PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS PARA UNA REFORMA INTEGRAL DEL ESTADO*

Fernando Serrano Ramírez**

Como resultado del trabajo y la reflexión colectiva expresados en el ciclo de mesas redondas: “México: hacia una reforma integral del Estado. Propuestas y alternativas”, el Instituto de Estudios de la Revolución Democrática presentó la memoria impresa de los trabajos realizados de junio a agosto de 2004, con el objetivo de contribuir con la formulación de una plataforma electoral y un plan de gobierno para el PRD.

Se organizaron 18 mesas de discusión en las que participaron importantes personalidades de la vida política y académica del país. El libro contiene 63 trabajos que abordan los principales temas de la agenda política nacional, relacionados con las alternativas para el desarrollo del país.

En la presentación se encontraron los coordinadores del libro, Jorge Calderón Salazar y Alejandra Tello Modragón, así como tres de los autores: Ifigenia Martínez (Soberanía y desarrollo regional y Sector energético y soberanía nacional), Jaime Cárdenas (Acerca del modelo democrático de la transición) y Ricardo Álvarez (Las instituciones y la reforma del Estado), quienes coincidieron en la trascendencia de la publicación y de su objetivo de fortalecer la identidad ideológica del PRD como partido de izquierda.

En su participación, Jaime Cárdenas, compartiendo algunas de sus definiciones sobre el significado de la reforma del Estado, destacó la importancia de rescatar la identidad de la izquierda mexicana: “Revisando este libro, uno encuentra propuestas de todo tipo, de carácter económico, en materia de agua, migración, energía, propuestas de diseño institucional, temas vinculados con derechos de minorías, de género o con las reformas en materia indígena, entre otros, superando el riesgo que se corre con este tipo de publicaciones donde hay de todo un poco, al incorporar muy diversas participaciones que refuerzan la identidad de izquierda plural para impulsar una reforma del Estado. El libro intenta adoptar un equilibrio entre el respeto a la libertad y la democracia y –lo que en el discurso mexicano se conoce como– la justicia social, como ejes de la reflexión crítica y de propuesta, en la búsqueda de espacios de la liberación ciudadana”.

Acerca del diseño institucional y los cambios en la cultura jurídica del país, Jaime Cárdenas insistió en que “México puede transformarse hacia un Estado cualitativamente superior únicamente si –más allá de la retórica– se opta por un Estado de derecho democrático y se plantean con insistencia algunas de las necesidades más importantes de la izquierda: los derechos de libertad y, sobre todo, los derechos de igualdad; al mismo tiempo, lograr una conjunción adecuada entre los llamados derechos de primera generación: de libertad, con los derechos de igualdad: sociales, económicos, culturales.

La reforma del Estado tiene que garantizar que los derechos sociales no sean derechos humanos de segunda; esto es algo muy complicado, porque tiene relación con el nivel de desarrollo económico, pero desde el punto de vista institucional jurídico y político, hacen falta instituciones y mecanismos que coloquen a los derechos sociales, culturales y económicos en el mismo nivel de protección que a los derechos de libertad.”

Ante esto, Cárdenas no duda en señalar que a la izquierda mexicana aún le falta contundencia en su análisis para enfrentar “un fenómeno que, sobre todo, en este sexenio estamos observando en demasía y que es una especie de recuperación de los espacios políticos, económicos y sociales por parte de los poderes fácticos, me refiero a las iglesias, a los medios de comunicación, a las organizaciones empresariales, que están siempre detrás de los poderes formales que los colonizan y generan condiciones de determinación en el funcionamiento de los poderes formales.

“Hay que replantear el tema de los poderes fácticos y obligarlos a dar respuestas legales y jurídicas que estén dentro de las reglas del derecho: lograr que los medios de comunicación no estén al margen del derecho, que jueguen las reglas de la democracia y las reglas del Estado de derecho; deben aceptar el derecho de réplica de los ciudadanos y no pueden sustituir a los órganos estatales, como ocurre con el reciente convenio firmado entre el IFE y Televisa –no niego que pueda tener alguna utilidad en la práctica–, pero es un ejemplo de un poder fáctico que se pone al tú por tú con un órgano del Estado y eso no puede ser posible.

“Se debe luchar para que los poderes fácticos estén dentro de los márgenes del Estado de derecho y en el libro se hacen reflexiones muy importantes sobre la rendición de cuentas, la necesidad de que haya un mecanismo de control ciudadano, de control social y también de control institucional al poder del Estado. Todo esto forma parte de las señas de identidad de la izquierda.

“¿Cómo se plantea, desde el punto de vista institucional, en el libro el cambio del Estado? Por un lado, mediante el diseño de nuevas instituciones políticas para México, que no busquen sustituir a la democracia representativa, pero sí que busquen compensarla, rectificarla, mediante figuras de democracia participativa, deliberativa; por otra parte, ¿cómo hacer que nuestro país no sea solamente una democracia formal-electoral y que en los periodos interelectorales no exista ningún control, ninguna participación, ninguna deliberación por parte de los ciudadanos, quienes solamente pueden expresarse cada tres o cada seis años? Creo que la democracia representativa debe ser corregida con fuertes mecanismos de democracia participativa y deliberativa. En este libro existen propuestas en este sentido.

“Un tema que me apasiona y que está mencionado en algunas de los ensayos que conforman este libro es el cambio en la cultura política y jurídica; cambios que tendrían que ver con una visión de la aplicación de la ley en donde la ley se guiara con los ojos de la Constitución; muchos de los problemas de nuestro país tienen su origen cuando las autoridades aplican todos los días leyes que son vigentes, pero que son contrarias a la Constitución, ante las que la autoridad secundaria al juez del fuero común no puede hacer nada, pues tiene la obligación de aplicar la ley; no puede consultarle ni siquiera a la Suprema Corte acerca de si la ley que va aplicar es una ley conforme a la Constitución, de modo que las autoridades, aunque sepan o que tengan dudas sobre la constitucionalidad de la ley, deben aplicarla. Hay un problema de interpretación en la manera cómo se entiende la aplicación de la ley; cuando la ley comience a entenderse con los ojos de la Constitución o se interprete con base en ella, la ley se impregnará de estos principios y valores que la propia Constitución establece. Cuando a veces no comprendemos la actitud reactiva o pasiva de la autoridad es porque la autoridad tampoco está entendiendo sus funciones; si la autoridad las entendiera con los ojos puestos en la Constitución, seguramente, su actitud ante la ley tendría en cuenta todo el cuerpo normativo y todo el ordenamiento jurídico sería muy distinto, orientaría la interpretación de la ley por los fines y principios de la Constitución. Esto que suena tan simple no ocurre, los únicos que tienen indebidamente el monopolio de la interpretación constitucional son los 11 ministros de la Suprema Corte y el resto de las autoridades y de los ciudadanos es ajeno a este debate constitucional. ¿Por qué la constitución no es normativa? ¿Por qué la constitución sigue siendo un documento político, un documento jurídico, alejado de los ciudadanos? ¿Por qué no forma parte del debate cotidiano, de las autoridades y de los grupos sociales que conforman el país?

“En el libro también encontramos intentos por concebir de una manera distinta a la democracia, más allá de nuestra democracia electoral. Se han hecho reformas electorales en los últimos veinte años y, sin embargo, siguen existiendo temas pendientes. Sectores sociales y políticos importantes continúan pensando que la democracia es un asunto estrictamente electoral y esto es equivocado. La democracia tiene que verse también desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, y este elemento no debe ser perdido nunca de vista por un planteamiento de izquierda: la democracia electoral no es suficiente; se debe luchar por una democracia de calidad, que esté vinculada con estos elementos sociales y de justicia social.

“Aquí hay un reto para la izquierda: lograr una justicia, un poder judicial conforme al Estado constitucional y al Estado de derecho; una justicia que esté cerca de los ciudadanos. Para ello se requiere un mayor nivel de independencia del Poder Judicial, no solamente la independencia externa, respecto al Poder Ejecutivo o respecto a los poderes fácticos, sino sobre todo, independencia interna.

“Hace falta un cambio importante en el acceso a la justicia; hay una serie de elementos, no solamente en la constitución, sino en las leyes, por ejemplo en la ley de amparo, que no permiten un acceso adecuado a la justicia. En la ley de amparo hay un artículo que regula las causales de improcedencia, es decir, elementos formales que obstaculizan, que impiden que el juez entre al fondo del asunto. De 100 amparos que se presentan diariamente, el 75 por ciento son sobreseidos porque existe una causal de improcedencia, es decir, el juez con argumentos formales, sin entrar al fondo, sin hacer justicia en un sentido o en otro desecha las demandas y los sectores sociales se quedan sin la posibilidad de que se haga justicia.

“El problema es grave en términos de acceso a la justicia y tiene que ver con el acceso a la justicia de grupos o de minorías, pues toda la visión procesal de nuestro sistema jurídico está elaborado con una visión individualista. Entonces, si grupos colectivos como homosexuales, mujeres, ecologistas quieren acudir a la justicia federal, aunque puedan hacerlo, el juez de entrada les dirá, no tramito tu demanda porque no tienes interés jurídico, es decir, no hay mecanismos procesales en nuestro país que protejan intereses colectivos o intereses difusos; necesitamos ese tipo de mecanismos, que permitan plantear, debatir políticas socialmente la constitucionalidad de las leyes.

“La inconstitucionalidad de las leyes solamente puede ser planteada por los legisladores o por los partidos en materia electoral o por un ciudadano individualmente cuando se le causa un agravio, pero muchos ciudadanos, aunque no se les cause un agravio directo, deberían poder plantear sus inconformidades con las leyes, porque no se cumplen o porque el ciudadano las considera injustas. Hay que darle al ciudadano el mecanismo procesal para que pueda debatir la justicia o injusticia de las leyes, desde el punto de vista de la constitucionalidad de las mismas, un mecanismo constitucional popular de inconstitucionalidad que le permita a cualquier ciudadano acudir a la corte a debatir los contenidos constitucionales de las leyes”.

Otro tema abordado por Jaime Cárdenas fue la autonomía de los órganos públicos, haciendo referencia a los no muy lejanos estrenos de algunos órganos constitucionales autónomos: el Banco de México, en 1993; el IFE en 1996, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos a finales de los noventa. El autor destacó que el problema de estos órganos constitucionales autónomos es que “no siempre cuentan con la debida autonomía ni con las suficientes atribuciones o presupuesto para realizar su función o, cuando se crean, después se mediatizan, como ha ocurrido constantemente la Auditoria Superior de la Federación, creada en 1999, que se defiende de una nueva controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados para limitar su facultades. Debe entenderse que si se crean estos órganos constitucionales autónomos, debemos respetarlos y luchar para que no sean colonizados ni por los partidos ni por un poder fáctico”.

“El libro contiene planteamientos sobre la rendición de cuentas, combate a la corrupción, la existencia de controles sociales y reformas al Poder Legislativo. Sobre este último punto, se plantea la necesidad de su democratización, a partir de fortalecer el papel de sus comisiones, reconocer a las minorías en el Congreso, establecer un nuevo estatuto para los legisladores, para impedir, por ejemplo, la actuación de legisladores que litigan asuntos privados o que son asesores o coyotes de empresas transnacionales y que no realizan su labor con independencia, pues el vínculo de los legisladores con poderes fácticos limitan y mediatizan su función.

“Creo que la izquierda en México debe proteger al Estado, debe lograr que sus órganos sean independientes y que funcionen en favor del beneficio público y social, que no sean órganos ni poderes al servicio de determinados intereses ni de los intereses de los medios de comunicación o de los partidos políticos, tampoco de los intereses de las iglesias o de los organismos empresariales. Los poderes del Estado deben recuperar su independencia y su función de prestar el servicio a intereses colectivos más amplios.

“El reto es recuperar el papel del Estado y esto acompañarlo con una reflexión crítica sobre qué tipo de político se requiere para que estos planteamientos que ofrece el libro puedan ser realizados. Según el filósofo español Aranguren hay dos tipos de ética en la política: una que está al servicio del statu quo que justifica la legalidad, que justifica a toda costa las instituciones establecidas y acepta cualquier transformación o justifica cualquier permanencia de las instituciones. Frente a este tipo de ética debe existir otra, la del político de izquierda, ojalá que esto no se esté perdiendo con el poder. La ética para la que el político de la izquierda debe estar preparado es la ética de la inconformidad. Aranguren, decía que gracias a los inconformistas, a los que no se resignan con el derecho vigente, la política meramente pragmática y la religión domesticada, a los que siguen empeñados en la idea de que debe ser de otro modo; gracias a ellos sabemos que sigue existiendo una apreciación en el hombre llamada moral.

“El político de izquierda debe ser siempre un inconforme, no para destruir todo, sino para transformar, para hacer los cambios. El político de izquierda no puede perderse en el pragmatismo ni en lucha por las cuotas de grupos ni por la lucha de las candidaturas ni por la prerrogativas de partidos; eso no forma parte de la agenda política de un político de izquierda, el político de izquierda debe estar al servicio siempre de la transformación, claro con responsabilidad, pero siempre con un sentido crítico. Un político de izquierda debe ser siempre comprometido con la generación de condiciones de un diálogo abierto para la construcción de una ciudadanía reflexiva y generar posiciones de ciudadanía reflexiva en la sociedad.

Reflexionando sobre el papel de las instituciones en la reforma del Estado, Ricardo Álvarez Arredondo reafirmó el compromiso del PRD con la reforma del Estado, a raíz del fenómeno de la pluralización del poder en México que, en vez de democratizarlo, en muchos aspectos ha ocurrido lo contrario, es decir que, a la hora de tomar el poder, los partidos se han vuelto hacia el autoritarismo y se ha corrompido: “Varios sectores de nuestro partido han claudicado en su lucha histórica por la reforma del Estado y han claudicado en las tesis sobre la visión-transformación de la sociedad. Cuando conformamos el PRD, teníamos clara la idea de que un nuevo partido no era para llegar al poder sin más, sino que significaba la posibilidad real de transformación de la relación entre el poder y el Estado, pero en el camino el fenómeno del poder enquistó a vastos sectores de dirigentes que han perdido la visión de la transformación”.

“La sociedad ha logrado despertar de su estado de súbditos, de una monarquía de un solo partido donde las elecciones no contaban, para vivir bajo uno de los principios esenciales de la Revolución Mexicana: el sufragio efectivo. Hoy el sufragio cuenta y aunque cuesta trabajo que cuente cuenta. Sin embargo, la sociedad sigue sin ser ciudadana, nos encontramos a la mitad del camino, es una sociedad apenas de electores que se manifiestan cada tres años o cada que toca votar y luego se sientan a esperar; faltan mecanismos de participación ciudadana y de ejercicio cabal de la ciudadanía”.

Álvarez Arredondo destacó que el debate en el PRD se enriquecerá con la propuesta editorial del libro, pues rescata la visión de integralidad necesaria en la transformación del Estado: “La reforma del Estado tiene un método y una secuencia que en la actual dirigencia del partido se ignora profundamente y eso lo vemos reflejado en la producción legislativa. El momento de transformación del Estado mexicano ubicado en el año 2000, a propósito de la alternancia del poder con Vicente Fox, simplemente se perdió, ya sea por la negligencia del partido en el poder o por la resistencia del PRI como el partido fundamental en la cámara, pero también se perdió por la falta de visión de la izquierda.”

“Nosotros lanzamos al Congreso, en las dos legislaturas anteriores (LVIII y LVIX), más de 200 reformas en todos los temas; sin embargo, si analizamos las reformas, vemos que en ninguna se asoma una visión integral de transformación, pues no sólo son reformas inconexas, sino hasta contradictorias: gente del PRD propone la ampliación del Congreso, otros proponen la disminución del número de la bancada; gente del PRD propone la reelección, gente del PRD se opone a la reelección; gente del PRD propone el parlamentarismo, gente del PRD se opone al parlamentarismo; gente del PRD se vincula los temas de transformación económica y gente del PRD mantiene tesis económicas profundamente cerradas. Hay libertad constitucional del legislador de iniciar cualquier tipo de proposición; sin embargo, es tarea del grupo parlamentario tener una visión estratégica y más o menos homogénea sobre las líneas de actuación política.

“En la actual legislatura, el Congreso mexicano ha recibido mil 600 iniciativas, de las cuales se han aprobado apenas el 15 por ciento, es decir, 240, solamente en la Cámara de Diputados, falta la aprobación en la de Senadores. Falta dictaminar el 80 por ciento de iniciativas en ambas cámaras, pero el rezago más patético es el de las que ya fueron aprobadas: pues hay 82 en la Cámara de Diputados y 98 en el Senado. Cuando la oposición no podía legislar, porque el gran legislador era el presidente de la república, los números de las iniciativas aprobadas mostraban la productividad de los grupos parlamentarios, porque eran testimoniales. Se decía que los partidos producían muchas iniciativas, pero a nadie que éstas llegarán a término de promulgación. En la actualidad, en la pluralidad democrática, la productividad del Congreso está en función de las promulgaciones, es decir, de la capacidad de acuerdo y consenso. Para que queremos lanzar mil 600 iniciativas para conocimiento de los diputados si no se aprueban las leyes”.

El autor, resaltó que la reforma del Estado y la vasta agenda presentada en el libro es una aspiración, no sólo de implicaciones políticas, sino de la transformación económica y social que vincula muchos otros temas de nueva generación como la sustentabilidad, incluso la cultura. En este sentido, “el avance legislativo en materia de reforma del Estado, con las leyes promulgadas durante los últimos cinco años, es mínimo: se logró ampliar el segundo periodo ordinario de sesiones que ahora va del 1 de febrero al 30 de abril, cuando antes era del 15 de marzo al 30 de abril. Ahora hay más tiempo para trabajar por parte de los diputados y hay forma de obligarlos a estar en el pleno de las sesiones, pero no hay forma de obligarlos a trabajar en comisiones, pero ¿dónde es el horno de las iniciativas? Pues en las comisiones”.

“Se adelantó la fecha para recibir, por parte del ejecutivo, el proyecto de Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto, lo que permitió invertir más tiempo en la discusión de los ingresos. También fue aprobada la reforma electoral que cierra la puerta a la posibilidad de nuevos partidos y obliga a todos a transitar por el via crucis de las asociaciones políticas nacionales, lo que a mi juicio es una reforma regresiva.

“El método de votación de los mexicanos residentes en el extranjero por la vía postal, aprobado en la Cámara, parece una broma, pues aunque es una aspiración que nuestros paisanos voten, la modalidad postal –por hacerlo a las prisas– carece de los candados jurídicos necesarios para brindar certidumbre dentro de un proceso que va a ser muy cerrado y en el que se puede ganar o perder por 200 mil votos que, además, podrían tener un origen dudoso. Avanzamos en ese tramo y no avanzamos en lo importante, que era establecer topes de campaña, no avanzamos en los sistemas de financiamiento y acceso a medios, no se normó el asunto de las precampañas. Este país es un país que vive procesos electorales todo el tiempo, entonces el espacio político para el acuerdo se ve reducido, porque hay conflictos entre los partidos dentro de los estados y la agenda de reforma electoral sigue pendiente. Se eliminó la pena de muerte de nuestra Constitución Política; se estableció un mecanismo de sustitución de legisladores, que no había y se estableció un candado para que ningún consejero electoral pueda ocupar cargo político en lo inmediato.

“Ofrezco esta perspectiva desde el Congreso de la Unión, porque es lo primero que tendríamos transformar, pues no se trata de llevar al Estado de una fase a otra, a bordo de una especie de carcacha que es el Congreso. Esa carcacha hay que desarmarla y hacer algo nuevo, hay que meterle velocidad a las comisiones, imponer obligaciones a los legisladores, responsabilidad no solo política, sino administrativa; acciones para los casos en los que un legislador falta tres veces a su comisión, porque ellos tienen que legislar; además de que pueden hacer campaña, su tarea básica es legislar”.

Por último, Ricardo Álvarez advirtió autocráticamente la misión política del PRD, comparándola con el objetivo del libro de abrir un amplio espectro sobre lo que se piensa desde la izquierda para transformar al Estado, sin imponer una visión única: “en el libro eso no es relevante, esa es su virtud: la diversidad. Lo que si importa es que en el ámbito de la política o del poder no atinemos una agenda congruente y secuencial”.

“Por tal razón, deben destacarse las labores el Instituto de Estudios de la Revolución Democrática y de otros centros de estudio que son puente entre el conocimiento y el actuar político. Para la LX Legislatura, el PRD será un partido con, por lo menos, 150 diputados; una potencia que difícilmente será excluida de las negociaciones. Estamos en el dilema de tener dos clases de liderazgos políticos: el estridente que nos va a llevar a ganar y el negociador que pudiera generar una mayoría política necesariamente con otras fuerzas para que podamos pactar la transformación del Estado. El reto es que las instituciones sean capaces de inyectar en la mente de quienes no son estadistas y ocupan espacios de poder la agenda de transformación del Estado mexicano.

En su turno, Ifigenia Martínez, recordó el esfuerzo por publicar la memoria de la veinte mesas organizadas y la importancia de los temas abordados, ante el cambio de poderes que se avecina y el momento de indefinición por el que atraviesa la sociedad mexicana: “Para este momento de definiciones, en donde los ciudadanos tenemos un papel que cumplir, nuestra responsabilidad consiste en, que con la experiencia que cada uno tiene, enterarnos de que es lo que está en juego, enterarnos de las plataformas y acudir a emitir nuestro voto; el voto es un elemento muy importante, porque es precisamente lo que va a legitimar un gobierno y un cambio verdadero”.

“Considero que el PAN es un partido que no comprende las necesidades del país como un todo; ya tiene seis años en el poder y no satisface a nadie lo que han logrado. Vivimos un momento de indefiniciones y tenemos la obligación de estar interesados. La política es un asunto de todos, que nos abre las puertas para que todos nos enteremos y tratemos de influir en el tipo de gobierno que queremos, y para eso este libro, indudablemente, presenta un espectro muy amplio.

“Quisiera referirme a la política económica, recordando que, en 1986, quienes pertenecíamos al PRI nos inconformamos porque no estábamos de acuerdo con la política económica impulsada por el gobierno de Miguel de la Madrid y por la forma en como México dobló las manos cuando se le vino encima el problema de la deuda externa. La deuda externa se precipitó porque los gobiernos gastaban mucho; el gasto público representaba una parte muy importante de inversión pública, entre el 10 y 11 por ciento del Producto Interno Bruto. Comparado con la inversión pública (3 por ciento) que se tiene actualmente, encontramos que esa es una de las razones por las cuales la economía no ha despegado ni ha recuperado su ritmo de crecimiento.

“¿Qué ocasionó el problema de la deuda externa? No sólo fue pedir prestado, rebasando la capacidad de pago del petróleo. Antes de 1976 no teníamos ingresos del petróleo y, sin embargo, el gobierno sostenía todo el gasto público y participaba en la promoción del crecimiento con tasas del 6 o 6.5 por ciento, en promedio. ¿Cómo es que nos convertimos en exportadores de petróleo, gran fuente de riqueza y no podemos despegar del 2 o 3 por ciento de crecimiento en promedio? El problema de la deuda externa fue causado por el alza brutal de las tasas de interés en el mercado internacional, seguidas de la caída de los precios de los productos que exportaba América Latina, uno de ellos el petróleo. Entre 1985 y 1986 hubo una caída en el precio del petróleo, pero nosotros seguimos exportando la misma cantidad, el mismo volúmen y obteníamos una cantidad inferior de dólares, de manera que el alza en las tasas de interés afectó y en eso nada tuvo que ver el gobierno. Fue una decisión que se tomó desde el exterior, pero debía haber servido de experiencia para no estar sujetos a factores externos. Son estadísticas sorprendentes las que muestran como el pago de intereses llegó a representar el 17, 15 y 12 por ciento del PIB en los años del gobierno de Miguel de la Madrid.

“Miguel de la Madrid optó por hacer caso al Fondo Monetario Internacional en el ajuste restrictivo: la economía, la producción, así como la inversión pública y la privada cayeron, y la devaluación que siguió motivó una mayor inflación. Se exigieron reformas estructurales como política de largo plazo para el país, con base en la apertura de la economía y la disminución del papel del Estado. Lo que esto ocasionó no solo fue el aumento de las exportaciones e importaciones, sino la ruina de la agricultura y de los campesinos: somos importadores netos de alimentos a cambio de haber sacrificado la soberanía alimentaria en nuestros acuerdos comerciales. Estamos convertidos en importadores de alimentos, exportadores de frutas y hortalizas, pero ¿a quiénes beneficia la exportación de frutas y hortalizas y a quienes perjudica? El que seamos importadores de alimentos, lo que ha significado es la ruina del campo, además de los efectos de la desindustrialización del país, sin contar el deterioro de la tierra, de su productividad y de las corrientes del agua. Es absolutamente necesario que tengamos otra visión para utilizar el conocimiento, teniendo en cuenta el trabajo de tantos universitarios de toda la república que se han preparado; no podemos atenernos solamente al mercado”.

Ifigenia Martínez apunta que la diferencia de esta nueva etapa política hay que formar corrientes de opinión sobre lo que se quiere y para ello este libro es de una gran utilidad:

“El PRD está empeñado en que las ideas que quiere llevar a la práctica se conozcan. El trabajo del IERD, todos los foros que ha realizado, los debates y las publicaciones enriquecen la discusión sobre este nuevo Estado que queremos, un Estado democrático, con otra política económica diferente, y repudiar completamente la política de ajuste regresivo y cambio estructural que ya probó sus nefastos resultados –ya no digamos en México, pues ha sido implantado en toda América Latina– y algunos países ya han reaccionado y están oponiéndose a estas medidas, siguiendo sus propias políticas. Hay países que son muy grandes y pueden hacerlo y nosotros también, somos un país muy grande, con una gran tradición, con mucho territorio, muchos recursos, con mucha gente. Todo se dice y se hace pensando en el mercado de exportación y en el mercado internacional. ¿Por qué no pensar en el mercado interno? Necesitamos revivir el papel del Estado, pero ahora sí un Estado democrático; todos debemos poner nuestro mejor esfuerzo, enterarnos, leer, convencer, persuadir en todos los círculos que estemos para que este cambio se lleve a cabo“.

“Así lo espero, felicito a Jorge Calderón y Alejandra Tello y a los miembros de este instituto por esta magnífica publicación, así como a los autores participantes. Muchas gracias”.

* Reseña de la presentación del libro “México: hacia una reforma integral del Estado. Propuestas y alternativas”, realizada en las instalaciones del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática el 1 de diciembre de 2005, en la Ciudad de México.

** Producción editorial de la revista Coyuntura.