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Un compromiso
decidido con el medio ambiente* Octavio Adolfo Klimek Alzaraz** Este documento es una propuesta
de algunas de las posibles acciones que un nuevo gobierno de izquierda
en México debería impulsar como políticas públicas en materia de medio
ambiente y recursos naturales. La plataforma electoral del PRD
puede orientarse a generar un modelo de desarrollo que pase de la retórica
a la acción en lo relativo al desarrollo para buscar el tránsito hacia
la sustentabilidad. El desarrollo podrá ser sustentable cuando
aproveche en forma racional y sostenible los recursos naturales y preserve
el medio ambiente, tomando en cuenta no sólo el interés de la actual generación,
sino el de las futuras generaciones. Hacer compatible ecología y desarrollo
es el reto para un nuevo estilo de hacer política y gobernar. La gran
responsabilidad de un futuro gobierno del PRD en México es lograr que
la calidad de vida de la ciudadanía y el desarrollo económico no se obtengan
a costa del deterioro del medio ambiente y de la discriminación y exclusión
social. Hasta ahora, el tema ambiental se
encuentra subordinado a la política y a la economía. Ante este hecho,
un conjunto amplio y diverso de organizaciones, activistas y académicos
confluyen en torno a palabras como medio ambiente y ecología. Ausentes
o poco creíbles, los partidos y sus políticos, los organismos no gubernamentales
y académicos han ocupado los espacios como interlocutores
de la sociedad ante los dueños del capital publico y privado, sus temas
van desde lo ambiental, los derechos humanos, la equidad de genero y la
lucha contra el actual modelo de globalización, por citar algunos, es
decir, se ocupan de aquello que debería ser la preocupación de la política.
Por ello, se considera que estos temas o retos deben entrar realmente
en la política, con un nuevo discurso y activismo que hable de estos valores
prioritarios. Si se pretende resolver de fondo
problemas ambientales, debe profundizarse sobre sus causas estructurales
que son, normalmente, productos de decisiones políticas y económicas equivocadas
en diferentes momentos del tiempo y el espacio. Estos problemas surgen
uno tras otro, con un efecto de deterioro al ambiente. Lo común y normal,
es que se asuman únicamente como problemas ambientales, que deben resolverse
solo como tales, sin profundizar en las causas. Las ciudadanas y los ciudadanos
deben tener la capacidad y energía para cambiar políticas, hacer propuestas
y actuar cuando haga falta. La misma globalización también enseña que
ya no es suficiente “pensar globalmente y actuar localmente”. Se debe
pensar y actuar localmente y también pensar y actuar globalmente. Dejar
actitudes de “no hay nada que hacer”. Los ciudadanos de esta sociedad
deben convencerse de que se pueden cambiar las cosas. Lo que se necesita
es carácter, firmeza, voluntad y perseverancia. El objetivo es cuestionar y transformar
el actual orden social dominante, el modelo político y económico desde
una nueva lógica ecológica, que va de la mano con los movimientos a favor
de la libertad, justicia, igualdad y solidaridad. Finalmente, nada está
separado y quien los quiera separados, los quiere divididos. El pensamiento ambiental de la izquierda
entiende que los cambios en las estructuras políticas y económicas sólo
llegarán una vez que se haya ganado la batalla por los corazones y las
mentes. Donde se comprenda que a los seres humanos se les permitirá vivir
en el planeta Tierra, sólo si se trata a toda la naturaleza con compasión
e inteligencia. El pensamiento ambiental de la izquierda
está unido por principios y valores relacionados con la ecología, la sustentabilidad, la justicia social, la democracia participativa,
el pacifismo y los derechos humanos. Se trata de recoger las ideas, críticas
y protestas de ciudadanas y ciudadanos, fortalecer sus actividades y unificar
y desarrollar sus conceptos y visiones sobre estos principios y valores. El pensamiento ambiental de izquierda
es por principio fundamental ecológico. Se apoya en el conocimiento, en
la ciencia de la ecología, que dice que todo lo que vive es relación;
pero hay una ética de esa relación, un equilibrio, de dar y tomar, sin
excesos. Aldous Huxley decía que “ésta es
la regla de la naturaleza y, trasladada de los hechos a la moral, debería
ser la regla entre las personas”. No hagas lo que no te gustaría que te
hicieran (Dobson, 1999). La ecología es una dimensión inseparable
de la modernización de la sociedad. Con la ampliación ecológica del pacto
social se tiene que enfrentar a la política tradicional de olvidar el
futuro, la política de izquierda es de responsabilidad por las generaciones
de hoy y las futuras. La política ambiental de izquierda
como eje de una política integradora de la sociedad ha ganado con la sustentabilidad un concepto fundamental. Sustentabilidad significa la unión futura del desarrollo ecológico,
social y económico. Por ello, es un asunto central de la izquierda el
mantenimiento de las bases naturales de la vida en la Tierra, que están
en peligro debido al deterioro ambiental y la depredación de los recursos
naturales. Este mantenimiento no es un retorno a otros tiempos pasados,
sino la búsqueda para que el modelo actual de sociedad se transforme en
sustentable. Ante los límites biológicos y físicos
del planeta, el crecimiento económico es autodestructivo, a menos que
incorpore totalmente las energías renovables, la agricultura sustentable,
la conservación del agua, el uso sostenido de los sistemas vivos. Es importante
promocionar medios de vida sustentable, social y ambientalmente: primero,
una actividad que provea un ingreso o medios de subsistencia dignos; facilite
la integración social y una vida con sentido; segundo, una actividad que
conserve el ambiente y, si es posible, lo regenere. La producción y el consumo deben
ser organizados de tal forma que las oportunidades de vida de hoy no destruyan
las de mañana. La ciencia de la ecología en su vertiente aplicada requiere
una política económica y técnica sustentable. Lograr la sustentabilidad
no es ninguna meta solamente nacional, requiere de cooperación internacional.
Sólo cuando se logré el cambio hacia la sustentabilidad
en todo el mundo, podrá tenerse la capacidad de asegurar para el futuro
la vida humana en el planeta. Sustentabilidad
requiere también el desarrollo de estilos de vida, tener mayor cuidado
y atención ante las bases de la vida. El estilo de vida ecológica lleva
implícito el crecimiento en la calidad de vida para todos. Sustentabilidad
significa calidad de vida para hoy y mañana. Retos de la política ambiental La responsabilidad de cuidar la
diversidad biológica de México es enorme. Es el país con más tipos de
ecosistemas en todo Latinoamérica. Se estima que aproximadamente de cada
diez especies que existen en el mundo una se encuentra en México. Junto
con Brasil, Colombia, Indonesia, México se encuentra dentro de los países
con mayor riqueza de especies. Sin embargo, se sabe que se está
perdiendo rápidamente diversidad biológica y se reducen los recursos genéticos
por efecto del deterioro de los ecosistemas, en especial, la deforestación
por cambio de uso del suelo que provoca perdida de espacios de vida de
las principales especies de flora y fauna silvestre y la consecuente erosión
del suelo. Al respecto, conforme al Inventario
Nacional Forestal (2000), se estima que de los 200 millones de hectáreas
de territorio nacional, alrededor de 124 millones de hectáreas son forestales.
Se reporta que 55 millones de hectáreas son matorrales y arbustos de zonas
áridas y semiáridas. Se calcula, que la superficie forestal arbolada es
de aproximadamente 64 millones de hectáreas: 29.8 millones de hectáreas
cubiertas por bosques y selvas primarias y 34 millones con vegetación
secundaria. Lamentablemente, las tasas de deforestación
colocan a México como uno de los primeros países en el mundo en materia
de destrucción de los recursos naturales. Se debe señalar que hay múltiples
estimaciones sobre la deforestación, una cifra conservadora es la de más
de 600 mil hectáreas anuales deforestadas. La desertificación en México es
un tema preocupante. Sus principales causas han sido la deforestación,
el sobrepastoreo y el cambio de uso de suelo. Se trata del proceso
de degradación de las tierras en áreas áridas, semiáridas y subhúmedas secas provocada por cambios en el clima y las actividades
humanas. Este proceso se acompaña por la reducción del potencial productivo
de la tierra, de adelgazamiento de la cubierta vegetal y el agotamiento
del agua superficial y subterránea. Conforme a los datos del Inventario
Nacional de Suelos 2002 de la SEMARNAT, en México, 99.5 millones de hectáreas
son susceptibles de desertificarse –más de la mitad del país–, de las
cuales el 59 por ciento ya se encontraba degradado en 1999. De la superficie
total desertificada, 47.5 por ciento se asocia al efecto de la erosión
hídrica y 39 por ciento a la erosión eólica. La situación del agua en México
también es grave. El deterioro de los ecosistemas hidrológicos del país
es evidente. Es una realidad que las principales cuencas de México han
sido deforestadas, alterándose sus ciclos hidrológicos. Al mismo tiempo,
muchos de los ríos y cuerpos de agua se encuentran contaminados. Agréguese,
los cambios en el clima global, que son cada día otras realidades evidentes,
con mayor recurrencia de catástrofes naturales y la gran vulnerabilidad
de los asentamientos humanos del país. Un ejemplo de la gravedad de la
situación, son los datos oficiales de la Semarnat
sobre la disponibilidad del agua para México. Debido al crecimiento de
la población en el país ha disminuido la disponibilidad de agua; si se
toma en cuenta que en 1920 la disponibilidad promedio era de 31 mil m3/habitante/año,
mientras que en 1950 disminuyó hasta 18 mil m3/habitante/año
y para 1970 se redujo por debajo de los 10 mil m3/habitante/año. El censo poblacional realizado en
2000 mostró que el número de habitantes con acceso al servicio de agua
alcanzó 97.5 millones, mientras que el volúmen
de agua por habitante en ese año fue de 4.8 mil m3; de seguir
esta tendencia, se estima que para el año 2020, dicha disponibilidad de
agua llegará a 3.7 mil m3/habitante/año, es decir, en 100 años
habrá disminuido la disponibilidad por habitante más de 8 veces por año. El informe México 2004: Objetivos de Desarrollo del Milenio, realizado por el
ejecutivo federal señala que: Con relación a la cobertura de agua potable
persisten rezagos en las zonas rurales donde la cobertura apenas llega
al 70.5 por ciento (en contraste con el 95.8 por ciento de las zonas urbanas).
Caso similar presenta la cobertura de alcantarillado y drenaje donde la
cobertura es mucho mayor en las zonas urbanas que en las rurales (90.55
por ciento contra 38.35 por ciento). Es importante señalar que en 2000,
de la población que contaba con alcantarillado, 80 por ciento estaba conectado
a la red pública, 15 por ciento a fosa séptica y el resto a otras formas
como desagües a barrancas, grietas y cuerpos de agua. Obvio decir, que
–en su mayor parte– el agua residual conectada a la red no es tratada,
con la consiguiente contaminación de nuestros ríos y cuerpos de agua. Estos datos dan una conclusión inmediata:
los servicios del agua potable, alcantarillado y saneamiento en el país
son totalmente inadecuados. Con ello, toda la sociedad es afectada; sin
embargo, son las familias pobres quienes padecen las mayores consecuencias
de la falta adecuada de infraestructura y servicios de agua potable, drenaje
y saneamiento. El informe GEO México 2004 señala
que el 35 por ciento de la carga de enfermedades en el país tienen un
origen ambiental. Problemas de urgente atención con efectos en la salud
pública son la contaminación de las aguas superficiales por descargas
de aguas domesticas, industriales y uso inadecuado de productos químicos,
así como el nulo e inadecuado manejo de los residuos sólidos. Agréguese que los problemas ambientales
afectan de forma más grave a los ciudadanos más desfavorecidos y, por
lo tanto, acentúan la desigualdad. Pobreza y exclusión social unidas al
deterioro ambiental. Existe una relación sólida entre
migración, pobreza y el efecto del deterioro ambiental. Como consecuencia
del deterioro ambiental, la población marginada es la que más sufre, ya
que su pobreza se agrava, su situación sanitaria y alimentaria
se deteriora y la seguridad de los alimentos se debilita, pero, además,
al verse obligados a buscar otros medios de subsistencia, los conflictos
y la migración en masa invaden los centros urbanos y se extienden a otros
países. Recuérdese que cada año, entre 700 mil y 900 mil ciudadanos mexicanos
abandonan sus hogares y sus campos secos para buscar un medio de vida
como inmigrantes en Estados Unidos. En México, el deterioro ambiental
ha alcanzado niveles sin precedentes. La actual estrategia de desarrollo
ha implicado la utilización irracional de los recursos naturales que se
agotan o se consumen a un ritmo mayor que el de su capacidad de regeneración,
empobreciéndose la base de recursos sobre los que se fundamenta la actividad
económica. La actual pérdida de capital natural
tiene costos inaceptables e imposibles de sufragar para el país. El Banco
de México estima que únicamente por reducción directa en la rentabilidad,
la degradación de los recursos naturales provoca pérdidas del orden de
los 40 mil millones de pesos anuales, mientras que el costo agregado,
incluyendo el agotamiento de recursos, es del orden de 10.6 por ciento
del PIB, de acuerdo con los cálculos del Producto Interno Neto Ecológico
formulado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática. La actual problemática ambiental
no es un asunto meramente local; es un hecho que la sociedad mexicana
se enfrenta a problemas ambientales globales: el cambio climático y sus
efectos sobre la agricultura, los usos del suelo y el agotamiento de los
recursos hídricos. Qué mayor razón y justificación para abordar integralmente
el tema de desarrollo humano y ambiente. A la par del papel histórico asumido
por el país como proveedor de materias primas, que lo ha llevado a la
explotación irracional de sus recursos naturales, no se ha formado suficiente
conciencia en la población ni en sus dirigentes acerca del manejo racional
y sostenido de esos recursos. En México no se ha logrado orientar
el uso del territorio en sus diferentes escalas, para proporcionar una
visión del manejo presente y futuro de país. Existe una creciente no sostenibilidad del modelo predominante de ordenación del territorio
y de ciudad (usos ineficientes del suelo, agua y energía). Actualmente, lo que se hace es tratar
de modificar los ecosistemas al modo de los requerimientos de la inversión
y no que la inversión se adecue a las condiciones del ecosistema donde
se pretende realizar; todo bajo el supuesto de la prioridad de la inversión
económica. Este tema, debe ser prioridad de un nuevo gobierno del PRD. En general, puede señalarse que
bajo el actual modelo de desarrollo, las actividades productivas industriales,
agropecuarias, forestales, comerciales y turísticas, han generado diversos
impactos negativos a la naturaleza del país, los intentos de desarrollo
económico y social no han estado en armonía con un aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales y de los ecosistemas, pues se han cometido todo
tipo de abusos y presiones contra la naturaleza, como consecuencia de
estrategias públicas negativas y ausentes de una adecuada planeación,
de la que también se excluyó a la sociedad. En México, el tema ambiental y de
los recursos naturales ha sido una materia más de discursos retóricos.
El tema de la corresponsabilidad ambiental entre los diversos actores
sociales no se ha comprendido en forma suficiente en la sociedad mexicana.
Es más fácil señalar a otro que reconocer que cada ciudadano tiene una
responsabilidad con relación al deterioro ambiental. Obviamente, habría
que diferenciar entre aquellos que deterioran poco y aquellos que son
verdaderos destructores del medio ambiente y los recursos naturales. Romper la opacidad de la información
ambiental es un reto. Se trata de generar un verdadero derecho a tener
información ambiental de calidad para toda la sociedad e impulsar una
verdadera cultura ecológica de responsabilidad con las generaciones futuras. Se observa una enorme dispersión
de esfuerzos en las diferentes instituciones públicas de los tres órdenes
de gobierno que tratan de atender diversos aspectos del tema ambiental
y los recursos naturales. Normalmente, el ciudadano no alcanza a identificar
quién es el responsable de atender su asunto. Peor aún, cuando hay ineficiencia
es común que las diversas instituciones relacionadas con lo ambiental
traten de evadir la atención de la problemática planteada, turnándola
a otra institución por incompetencia, ya que el marco legal y los procesos
de federalización de la gestión ambiental han
sido lentos. Es importante comentar que el tema
ambiental es similar al tema de la salud. Nadie en su sano juicio se trata
con un mal médico o busca una mala instalación médica. Se trata de buscar
–dentro de las posibilidades– siempre lo mejor, médicos, medicinas, instalaciones,
análisis de laboratorio. Se apuesta siempre a prevenir que la salud de
las personas no se deteriore. Se debe pensar igual para atender
los problemas de la naturaleza y de los ecosistemas, casi siempre frágiles;
no se puede permitir que su atención se deje en manos de charlatanes o
ignorantes. Se requiere gente preparada y especialistas con mucha experiencia
en los múltiples y diversos asuntos ambientales; por supuesto, deberán
contar con suficientes recursos materiales y financieros para atender
el problema ambiental que se requiera. Sin embargo, el presupuesto ambiental
en los tres órdenes de gobierno es escaso, las instituciones ambientales
en general carecen del suficiente personal técnico especializado –los
salarios son pésimos– y equipamiento para atender la complejidad de los
problemas ambientales. Esto se refleja, por ejemplo, en que los ciudadanos
que demandan algún tipo de atención con relación a la gestión ambiental
y de los recursos naturales, recorren un sinnúmero de oficinas, confundidos
muchas veces ante la complejidad burocrática, generalmente cansados y
gastados, después de un largo camino para llegar a las oficinas en las
capitales de los estados o en la Ciudad de México. Una nueva política ambiental y de los recursos naturales La importancia del tema ambiental
para el presente y futuro de México debe ser comprendida y respetada por
quienes son votados en puestos de elección popular. Se necesita que se
atienda seriamente el tema ambiental, darle un valor similar a los temas
económicos y sociales; de no ser así seguirán dejándose crecer los problemas
ambientales. En especial, es necesario que en
el próximo gobierno federal se comprenda que los problemas del medio ambiente
y los recursos naturales se extienden a todos los ámbitos de la vida y
el trabajo y que el tema debe ser considerado desde el inicio de la nueva
administración en todos los ámbitos de las políticas públicas; por ejemplo,
en las políticas públicas para el desarrollo urbano o rural. El nuevo
gobierno debe hacer énfasis en el carácter transversal del cuidado del
medio ambiente y los recursos naturales. Es urgente un cambio de rumbo en
las políticas públicas, sobre todo cuando se asimile por parte de todos
los actores sociales –en especial los responsables del nuevo gobierno–
que un medio ambiente no contaminado y el aprovechamiento racional y sostenido
de los recursos naturales son la condición indispensable de un desarrollo
económico y social estable a largo plazo para México. En ese sentido, las diversas dependencias,
en consulta con la sociedad, deben trabajar colectivamente en una estrategia
nacional de sostenibilidad, que defina temas
prioritarios, indicadores de medición, metas a corto, mediano y largo
plazo. Lo que resulte de esta estrategia tendrá que cumplirse por parte
de las dependencias públicas. México es un país que por su riqueza
biológica y cultural es de enorme interés a nivel internacional. Actualmente,
existe la posibilidad de utilizar un sinnúmero de experiencias y recursos
internacionales, así como el apoyo de diversos gobiernos de otros países
e instituciones internacionales para generar mecanismos de cooperación
en el ámbito de la gestión ambiental y de los recursos naturales para
México. No hay que desaprovecharlos. Estas experiencias son valiosas;
en especial, debe valorarse el modelo para impulsar la gestión forestal
y de aguas. En ese sentido, debe estudiarse
con gran detenimiento el tema de la ordenación territorial. Imaginar el
día en que un inversionista presente un proyecto ante una autoridad y
se le responda de inmediato, sin necesidad de estudio de impacto ambiental;
aprobar que pueda realizar su actividad en un determinado parque industrial
o zona turística, pues ahí tendrá facilidades con el mínimo impacto ambiental.
Entonces, verdaderamente habría seguridad –de la que hoy se carece– en
la inversión económica. Se requiere generar un esquema diferente
al actual, en el sentido de la planeación de las políticas públicas, incluyendo
un compromiso real con el tema ambiental, si se quieren hacer las cosas
mejor y de diferente forma, marcando la diferencia con los gobiernos tradicionales
de México. Decir que existe un instrumento
para resolver la complejidad de lo ambiental en México sería falso, se
necesitan aplicar diversos instrumentos. Por un lado, se requiere una
institución pública ambiental y de los recursos naturales, que tenga capacidad
de aplicar disposiciones y prohibiciones legales, así sean los más rigurosos
estándares ambientales. Donde nadie ni el propio gobierno, a través de
sus dependencias relacionadas con la obra pública o el crecimiento económico,
pretendan simular el cumplimiento de la normatividad y la ley. No se trata de hacer más difícil
y burocrático el ejercicio de la obra pública. Se trata de tener un sentido
de la planeación, donde todo se haga con previsión y no como hoy en día
se hace atropelladamente, con poca transparencia y valoración del posible
deterioro ambiental. Es importante que el nuevo gobierno
federal impulse frente a la sociedad un nuevo rostro de la administración
ambiental y los recursos naturales, una sola ventana de atención para
tantas dependencias relacionadas con el tema. Esto implica, también, una revisión
a detalle del quehacer de la Semarnat y sus
dependencias sectorizadas como la Profepa, Conafor, CNA, Conanp, INE, e Imta en el país. Se debe impulsar un nuevo marco de cooperación
y confianza entre los diversos actores de la sociedad y estas dependencias. En el tema de la gestión ambiental
y los recursos naturales, el gobierno federal debe proporcionar todo su
apoyo y respeto a los gobiernos estatales y municipales. Se requiere generar
consensos políticos entre autoridades municipales, estatales y federales.
Para ello, tendrá que hacerse una revisión concertada de la agenda ambiental
federal con las entidades y municipios del país, con toda la intención
que los posibles procesos de transferencia de atribuciones ambientales
se den en el más breve plazo posible. En estas acciones, por la complejidad
geográfica y cultural de México, se requieren, al mismo tiempo, formas
de atención diversas en materia ambiental; Baja California Sur tiene problemas
muy diferentes comparado con regiones como la del Valle de México, Chiapas
o Guerrero, es decir, se necesita una presencia institucional constante
en materia ambiental en cada región del país y hacer toda una reingeniería
de las instituciones públicas relacionadas con lo ambiental, lo que implica
una verdadera desconcentración de las propias dependencias federales a
las regiones del país, así como el uso de las nuevas tecnologías de la
información. El nuevo modelo de institución ambiental
y de los recursos naturales no sólo tiene que contar con instrumentos
para aplicar disposiciones legales, sino también instrumentos técnicos.
Al mismo tiempo, hay que comprender que en un nuevo modelo de gestión
ambiental nacional se requiere estar preparado para atender los nuevos
problemas ambientales, que no son tan evidentes como los tradicionales
de contaminación de ríos o la deforestación. Algunos problemas son hoy más complejos,
su evolución es aparentemente más lenta, por ejemplo, los relacionados
con el cambio climático y la energía, los de la ecotoxicología y los relacionados
con la bioseguridad de organismos genéticamente
modificados. Aquí, hay que impulsar nuevos instrumentos con visión de
futuro y de manera preventiva, que impliquen promover cambios en los actuales
modelos de producción y consumo en el país. Adicionalmente a los tradicionales
instrumentos legales y técnicos, una tarea urgente de la nueva institución
pública ambiental es generar nuevos enfoques de trabajo: desde promover
incentivos económicos, impulsar –a través de la cooperación– autocompromisos con los inversionistas privados, empresas
sociales y diversos actores sociales, así como el fortalecimiento de otros
instrumentos como la investigación sobre el medio ambiente y los recursos
naturales o la información sobre temas del medio ambiente y la educación
ambiental. Un gobierno de izquierda en México para la sustentabilidad Uno de los temas que siempre están
en discusión se relaciona con los asuntos que debe impulsar un gobierno
para transitar hacia el desarrollo sustentable. Seguramente existen muchas
ideas, visiones y proyectos al respecto. Tratando de contribuir, retomamos
algunos aspectos que no son nuevos ni son todos, pretendiendo impulsar
una discusión de agenda y programa básico que se debe asumir para la sustentabilidad. A continuación se identifican y
enumeran algunos de los principios y/o criterios más relevantes de un
gobierno de izquierda para la sustentabilidad: 1) La responsabilidad política del
avance hacia un desarrollo más sustentable será siempre asumida al máximo
nivel de gobierno. Dicho avance debe ser verdaderamente evaluable por
el legislativo, de forma sistemática, con el desarrollo de los indicadores
pertinentes. 2) En la planeación del desarrollo
se deberá hacer efectiva la incorporación de la política ambiental. La
falta de una efectiva planeación ambiental ha propiciado que se haya sido
meramente reactivo en lo inmediato ante los múltiples y diversos problemas
ambientales y que no se conduzca o dirija la gestión ambiental. Para una
verdadera planeación hacia el desarrollo sustentable, los procesos ambientales
deben conducirse con visión de largo plazo. Debe existir, por tanto, un
requerimiento de sustentabilidad en la definición
de los planes, programas y proyectos de todas las áreas de la administración
pública, que garantice la atención de los grandes retos ambientales del
país (cambio climático, biodiversidad, agua, bosques). 3) Se reorientará el gasto público
y la tributación para incentivar la modernización ecológica de las instituciones
públicas y privadas y garantizar la adecuada conservación y restauración
del patrimonio natural. 4) Se deberá impulsar –prioritariamente
en las áreas de alta conflictividad ambiental, económica y social– el
ordenamiento del territorio con un enfoque preferentemente de cuencas
y municipios, que busque integrar los ordenamientos ecológicos territoriales,
los planes directores de desarrollo urbano y otros instrumentos sectoriales
similares. Con el ordenamiento territorial se buscará corregir de manera
preventiva los usos de los ecosistemas de acuerdo con su vocación ecológica
y productiva. 5) En forma integrada y armónica
con los ordenamientos territoriales, el gobierno debe garantizar la protección
y restauración de áreas naturales, para que se conserven muestras representativas
de la biodiversidad presente en los tres órdenes de división territorial:
país, estados y municipios. La superficie representativa deberá ser como
mínimo de un 10 por ciento del territorio, impulsando acciones que, adicionalmente,
las hagan compatibles con el desarrollo económico y social de las comunidades
y ciudadanos que habitan en dichas áreas naturales protegidas. 6) Existen grandes carencias en
la generación de conocimientos sobre los recursos naturales y medio ambiente.
Por ello, se aumentarán las inversiones materiales y humanas en los programas
de investigación y desarrollo dedicados a la ecología y ciencias ambientales,
en especial en temas relacionados con los recursos naturales, contaminación,
ordenamiento del territorio, ahorro y uso eficiente de agua y energía,
entre otros temas. 7) Se propiciará una mayor responsabilidad
ciudadana, mediante el máximo consenso social, para garantizar su participación
de manera responsable en la conservación de los recursos naturales y su
aprovechamiento racional y sostenible. Para ello, se fortalecerá la educación
y la comunicación ambiental, así como los cauces efectivos de consulta
y participación. 8) Debe existir el compromiso de
implantar una nueva política de agua, impulsando el enfoque de la gestión
integral por cuencas hídricas, el conocimiento riguroso de los usos y
de la calidad del agua, que garantice más eficiencia, más justicia social
y mayor protección de sus valores ecológicos y culturales, descartando
la construcción de grandes embalses y trasvases, alcanzando el equilibrio
en cuencas hídricas superficiales y subterráneas deficitarias en el mediano
plazo y estableciendo el objetivo –en el corto plazo– de la total depuración
de todas las aguas residuales de los municipios que superen los 5 mil
habitantes. 9) Se apoyará la agricultura y la
ganadería ecológica, de forma que en un periodo de plazo breve se logré
alcanzar como mínimo el 10 por ciento de la producción total. En ese mismo
sentido, se promoverá el desarrollo del manejo forestal comunitario, buscando
que, en el mismo periodo, un mínimo de 50 por ciento de las autorizaciones
de aprovechamiento forestal sean certificadas como bosques con un buen
manejo forestal. Igualmente, se impulsará la práctica de pesca y acuacultura
con criterios estrictos de sostenibilidad ambiental
y justicia social, fortaleciendo la organización cooperativa. 10) Una de las pruebas de la falta
de sustentabilidad del actual modelo económico
depredador de recursos naturales es el cambio climático. En principio,
se requiere disminuir las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero
en el planeta. Para ello, se demanda un cambio de modelo energético. Deberán
priorizarse las energías renovables para el abastecimiento de electricidad
con una perspectiva de protección del clima y al medio ambiente. Se trata
de desarrollar y aplicar un programa para fomentar las energías renovables
hasta cubrir un porcentaje significativo de la demanda de energía primaria
en los próximos años. 11) Deberá adecuarse el costo del
transporte al costo real para la sociedad, haciendo pagar más a los ambientalmente
más nocivos y socialmente menos útiles (auto privado y avión), fomentando
medios de transporte colectivos y el uso de la bicicleta. Se integrarán
criterios de movilidad sostenible y de seguridad en la planificación de
las infraestructuras y de los servicios del transporte, frenando la tendencia
a la excesiva concentración de la población en determinadas áreas, reduciendo
la necesidad de desplazamientos, promoviendo el retorno del ferrocarril
para el transporte de personas y de mercancías en el país. 12) Deberán impulsarse políticas
para la reducción la cantidad y peligrosidad de los residuos sólidos,
fomentando el reuso, reutilización y reciclaje
de éstos. Para ello, se fomentará el desarrollo de sistemas de producción
limpia en procesos industriales, productos y servicios a partir, entre
otras, de la política de compras y de contrataciones de la administración
pública. 13) Se deberá promover la cultura
ecológica en la sociedad y sus ciudadanos, siendo ejemplo en la promoción
del comercio justo, el etiquetado social y ecológico y el consumo responsable. Conclusión Es necesario que el pensamiento
ambiental de izquierda se desarrolle, sea escuchado y aplicado más allá
de la retórica. Se debe aplicar en la realidad la consideración integral
de los aspectos económicos, sociales y ambientales para lograr el desarrollo
sostenible. Desde el PRD se debe contribuir a derribar la falsa imagen
que contrapone el compromiso ambiental con el progreso económico y social.
Por ello, es indispensable impulsar la inclusión con esta concepción global
de la vida y de las relaciones del hombre y la naturaleza en el nuevo
proyecto de nación. Desde ahora, se invita a participar activamente a
quienes coincidan en el objetivo de transitar en México hacia una democracia
más social y una sociedad más democrática, ecológica y reconciliada con
su entorno. Bibliografía Comisión Económica
para Europa (1999), Convención sobre el acceso a la información, la
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia
en asuntos ambientales, ECE/CEP/INFORMAL/1999/1. Dobson, A. (1999), Pensamiento verde. Una antología, Editorial
Trotta, España. Fundación Heinrich Böll (2003), Memo para
Johanneburgo: Equidad en un mundo frágil. Memorandum para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable,
Segunda edición en español (www.joburgmemo.org). Martínez Alier, Joan (2001), “Justicia ambiental, sustentabilidad y valoración”, en Ecología Política,
No. 21, Fuhem-Icaria, España, pp. 103-134. * Ponencia presentada
en el foro temático: “Medio ambiente”, realizado el 15 de octubre de 2005,
en La Paz, BCS, organizado por la Comisión para Elaborar la Plataforma
Electoral 2006 del PRD. ** Asesor del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de
Diputados. |