Calentamiento global, conflictos hídricos y mecanismos de resolución

Úrsula Oswald Spring*

El consumo del agua en el mundo se ha duplicado durante los últimos 20 años, y durante el siglo pasado la población se ha triplicado y el consumo del agua ha aumentado seis veces. La disponibilidad de agua está declinando en el mundo a raíz del crecimiento poblacional, los cambios en los hábitos higiénicos, la urbanización, los procesos productivos y el cambio climático. Esto genera presión sobre el uso y la contaminación del vital líquido, a la vez que las condiciones naturales que proveen el ciclo hídrico están deterioradas por procesos antropogénicos. La mayoría del territorio de América Latina cuenta con ecosistemas semiáridos, lo que se torna más complejo cuando se incluyen los fenómenos macroeconómicos de la globalización, la disparidad social, la apropiación desigual de los recursos y gobiernos débiles e incapaces de mediar entre los diferentes intereses con el fin de garantizar a todo ciudadano un mínimo de agua potable de entre cinco y 120 litros para sus necesidades productivas e higiénicas.

El presente trabajo analiza, primero, los conceptos de seguridad humana y ambiental, los conflictos, los riesgos, los peligros la vulnerabilidad social y la resistencia que crea la gente ante escenarios adversos de falta, exceso y contaminación del agua.

En segunda instancia, revisa los peligros y riesgos hidro-meteorológicos que existen el país y los relaciona con aquellos generados por la pobreza y la marginalidad. Después, ejemplifica, en el caso del conflicto entre Estados Unidos y México, un modelo de hidrodiplomacia que intenta resolver de manera no violenta las tensiones entre ambos países ante un recurso crecientemente más escaso. Este modelo se puede aplicar en los múltiples conflictos hídricos existentes en el país.

Algunos acercamientos conceptuales

Los conflictos son motores que mueven el mundo. En cualquier relación humana o social se presentan; lo negativo es su salida violenta. En la teoría del manejo de los conflictos existen diversas vías: pueden resolverse social, política o técnicamente. Frecuentemente, se posponen, se transforman, se manipulan o su resolución se administra en pequeñas dosis; finalmente, existe la posibilidad de resolverlos a fondo.

Beck (1998) postula en el mundo posmoderno dos árbitros especializados en resolver conflictos: primero, las empresas transnacionales, quienes cuentan con la disponibilidad financiera y técnica para emprender grandes proyectos y llevar a cabo investigaciones complejas; frecuentemente, se alían con los gobiernos nacionales, a través de los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, el FMI y la OMC. Los segundos árbitros son los peritos especialistas, científicos o tecnólogos. Ambos entes se complementan y se refuerzan en la elaboración de sus dictámenes, los cuales son inapelables, dado que ningún particular o país pobre cuenta con los recursos financieros y tecnológicos para cuestionar su arbitraje. Por lo mismo, Margreth Thatcher acuñó el término “There is no alternative” (TINA: no hay alternativa, Mies, 1998).

En la posmodernidad, la agudización de la desigualdad social en el ámbito geográfico (Norte-Sur; rural-urbano) y en el social (pobres-ricos; dueños-desposeídos) ha agudizado las contradicciones y ante una creciente escasez de recursos y la incapacidad del Estado de mediar entre las fuerzas sociales y garantizar a los marginales un mínimo necesario, surgieron los debates acerca de la ética de la igualdad social, la equidad de género y los derechos humanos básicos como derechos inalienables de la vida, garantizados a cualquier persona en el planeta. No obstante, este acercamiento individual y eurocéntrico no entiende los derechos comunitarios ancestrales y con ello generaliza la lógica del valor de cambio al negar la del valor de uso, que ha funcionado –y sigue parcialmente funcionando– en todas la sociedades tradicionales.

Para contrarrestar dichas contradicciones y atenuar los conflictos, los organismos de las Naciones Unidas han desarrollado nuevos conceptos de seguridad, más allá del militar. La seguridad humana se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948), donde se agruparon todos los derechos establecidos con anterioridad, además de proponer nuevos como el derecho a un adecuado nivel de vida, la educación y un entorno sano. Estos derechos humanos son globalmente entendidos como el derecho a la vida. El 23 de marzo de 1976 se instituyó el Tratado Internacional sobre Derechos Civiles, donde se añade el derecho a la no discriminación y la propuesta de la Cumbre de Río amplía el marco hacia los derechos de tercer nivel, cuando afirma que “los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable. Tienen derecho a una vida saludable y productiva, en armonía con la naturaleza” (ONU, 1992, Río de Janeiro). Este conjunto de derechos y valores se afianzó en la Cumbre sobre Desarrollo Sustentable en Johannesburgo (2002), donde el agua se convirtió además de vital líquido, en un tema ético y de preocupación por la equidad de género (Aureli y Brevet, 2004: 5).

A su tiempo, la evolución del concepto de seguridad humana muestra que el desarrollo mundial ha adquirido una creciente complejidad (Küng y Senghaas, 2003) y conflictividad (Salinas y Oswald, 2003; Kaplan, 2003) y aunque los procesos de globalización han homogeneizado las comunicaciones (Castells, 2002, Habermas, 2001), los flujos financieros (Mesjasz, 2003), las relaciones comerciales (Solís y otros, 2003) y las culturales (Chomsky, 1998; Arizpe, 2004), hay simultáneamente un renacimiento de visiones regionales que defienden el agua como don de la naturaleza (de los dioses), vinculadas a la cosmovisión, los ritos y la vida (Shiva, 2003). Estos procesos reflejan también los antagonismos ideológicos del libre mercado, donde se promueve una competencia a ultranza, privatizaciones con afán de lucro, desregulación sin leyes ni control, libertad de acción sin principios éticos y donde la privatización del agua pretende resolver la escasez física y económica del recurso, al privilegiar la maximización de ganancias, lo que ha afectado sobre todo a las comunidades más empobrecidas por los deterioros creados en la infraestructura y los altos precios, a raíz del establecimiento de monopolios y oligopolios transnacionales, con enorme capacidad financiera, pero poca ética en su actuar (Oswald, 2001). La falta de reglamentaciones, leyes y sistemas de sanciones globales arrojaron corrupción, ineficacia y falta de ética en el manejo de las privatizaciones, y representan amenazas más allá del terrorismo que deterioran la economía y el bienestar de todos los sectores sociales. La herencia de este modelo de capitalismo tardío (Habermas, 2000), produjo una concentración de ingreso y bienestar en manos de unos pocos (física y políticamente apoyados por gobiernos, militares y élites en los países pobres)¹.

En esta coyuntura compleja se gestó el concepto de seguridad ambiental (ONU, 2002; Matthew y Gaulin, 2002; Brauch, 2004a/b y 2005a/b). Inició con el Informe Brundtland y se consolidó a partir de la Cumbre de Río en 1992 y de Johannesburgo en 2002. Miedos, nuevas amenazas por desastres naturales, urbanización caótica, accidentes con productos industriales tóxicos y violencia doméstica y criminal produjeron cambios paradigmáticos en la visión del mundo, al intentar explicar las nuevas circunstancias. Destacan los cambios en el entorno natural (calentamiento global, desertificación, hoyo en la capa de ozono, contaminación de mares, ríos y lagos); en el social (pobreza, criminalidad, exclusión social, desigualdad, individualismo y competencia); en el político (división de poderes, Estado de derecho, democracia electoral, legítimo ejercicio de la violencia, gobernanza, terrorismo, guerrilla, resistencia); y, en el cultural (consumismo, ideología del mercado, marcas, modas, pérdida de la diversidad cultural y de las lenguas autóctonas). Obligaron a científicos y políticos a ampliar la visión pesimista del mundo, donde la paz se definía como ausencia de guerras y donde el ejercicio unilateral de la fuerza física garantizaba la permanencia en el poder. A raíz de las derrotas de Estados Unidos en Vietnam y de Rusia en Afganistán, la definición de Roosevelt, retomada por Wolfers (1962), de paz positiva –“estar libres de peligros y de miedos”– recibe una creciente aceptación y suplanta la negativa: “estar libres de guerras”. Al profundizar en los riesgos, Beck y Giddens insistieron en la libertad ante riesgos posibles (freedom of risks) y Bogardi y Brauch (2005) y Brauch (2005a) introdujeron “la libertad ante amenazas de desastres” (freedom of hazards), al incluyir los peligros objetivos y subjetivos.

La interrelación entre seguridad humana y riesgos ambientales llevó a diversos autores a profundizar en el concepto de seguridad ambiental. De un primer proceso, donde se relacionaban los conflictos ambientales por escasez con salidas violentas (Gleick, 1993 y 2001; Biswas, 1999 y 2004), surgieron los análisis que vinculaban el creciente deterioro a soluciones técnicas y acuerdos políticos. Los primeros, llamados cornupcianos (CNA, 2004; Gleditsch, 2001, Banco Mundial; Lomberg, 2002) confían en métodos baratos para desalinizar agua del mar y así resolver los problemas de escasez, dado que 96.5% del líquido se localiza en los océanos. Están interesados en tecnologías de punta², como la generación de hidrógeno a partir de la energía solar, que permitiría crear fuentes energéticas gigantescas casi inagotables; en nano y biotecnología, para remediar de manera segura y a bajo costo las aguas servidas o contaminadas.

Los segundos, los políticos (Selby, 2003; Kipping y Lindemann, 2005; Gleick, 2001) son menos optimistas y enfatizan que es imperante tomar en cuenta en los problemas de distribución del agua, los intereses de grupos específicos y el deterioro físico en  cuencas internacionales, resultado de una creciente contaminación. Este tipo de problemas no puede resolverse en el marco institucional de países soberanos y se requieren políticas y negociaciones específicas, donde las naciones vecinas encuentren ventajas colectivas para llegar a arreglos amistosos y por consenso (Oswald, 1999).

Brauch³ (2003) inició una tercera fase al analizar los factores estructurales –demanda y oferta del vital líquido–, revisó los efectos de los cambios climáticos e incluyó las repercusiones de guerras en los ecosistemas y el entorno natural. Por su parte, Schwartz (2002) interrelacionó los factores socioeconómicos con el estrés ambiental y sus salidas violentas; Bohle (2002) elaboró un esquema que vinculaba la seguridad humana con la globalización y el grupo de Suiza (Bächler et al.) vinculó las actividades humanas a los factores naturales, los agentes económicos y buscaba redes de empoderamiento proactivos que aumentaban la resiliencia (véase gráfica 1, NCCR, 2000), con el fin de reducir los peligros y desastres.

La complejidad en el manejo del agua, genera retos que pueden ser entendidos como una combinación entre procesos potenciales y reales, capaces de reforzar la capacidad institucional, social, económica, política y cultural, con el fin de reducir los peligros y riesgos y aprender a evitar los desastres, gracias a la prevención que asimila la experiencia anterior. Así, la capacidad se convierte en “una combinación de todas las fuerzas y recursos disponibles dentro de una comunidad, sociedad y organización para reducir los niveles de riesgos o los efectos de los desastres” (ISDR, 2004: 2).

A su tiempo, los riesgos representan una función multiplicativa entre peligro y vulnerabilidad acompañada, a veces, por la exposición a amenazas físicas, naturales, sociales, culturales y políticas. Cuando fallan los mecanismos preventivos, los peligros se convierten en “desastres”, entendidos éstos como incapacidad de reducir riesgos al fomentar la organización y resiliencia entre la población amenazada (véase lo ocurrido antes y después de Katrina en Nueva Orleáns).

Los retos para un gobierno y la sociedad residen en una combinación de procesos potenciales y reales para aumentar la capacidad institucional, social, económica, política y cultural, con el fin de reducir peligros y riesgos, y así manejar los riesgos de modo tal que se presente un mínimo de pérdidas humanas y materiales.

La resiliencia representa “la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesta a desastres de adaptarse, mediante la resistencia o cambiando el orden para alcanzar o mantener un nivel aceptable de funcionamiento y de estructura. Se determina a través del grado con el cual un sistema social es capaz de autorganizarse para mejorar su capacidad de aprendendizaje ante desastres pasados y, así, lograr una mejor protección en el futuro, junto con procesos que impulsan medidas de reducción de peligros” (ISDR, 2004: 6).

No obstante, sociedades altamente vulnerables por desigualdad interna e inequidad de género, muestran mayor vulnerabilidad social. O’Riordan define ésta como resultado de “pobreza, exclusión, marginalización y desigualdad en el consumo material” (2002: 369). Se refiere también a “las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una comunidad ante el impacto de un desastre” (ISDR, 2004: 7). Oliver-Smith (2004:11) la “ubica conceptualmente, en la interacción entre naturaleza y cultura” y establece vínculos con “estructuras sociales y económicas, normas culturales y valores, así como peligros ambientales.” A su vez, Wisner (2004: 194-205) encontró que la vulnerabilidad social puede aumentar el empoderamiento de las víctimas. Distingue entre cuatro vulnerabilidades: la demográfica, la taxonómica, la situacional y la contextual o proactiva. En síntesis, los contextos sociales cambian la percepción de riesgos o peligros, dependiendo de sus causas subyacentes y, por lo mismo, el tamaño de un desastre depende básicamente de procesos sociales, resultado de la estructura e interacción social.

Al enfrentarse a vulnerabilidades, Nathan (2007) separa entre el proceso de exposición y la capacidad de enfrentar los riesgos. La exposición física depende, además de la densidad poblacional, de la infraestructura creada, de los bienes y los servicios en riesgo y de los factores socio-ambientales que pueden alterar los procesos de mitigamiento natural (destrucción de manglares para retener las olas de un tsunami; deforestación en laderas que facilitan los deslizamientos de tierras; asentamientos humanos en lechos de ríos). Según Nathan, la falta de capacidad para prevenir, prepararse, enfrentar y lidear con los desastres se puede subdividir en debilidad física, vulnerabilidad legal, vulnerabilidad organizacional, técnica, política, socioeconómica y psicológica-cultural. Birkman (2005) profundiza en este planteamiento y postula que un sistema de control y de manejo de riesgos trabaja prospectiva y correctivamente, de modo que puedan enfrentarse mejor los peligros, reducir los riesgos y resolver con menos daños humanos y materiales los desastres socio-ambientales.

Cardona (2004) relaciona el incremento de la vulnerabilidad con un débil o inexistente desarrollo y la falta de una cultura de prevención en el Tercer Mundo, donde los procesos –urbanización caótica, industrialización sin internalizar externalidades ambientales, infraestructura peligrosa, administración corrupta– aumentan sustancialmente los riesgos y vulnerabilidades. Asimismo, políticas equivocadas pueden generar desastres inducidos humanamente que, generalmente, son de más larga duración y de mayores costos en vidas humanas (por ejemplo, hambrunas).

El cuadro 1 sintetiza los peligros y riesgos que se pueden tornar en los desastres más frecuentes en todo el mundo. Distingue entre las fuentes de amenazas, las respuestas oficiales, la capacidad de resiliencia que los afectados han desarrollado y los efectos más sobresalientes.

Riesgos, peligros y vulnerabilidad social en México

México está fuertemente expuesto a los más variados riesgos naturales, sociales, políticos y culturales. La compleja situación socio-ambiental puede agravarse rápidamente por los efectos del calentamiento global y la aguda desigualdad social (cuadro 2). Steffens y otros, concluyen que “la relación entre humanos y ambiente ha cambiado fundamentalmente en pocos siglos y, particularmente, en los últimos 50 años”. Los efectos del cambio climático sobre el ciclo hidrológico y los recursos destinados a los humanos han tenido tales efectos que pueden predominar sobre la variabilidad natural. En áreas tropicales las lluvias se han reducidos en 3 por ciento y “en el hemisferio Norte se han incrementado las precipitaciones durante el pasado siglo” (2004: 196). Estos datos coinciden con el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, 1998, 2001 y 2004) que reporta una reducción en los niveles de recarga de los acuíferos, debido a un menor flujo de aguas superficiales. Según ambas fuentes el abasto de agua decrecerá aún más en regiones de estrés hídrico y aumentará en otros desproporcionadamente; segundo, eventos naturales extremos –sequía e inundaciones– se agudizarán y, tercero, la calidad del agua se seguirá deteriorando a raíz el cambio climático, reduciendo aún más la disponibilidad en zona de escasez.

Menos agua y mayor contaminación son los retos del futuro a vencer, donde un manejo racional del recurso, acompañado por ahorros en la gestión, reuso y reciclamiento del agua, junto con educación ambiental, ofrecen alternativas desde el hogar hasta el servicio público y la industria (Oswald, 2003). Algunos de los mecanismos para enfrentar la creciente escasez son leyes municipales, estatales y federales que promuevan una gestión integral del vital líquido, castiguen desperdicios y contaminación, obligan al saneamiento y ahorro y comprometan a los diferentes niveles de gobierno a fomentar la participación de la sociedad para un manejo sustentable del recurso. En el siglo XXI, el ordenamiento territorial debería acompañarse con un ordenamiento ambiental y leyes rigurosamente respetadas que regulen los asentamientos humanos, la población, las aguas nacionales, las vías de comunicación, la vivienda, el desarrollo rural, la conservación y la recuperación de los bosques y selvas. Todas estas leyes deberían revisarse periódicamente y ajustarse a las condiciones cambiantes, donde sistemas estadísticas transparentes e independientes del Poder Ejecutivo, basados en análisis geográficos (SIG) y modelos prospectivos, permitirían optimizar la toma de decisiones. Sólo de esta manera se puede promover un desarrollo regional basado en un manejo sustentable de los recursos naturales, sociales y culturales que garantice seguridad alimentaria, calidad de vida y paz y donde la participación ciudadana se apoye en gestiones sociopolíticas capaces de conciliar las diversidades étnicas, culturales, sociales y ambientales.

De acuerdo a los informes elaborados por el gobierno mexicano para el IPCC (2000, 2001, 2004), el país está expuesto a múltiples riesgos y peligros que pronto pudieran convertirse en desastres (véase cuadros 3 y 4).

De acuerdo a datos oficiales, el cambio climático puede generar mayores sequías que pudieran afectar entre 58 y 65 por ciento del área productiva de maíz, con la posibilidad de perderse definitivamente (IPCC, 2000 y 2004). La mayor masa de mar y una temperatura más elevada aumentaría, además, la probabilidad de un mayor número de ciclones con más intensidad (escala Saffir-Simpson de 4 a 5). Ante un incremento en el nivel del mar, las costas tienden a erosionarse y se pierden áreas altamente productivas por la intrusión de agua salina. Además, los acuíferos pueden salinizarse por cambios en los flujos y equilibrios subterráneos e intrusión de agua salina desde el mar. Asimismo, se estima que las temperaturas se pueden tornar más extremosas (mayor calor y frío) y los cuerpos de agua y presas contribuyen al aumento de los gases del efecto invernadero, además de que la mayor parte del territorio está amenazada por desertificación (véase mapa 1).

La región del sureste (reserva del preciado oro azul, verde y negro) está particularmente expuesta a ciclones, inundaciones, sequías durante el estiaje, agua del mar en planicies y acuíferos salinizados. En todo México, por su localización en el trópico y con dos costas de más de 7 mil kilómetros, los efectos por el cambio climático se pueden agravar. Las costas se van a tornar crecientemente más susceptibles a ciclones, huracanes y depresiones tropicales. Aunque se han mejorado los sistemas de alerta temprana y existe amplia experiencia en evacuación, cualquier fenómeno hidro-meteorológico sigue causando decesos humanos y destrucción en la infraestructura pública y habitacional. Se estima que sólo ciclones y huracanes pudieran afectar cerca de la mitad de la población, aunque los habitantes de las costas son los más vulnerables ante estos fenómenos hidro-meteorológicos, ya que los ciclones se empiezan a debilitar cuando entran a tierra y se desintegran paulatinamente en depresión tropical (Cuadro 4).

El calentamiento global está doblemente amenazando la seguridad ambiental en México, tanto por falta como por exceso de agua. El poder ejecutivo y legislativo junto con la sociedad, deberían unirse para desarrollar mecanismos de prevención y mitigamiento de esta escasez y así reducir la vulnerabilidad social y ambiental de sus ciudadanos. Por un lado, cuenta en 84 por ciento del territorio semiárido con 28 por ciento de precipitación. En esta zona vive 77 por ciento de población, se produce 84 por ciento del PIB y se dispone de 92 por ciento de las tierras irrigadas. La irrigación emplea entre 78 y 82 por ciento del agua superficial y subterráneo y cuenta con amplios márgenes de ahorro y tecnificación, lo que obligaría destinar inversiones a tal fin para liberar agua hacia el consumo humano y el desarrollo industrial y de servicios.

Por otro lado, el sudeste recibe 78 por ciento de precipitación, cuenta con 23 por ciento de población, genera 16 por ciento del PIB y sólo cuenta con 8 por ciento de tierras irrigadas (CNA, 2004). En esta área se localiza la pobreza extrema y tasas de fecundidad todavía arriba del promedio nacional. Se trata también de los estados con menos desarrollo industrial, poca educación, sistemas de salud retrasados, poca calidad de vida y desarrollo agropecuario débilmente tecnificado (Oswald, 2002). La desigualdad aguda en nuestro país (cuadro 2) impide avanzar en la creación de mayor resiliencia, además de que la pobreza obliga a los marginales a asentarse en sitios inseguros y con viviendas precarias, incapaces de resistir los diversos peligros. Al incluir en este cuadro los desastres creados por los humanos, particularmente el hambre (cuadro 5), impacta el alto índice en África y el Sur-Este asiático, donde los más vulnerables están privados de crear resiliencia por falta de nutrientes. Pero México también muestra elevados niveles de desnutrición y obesidad, ambos causados por una alimentación desequilibrada.

Adicionalmente, hay 550 millones de trabajadores pobres sin prestaciones sociales, ni salarios justos y 85 por ciento de los nuevos empleos se crean en el sector informal (OIT, 2005). Se estiman mil millones de personas en el sector informal y 47 por ciento de los jóvenes en edad laboral están subempleados. Además, mientras que los países pobres están cumpliendo con sus reformas estructurales para mantener la estabilidad macroeconómica, los industrializados no cumplen con sus compromisos. Al contrario, el gasto militar de más de un trillón de dólares, representa 20 veces más dinero que el destinado a la asistencia al desarrollo para los países pobres.

En América Latina, las reiteradas crisis económicas y “dos décadas perdidas“ (CEPAL, 2004) impiden solucionar los problemas más urgentes de infraestructura básica, empleos dignos y protección social. Su deuda sumaba en 2001, 817 mil millones de dólares (mmd), comparado con 10 años antes cuando era de 418 mmd, a pesar de que la región ha transferido al servicio del débito 1,220.5 mmd. Esta cantidad equivale al monto requerido por la ONU para cumplir en todo el mundo con las metas del milenio (Banco Mundial, 2005, ONU, 2000).

Al regresar a nuestro país, las tres décadas de crisis han llevado al abandono de las zonas rurales y una inmigración masiva hacia las zonas conurbadas de las ciudades, lo que ha generado una urbanización caótica, donde la calidad de vida está deteriorandose por falta de servicios de agua, drenaje, aire contaminado y viviendas precarias, que empeoran las condiciones de salud de los marginales. Adicionalmente, el inmigrante se vio obligado a asentarse en zonas de alta peligrosidad, donde deslaves, inundaciones o contaminación del aire y del suelo –por carecer de sistema de abasto de agua, drenaje y de tratamiento– ponen en peligro su vida y se aumenta la vulnerabilidad social (Wisner, 2004; Bohle, 2002).

Al combinarse la crisis económica con la social y agravarse la seguridad ambiental por el calentamiento global con la falta de oportunidades de trabajo, ingresos y deterioro de las condiciones de vida en el campo, en los suburbios, ciudades perdidas, los sectores sociales están gestando situaciones de severo deterioro de vida. La gráfica 2 (Brauch, 2005) relaciona las causas del estrés a través de la interacción con el estrés ambiental. Al fallar el Estado, la economía y la sociedad en encontrar soluciones al creciente deterioro, los riesgos socio-políticos aumentan y se pueden tornar inmanejables por los deterioros ambientales. Sin prevención, mitigamiento y resiliencia, los conflictos locales involucran a regiones más amplias y la crisis adquiere características de mayor violencia. Los más vulnerables desarrollan estrategias de supervivencia (Oswald, 1991).

Particularmente vulnerables en estas condiciones de emergencia son niños, mujeres, indígenas y ancianos, sobre todo, cuando los conflictos socio-ambientales se agravan. Ello aumenta también la violencia urbana y los enfrentamientos por tierras en el medio rural, que pudieran terminar en enfrentamientos armados entre comunidades, regiones y países.

Los mapas de emergencia nutricional de la FAO muestran que naciones con hambre están, además, azotados por guerras y revueltas (véase Haití y Sudán; gráfica 3). Estos enfrentamientos agudizan la inestabilidad doméstica presente, creando primero actos de inconformidad y generalización de levantamientos internos. Crecimiento poblacional y cambios climáticos bruscos pueden agravar esta espiral de violencia y crear condiciones específicas de escasez y deterioro del agua que pueden ser resueltos sólo por migraciones hacia zonas de mayor disponibilidad para huir del dilema de supervivencia.

Cuando se agravan las condiciones sociales adversas por desastres naturales, inseguridad pública y violencia, la población de bajos ingresos se enfrenta a un “dilema de supervivencia” (Brauch, 2003 y 2005), cuyas salidas pueden ser:

1. Huir masivamente hacia las periferias de las grandes ciudades.

2. Emigrar ilegalmente hacia Estados Unidos.

3. Enviar parte de la familia hacia el norte y vivir de las remesas.

4. Esperar que el gobierno resuelva los problemas y ejercer presiones mediante la organización popular y manifestaciones populares, pero sufriendo el deterioro a costa de su calidad de vida.

5. Reducir consumo y aspiraciones de mejoramiento, al grado que podrían enfrentarse a la muerte por falta de agua y alimentos, donde aire y suelos altamente contaminados agravan los cuadros de epidemias y enfermedades crónicas.

6. Robar al vecino lo poco que tiene o vincularse al crimen organizado y vivir de actividades ilegales.

7. Organizarse en un marco de economía de solidaridad, donde el encadenamiento productivo y las empresas incubadoras permitirían mejorar la situación socioeconómica y de empleo y consolidar el esfuerzo de tal auto-emprendimiento (Cadena, 2003 y 2005; Saviñón, 2003, Lopezllera, 2003). Al combinar estas actividades con servicios ambientales y manejo sustentable del entorno, pudieran paulatinamente revertirse las condiciones adversas, además de que se consolidaría la resiliencia en el seno de las comunidades.

Al migrar a sitios de mayor disponibilidad de recursos, el flujo en México se debería dirigir hacia el sureste, donde existe un amplio potencial natural, pero donde las condiciones de vida son de alta marginalidad. Por lo mismo, la mayoría emprende el camino hacia Estados Unidos en búsqueda de oportunidades de vida negadas en el propio país. Resulta interesante observar que los estados de mayor densidad poblacional –el centro del país– de alta densidad rural y con prolongadas sequías –Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí– muestran altos niveles de migración, mientras que en el sureste la migración es baja, a pesar de la pobreza generalizada (véase mapa 1).

La gráfica 3 muestra el incremento de la migración hacia Estados Unidos. Los diez años del TLCAN arroja una migración de 10 millones de campesinos que buscaban su porvenir en el otro lado. Al no recibir apoyos agrícolas y, por el contrario, al importar 15 millones de granos subsidiados por año, los precios del maíz se han reducido en 65 por ciento, mientras que la canasta básica ha aumentado 256 por ciento en el mismo lapso. Menos ingresos, mayores gastos, condiciones ambientales adversas y falta de asistencia gubernamental son los ingredientes que forzaron a un creciente número de campesinos a abandonar el país para, con ello, garantizar la supervivencia de sus familias. Como muestra Bohle (2002), migración y desastres –tecnológicos, sociales y ambientales– se refuerzan negativamente entre sí, generando mayor inseguridad, pobreza, migración y violencia.

A partir de 1987, cuando se cierra la frontera a la migración legal, se dispara la inmigración ilegal arriba de 80 por ciento (gráfica 4). Hoy día, 85 por ciento de los inmigrantes –entre 400 y 500 mil personas por año– cruzan clandestinamente los límites entre ambos países y con el establecimiento del muro, la inmigración ilegal se ha desplazado hacia el peligroso desierto de Arizona, donde se lamentan cada vez más vidas humanas por deshidratación y abandono. La militarización de la frontera, lejos de evitar la inmigración ilegal, ha encarecido el cruce al permitir a grupos criminales de encargarse del traslado. Por ello, el cierre de la frontera ha consolidado los vínculos entre el crimen organizado –secuestros, narcotráfico, pornografía, trata de blancas, tráfico de infantes– y el paso ilegal de braceros. Además, la obligación de esconderse durante el cruce representa frecuentemente peligro para la vida, al estar confinados en traileres de doble pisos, debajo de verduras y frutas, a veces sin espacio insuficiente para respirar, todo ello bajo un sol inclemente y un frío desagradable en la noche.

En cuanto a la composición de los inmigrados en Estados Unidos en el periodo destacan los latinos con 8.4 millones (5.9 son mexicanos) seguido por los asiáticos con un millón, 600 mil de origen europeo y canadiense y con 400 mil africanos y de otras naciones. No obstante que los mexicanos y centroamericanos se encargan de los trabajos menos demandados y más peligrosos, se ha iniciado un proceso de xenofobia y enfrentamiento. Si este fenómeno no se canaliza constructivamente, mostrando al pueblo norteamericano los beneficios que arroja esta migración en su economía y el bienestar, pronto habrá conflictos violentos en todas las ciudades donde exista un número considerable de inmigrantes.

En México, la emigración afecta la estabilidad de las familias, ya que un creciente número de esposos emigra fuera del país. Las mujeres se quedan al frente de la unidad familiar y hasta que el marido encuentre trabajo, la mujer tiene que mantener a sus hijos. A veces, se encarga también de pagar la deuda del traslado ilegal de su marido en espera de las tan anheladas remesas, que desde 1990 aumentaron sustancialmente (gráfica 5).

Este dinero llega a comunidades muy alejadas, donde puede ayudar al desarrollo de las familias y de los pueblos. Se estima que en 2005, las remesas podrían llegar a 20 mil millones de dólares y constituyen, después de la venta de petróleo, la segunda fuente de divisas para el país.

La migración hacia Estados Unidos no sólo ha aumentado la conflictividad intrafamiliar, sino que ha tensado también las relaciones con las comunidades originarias. Conforme aumenta el número de inmigrantes, la lucha por empleos, vivienda, tierras y alimentos pudiera agravarse y generalizarse (gráfica 6). Cuando exista mayor demanda del vital líquido y una creciente escasez en el lugar de inmigración, la población originaria se empieza a enfrentar con los inmigrantes. Además, de procesos de discriminación laboral⁴, se presentan procesos de xenofobia y de agresión física. Si a este problema se añade el conflicto fronterizo por el manejo de las aguas del río Grande, uno de los ríos de mayor sequía en el mundo, la situación de vulnerabilidad social se torna explosiva y pudiera deteriorar la relación entre ambos países, al grado de generar enfrentamientos armados.

Todos los fenómenos descritos afectan la seguridad humana, particularmente de los más vulnerables, sea por estrato social, sea por género o por edad. Cuando las disputas acerca de recursos indispensables como el agua se agudicen ante una migración masiva, cambio climático y procesos de globalización, los conflictos pueden tornarse cada vez más violentos y desatar hasta una guerra entre ambas naciones (gráfica 6). Cuando se reduce la oferta y se aumenta la demanda, los mecanismos políticos y de conciliación tienen que evitar enfrentamientos violentos y disputas armadas entre grupos sociales, regiones y países, donde la ingobernabilidad afectaría aún más las precarias condiciones de vida de los marginales. Ante estas difíciles condiciones, es necesario buscar desde ahora mecanismos de resolución no violenta de conflictos, con el fin de proteger a los estratos sociales bajos, indígenas, mujeres y jóvenes.

Ante el escalamiento de conflictos, se propone un acercamiento integral a los mencionados problemas, llamado hidrodiplomacia (véase gráfica 7). Propone relaciones de coo-peración que inciden simultáneamente en el lado de la oferta y en el de la demanda (Oswald, 2005). Involucran a gobiernos vecinos, Estados afectados por la escasez del agua y grupos sociales que se disputan el vital líquido. Al mismo tiempo, negocia en términos geopolíticos un manejo más racional del recurso que puede beneficiar a todos los involucrados y refuerza la capacitación tecnológica y científica para optimizar los recursos físicos y financieros disponibles. Este enfoque quedaría trunco si no se estimulan simultáneamente la organización de todos los sectores de la sociedad, tanto en el lugar de origen, por la creciente escasez, como en él de inmigración, mediante la promoción y el apoyo de la participación ciudadana desde abajo. A través de prácticas no violentas de negociación de conflictos se tratará de estimular la creación de consensos entre grupos antagónicos y se buscarán soluciones técnicas que mejorarían la disponibilidad y calidad del vital líquido.

México y Estados Unidos: hidrodiplomacia o conflictos

En el caso de la cuenca compartida del río Grande o río Bravo entre México y Estados Unidos existen diversas disputas jurídicas acerca de la interpretación y el cumplimiento del tratado internacional firmado en 1944. Desde hace varios años, este río no lleva agua a la desembocadura durante la época de estiaje, debido a los múltiples aprovechamientos que se han hecho a lo largo de su recorrido y una sequía⁵ que rebasa ya un decenio. Al mismo tiempo, la calidad del agua muestra severo deterioro por la contaminación difusa proveniente de la agricultura y las descargas domésticas e industriales vertidas sin tratamiento al río, frecuentemente, de manera clandestina.

Al agudizarse la escasez, la conciliación de conflictos con hidrodiplomacia (gráfica 8) puede perder terreno ante crecientes inconformidades de ciudadanos en el sur de los Estados Unidos (Texas). Nuestros vecinos del norte podrían retener el agua para satisfacer primero sus necesidades de desarrollo, y dejar fluir hacia México sólo las sobras contaminadas, lo que tornará altamente conflictiva la zona fronteriza, al dejar una población en agudo crecimiento y expansión económica sin el acceso al vital líquido.

Adicionalmente, los acuíferos están sobrexplotados en esta zona y cuentan con una severa veda, fenómeno que tiende a agudizarse por precipitaciones menores –reducción de infiltración subterránea– resultado de un complejo proceso, pero donde la pérdida de la vegetación natural –por prácticas antropogénicas, expansión urbano-industrial, agropecuaria, pero también por los cambios climáticos– genera menos evapotranspiración y las condiciones climáticas de sequía reducen la evaporación en el suelo, lo que incide en la formación de nubes y la reducción de la precipitación. El conjunto de estos fenómenos reduce la recarga freática, además de que limita la disponibilidad del agua superficial. Ambos fenómenos disminuyen la evaporación y, junto con la deforestación y urbanización, agudizan la sequía y generan una creciente escasez de agua.

Este escenario indeseado puede inducir a acciones violentas entre ciudadanos por la apropiación del vital líquido, que obligarían a las autoridades de ambos países a intervenir y uno de los escenarios extremos predice enfrentamientos armados por la apropiación de recursos escasos (gráfica 6).

En esta perspectiva, las relaciones entre México y Estados Unidos puedan tornarse altamente conflictivas (Biswas, 1999). Por ello, es importante que autoridades mexicanas y norteamericanas establezcan no sólo escenarios diferentes para prepararse, sino que, ante riesgos reales y potenciales, desarrollen prioridades claras y relaciones estratégicas entre ambos países, donde la hidrodiplomacia debería acompañarse por modelos de resolución no violenta de conflictos (ver gráfica 8).

El río Grande abastece con agua potable a los estados de Colorado, Nuevo México, Texas y del lado mexicano a los estados fronterizos. Es el quinto río más grande en norteamérica y tiene su fuente en el estado de Colorado. En su camino recorre mil 900 millas y pasa por la región más árida de ambos países. Once municipios y cinco estados colindan con la frontera norteamericana. En el territorio mexicano, el río Bravo riega al desierto de Chihuahua, caracterizado por una gran riqueza ecológica⁶, antes de desembocar en el Golfo de México.

Aproximadamente 10 millones de personas viven a lo largo del río y ningún estado o país se ha hecho responsable de cuidar la salud integral del río. Diversos intereses se disputan la prelación en el aprovechamiento del agua. En la actualidad, más de 80 por ciento de las aguas sirven como riego a la agricultura y se han establecido múltiples desviaciones para tales fines. La restauración del río Grande es crucial, ya que se trata del único río en Estados Unidos amenazado con secarse en los próximos decenios y múltiples esfuerzos se han conjugado para recuperar los pantanos y humedales desecados.

El restablecimiento del equilibrio natural incidiría en la humedad residual, la biodiversidad y los procesos socio-productivos. Todos estos esfuerzos pueden beneficiar también al lado mexicano, donde existe una alta contaminación por el uso de agroquímicos, asentamientos humanos e industrias sin adecuados sistemas de tratamientos.

¿Cómo compartir pacífica y sustentablemente este río ante una creciente demanda, contaminación y cambio climático, donde la escasez afecta a ambos lados? ¿Qué puede hacer México, un país en desarrollo que se ubica en la desembocadura del río y no cuenta con la fuerza política o militar para exigir al poderoso vecino respeto a sus derechos ancestrales y naturales que datan de fechas más allá del Tratado de 1944?

El 3 de febrero de 1944⁷, Estados Unidos de Norteamérica y la República Mexicana firmaron un tratado sobre la “utilización de las aguas del Colorado y río Tijuana y río Grande”. Este tratado otorga a México el aprovechamiento de todas las aguas que llegan al río Grande desde los ríos San Juan y Álamo; dos tercios del flujo del canal principal del río Grande desde el río Concha y cinco tributarios más pequeños; así como la mitad de todos los otros afluentes que contribuyen al río Grande abajo del Fuerte Quitman. Además, el acuerdo compromete a los estadounidenses a otorgar a México 1.5 millones de acres-pies de agua, proveniente del río Colorado y, adicionalmente, 200 mil acres-pies en tiempos de excedentes. El agua proviene por partes iguales de las cuencas altas y bajas del Colorado.

Por su lado, México se comprometió a entregar 350 mil acres-pies por año del río Concha y otros tributarios especificados en el tratado. No obstante, un decenio de sequía ha impedido a nuestro país a cumplir con el acuerdo y se acumuló en 2002 una deuda de 1.8 millones de acres-pies, que se ha reducido a 1.2 millones acres-pies al año siguiente y se saldó por completo en 2005. Dado que, bajo condiciones normales de lluvia, el río Concha aportaba dos tercios del agua superficial necesaria para mantener la economía y la ecología de la cuenca baja del río Grande, la sequía ha trastornado este equilibrio frágil. Además, las condiciones sociales en la zona fronteriza han cambiado drásticamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, el desierto a lo largo de la frontera tuvo un crecimiento poblacional por alta inmigración. Además, la agricultura de riego pidió crecientes volúmenes de agua superficial y recientemente, el establecimiento de las maquiladoras en esta zona exigía nuevas cuotas de agua. Durante los últimos cinco decenios, la región norte se transformó de un desierto débilmente poblado hacia una zona con agricultura de riego, pequeñas ciudades y más de 10 millones de habitantes en las ciudades hermanas de ambos lados de la frontera. Ante una prolongada sequía y efectos perceptibles de un cambio climático, las condiciones de abasto de agua se tienden a agravar en el futuro, sin contar con nuevos procesos productivos requeridos para ofrecer mano de obra y alimentos a esta población en agudo crecimiento.

Pero también del lado estadounidense, el periodo posguerra trajo fuertes cambios en el manejo de la cuenca. El Colorado River Storage Project Act de 1956 autorizó la construcción de la presa Glen Canyon⁸ y, en 1986, se inició la construcción del Central Arizona Project. Múltiples proyectos siguieron en ambos lados de la frontera (Nitze, 2002). Las características fueron las mismas, el Estado proveía la infraestructura y la mantenía y los agricultores fueron exentos de cuotas o pagaban una mínima parte del costo del agua. Esta política llevó al desperdicio de un bien escaso en un ambiente árido. Algo similar ocurrió del lado mexicano, pero sus proyectos eran obras de irrigación de menor alcance.

Los impactos ambientales afectaron severamente el hábitat y las especies acuáticas⁹, además de que otros recursos ambientales dependían de una buena calidad del agua. Por lo mismo, en 1992 un grupo de estudiosos logró que el Gran Canyon se protegiera como área natural, además de ofrecer a los usuarios cuenca abajo derechos para cuidar sus propios ecosistemas. Con la intervención de los ecologistas y la determinación de la Suprema Corte hay esperanza de un cambio en la política hidráulica de Estados Unidos, pero la contradicción, de proteger un ecosistema antes de abastecer una población pobre con agua potable muestra que el manejo del río es muy complejo. Los granjeros de Texas, a pesar de no estar dispuestos a sacrificar su superficie cultivada y así arriesgar sus ganancias, tienen ahora que acatar el fallo judicial y restaurar el equilibrio ecológico. Se espera que este proceso de mejoramiento ambiental tenga repercusiones en el abasto humano, en particular del lado mexicano donde se carece hasta de agua para beber. En el mediano plazo, esto significa renegociar la asignación de las cuotas de riego agrícola, particularmente en Texas.

Pero no todo es conflicto en la frontera norte. Desde los años ochenta, al lado de presiones políticas estadounidense, se ha establecido una colaboración entre ambos países. En 1983, se firmó en La Paz, Baja California, el Acuerdo de Cooperación para Protección y Mejoramiento del Ambiente en el Área Fronteriza que intenta resolver los problemas de las aguas negras municipales que se descargaban directamente en el río y contaminaban la bahía de San Diego. Se constituyó la Comisión de Cooperación Ecológica de la Frontera (COCEF) y el Banco Norteamericano de Desarrollo (BDAN) como instrumentos gestores de proyectos ambientales en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ambos organismos intentan reforzar la participación ciudadana y así controlar la corrupción y superar la falta de capacidad técnica que se presentaron entre los municipios del lado mexicano.

En este proceso de colaboración, la hidrodiplomacia ofrece reducción de tensiones en diversos campos. En el técnico se requiere reducir la explotación irracional de los acuíferos y mejorar los sistemas de riego. Mecanismos de microaspersión, riego por goteo, recubrimiento de canales, prácticas agrícolas ahorradoras de agua y cambio en el patrón de cultivos permitiera ahorrar hasta 40 por ciento del agua utilizada (Fipps, 2000). Adicionalmente, se pudiera reciclar el agua saneada en cultivos y enfriamiento industrial. En el campo del mercado es necesario cobrar los usos del agua productiva al costo. Esto significa suprimir los subsidios escondidos a industriales y agricultores e incluir en los precios los costos completos del saneamiento, la creación de infraestructura nueva y el mantenimiento de la existente.

En el campo ambiental es conveniente fomentar una nueva cultura del agua en ambos lados de la frontera. Ésta no sólo se refiere al manejo del líquido, su ahorro y reciclamiento, sino que incluye también una gestión sustentable de los desechos sólidos y la recuperación de los ecosistemas, severamente destruidos y amenazados por una veloz desertificación. Los indígenas de ambos lados exigen una mayor protección ambiental, de acuerdo a su cosmovisión y piden regresar las aguas hacia el cauce, además de sanear las contaminadas. Finalmente, es urgente cambiar la política de extracción de agua de los acuíferos que muestran alarmantes niveles de abatimiento, salinización y que han provocado en diversas regiones de Sonora procesos de sodificación de la tierras agrícolas (Oswald, 1984). Adicionalmente, es conveniente fomentar los servicios ambientales que pudieran generarse con una reforestación masiva en la región árida y reforzar, así, los mecanismos que mitigan la desertificación y evitan la hiperaridez.

Los aspectos políticos incluyen programas y planes de largo plazo para manejar el agua en condiciones de mayor escasez y vulnerabilidad. Más altas temperaturas cambian el régimen de precipitaciones y una mayor densidad poblacional en zonas urbanas altera el sistema pluvial. Ambos generan en el mediano plazo condiciones climáticas más extremas. Ante esta expectativa poco halagadora, el necesario establecer normas y leyes para proteger el sistema natural existente, encauzar el crecimiento demográfico hacia las zonas de menor impacto ambiental, regular las políticas hídricas en ambos lados y orientar las obras hidráulicas hacia la sustentabilidad.

El tema más complejo se presenta en el aspecto social, donde intereses contrapuestos requieren de la conciliación y donde cada ciudadano requiere capacitarse en un manejo alternativo del agua. Los grupos indígenas de las reservas, dueños originarios del recurso, exigen un manejo sustentable, recuperación de áreas naturales perdidas y protección de la flora, fauna y ecosistemas naturales, algunos únicos en el mundo y, por ende, patrimonio de la humanidad. En este campo se incluyen también los avances en ciencia y tecnología, donde la creatividad de todos los habitantes de la región pudiera reforzar la gestión ambiental. No cabe duda que los conflictos existen y se están agudizando, pero es también factible promover la organización social, una administración pública honesta, una gestión de acuerdo a las condiciones áridas de la zona y una participación ciudadana activa y comprometida, que supere las amenazas ante el cambio climático. Esta estrategia debería superar primero los rezagos entre los dos países, entre zonas más desarrolladas y entre clases sociales, donde la solidaridad pudiera contrarrestar los intereses individuales, frecuentemente mezquinos y poco sustentables.

En síntesis, las interrelaciones geopolíticas entre gobiernos vecinos, sectores sociales organizados –cámaras, ejidos, productores, ciudades, asociaciones– e individuos abren una arena política compleja (gráfica 8) que requiere de esfuerzos de resolución y de mediación. En el ámbito geopolítico, existen intereses comunes entre EU y México que deberían regir sobre los particulares de un país (agricultores del estado de Texas, maquila). En el campo de organización, la sociedad necesita despertar de su letargo, generar asociaciones capaces de resolver los problemas agudos en una competencia sistémica donde todos ganen (Saviñón, 2003); finalmente, en la capacitación se requiere de escuelas, centros de investigación, medios masivos de comunicación, clubes, juegos y diversiones sanas que permitirían consolidar una cultura ambiental sustentable y pacífica.

Al interior del círculo se presentan entre los tres triángulos mencionados, tres puntos de interacción que, a su vez, deberían ubicarse en los niveles correspondientes de interacción y relacionarse con los actores fuera del círculo –EU y sus dependencias gubernamentales– ya que a ambas naciones les conviene mantener la paz y un desarrollo sustentable para evitar millones de emigrantes y refugiados potenciales. Este modelo sistémico interactivo permite representar procesos complejos, donde la geopolítica tiene que ver con la soberanía entre los países involucrados (Kaplan, 2003) y donde la desigualdad entre México y Estados Unidos en el campo militar, económico, político, cultural y organizacional ofrece, sólo en el campo ambiental ventajas para nuestro país.

No obstante, para tener paz y desarrollo en ambas naciones deberían negociarse convenios y tratados favorablemente para ambos países, dando al socio más débil posibilidad de reducir sus desigualdades. Para equilibrar las fuerzas existentes, nuestro país podría hacer valer favorablemente sus condiciones ambientales y ofertar, desde una visión integral, servicios ambientales que le hacen falta a Estados Unidos y que beneficiarían al conjunto de la región norteamericana, sobre todo, estabilizarían la zona fronteriza de más de tres mil kilómetros entre ambos países. Dado que múltiples fenómenos son globales, cambios integrales en la política rural de México permitirían priorizar la soberanía alimentaria y el manejo sustentable de sus recursos naturales. Así, la población campesina encontrará en su lugar de origen oportunidades dignas de empleo y de bienestar y se reduciría la migración campo-ciudad y hacia el norte.

En el punto de encuentro entre sociedad y organización, México pudiera aprovechar su tradición milenaria en prácticas de solidaridad (Lopezllera, 2003), donde procesos organizativos inducidos pudieran ampliar las redes existentes entre familias extensas, compadrazgos y pertenencia a un mismo lugar. Finalmente, la capacitación de individuos, grupos sociales –jóvenes, expertos, funcionarios públicos honestos– ofrecería alternativas de creación y emprendimiento de pequeñas empresas que garantizarían bienestar y calidad de vida.

Si estos procesos individuales se vinculan con organización productiva (punto 4), de comercialización y de consumo, se pueden gestar cadenas empresariales integradas y fincadas en procesos productivos altamente especializados, pero dentro del marco de una pequeña empresa (Cadena, 2003 y 2005). Estas economías de solidaridad generan alternativas ante la falta de empleo, de servicios y de productos de calidad, sin que una empresa transnacional supla este nicho de mercado.

En el cruce entre organización y capacitación, procesos de formación para medios masivos de comunicación, talleres y prácticas cotidianas destinadas a grupos diversos de ciudadanos ayudarían a adquirir una cultura ambiental colectiva que incidiría positivamente en el manejo integral del agua e induciría una gestión sustentable de otros recursos naturales¹⁰. La reducción de tensiones entre funcionarios electos en procesos democráticos y técnicos encargados de áreas especializadas (punto 6) puede superarse con una carrera académica donde se profesionalizan funcionarios públicos no electos. Ello, permite a México manejar sus recursos hídricos en institutos establecidos ex profeso, donde contratos de largo plazo y especialistas altamente capacitados ofrecen servicios, proyectos y seguimiento profesional al conjunto de las demandas de la sociedad y de las autoridades electas.

En un estudio reciente en la frontera norte se detectó que México dejó de ejercer miles de millones de dólares¹¹ por incapacidad de generar proyectos ejecutivos viables y técnicamente sostenidos, dado que cada 3 años cambiaba al presidente municipal y todo su equipo de trabajo, mientras que del otro lado de la frontera existe un instituto encargado de los proyectos e independientemente quién esté electo, desarrollan y llevan a cabo estos proyectos estratégicos que permiten manejar las condiciones ambientales adversas y conservar los recursos, al reusarlos y reciclarlos (Enrique, 2004).

El vínculo entre geopolítica y organización (punto 2) es, sin duda alguna, el más conflictivo e imprevisible, si no se trabaja con la sociedad y se desarrollan estrategias para cada grupo social. La capacitación de especialistas en diplomacia, en general, e hidrodiplomacia, en específico, son requeridos para ambos países. Su función es mitigar los conflictos al negociar salidas no violentas entre los dos gobiernos. Se tendrían que establecer acuerdos que mejoren el manejo del agua en ambas partes de la frontera, capaciten a funcionarios públicos en los procesos tecnológicos y eduquen a la población civil para ahorrar agua, separarla y reciclarla. Por otra parte, el esquema propuesto intenta reducir las contradicciones, tanto geopolíticas como sociales, al fomentar la colaboración entre los tres niveles de gobierno en ambos países e incluir a la población en la planeación, ejecución y mantenimiento de las obras públicas (Martínez, 2003), con el fin de hacerla partícipe en los procesos de resolución no violenta. Esto no reduce sólo la corrupción en la obra pública e impide la creación de obras monumentales, sino que permite a todos los involucrados llevar a cabo una planeación rigurosa de acuerdo con las condiciones territoriales, ambientales, económicas y socio-culturales existentes.

Un organismo técnico, independiente de los vaivenes políticos y partidistas, pudiera superar los existentes cuellos de botella de gestión y ofrecer a México un cuerpo profesional, capaz de manejar de manera integral y con competencia sistémica alternativas ante la falta de infraestructura (Davis, 2004), a la vez que ayudaría a resolver los conflictos más sobresalientes por falta de agua potable.

Finalmente, estas inversiones pueden amortizarse mediante el pago de cuotas y servicios ambientales que se generarían a partir de las obras de saneamiento, reciclamiento de agua tratada, reforestación y manejo integral de cuencas con servicios ambientales. Así, podría repartirse tanto la inversión inicial como los costos de mantenimiento entre la población local y los prestadores que se beneficiarían con la venta de los servicios ambientales. Un manejo integral a partir de la cuenca y microcuenca significa también control, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, con el fin de garantizar la inversión foránea y satisfacer los requerimientos relacionados con los servicios ambientales, algunos enmarcados dentro del Protocolo de Kyoto.

Conclusiones

Los servicios hídricos deberían planearse de acuerdo a un programa de largo plazo, establecido y consensuado entre la población directa e indirectamente afectada, donde la disponibilidad del recurso y su manejo sustentable son cruciales. A la hora de calcular las inversiones, es conveniente optar por una infraestructura en módulos que permita crecimientos de acuerdo a las necesidades. En estas obras se pueden emplear las innovaciones técnicas propias del país y, sobre todo, fuentes energéticas alternativas, además de escoger tecnologías de bajo costo de mantenimiento. En diversas proyecciones ambientales efectuadas, las condiciones naturales se están deteriorando y las relaciones al interior de México, pero también con Estados Unidos pudieran tornarse altamente conflictivas (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004).

Algunos de los mecanismos para enfrentar la creciente escasez son leyes municipales, estatales y federales que promueven una gestión integral del vital líquido, castigan desperdicios y contaminación, obligan al saneamiento y ahorro y comprometen a los diferentes niveles de gobierno a fomentar la participación de la sociedad para un manejo sustentable del recurso. En el siglo XXI, el ordenamiento territorial debería acompañarse con un ordenamiento ambiental y leyes que regulen los asentamientos humanos, la población, las aguas nacionales, las vías de comunicación, la vivienda, el desarrollo rural, la conservación y la recuperación de los bosques y selvas.

Todas estas leyes deberían revisarse periódicamente y ajustarse a las condiciones cambiantes, donde sistemas estadísticas transparentes e independientes del ejecutivo, basados en análisis geográficos (SIG) y modelos prospectivos, permitirían optimizar la toma de decisiones. Sólo de esta manera se puede promover un desarrollo regional (Ruiz, 2003) basado en un manejo sustentable de los recursos naturales, sociales y culturales que garantice seguridad alimentaria, calidad de vida y paz y donde la participación ciudadana se apoye en gestiones sociopolíticas capaces de conciliar las diversidades étnicas, culturales, sociales y ambientales.

Las prácticas de conciliación de conflictos no sirven únicamente para resolver tensiones ambientales, sino mejorar el conjunto de los problemas personales y sociales. Sustentabilidad y resolución de conflictos involucran esfuerzos de cooperación en entrenamiento, previsión y mitigamiento de los problemas hídricos y ambientales, los de tenencia de la tierra y los de relaciones humanas e involucran a la vida social, la política y la familiar. Aprender y educarse en metodologías de resolución de conflictos permite evitar su estallamiento, pero ayuda también a canalizar recursos naturales y esfuerzos humanos hacia una sustentabilidad que beneficie a todas las comunidades. Con este enfoque se convierte la hidrodiplomacia propuesta en un modelo metodológico, capaz de mitigar y encauzar los conflictos hacia su solución y por el mismo camino superar peligros y amenazas. Los riesgos y vulnerabilidades son fenómenos socialmente determinados. El apoyo a las instancias gubernamentales depende de los pueblos y sectores sociales organizados, donde la colaboración puede conjuntar esfuerzos, aumentar la resiliencia y evitar así peligros potenciales y pérdidas de vidas humanas.

El modelo de la hidrodiplomacia muestra que ante un creciente deterioro es necesario gestar un modelo distinto de país, donde los sectores involucrados pactan para colaborar en un proyecto inclusivo, que integre los aspectos económicos con los ecológicos, la superación de la pobreza, la creación de empleos dignos, la seguridad pública, la protección social y el bienestar de los más vulnerables.

Los principios éticos que rigen dicho proceso incluyen la igualdad social, la equidad de género, la sustentabilidad ambiental, la justicia imparcial, la reducción de riesgos, peligros y vulnerabilidades, la consolidación de resiliencia social, la resolución de conflictos de manera pacífica y la participación de todos los grupos sociales y étnicos, con el fin de construir un proyecto de país capaz de superar el dilema de supervivencia y, al contrario, integrar en la diversidad cultural las múltiples regiones de México.

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