto de arranque de un movimiento ciudadano amplio de combate al fraude electoral, que se extendió por varios estados del país. 

Estas actividades se intensificaron después de la caída del sistema de cómputo electoral vivida dramáticamente en las elecciones a la presidencia del país de 1988. La evidencia del gran fraude electrónico y la impotencia ciudadana frente al mismo, condujeron a un proceso más estructurado de incidencia en los marcos legales y las instituciones electorales con la participación de académicos y expertos en legislación electoral, particularmente grupos de abogados y politólogos. Varios de ellos habían sido militantes activos de organizaciones y partidos de oposición y llevaban años exigiendo cambios estructurales a las reglas y a la organización de los procesos electorales en el país.

Se generaron así dos grupos de ciudadanos comprometidos con el cambio en materia electoral: aquellos que participaban en organizaciones ciudadanas de base, distribuidas en todo el país, que se encargaban de los procesos de observación electoral amplia, y una élite de ciudadanos a veces organizados y con frecuencia no, que participaban activamente en el debate con los órganos del Estado y con los partidos políticos y en algunos casos, como editorialistas en los medios de comunicación, con propuestas concretas de cambio al marco legislativo y a las instituciones electorales. A veces, la relación entre estos dos grupos no era muy fluida y con frecuencia los primeros resentían a los segundos, pero indudablemente los dos grupos jugaron un papel importante en el cambio hacia instituciones democráticas en materia electoral. 

El primer éxito fue la inclusión de seis consejeros ciudadanos en el Consejo General del Instituto Federal Electoral para la elección presidencial de 1994. Con ello, se dio también la primera auditoria formal al padrón electoral, vigilada por un grupo de ciudadanos expertos. El padrón había sido motivo de controversia en los procesos electorales; sin embargo, la estructura electoral y la organización de las elecciones federales seguía estando a cargo de la Secretaría de Gobernación y de muchas personas vinculadas activamente al Partido Revolucionario Institucional. 

Es de reconocerse también el interés de algunos funcionarios por avanzar en la limpieza de la organización y de los instrumentos electorales. Es así como, desde principios de los noventa, se desató un proceso de modernización del Registro Federal Electoral que llevó a dotar a varios millones de mexicanos de credenciales con fotografía y sistemas de seguridad incorporados, mismas que llegaron a alcanzar una alta confiabilidad y a ser valoradas como el instrumento de identificación personal más seguro. También, desde la Secretaría de Gobernación, se alentó y apoyó la observación ciudadana de las elecciones, con recursos económicos entregados al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se permitió la presencia de observadores internacionales. 

No obstante, la organización, la capacitación y el cómputo de las elecciones seguían estando en manos de una burocracia electoral con una clara lealtad hacia al PRI, como sucedía con todos los servidores públicos cuyo destino laboral y político estaba históricamente vinculado a ese partido. 

La reforma electoral de 1996 significó un enorme paso hacia la “ciudadanización” del proceso electoral. A finales de ese año se instala el primer Consejo General del Instituto Federal Electoral, integrado por ciudadanos con mayor autonomía respecto de los partidos políticos, y se crea una estructura de consejos locales y distritales, también conformados por ciudadanos. 

Ese primer consejo con nueve miembros se forma con la votación de los partidos en la Cámara de Diputados, por miembros destacados de lo que podríamos llamar la élite intelectual de la lucha por la democracia, fundamentalmente, de origen académico y con poca relación con las organizaciones civiles de base, situación que no se subsanó durante el periodo de gestión de este primer consejo general realmente ciudadano. 

Fue gracias al interés y compromiso de algunos de ellos, que no de todos, y de algunos de sus asesores, que se logró incorporar a ciudadanos independientes en la integración de los consejos locales y distritales, tanto en las elecciones federales de 1997 como en las de 2000 y las de 2003. Se trataba nuevamente de académicos, personas de los medios de comunicación y activistas de las organizaciones civiles y sociales, dispuestos a participar en la organización y vigilancia de las elecciones desde dentro de la estructura electoral. Formaron parte de los consejos electorales responsables de seleccionar a los supervisores y capacitadores, asegurar y verificar la ubicación de las casillas y la debida integración de sus mesas, la distribución oportuna y suficiente de material electoral y la recopilación del mismo y de las actas de las casillas, entre otras actividades. Realmente, se constituyen en la fuerza ciudadana que se hace cargo efectivamente de aterrizar y realizar los acuerdos y los procedimientos incluidos tanto en la legislación electoral como los derivados de las decisiones del consejo general. Son miles de ciudadanos comprometidos con garantizar elecciones transparentes, confiables, creíbles y limpias. Es en ellos y ellas, que enfrentan a estructuras aún parciales y sesgadas políticamente de algunas vocalías locales y distritales del IFE, en quienes se ha sustentado el éxito alcanzado en los últimos tres procesos electorales. Son realmente esos consejeros quienes asumen la organización y vigilancia, en el terreno, del proceso electoral.

Sin embargo, la conciencia de la importancia de la participación de ciudadanos independientes en todos los Consejos del IFE no es ampliamente reconocida y es a ese tema al que me refiero como el primer y muy importante ámbito de la participación ciudadana en los procesos electorales federales. 

Si las estructuras ciudadanas previstas en la legislación electoral, léanse consejeros, supervisores, capacitadores y funcionarios de casillas, no es asumida por ciudadanos no militantes en partidos políticos, todo lo avanzado en la limpieza del proceso electoral puede venirse abajo. 

El riesgo de que esto ocurriera en el proceso electoral actual fue muy alto. La forma en que se llevó a cabo la elección de los actuales miembros del Consejo General del IFE, con cuotas y negociaciones partidarias que ponen en duda su real independencia y autonomía, y la negativa de uno de los partidos en particular, a que parte de los consejeros anteriores, con toda la experiencia adquirida, pudieran permanecer en el consejo general, vulneraron la confianza en el consejo general designado. 

La inexperiencia de varios de los consejeros actuales y, a veces, su desconocimiento de las formas en que pueden generarse desviaciones en la organización del proceso electoral para favorecer a determinados candidatos o partidos, ponen una señal de alerta sobre la calidad real que tendrá el proceso electoral en curso. 

El resentimiento de los partidos políticos con la conducta seguida por los integrantes del primer Consejo General que ejercieron su papel de árbitros efectivamente y sancionaron conductas ilegales y abusivas, se vio reflejado en la forma en que la Cámara de Diputados los trató en la conclusión de sus funciones y en la lamentable modalidad seguida para elegir a los nuevos consejeros. 

El efecto que esto tuvo en la participación ciudadana ante la nueva convocatoria para integrar consejos locales y distritales para el actual proceso electoral fue realmente lamentable. Muchos ciudadanos que habían destacado por involucrarse de forma comprometida con la democracia en la organización de los tres procesos federales previos se negaron a registrarse nuevamente. El golpe de los partidos al consejo general se resintió también en la respuesta a la convocatoria para integrar los consejos locales y distritales. La posición expresada por varios ex consejeros señalaba que con la actua lintegración del consejo general no había garantía alguna de que se preservara la calidad alcanzada en los procesos inmediatos anteriores; incluso, algunos manifestaron el mayor riesgo al que se verían sometidos al tratar de impulsar procesos electorales limpios ante el repunte del cacicazgo y autoritarismo locales que se observa en el país. Ello, además, frente al desconocimiento de los consejeros generales de los riesgos en que incurren los participantes en muchos consejos locales y distritales y la ausencia de mecanismos fluidos de comunicación con los consejeros generales. 

La deserción de ciudadanos independientes con experiencia en la organización de elecciones ante las convocatorias recientes para la formación de consejos locales y distritales fue alta. A ello se sumó el interés y las acciones concretas de algunos vocales ejecutivos de la estructura burocrática del IFE, por impedir que consejeros que les pusieron freno en anteriores procesos, volvieran a participar en esta ocasión. En varios casos, las vocalías dieron información intencionalmente equivocada, aceptaron curricula diciendo que los incorporarían al proceso y los enviarían al consejo general, sin hacerlo así.

El procedimiento definido por el consejo general para la selección de los consejeros locales y distritales pasó por las vocalías y estas pudieron ejercer un cierto grado de discrecionalidad en los candidatos que remitieron al consejo general y, después, a los consejos locales, respecto de los consejeros distritales. 

Únicamente, con la intervención de algunos asesores de los actuales miembros del consejo general, así como algunos consejeros locales que ya habían participado en procesos electorales previos –que convocaron a las organizaciones civiles para registrar candidatos independientes– y la pelea que dieron algunos consejeros generales que finalmente entendieron la importancia de esta etapa del proceso, impidieron que la integración de los actuales consejos ciudadanos locales y distritales quedara tomada por miembros activos de partidos políticos. 

Con apoyo de algunas organizaciones civiles, se realizó una tarea cuidadosa de consulta en todo el país entre organizaciones e instituciones para tener certidumbre sobre las personas que se habían registrado como candidatos a los consejos y, con ello, intentar depurar esas listas. Estas fueron las que finalmente se entregaron a los representantes de los partidos ante el consejo general para recabar su opinión y fueron la base para discusiones complejas entre los consejeros generales en la selección final. 

La cuidadosa depuración realizada de esas listas de candidatos para los consejos locales estuvo a punto de ser desperdiciada al aprobarse, como un acuerdo del consejo general, que las listas originales de candidatos a esos consejos fueran utilizadas como base para la selección de los consejos distritales. La presencia para ese momento de candidatos ciudadanos independientes y confiables en varios de los consejos locales impidió que por la vía de los distritales se colaran varios militantes de partidos. 

Los consejos distritales están actualmente seleccionando a los ciudadanos que participarán como supervisores y capacitadores de los funcionarios de casilla, a veces, bajo una ardua supervisión de representantes de los partidos y posiblemente con poca información respecto de las personas que se presentan como candidatos para realizar esas funciones, lo que muestra los riesgos que aún tiene la organización del proceso electoral de la posibilidad de que sean los grupos de poder locales y los intereses partidarios los que finalmente acaben organizando las elecciones en el terreno. 

Varios son los retos que esta situación plantea en la construcción de procesos electorales que vayan perfeccionando su conducción imparcial y que pudieran contribuir a que un mayor número de ciudadanos tuvieran confianza en su realización en el nivel local. 

Algunas sugerencias para mejorar la conducción ciudadana de los procesos electorales tanto federales como locales se esbozan a continuación. 

Sería muy importante que se difundieran ampliamente las distintas oportunidades que tienen los ciudadanos independientes de participar en las estructuras de la organización electoral y evitar que su participación sólo se concentre en la observación de las fases finales del proceso. Para ello, debería formularse un Manual de Participación Ciudadana en la Organización de las Elecciones que se difundiera ampliamente, al menos, entre todas las organizaciones civiles y sociales. Muchos ciudadanos siguen viendo a los procesos electorales como algo ajeno a ellos, controlado por los partidos o los caciques locales que, además, les parece complejo y fuera de su alcance. 

La amplia difusión de las varias posibilidades de participación en la organización del proceso electoral debe ser una labor permanente del consejo general, así como la difusión de las convocatorias en forma oportuna en todo el territorio nacional, reconociendo las formas de alcanzar a comunidades alejadas de la cultura de los periódicos y revistas, la televisión y la radio en castellano. 

Es central que las convocatorias se difundan en términos sencillos, pues los textos de las mismas son largos y en letra pequeña lo que obstaculiza el acceso a su conocimiento a amplios sectores de la población mexicana. 

Particularmente, los jóvenes deberían conocer cómo pueden colaborar en la organización de elecciones y la importancia que ello tiene para que éstas sean limpias; para muchos de ellos, incluso, puede ser una forma de tener un primer trabajo y adquirir un sentido de utilidad y de contribución a su país. 

Lo anterior va generando una cultura electoral posiblemente mejor que la que se alcanza con cursos de educación cívica sin la práctica concreta y va formando ciudadanos capacitados para intervenir tanto en procesos federales como locales. Esto puede contribuir al avance de la democracia y evitar el retorno del fraude electoral, poniéndole coto a la intervención de los poderes locales que se apoderan de las estructuras electorales.

Los mismos miembros del consejo general deberían ser conscientes de que su fuerza y la mayor garantía de lograr procesos electorales limpios y creíbles radica en la debida selección, capacitación, fortalecimiento y protección de los consejeros locales y distritales, así como de los supervisores y capacitadores. 

Adicionalmente, debe señalarse que la labor de los observadores electorales debería iniciarse desde que se abre el proceso electoral, es decir, en el mes de octubre del año anterior a la elección, con el objeto de que observen los procesos de selección primero de los consejeros electorales locales, después de los distritales y de las restantes posiciones de la organización electoral. Incluso, deberían observar el funcionamiento de esos consejos y contribuir con su presencia e interés a que exista apego a la ley, así como a las normas y acuerdos emitidos por el Consejo General. 

Es evidente que las desviaciones del proceso para favorecer a algún partido surgen desde la selección de consejeros electorales y, como dice el refrán popular: “árbol que nace torcido es muy difícil de enderezar”. 

Tal vez, sería mejor distribuir a lo largo de todos los meses y actividades del proceso electoral el enorme esfuerzo que realizan muchas organizaciones civiles en la observación de la jornada, mediante su presencia en las casillas. 

Lamentablemente, en este proceso electoral –como ha ocurrido en otros– la presentación y aprobación de proyectos de observación ciudadana al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se dio hasta enero del presente año. Otro fondo dispuesto para el blindaje de los programas sociales y de los recursos federales para fines sociales, radicado en el Instituto Nacional para el Desarrollo Social, apenas en febrero y marzo comenzó a notificar a las organizaciones de los proyectos que fueron aprobados. Por lo tanto, las convocatorias a presentar proyectos de observación deberían abrirse antes de que inicie el proceso electoral, escalonando el otorgamiento de recursos de acuerdo a la etapa o etapas del proceso que se pretende observar. Igualmente, el registro de observadores debería hacerse con anticipación. 

En síntesis, una obligación que tenemos los ciudadanos que no militamos en partidos políticos y tenemos interés en el avance democrático del país, consiste en participar y en hacer conciencia sobre la importancia de que realmente nos apropiemos de la organización de los procesos electorales para asegurar un juego limpio y el respeto de nuestro voto.

* Presidenta de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social A. C. (INCIDE).