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Plataforma
Electoral 2006-2012 Partido de la
Revolución Democrática Partido del Trabajo Convergencia PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Presidente: Leonel Cota Montaño Secretario General: Guadalupe Acosta Naranjo PARTIDO DEL TRABAJO Comisión Coordinadora Nacional:
Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González
Yañez, Marcos Cruz Martínez, José
Narro Céspedes, Ricardo Cantú
Garza, Rubén Aguilar Jiménez CONVERGENCIA Presidente: Dante Delgado Rannauro Secretario General: Alejandro Chanona Burguete Responsables de la elaboración de
la plataforma: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Secretario de Relaciones Internacionales:
Saúl Escobar Secretario de Formación Política:
Fernando Belaunzarán Directora del Instituto Nacional
de Formación Política (INFP): Ifigenia
Martínez Director del Instituto de Estudios
de la Revolución Democrática (IERD): Jorge Calderón Subdirectores: Octavio Cortés (INFP), Alejandra Tello (IERD); Subsecretario:
Martín Velásquez (SRI); Rep. del PRD en el IEE del Edo. de México:
Rubén Islas; Coord. de asesores del GP-PRD en la Cámara de Diputados: Ricardo Álvarez; Investigador del IERD:
Cutberto Ledesma. PARTIDO DEL TRABAJO José Roa Rosas, Joaquín Vela González,
Arturo López Cándido, Rosa María Ayala Sánchez, Eduardo Rivera Garza,
José Luis López López, Mario Rojas Miranda, José Vargas Mendoza, Jesús
Cancino Reyes, Manuel Lugo, Pedro Gómez Sánchez CONVERGENCIA Armando Méndez de la Luz, Cuauhtémoc
Velasco, Martha Tagle, Héctor Iturbe, Cuauhtémoc Rodríguez Asesor del candidato presidencial: Ignacio Marván Laborde Consejo Consultivo para un Proyecto
Alternativo de Nación: Porfirio Muñoz Ledo, Juan Cristíán Iturriaga FUENTES Un Proyecto Alternativo de Nación. Hacia un cambio verdadero, Andrés Manuel López Obrador, Editorial
Grijalbo-Random House Mondadori, 2004. Un México para todos, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (coord.), Enrique Calderon Alzati, Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, Rene Coulomb Bosc, Roberto Eibenschutz Hartman, Carlos
Lavore Herrera, Jorge Martínez Almaraz, Julio Moguel Viveros, Salvador
Nava Calvillo, Telésforo Nava Vázquez, Francisco Pérez Arce, Emilio Pradilla
Cobos, Carlos San Juan Victoria, Iris Santacruz Fabila. Editorial Planeta,
México, 2005. 50 Compromisos para recuperar el orgullo nacional, Andrés Manuel López Obrador, México,
2005. Foros celebrados por el Partido de la Revolución Democrática dentro del programa
“Hacia un Proyecto de Nación rumbo al 2006. Debate de la plataforma electoral”. “Desigualdad Social, Pobreza y Calidad de Vida”, México, D.F., 13 de agosto de
2005. Participantes: Javier González Garza, Leonel Cota Montaño, Asa Cristina
Laurel, Laura Itzel Castillo Juárez, Clara Júsidman, Julio Boltvinik,
Martí Batres Guadarrama. “Seguridad y Justicia”, México, D.F., 14 de agosto de 2005. Participantes: Lorena Villavicencio,
Bernardo Bátiz, Miguelángel García-Domínguez, Rubén Islas, Rene Arce Islas,
Jesús Adame, a nombre del Licenciado Leonel Godoy, Diana Bernal Ladrón
De Guevara. “Derechos y Cultura Indígena”, Morelia, Mich. 27 de agosto de 2005. Participantes: Armando
Hurtado Arévalo, Saúl Escobar Toledo, Guadalupe Hernández Dimas, Héctor
Díaz Polanco, Abundio Marcos Prados, Margarita Nolasco Armas, Martín Longoria
Hernández, José Manuel del Val Blanco, Luis Ramírez Sevilla, Octavio Ignacio
Castillo. “Derechos Humanos”, Morelia, Mich. 28 de agosto de 2005. Participantes: Marcela Nolasco Pastoriza,
David Velasco Yáñez, Jesús Martín Del Campo, Cristina Portillo Ayala,
Gabriel Mario Santos Villarreal, Arturo Vázquez Barrón, Hugo Hernández
Bocanegra. “Equidad de Género”.
Participantes: Cinthya Mazas Vázquez, Martha Lucía Micher Camarena, Rosario
Ortiz Magallón, Sara Lovera López. “Globalización, Integración Regional y Soberanía”Acapulco, Gro. 10 de septiembre
de 2005. Participantes: Saúl Escobar Toledo, Sebastián De la Rosa Peláez,
Felix Salgado Macedonio, Leonel Cota Montaño, Víctor Flores Olea, Hermilo
López Bassols, Jorge Eduardo Navarrete, José Luis León, Gerardo Unzueta
Lorenzana, Javier Salinas Narváez, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez. “Desarrollo Sustentable, Crecimiento, Empleo y Política Laboral” Acapulco, Gro. 10 de septiembre
de 2005. Política Energética.
Participantes: Octavio Cortés Gutierrez, José Luis Manzo Yépez, Carlos
Escobar Toledo, Felipe Ocampo Torrea, Fluvio Ruíz Alarcón, Ifigenia Martínez,
Rosalío Wenses Reza. Desarrollo
Sustentable y Crecimiento. Participantes: Ifigenia Martínez, Antonio
Castro Quiroz, José Luis Calva, Beatriz Mojica. Finanzas
Públicas. Participantes: Ifigenia Martínez, Orlando Delgado Selley,
Etelberto Ortiz Cruz, Diana Bernal Ladrón De Guevara. Empleo y Política Laboral. Participantes: Arturo Alcalde Justiniano,
Odilia Ulloa Padilla. Agricultura
y Alimentación. Participante: Víctor Suárez Carrera. Energía Eléctrica. Participante: Francisco Carrillo Soberón “La Reforma del Estado” Zacatecas, Zac., 25 de septiembre de 2005. La Reforma Electoral y reforma al Poder Legislativo. Participantes:
Felipe Álvarez Calderón, Ricardo Álvarez Arredondo, Aída Alicia Lugo Dávila.
Régimen presidencialista o parlamentario.
Participantes: Porfirio Muñoz Ledo, Jorge Eduardo Hiriart Estrada. Nuevo federalismo y municipio libre. Participantes: Arnaldo Córdova, Ifigenia
Martínez Hernández, Guillermo Huisar Carranza, Ricardo Baptista González,
Verónica Beatriz Juárez Piña. Participación
ciudadana. Participantes: Raymundo Cárdenas Hernández, Manuel González
Navarro. La reforma a los medios
de comunicación. Participantes: Jenaro Villamil Rodríguez, Luis Medina
Lizalde, Fernando Belaunzarán Méndez. “Medio Ambiente” México, La Paz , Baja California Sur.15
de octubre de 2005. Participantes: Ramiro Serna, Jesús Druk González,
Víctor Manuel Castro Cosío, Jorge A. Calderón Salazar, Leonel Cota Montaño,
Narciso Agúndez Montaño, Gabriela Anaya Reyna, Marcela Nolasco Pastoriza,
Octavio Adolfo Klimek Alcaraz, Enrique Rico Arzate, Iván Azuara Monter,
Víctor Eduardo Sevilla Unda, Carlos Jesús Villavicencio Garayza, Felix
Hernández Gamundi, Adolfo Castillo Mendivil, Marco Antonio Gutiérrez De
la Rosa. “Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología” México, D.F. 22 de octubre de 2005.
Participantes: Fernando Belaunzarán Méndez, Armando Labra Manjarrez, Axel
Didriksson Takayanagui, Paco Ignacio Taibo II, Inti Muñoz Santini, Bolfy
Cottom, Etelvina Sandoval Flores, Iván García Solís. “Estado Social y Democrático de Derecho ¿Hacia una nueva Constitución?” México, D.F., 23 de octubre de
2005. Participantes: Jorge Calderón Salazar, Jaime Cárdenas Gracia, Carlos
César Cárdenas Márquez, Luis Javier Garrido Platas, Silvia Gómez Tagle,
Adalberto Saldaña Harlow, Diego Valadés. Plataforma Electoral 2006 Coalición PRD-PT-CONVERGENCIA Índice I. REFORMA DEL ESTADO, GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICAY NUEVA CONSTITUCIONALIDAD Austeridad y Combate a la Corrupción
xii Régimen Político xii Justicia y Seguridad Pública xii Reforma Electoral xii Reforma al Poder Legislativo xiii Reforma de los Medios de Comunicación
xiii Participación Ciudadana xiii Nuevo Federalismo y Municipio Libre
xiii Nueva Constitucionalidad xiv II. EQUIDAD Y DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos xv Derechos y Cultura Indígenas xv Derechos de la Niñez xv Derechos de las Personas con Discapacidad
xvi Derechos de los Jóvenes xvi Diversidad Sexual xvi Equidad de Género xvi III. UNA NUEVA POLÍTICA SOCIAL Una Política de Salud para Todas
y Todos xix Derecho a la Alimentación xix Seguridad Social Universal xix Política de Vivienda xix Lucha Frontal Contra la Pobreza xx Pensión Alimentaria Universal para
Adultos Mayores xx Programa de Apoyo Económico a Personas
con Discapacidad xx Política de Protección Civil con
Todos y para Todos xx Evaluación Independiente del Desarrollo
Social xxi IV. EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Y CULTURA Educación xxi Ciencia y Tecnología xxii Cultura xxiii V. POLÍTICA ECONÓMICA PARA UN DESARROLLO
SUSTENTABLE Y EQUITATIVO Desarrollo Agropecuario, Pesca y
Alimentación xxiv Medio Ambiente xxiv Política Energética xxv Política Hacendaria xxv Financiamiento del Desarrollo xxvi Empleo y Política Laboral xxvii Corrupción y Desarrollo xxviii VI. GLOBALIDAD, BLOQUES REGIONALES
Y PROYECTO DE NACIÓN Una Globalidad Alternativa xxix Mesoamérica y la Comunidad Latinoamericana
de Naciones xxix Relaciones Equilibradas con Norteamérica
xxx Diversificación de las Relaciones
Internacionales xxx Política Exterior de Estado xxx Responsabilidad con los Mexicanos
en el Exterior xxx I.- REFORMA DEL ESTADO, GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA Y NUEVA CONSTITUCIONALIDAD Las estructuras políticas del viejo
régimen se mantienen a pesar de que son inoperantes para enfrentar los
grandes problemas nacionales. Su obsolescencia solo reproduce y amplía
los altos índices de criminalidad, la corrupción, la impunidad, la creciente
desigualdad y la exclusión social, así como la pobreza y el deterioro
del tejido social. Por ello, es preciso construir instituciones
que efectivamente respondan a la nueva realidad de la sociedad mexicana;
se debe arribar a un nuevo régimen político distinto, donde se reconstruya
al Estado y se regulen los poderes fácticos. Nuestro marco jurídico no está respondiendo
a las necesidades de la sociedad de nuestro tiempo. El Estado de derecho
está en entredicho, la ausencia de marcos legales, o su no aplicación
cuando existen, así como la incapacidad del Estado para procurar y aplicar
la ley provocan que la ciudadanía viva en un clima angustiante de inseguridad
pública: la delincuencia y la violencia infestan el territorio nacional,
mientras la impunidad sigue constituyendo un doloroso agravio a la sociedad. La corrupción sigue siendo un pesado
lastre para el país en prácticamente todos los niveles de gobierno. Hay
más de veinte áreas de las instituciones públicas federales, estatales
y municipales en las que son constantes las denuncias de soborno. Entre
ellas se destacan las licitaciones de obras públicas, las adquisiciones,
el desempeño de los agentes del Ministerio Público, las policías, las
aduanas, los “gastos” electorales (compra del voto), la impartición de
justicia en sus distintas variantes y muchos más. La falta de transparencia y la ausencia
de un modelo de administración pública que castigue el conflicto de intereses
y el tráfico de influencias, que erradique el clientelismo y la corporativización
que, efectivamente implante la medición del desempeño y exija la rendición
de cuentas, contribuye a perpetuar el problema de la corrupción. Esto
genera una sangría permanente de recursos y contribuye a las dificultades
que enfrenta el crecimiento económico, cuestiona al Estado de derecho
y es un factor determinante en el incremento de la criminalidad e inseguridad
pública. El régimen político enfrenta un
desfase entre una estructura caduca y rebasada y una ciudadanía que ejerce
sus derechos, se organiza y participa de múltiples maneras. Si antes la
decisión de una persona echaba a andar todo el engranaje, ahora que los
contrapesos formales pasaron a ser reales, que los medios de comunicación
han ganado independencia y poder, que los gobernadores ejercen plenamente
sus facultades, que la sociedad civil y sus organizaciones se han multiplicado
y los intereses son plurales, es preciso construir los espacios y las
dinámicas institucionales para procesar las diferencias y convertirlas
en acuerdos en un marco de pluripartidismo y poder compartido. La alternancia en el Poder Ejecutivo
no se tradujo en el desmantelamiento de la estructura clientelar y corporativa
del régimen anterior. El cambio de las instituciones y de su andamiaje,
mediante la construcción de un nuevo equilibrio entre poderes, es indispensable
para dotar de mejores bases a la emergente democracia mexicana. Ese complejo
juego de balanzas tiene que partir de la convicción de que el Estado de
derecho es, en cualquier circunstancia, irrenunciable y que debe regular
no solo las relaciones entre poderes sino también a los que rebasan el
ámbito del Estado. De lo que se trata es de impedir la concentración desmedida
de poder, generar mayores márgenes de participación ciudadana y establecer
una relación más horizontal y democrática entre los poderes, favoreciendo
el procesamiento de acuerdos, mediante la corresponsabilidad institucional
y haciendo prevalecer la “visión de Estado”. Eso significa, entre otras cosas,
terminar con el régimen presidencialista que hemos padecido, acotando
las facultades que hoy tiene el Presidente de la República; darle nuevas
atribuciones al Congreso en la conformación y supervisión del gobierno;
contar con un Poder Judicial cercano a la sociedad, austero, confiable,
en el que predomine el sentido de justicia y no permeé la corrupción;
realizar reformas electorales para garantizar la equidad y erradicar el
dispendio; legislar sobre los medios masivos de comunicación para que
se desenvuelvan en un sistema que efectivamente los regule, que garantice
el fortalecimiento del régimen democrático y la libertad de expresión,
pero acote el gran poder que tienen; propiciar mayor participación ciudadana;
crear mecanismos para que se ejerza de manera directa la soberanía popular
en la toma de decisiones sobre temas sobresalientes de interés público;
garantizar la transparencia como forma cotidiana de control social sobre
la cosa pública y generar un vigoroso federalismo sustentado en el fortalecimiento
del municipio libre. Profundizar la democracia es acercar
a los ciudadanos a las decisiones que les incumben directamente, por lo
que resulta indispensable legislar sobre nuevas formas de participación
ciudadana y colectivización de las decisiones. La democracia participativa
es un complemento necesario y valioso de la democracia representativa.
En ese sentido, ya no cabe la opacidad en el ejercicio del poder público.
Los gobernantes, los legisladores y los jueces deberán desenvolverse como
en una caja de cristal. El renovado federalismo no debe
traducirse en el poder ilimitado de los gobernadores; por el contrario,
la distribución del poder debe ser análoga con lo que sucede a nivel federal
y deben fortalecerse las atribuciones de los municipios, rescatando así
el auténtico espíritu del constituyente, entendiendo además que la democratización
implica descentralizar el poder. Para consolidar nuestra democracia
es indispensable que el nuevo régimen político se construya con base en
el claro compromiso social con los sectores más desfavorecidos. No hay
democracia posible en la desigualdad y la injusticia. Por ello, debe garantizarse
la exigibilidad de los derechos sociales. En eso radica la construcción
de ciudadanía, en donde los actores sociales se convierten en protagonistas
del quehacer público y los miembros de la sociedad conocen y hacen valer
a plenitud sus derechos y pelean por ensancharlos. Aspiramos a construir un verdadero
Estado social y de derecho. Consideramos que todo proceso de cambio para
consolidarse requiere de la definición de nuevas relaciones y equilibrios
entre los individuos, la sociedad y el Estado. Para ello, es necesario
construir una nueva constitucionalidad en la que se fortalezcan las líneas
históricas que nos dan cohesión y continuidad como nación soberana y se
establezcan nuevas bases para una legislación ordenada y moderna que satisfaga
las necesidades de la realidad social, política y económica de nuestro
tiempo. PROPUESTAS Austeridad y Combate a la Corrupción 1. Reducir el costo del gobierno
mediante la disminución de los sueldos de los altos funcionarios, la eliminación
del gasto improductivo y establecer el principio de austeridad como criterio
rector del servicio público. 2. Dar plena transparencia al manejo
y aplicación de los recursos públicos. Erradicar el carácter “electorero”
y clientelar de las políticas sociales y de combate a la pobreza. 3. Revisar la legislación penal
para que efectivamente se castiguen el tráfico de influencias y el conflicto
de intereses en todas las esferas del poder público, con el fin de erradicar
la connivencia entre política y negocios. 4. Establecer la participación de
la sociedad en la vigilancia de los actos de gobierno mediante el establecimiento
de contralorías ciudadanas. 5. Revisar la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para redefinir los criterios relativos
a la información reservada y confidencial, así como establecer las bases
generales indispensables que deban cumplir las legislaciones estatales
de la materia. 6. Garantizar la licitación abierta
de la obra y adquisiciones públicas. Régimen Político 7. Abrir un espacio de convergencia
entre fuerzas económicas, políticas y sociales para definir las bases
institucionales del nuevo régimen político y proceder a las reformas necesarias
para establecerlo. Sea que se opte por el gobierno de gabinete, el semipresidencialismo
o el parlamentarismo; en cualquier caso, el objetivo es establecer mecanismos
que propicien la conformación de coaliciones de gobierno y mayorías legislativas
estables que contribuyan a la gobernabilidad democrática. 8. Establecer un Estado social y
democrático de Derecho que garantice la ampliación y garantía del ejercicio
pleno de los derechos humanos, los compromisos económicos y sociales del
Estado que beneficien a las capas menos favorecidas para que dejen de
serlo y un sistema electoral que favorezca la equidad, la participación
desde la sociedad y termine con la partidocracia. 9. Promover una ley para los partidos
políticos que los consolide como órganos de interés público, responsables
frente a la sociedad y que establezca sus límites y obligaciones en el
ejercicio de la representación popular. Ello permitirá además, acotar
la injerencia de los Consejos y Tribunales Electorales en la vida interna
de los partidos políticos. 10. Incorporar en la Reforma del
Estado los conceptos de equidad y justicia social, ofreciendo igualdad
de oportunidades para mujeres y hombres, promoviendo políticas públicas
integrales con enfoque de género que obliguen al Estado al cumplimiento
de los acuerdos internacionales en la materia suscritos por nuestro país. 11. Concluir la reforma política
del Distrito Federal, garantizando a la entidad y a sus ciudadanos los
mismos derechos que los del resto del país sin demérito de su calidad
como capital de la república y sede de los poderes federales. 12. Reconocer la autonomía de los
pueblos indios en concordancia con los órdenes federal, estatal y municipal. Justicia y Seguridad Pública 13. Reformar el sistema de procuración
y administración de justicia para propiciar que esta sea pronta y expedita,
disminuyendo a la vez los altos índices de impunidad. 14. Garantizar la plena autonomía
del Ministerio Público, sustrayendo sus funciones de la esfera de competencia
del Poder Ejecutivo, imposibilitando, así, la acción penal por consigna. 15. Eliminar el monopolio de la
acción penal a cargo del Ministerio Público. 16. Hacer valer directamente ante
el juez competente los derechos de la víctima, eliminando la discrecionalidad
del Ministerio Público, la corrupción en el procedimiento administrativo
y la pérdida de tiempo. 17. Unificar las legislaciones locales
para que cualquier delito merezca la misma sanción, sobre todo, en lo
concerniente a los delitos de secuestro, narcotráfico y robo de vehículos. 18. Contar con juicios simplificados,
transparentes y orales, con el fin de dictar las sentencias en un plazo
no mayor de seis meses. 19. Garantizar la reparación del
daño a las víctimas del delito o de la incorrecta acción de la justicia. 20. Establecer la presunción de
inocencia como una garantía exigible al Estado. 21. Someter a todas las autoridades
judiciales a la transparencia y a la rendición de cuentas. Para ello,
es indispensable revisar la integración y funcionamiento del Consejo de
la Judicatura, dada su ineficiencia en materia de corrupción, responsabilidades,
evaluación y administración imparcial de nombramientos y promociones. 22. Reformar integralmente los ordenamientos
legales que regulan la actividad del gobierno en la seguridad pública,
particularmente, respecto a: la Ley de la Policía Federal Preventiva;
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de garantizar la coordinación
y profesionalización de las policías preventivas, investigadores judiciales
y ministerios públicos. De igual forma, para dar agilidad y transparencia
a la justicia penal debemos reformar: la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación; la Ley de Amparo y el Código Penal y el Código Federal
de Procedimientos Penales. Reforma Electoral 23. Regular las precampañas políticas
y los gastos de los precandidatos. 24. Reducir los tiempos del proceso
electoral. 25. Disminuir el monto total de
las prerrogativas que reciben los partidos políticos y distribuirlo de
forma más equitativa. 26. Reducir el tope de financiamiento
legal con recursos de origen privado y reglamentarlos para que estos solo
puedan aportarse por los miembros, afiliados o simpatizantes de un partido
político. 27. Prohibir la contratación directa
por parte de los partidos políticos de espacios publicitarios en los medios
de comunicación. Estos solo podrán comprarse a través de los órganos electorales.
Regular las tarifas de los medios de comunicación para evitar los precios
diferenciados y establecer tarifas preferenciales para los partidos políticos. 28. Eliminar el secreto bancario
en relación con el manejo financiero de los partidos políticos. 29. Sancionar durante el proceso
electoral a los partidos y los candidatos que violen los topes de gastos
de campaña. 30. Prohibir expresamente la publicidad
de los tres órdenes de gobierno en tiempos electorales. 31. Reformular la asignación de
diputados de representación proporcional para eliminar la sobrerrepresentación
y la subrepresentación. 32. Permitir el registro de candidaturas
comunes; reducir requisitos para la formulación de coaliciones y normar
el registro de candidaturas independientes. 33. Promover las reformas necesarias
para armonizar los calendarios electorales del país con el propósito de
celebrar un máximo de cuatro jornadas electorales nacionales y locales
en cada sexenio en lugar de las setenta que actualmente se realizan, facilitando
la participación electoral y reduciendo sustancialmente el dispendio de
recursos públicos en elecciones. 34. Federalizar los procedimientos
y las autoridades electorales locales, bajo la responsabilidad de un solo
órgano que genere credibilidad y confianza en los procesos electorales
a todos niveles y reduzca los gastos excesivos que se derivan de la duplicidad
existente. 35. Impedir que los consejeros electorales
ciudadanos, federales y estatales, durante los dos años inmediatamente
posteriores al término de su encargo, ocupen puestos de elección popular
y cargos públicos. Reforma al Poder Legislativo 36. Hacer una nueva Ley Orgánica
para el Congreso de la Unión que permita y favorezca las coaliciones legislativas;
aumente las facultades de las comisiones en materia de investigación,
control y dictamen; establezca mecanismos para que las iniciativas no
se congelen en las comisiones; estreche la vinculación de éstas con las
distintas ramas del gobierno, dándoles facultades de planeación y evaluación
del desempeño gubernamental, vinculatorias en la asignación del presupuesto;
promueva la profesionalización de un servicio civil de carrera de los
asesores parlamentarios para garantizar un Poder Legislativo eficiente
y capaz de dar continuidad a los trabajos de la anterior legislatura. 37. Fortalecer a la Cámara de Senadores
en la definición y evaluación de la política exterior. 38. Darle al Congreso de la Unión
facultades para promulgar leyes en caso de que, una vez agotado el proceso
legislativo, el ejecutivo no lo haga. 39. Promover una nueva Ley de Presupuesto
que garantice la participación de la Cámara de Diputados en la elaboración,
vigilancia y modificación del presupuesto. Es indispensable el establecimiento
de reglas claras en el ejercicio del gasto público y, en tanto no se establezca
un Tribunal de Cuentas autónomo, así como hacer eficiente y riguroso el
sistema de revisión de cuentas. Reforma de los Medios de Comunicación 40. Reformar la Constitución y la
Ley Federal de Radio y Televisión para democratizar el ámbito de los medios
y establecer un marco jurídico que defina las funciones y los objetivos,
impida las presiones gubernamentales, democratice, transparente y termine
con la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones y limite los
excesos que, con el enorme poder de la comunicación masiva, en ocasiones
se cometen, garantizando, entre otras cosas, el derecho de réplica. 41. Terminar con la indefensión
jurídica y presupuestal que existe para las estaciones dependientes del
gobierno federal, de las universidades o de los gobiernos estatales. 42. Crear un consejo autónomo y
ciudadano que dictamine sobre las concesiones y expida recomendaciones
a los medios de comunicación para que se cumplan las funciones de servicio
público, defiendan la independencia editorial y coadyuven al respeto de
los derechos de la audiencia. 43. Fomentar la calidad televisiva
garantizando diversidad, pluralidad y apertura, así como establecer medidas
que garanticen plenamente el derecho a la información. 44. Crear un fondo para el desarrollo
de los medios públicos en apoyo a proyectos de radio, cine y televisión
nacional, que fomenten la creación de televisión y radios públicas e indígenas. 45. Garantizar el respeto al pluralismo
político, social, cultural y lingüístico y la promoción de una cultura
pública que rechace toda forma de discriminación y fomente la tolerancia
y la equidad social. 46. Establecer una nueva regulación
de los tiempos oficiales en radio y televisión. Participación Ciudadana 47. Construir una nueva relación
gobierno-sociedad mediante la incorporación al marco jurídico de figuras
de democracia participativa como: consulta ciudadana, rendición de cuentas,
auditoria social, iniciativa popular, revocación de mandato, referéndum;
plebiscito y derecho a voz ciudadana en cabildo abierto. 48. Establecer políticas de comunicación
que ayuden a superar la mentalidad de subordinación y obediencia acrítica
a la autoridad para dar paso a nuevas identidades que correspondan a una
sociedad democrática y participativa y a un cambio social que promueva
de manera prioritaria la construcción de ciudadanía. 49. Garantizar la participación
ciudadana en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de políticas
públicas. Nuevo Federalismo y Municipio Libre 50. Establecer criterios claros
en la entrega de los recursos asignados para terminar con la administración
discrecional de los mismos, de tal manera que haya certeza de cuánto y
cuándo se harán las transferencias presupuestales. 51. Restructurar la Ley de Ingresos
y el Presupuesto de Egresos para emplear mejor los recursos financieros
públicos y lograr que en las participaciones federales haya un nuevo equilibrio,
basado en los criterios de equidad y compensación a favor de los estados
y municipios más pobres del país. 52. Reformar el artículo 41 constitucional
para incluir el reconocimiento al municipio como depositario del ejercicio
de la soberanía popular. 53. Reformar las leyes orgánicas
municipales en las diversas entidades federativas para cumplir con el
espíritu del artículo 115 constitucional y que el ayuntamiento sea efectivamente
representativo, pueda ejercer a plenitud sus atribuciones y su capacidad
como orden de gobierno, autónomo y actor de su propio desarrollo. En ese
sentido, se debe modernizar la administración pública en los municipios,
garantizando el control democrático del gobierno y la rendición de cuentas. 54. Reformar, en concordancia con
el punto anterior, la Ley de Coordinación Fiscal para aumentar los recursos
económicos y las facultades de la administración y finanzas del municipio. 55. Reformar el 115 constitucional
para reconocer la diversidad y la heterogeneidad municipal, reconociendo
las asimetrías y particularidades sociales, económicas, demográficas. 56. Establecer bases constitucionales
que efectivamente promuevan la asociación entre municipios y la gestión
pública mancomunada, para que puedan formar sus propias instancias de
desarrollo regional y, en las zonas metropolitanas, facilitar el establecimiento
de instituciones para su mejor gobierno y administración. 57. Reformar la integración, funcionamiento
y facultades de los ayuntamientos, establecidas en el artículo 115 constitucional,
para dar cabida también a la demanda de autonomía y gobierno propio de
los pueblos y comunidades indios. 58. Instrumentar en los nuevos esquemas
de gasto público la planeación regional y la explotación racional de nuestros
recursos. En especial hay que fortalecer a los municipios para que puedan
construir la infraestructura que les permita prestar los servicios de
agua potable, recolección de desechos sólidos, alumbrado público e infraestructura
comunitaria y junto con la modernización del impuesto predial puedan aumentar
sus ingresos por la prestación de estos servicios. Nueva Constitucionalidad 59. Realizar una consulta amplia
y formal para que la sociedad determine si quiere o no una revisión integral
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuál es
la mejor vía para realizarla: sea esta la aprobación de un proyecto a
través del procedimiento ordinario de reformas constitucionales, o sea,
mediante la convocatoria a un Congreso Constituyente. En todo caso, la
aprobación de una nueva constitución requerirá del refrendo de la mayoría
de los ciudadanos mexicanos. II.- EQUIDAD Y DERECHOS HUMANOS La violación reiterada de los derechos
humanos y de las garantías individuales es una práctica en todo el país.
Por acción u omisión, los derechos humanos son quebrantados cotidianamente.
El diagnóstico de Amnistía Internacional sobre México, elaborado recientemente,
es alarmante. Según el informe, es en el nivel de las autoridades locales
donde se encuentra el origen de las violaciones más graves, así como en
un sistema de justicia negligente, complaciente y muchas veces cómplice
de los atentados a los derechos humanos. En este informe se destaca también
que para los partidos políticos los derechos humanos, entendidos estos
como derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales,
tienen escasa importancia, no los incluyen de manera relevante en sus
agendas y consiguientemente no se abordan con una visión integral. Los derechos humanos no solo deben
ser reconocidos, sino exigidos, justiciables y hacerse vigentes para no
quedar en un listado de buenas intenciones. Son uno de los pilares de
la democracia y es obligación de los partidos políticos, los gobiernos
y los legisladores dirigir sus principales esfuerzos y sus acciones a
garantizar el disfrute de todos los derechos humanos: individuales, políticos
y ciudadanos. El compromiso de la izquierda es su ampliación, exigibilidad
y fortalecimiento. Para elaborar una política de Estado
en materia de derechos humanos, debe tomarse como marco de referencia
el Acuerdo Marco de Cooperación Técnica firmado por el gobierno federal
y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
del 1 de marzo de 2002, así como el diagnóstico de la situación de los
derechos humanos en México coordinado también por la oficina del Alto
Comisionado y resultado de la participación de muchos grupos locales.
El Programa Nacional de Derechos Humanos debe ser retomado con seriedad. En particular, la relación de la
sociedad y el Estado mexicano con los pueblos indios ha estado marcada
por la discriminación, ya sea de manera clara y abierta o, con gran frecuencia,
soterrada, apenas oculta, pero evidente y notoria. Por ello el reclamo
de los pueblos indios y sus comunidades incluye siempre algo que no está
en las leyes que rigen en México, pero que los pueblos indios ponen siempre
en primer lugar: el derecho a la dignidad, esto es, el derecho a recibir
un trato digno como todos los mexicanos y de acuerdo a sus normas y creencias
de vida. Los pueblos indios no sólo han sido
objeto de discriminación. A pesar de la exclusión, la pobreza y la negación
de los derechos básicos que sufren, esta situación ha sido mucho más severa
en el caso de los pueblos indios. El derecho a la justicia se niega en
la medida en que no se reconoce la personalidad jurídica de los pueblos
y de sus comunidades para tener un amparo apropiado de la ley. No puede
ser detenido arbitrariamente, debe poder defenderse y ser defendido, pero
tampoco no debe ser condenado, sin tomar en cuenta su derecho a la defensa.
Muchas veces estos procesos se realizan en una lengua diferente que no
comprende y que tampoco es comprendido. México firmó el Convenio 169 de
la OIT, por lo que los pueblos indios han empezado a exigir sus derechos
ya reconocidos. Con relación a los derechos del
niño, se entiende que éste es un individuo, miembro de una familia y una
comunidad, con derechos y responsabilidades adaptados a su etapa de desarrollo.
La Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas orienta
firmemente su mandato hacia la preservación de la personalidad integral
del niño. La promoción y el respeto de los Derechos del Niño implican
la creación de condiciones sociales, económicas y culturales que aseguran
su bienestar. La Convención sobre los Derechos
del Niño estipula los derechos humanos básicos que deben disfrutar en
todas partes, sin discriminación alguna: el derecho a la supervivencia;
al desarrollo pleno; a la protección contra las influencias peligrosas,
contra el maltrato y la explotación; así como a la plena participación
en la vida familiar, cultural y social. También en el caso de la juventud
es claro que una sociedad inteligente y responsable mandata al Estado
para diseñar e instrumentar una política dirigida a fomentar la formación
e inclusión social de los jóvenes. Las políticas públicas de apertura
y promoción de oportunidades para los jóvenes son una responsabilidad
del Estado. Un tema de la mayor relevancia es
el reconocimiento de la diferencia de género, que debe ser un principio
rector del cambio democrático y debe aparecer plenamente delimitado en
la legislación y en los contenidos sustanciales de las políticas públicas.
Por ello, las reformas que se plantean para el desarrollo de nuestro país
deben contar con el concurso de las mujeres y con pleno reconocimiento
de las diferencias que existen en razón del género, para que generen cambios
positivos que beneficien a la sociedad en su conjunto. En materia de derechos humanos es
fundamental garantizar como tales los derechos de las mujeres, debido
a que las mujeres siguen siendo objeto de tratos discriminatorios y de
injusticias, como la obtención de menores salarios o acoso sexual en el
ámbito laboral. También, en gran número son víctimas de la violencia;
el ejemplo más dramático del maltrato a las mujeres lo constituyen los
impunes asesinatos cometidos contra ellas a lo largo de toda la república,
como el emblemático caso de las muertas de Ciudad Juárez. De la misma
manera, las mujeres pobres soportan una doble discriminación: la que sufren
por ser mujeres y la que padecen por ser pobres. Finalmente, las personas con discapacidad
constituyen un sector de la población que tradicionalmente ha sido marginado
del desarrollo del país. Por tal motivo es necesario impulsar la creación
de las condiciones adecuadas para que puedan gozar plenamente de todos
los derechos que la ley les otorga (educación, salud, trabajo, deporte,
recreación, vivienda adaptada, entre otros) y crear las condiciones para
su plena integración a la vida activa del país, bajo un marco de respeto
e igualdad de oportunidades. Es necesario ofrecer más espacios de participación
a personas con discapacidad en todos los sectores de la vida nacional
y pugnar porque se sancione toda violación a sus derechos fundamentales. PROPUESTAS Derechos Humanos 60. Pugnar por el carácter universal
e inalienable; progresivo e integral; exigible y justiciable; indivisible
e interdependiente de los derechos humanos para superar las limitaciones
actuales, además de garantizar su ejercicio y plena vigencia con una visión
de equidad de género. Ello debe llevar a una profunda reforma del Estado. 61. Promover la colaboración y reconocimiento
de las organizaciones no gubernamentales para alcanzar el pleno respeto
a los derechos humanos. 62. Pugnar porque la Constitución
reconozca textualmente los derechos humanos, modificando el contenido
del artículo 1 que otorga las garantías individuales, armonizándolo con
los instrumentos internacionales que reconocen y protegen los derechos
humanos de primera, segunda y tercera generación. 63. Ampliar el ámbito de competencia
y fortalecer las acciones y la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos. 64. Incluir el respeto y la defensa
de los derechos humanos en los programas de todos los sistemas educativos
de la nación. 65. Ejercer la defensa de los derechos
humanos (civiles, políticos económicos, sociales, culturales y ambientales)
con una visión integral y con perspectiva de equidad. 66. Capacitar debidamente a los
funcionarios de gobierno en el respeto y atención de los derechos humanos,
especialmente, aquellos relacionados con las áreas de procuración de justicia,
así como a los jefes, mandos y agentes de la policía, además de los mandos
y tropa de las fuerzas armadas del país. 67. Revisar y retomar el proyecto
de reforma constitucional en la materia, elaborada por las organizaciones
civiles mexicanas. Asimismo, exigir que se rechacen las reservas interpretativas
para que sean imprescriptibles los crímenes del pasado. 68. Hacer propia la propuesta para
la creación de una Comisión de la Verdad para los crímenes del pasado
que ya se presentó en la Cámara de Diputados. Esta comisión, en forma
paralela a los órganos de procuración de justicia, deberá conocer las
causas de la violencia, investigar los hechos y establecer las responsabilidades
jurídicas correspondientes. Derechos y Cultura Indígenas 69. Mantener la exigencia de construir
una nación pluriétnica y pluricultural, basada en el respeto, defensa
y promoción de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. El
gobierno democrático y los legisladores se comprometen a participar en
esta lucha para que los pueblos indios de México puedan ejercer su autonomía. 70. Erradicar de la sociedad toda
práctica discriminatoria y racista, desarrollando políticas públicas que
reduzcan los rezagos y desigualdades educativas, sociales y económicas
existentes en los pueblos indios. 71. Diseñar políticas públicas de
apoyo y fomento productivo coherentes con las formas particulares de organización
y gestión económicas de las comunidades. 72. Revisar la pertinencia de las
instituciones actuales encargadas de atender la problemática de los pueblos
indios. 73. Construir una política orientada
al desarrollo integral, con participación comunitaria y reconocimiento
de los derechos de los pueblos indios. Resulta indispensable fortalecer
sus culturas para enriquecer a la nación. 74. Honrar los Acuerdos de San Andrés
realizando una nueva reforma constitucional para reconocer los derechos
colectivos de los pueblos indios, el respeto al uso y disfrute de los
recursos naturales de sus tierras y territorios, el reconocimiento de
sus formas de gobierno, la preservación y desarrollo de sus lenguas y
expresiones culturales, crear una nueva redistribución de los pueblos
indios y sus comunidades en nuevos municipios y construir nuevas formas
de asociación de los ayuntamientos. 75. Reconocer el derecho a la participación
política plena de los pueblos indios en los órganos de representación
local y nacional, en particular en el Congreso de la Unión, además de
reformar los artículos 115 y 116 de la Constitución. 76. Emprender iniciativas transversales
que den atención prioritaria a los pueblos indios en materia de desarrollo
social y productivo, y en las que se garanticen el pleno ejercicio de
sus derechos políticos. 77. Transformar a fondo las dependencias
gubernamentales que se relacionan con los pueblos indios, para que estos
puedan informarse, discutir y tomar decisiones sobre los programas y presupuestos
para el desarrollo local y regional. 78. Construir la confianza mutua
y propiciar la creación de un clima de negociación adecuado. Para ello,
el nuevo gobierno se propone reivindicar el diálogo, la tolerancia y la
reconciliación. Será necesario establecer un proceso de diálogo nacional
con los pueblos indios que permita impulsar las reformas que faltan. 79. Realizar una verdadera consulta
nacional de pueblos indios para definir los mecanismos de diálogo y negociación,
así como los contenidos de las reformas legales que den lugar a una nueva
reforma constitucional. Esta consulta deberá ser profunda y seria, con
un diálogo nacional para generar una propuesta con amplia participación
de la base de las organizaciones indígenas, sin presiones de las fuerzas
partidarias, el gobierno o el Congreso, y de acuerdo a los tiempos que
se pacten con esas organizaciones. Derechos de la Niñez 80. Proteger el derecho a la vida
de la niñez haciendo frente a las causas de mortalidad materno
infantil, mediante programas especiales de prevención, nutrición y educación. 81. Proteger el derecho de la niñez
a contar con igualdad de oportunidades, mediante iniciativas legislativas
y el diseño de políticas públicas que garanticen la suficiencia de recursos
para la atención universal de sus necesidades de alimentación, salud y
educación (básica-obligatoria y gratuita en un programa de 10 años que
abarque preescolar, primaria y secundaria). 82. Brindar garantías de protección
absoluta a la niñez contra la delincuencia, la violencia y el abuso sexual;
mediante el diseño de servicios de protección y asistencia adecuados,
y la aplicación de castigos más severos para los delincuentes. Derechos de las Personas con Discapacidad 83. Impulsar una reforma integral
a la legislación vigente, que permita garantizar el reconocimiento y respeto
de los derechos de las personas con discapacidad, bajo un marco de igualdad
de oportunidades, iniciando igualmente el proceso de armonización con
los instrumentos internacionales en materia de discapacidad. 84. Crear el Consejo Nacional para
la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, que será
el organismo encargado de articular y coordinar las acciones de gobierno
en beneficio de este sector de la población. 85. Crear el Registro Nacional de
Personas con Discapacidad, el cual contará con una base de datos que permitirá
planear y programar las acciones prioritarias que abordarán los programas
sobre la materia. 86. Establecer programas de corto,
mediano y largo plazo, tendientes a crear condiciones adecuadas para la
plena integración de las personas con discapacidad, dejando atrás las
políticas paternalistas, dotándolos de las herramientas necesarias que
los coloquen en igualdad de oportunidades para aspirar a una mejor calidad
de vida. 87. Impulsar una nueva cultura de
la discapacidad, que permita sensibilizar y preparar a la sociedad en
una relación de respeto y dignidad para con este grupo social. Derechos de los Jóvenes 88. Redoblar esfuerzos para fortalecer
y potenciar la participación de los jóvenes en el ejercicio de sus derechos
civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. 89. Preparar, diseñar y ejecutar
programas que mejoren su calidad de vida y les abran mayores posibilidades
para el ejercicio pleno de su libertad. Se debe impulsar una política
juvenil que atraviese los diferentes sectores de la administración pública
y corresponda con una política social que garantice a los jóvenes, oportunidades
en el empleo, la salud, la educación, la vivienda, el deporte y la cultura. 90. Instrumentar programas sociales
para jóvenes con un enfoque integral y no asistencialista. 91. Diseñar e implementar un programa
de salario estudiantil, ya que en el proceso educativo se desarrolla un
trabajo intelectual que debe ser recompensado. 92. Alentar espacios de participación
política bajo el respeto irrestricto a la libertad de expresión y organización. 93. Establecer mecanismos para limitar
o evitar prácticas intimidatorias, incriminatorias o de discriminación
cometidas por servidores públicos, especialmente por la policía. 94. Aplicar mejores programas y
efectuar campañas de información más agresivas para prevenir embarazos
no deseados y enfermedades de transmisión sexual, así como para promover
el respeto a la diversidad. 95. Ofrecer estímulos fiscales a
los jóvenes trabajadores y profesionistas para que puedan crear patrimonio. 96. Garantizar el fortalecimiento
de una instancia pública que cuente con autonomía jurídica y recursos
institucionales y financieros para poder responder a las aspiraciones
de los jóvenes mexicanos, con la aplicación de una política juvenil en
cuya elaboración, aplicación y evaluación participen los mismos jóvenes
y sus organizaciones. 97. Elevar sustancialmente la cobertura
y la calidad en la educación pública media-superior y superior y aumentar
el número de becas en esos niveles, como una prioridad estratégica del
gobierno de coalición. Diversidad Sexual 98. Fortalecer, mediante las reformas
a la ley, la tolerancia, la protección y el pleno respeto a los derechos
humanos de las personas a la diversidad sexual. 99. Promover el respeto y la tolerancia
a las diferencias dentro de los planes y programas educativos, incluyendo
el libro de texto gratuito, así como en los medios masivos de comunicación. 100. Diseñar y poner en práctica
campañas educativas y de información contra la homofobia y el abuso en
materia sexual. Equidad de Género 101. Luchar contra la discriminación
de género y hacer posible la construcción y el ejercicio pleno de los
derechos sociales, económicos, laborales, políticos y culturales de todos
y todas. 102. Garantizar la plena libertad
de las mujeres para elegir y ejercer cualquier profesión y empleo; libertad
de capacitación, de expresión, de asociación y organización; y libertad
de reproducción. 103. Impulsar medidas afirmativas
que permitan compensar desigualdades y fincar las bases para un trato
igualitario entre hombres y mujeres. 104. Hacer valer los convenios internacionales
firmados y ratificados por México, mediante la armonización legislativa
a nivel federal y local. 105. Impulsar una política que garantice
el derecho constitucional de la mujer y su pareja para decidir libremente
el número y espaciamiento de los hijos; que provea los medios para hacer
efectiva esta decisión; que asegure información oportuna y confiable sobre
los diversos métodos de planificación familiar; y que impulse campañas
de educación sexual, sobre todo entre la juventud, para prevenir embarazos
no deseados y la propagación del virus del VIH/SIDA. 106. Asegurar los programas y acciones pa |