Una política alternativa para la gestión del agua*

Félix Hernández Gamundi**

 

El agua es uno de los recursos que mantiene relación con todos los sectores de la actividad económica, política y social de cualquier país. Estamos muy acostumbrados a escuchar acerca del carácter estratégico de la energía, y muy poco, hasta tiempos recientes, del carácter estratégico del agua y esto es muy grave. Es un tema muy nuevo sobre la mesa de discusión e incluida recientemente en la rimbombantemente llamada “agenda” nacional; por desgracia, en el sector del agua tenemos problemas que son muy viejos, que se conocen desde hace muchos años, pero que se han atendido poco.

Quiero insistir solamente en el desequilibrio que hay en la disponibilidad de agua en el país. No discutiré el problema de disponibilidad: sobre si es mucha o poca. Yo considero que como país tenemos recursos hídricos suficientes. Para que esto se vuelva una realidad tenemos que resolver dos cosas: primeramente, acostumbrarnos a tratar el agua como un recurso efectivamente estratégico indispensable para la vida, pero también como un recurso que tiene un valor económico.

Nótese el nivel del desequilibrio. Se conocen las dificultades para el abastecimiento de agua en la península de Baja California; sin embargo, esta entidad no es la zona más desprotegida en cuanto a disponibilidad per cápita, esto es, disponibilidad natural media per capita anual.

La zona más desprotegida en el país es la Cuenca del Valle de México, donde se cuenta con una disponibilidad de 182 metros cúbicos per cápita al año, contra 4 mil 800 m3 como disponibilidad media en el país, o mil 336 m3 en el caso de la península. Frente a eso, tenemos situaciones como la de la frontera sur (específicamente la franja fronteriza) que cuenta con cinco veces la disponibilidad media nacional.

Dentro de un panorama general de cómo se usa el agua, el 83 por ciento aproximadamente se destina al sector agrícola; el resto se divide entre el sector industrial y el servicio público urbano, dentro del cual está el consumo doméstico.

Otro problema es el de la contaminación del agua. El sector agrícola genera más del 94 por ciento de la materia orgánica contaminante del agua en toda clase de cuerpos, específicamente, en las zonas de riego.

En las áreas urbanas, la eficiencia con la que empleamos el agua anda entre 30 y 40 por ciento, y es una evaluación más o menos generosa, reconociéndose, además, que en las redes públicas de distribución de agua se pierde un 35 por ciento del total, en promedio. Hay algunas ciudades del país donde las pérdidas son del 28 o 30 por ciento, pero hay lugares donde las pérdidas en la red andan arriba del 60 por ciento, es decir que de cada 100 litros que se extraen de una fuente de cualquier naturaleza: superficial, subterránea, río, lago, laguna o lo que sea, de cada 100 litros que se ponen en la red, 60 se pierden en algunos casos. Hace 10 años se conoció el caso crítico de la ciudad de León que perdía, estoy hablando de 1992 que hicimos un estudio allí, el 72 por ciento del agua que llegaba a la red la ciudad, y había quienes decían y se consolaban: “Bueno, pues está recargándose el acuífero”, lo cual no pasa de ser eso: un consuelo.

En las zonas de riego, el problema es el mismo, la eficiencia en el consumo se sitúa entre el 25 y 35 por ciento del total. ¿A qué se debe esto? La mayor parte de las redes de distribución dentro de los distritos de riego son canales de tierra; entonces, hay pérdida por infiltración y aquí se recurre de nueva cuenta al mismo argumento que, incluso, en las estadísticas se llama recarga inducida, pero esa pérdida tiene que ver con los problemas de costos de producción de los alimentos. Si se le extrae en el lugar mediante un pozo, existe un costo, hay un consumo de energía, cuando la ponemos sobre el canal y se desperdicia estamos tirando la energía, también el dinero y esto eleva los costos de producción. Tampoco se toma en cuenta el problema que estamos generando en las zonas de donde se extrajo el agua, y esa es otra dificultad.

Aunado a eso, tenemos que la mayor parte de nuestros distritos y unidades de riego operan con tecnologías que eran modernas o fueron modernas hace 100 años, es decir, cuando comenzó a desarrollarse masivamente la irrigación en México, allá por los años veinte del siglo pasado. Entonces fue un aporte modernizador muy importante, pero hoy son métodos completamente anticuados.

Este asunto nos lleva a un patrón de abasto y de consumo de agua exagerado, generalizado en todos los sectores de uso. De manera general, en las zonas de riego, si nos decidiéramos a utilizar el agua aprovechando las tecnologías disponibles, podríamos regar 1.6 veces la superficie de riego disponible actualmente en el país; en el caso del agua potable, podríamos atender al doble de la población actualmente atendida, por lo menos. De ese nivel es el desperdicio.

Además, existe un proceso de degradación de los recursos, de sobrexplotación de acuíferos y de contaminación de cuerpos de agua, principalmente. Especial atención requiere el problema de la contaminación. En México no tratamos más del 15 por ciento de las aguas residuales producidas. Esto es un asunto sumamente grave, pues quiere decir que la mayoría de las aguas usadas se regresan a los diferentes cuerpos de agua sin tratamiento, sin saneamiento.

Hay problemas de deforestación, de erosión de los suelos, baja productividad del campo e incapacidad del país para generar fuentes de empleo suficientes para la población. Esto incrementa el grado de presión de la demanda contra la disponibilidad, es decir, que la demanda en el Valle de México es superior a la disponibilidad de agua, y la península de Baja California, junto con el Valle de México, son las dos zonas del país donde hay mayor presión sobre la disponibilidad de agua.

Para atender esta problemática (según datos del gobierno federal), se requieren 2 mil 400 millones de dólares anuales para inversión en el sector durante los próximos 25 años; únicamente para mantener la situación actual, no para mejorar, sólo para que la situación actual no empeore. La cifra puede parecer alta, lo que vale la pena resaltar es que los niveles actuales de inversión pública en el sector equivalen, más o menos, a una tercera parte de la inversión anual promedio de hace 25 o 30 años, o sea, se ha reducido la inversión a una tercera parte, en el mejor de los casos.

Buscando nuevas fuentes de inversión, pues desde la visión gubernamental no hay recursos públicos suficientes, hace un par de años se promovió una nueva Ley de Aguas Nacionales con el propósito de estimular la “inversión privada” y atraer recursos; una nueva ley encaminada a promover la privatización y a suprimir el carácter público del agua como un recurso estratégico.

Supuestamente, se descentraliza la gestión del agua y se crean organismos regionales de cuenca. Los organismos regionales de cuenca fueron el punto de partida de Margaret Thatcher en el Reino Unido para pasar de un organismo de cuenca a órganos regionales y de órganos regionales pasar a empresas regionales, que luego fueron llevadas a la bolsa y que, a partir de ahí, fueron privatizadas. De ahí salieron 13 grandes empresas transnacionales con origen en el Reino Unido, cada una correspondiente a una cuenca del Reino Unido y que son las firmas que hoy acechan al mundo entero. En México y en América Latina las tenemos, la más grande de ellas se llama Thames Water.

Esta empresa atiende a la ciudad de Londres y toda su área conurbada; lo que antes fue la organización regional del Thames River, es, actualmente, como si fuera la empresa o el organismo regional que atendiera el Valle de México, es decir, la zona más poblada del Reino Unido. Cuando fue convertida en una empresa privada fue comprada la empresa RWE-Energy, una transnacional alemana, y este es el punto.

Para el caso de Inglaterra significó la pérdida absoluta de soberanía sobre el control de las aguas de su región más importante (Londres y zona conurbada). El abastecimiento de agua es ahora propiedad de una empresa alemana, y en los títulos de concesión se reconoce a estas empresas como dueñas no sólo del servicio y la infraestructura para el agua, sino dueñas de las fuentes, eso quiere decir que son dueñas del acuífero, del río, del lago.

En Chile se ha seguido también el esquema inglés, concesionando primero el servicio municipal. Después, dijeron que no se podría lograr un manejo integral si la concesión no incluía la fuente y entonces le agregaron el río. Con el mismo argumento de integralidad, ahora le están agregando la zona de mar donde descarga el río correspondiente, es decir, que la concesionaria chilena de Thames Water ha ido de menos a más. Hoy, ellos determinan lo que se hace en la zona marítima de la desembocadura del Bio bio y de cada uno de los ríos de Chile.

Este es el enfoque general de la Ley del Aguas aunque nos lo aderezan con una idea que llaman “la  nueva cultura del agua”. En los términos de la nueva Ley de Aguas Nacionales esta idea de la nueva cultura del agua lo único que persigue es promover un hábito de pago, lo cual no es malo; el problema es que a eso se restrinja la nueva cultura del agua cuando tendría que implicar el tratamiento y todo lo anterior.

Como una propuesta alternativa, debe discutirse, la recuperación del carácter público del agua, devolver la propiedad del agua a la sociedad, a la nación.

Dentro del sector primario tenemos seis y medio millones de hectáreas de riego en el país, de las cuales, en realidad, se riegan tres millones; hay tres y medio millones que no se están regando, cuya infraestructura no está aprovechándose, y es aquí donde la nueva ley abre la posibilidad de que se privaticen las fuentes de agua.

El Reglamento de la Ley Nacional de Aguas considera la creción de los llamados Bancos de Agua, donde se podrán comercializar derechos de agua. Un distrito de riego funciona a partir de una concesión que se traduce en derechos para extraer agua; ahora podrá venderse en un Banco de Agua y cualquiera podrá comprar esos derechos.

En mi opinión, esa es la vía para restituir un latifundismo de nuevo tipo, donde la tierra no es lo que importa, sino el agua. Hasta antes de la reforma de 1992 de Carlos Salinas a la Ley Agraria, la propiedad del agua estaba vinculada con la propiedad de la tierra en el caso del campo; la reforma los separó y esta nueva Ley de Aguas Nacionales posibilita que ahora el agua se ponga en el mercado.

Lo absurdo es que con los niveles de inversión que propone el gobierno de riego del país para los próximos 25 años, se requerirían 59 años para rehabilitar seis millones de hectáreas que existen hoy en el país.

Una propuesta política de izquierda tiene que promover una reforma integral del campo, modificar las actuales estructuras de propiedad, de producción y considerar esquemas colectivos de explotación de la tierra –pues no hay otra manera de resolver los rezagos existentes– y vincularlos con procesos de desarrollo agroindustrial que integren toda la línea de producción y de comercialización en el campo. Habría que hablar en detalle y esto es posible.

Hay que recuperar mucho de la experiencia ancestral y modernizarla, usarla como plataforma de lanzamiento, y eso tiene que ver con la recuperación de las zonas forestales y la protección de las llamadas zonas de conservación, que son las áreas de captación de agua y recarga de los acuíferos.

En las ciudades debe conservarse el carácter público de los organismos municipales de agua, que tienen que ser tratados como empresas paramunicipales donde sea posible promover formas de cooperativismo autosustentable. Lo fundamental es fortalecer al municipio, que es la unidad donde puede darse de mejor manera la defensa del agua.

Finalmente, estas propuestas deben conducirnos a un nuevo marco jurídico e institucional, conservando cuatro principios básicos:

1. El agua es un bien social indispensable para la vida, además de un bien económico de propiedad pública.

2. Impulsar la gestión integral de los recursos naturales: agua, suelo y bosques.

3. Asegurar la sustentabilidad.

4. Garantizar la potestad social sobre la gestión del agua.

Considero que una propuesta de esta naturaleza tendría que permitir salvar al sector de manera integral; aunque pienso que la aplicación de una política así es posible solamente desde la izquierda. Los esquemas que hoy vemos son el resultado de muchos años de una política equivocada. Muchos capitanes de la empresa que hoy nos vienen con soluciones mágicas son los que nos han llevado a la situación que hoy estamos padeciendo, por tanto, no tenemos por qué creerles.

 

* Ponencia presentada en el foro temático: “Medio ambiente”, realizado el 15 de octubre de 2005, en La Paz, BCS, organizado por la Comisión para Elaborar la Plataforma Electoral 2006 del PRD.

** Director Ejecutivo de la Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales, A. C.