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Presupuesto
2006: última oportunidad del foxismo Cutberto Ledezma
Chávez* Si bien el Presupuesto para 2006
no es el último que instrumenta la actual administración panista,
es evidente que la propuesta de gasto para 2007 –que presentará el ejecutivo
federal– deberá contener algunas de las orientaciones de quien resulte
vencedor en los comicios presidenciales de julio próximo; por consiguiente
debe considerarse el actual presupuesto como el último esfuerzo del gobierno
del “cambio” que no supo, no quiso o no pudo utilizar el más importante
instrumento de gasto para imprimirle dinamismo a la economía y resolver
los acuciantes problemas sociales que deberían haberse atendido. El Presupuesto de Egresos es uno
de los documentos jurídicos más importantes para la vida económica del
país. A través de él se asignan recursos para los programas y proyectos
de los poderes de la federación, de los estados y de los municipios. Los
recursos que se ejercen representan poco más de una quinta parte del Producto
Interno Bruto del país; por tanto, el cómo, cuándo y dónde se ejerce el
presupuesto reviste gran trascendencia. El no haber tenido la capacidad
política para haber consensuado una verdadera reforma integral de la hacienda
pública, tuvo por consecuencia que persista la baja recaudación tributaria,
impidiendo alcanzar los niveles adecuados de gasto para cubrir las necesidades
de la población y de la inversión en infraestructura, por lo cual, para
el ejercicio fiscal de 2006, el presupuesto será como todos los del gobierno
foxista, nuevamente austero. No obstante el carácter restrictivo
del proyecto, la Cámara de Diputados consideró que el presupuesto debería
enfocarse fundamentalmente a impactar en tres grandes temas: La creación de infraestructura productiva. El país requiere de obra pública que mejore las
condiciones de vida de la población, carreteras que comuniquen poblaciones;
más y mejores escuelas que permitan elevar el nivel educativo de los niños
y jóvenes; hospitales equipados, así como la creación de infraestructura
hidráulica y energética, entre otras. La canalización de recursos al desarrollo social. Como función esencial del Estado
mexicano y en cumplimiento del mandato constitucional corresponde al gobierno
federal para diseñar políticas públicas eficientes la distribución de
la riqueza nacional, enfocándose en combatir no solo la pobreza extrema
y la marginación, sino las causas que la originan. El fortalecimiento de las entidades federativas. El Sistema de distribución de
competencias fiscales en nuestro país, todavía obedece a una estructura
centralista que monopoliza las principales fuentes de recaudación en el
gobierno federal. Si bien es cierto, en los últimos años se han hecho
esfuerzos importantes de descentralización, éstos continúan siendo insuficientes,
por lo cual la canalización de recursos a través del Presupuesto de Egresos
se convierte en la herramienta principal del federalismo hacendario.
Su fortalecimiento, pensamos, tendrá que surgir de los acuerdos tomados
en una necesaria Segunda Convención Nacional Hacendaria. El Congreso de la Unión realizó
cambios al proyecto de Ley de Ingresos que envió el presidente Fox, incrementando el
monto de los ingresos a recaudar en 92 mil 300 millones de pesos, al pasar
de un billón 881 mil 200.4 millones de pesos a un billón 973 mil 500;
entre los cambios realizados destaca la estimación del precio del barril
de petróleo que pasó de 31.5 a 36.5 dólares y de otros ingresos tributarios. La Cámara de Diputados aprobó –la
madrugada del 16 de noviembre de 2005– una cifra de Gasto Neto Total de
1,973,500,000,000
de pesos que correspondían con los ingresos aprobados; sin embargo,
en el Diario Oficial de la Federación (22 de
diciembre), el ejecutivo federal publicó el Decreto de Presupuesto de
Egresos para el año 2006 por el equivalente a un Gasto Neto Total de 2,000,072,400,000
de pesos. Derivado de la discusión y análisis
de la propuesta presentada por el ejecutivo, la Cámara de Diputados aprobó
“reasignaciones de gasto por más de 89 mil millones de pesos”. Entre los principales cambios al
proyecto de decreto se encuentran: el diseño de un artículo específico
con el objeto de atravesar el Decreto y crear candados que permitan un
efectivo control parlamentario del uso y aplicación de los recursos. En
dicho artículo se prohíbe que las dependencias y entidades se identifiquen
en el ejercicio de sus funciones con los partidos políticos o candidatos
y que los apoyen con recursos públicos federales. Se modificaron diversos artículos
con objeto de transparentar los padrones de beneficiarios de los programas
sociales; de obligar a la Secretaría de Hacienda a que tome en consideración
la opinión de las entidades federativas para el diseño de las reglas de
operación de los programas sociales y los criterios oficiales para la
distribución de los subsidios. Por otro lado, se impone la obligación
de las dependencias y entidades de la administración pública de informar
lo referente a donativos, subsidios, cancelaciones, modificaciones, cambios
de partida, y todo lo relacionado con la aplicación de los programas sociales. Una de las modificaciones más significativas
al proyecto de presupuesto introdujo obligaciones a cargo de las dependencias
y entidades gestoras de programas financiados con recursos públicos federales,
para presentar periódicamente informes a las comisiones de la Cámara y
a la Auditoría Superior de la Federación sobre
el cumplimiento de los objetivos de sus programas y sobre las erogaciones
realizadas. Se introdujo la obligación de reasignar
el monto total de las sanciones económicas que aplique el IFE a los partidos
al gasto en ciencia y tecnología (Ramo 38). En segundo lugar, se especificó
expresamente que el objeto de reasignación serán las sanciones que se
paguen o descuenten durante 2006, independientemente de que hubiera sido
impuesta por una resolución aprobada en ejercicios anteriores. Se suprime la posibilidad de que
los poderes legislativo y judicial, organismos públicos federales, dependencias
y entidades autoricen la celebración de contratos multianuales
de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios. Para el presente ejercicio fiscal,
se establece como meta el equilibrio público presupuestario. El ejecutivo
federal podrá no sujetarse a lo anterior como consecuencia de una emergencia
de carácter nacional, tal como un desastre natural, informando de ello
a la Cámara, y sujetándose al monto de endeudamiento neto aprobado en
la Ley de Ingresos de la Federación. El gasto se distribuye en tres grandes
ramos, sujetos a control presupuestario directo: Ramos autónomos. Para los Poderes Legislativo y Judicial, así como para los organismos públicos
autónomos, el monto de gasto programable
aprobado fue de 42 mil 938 milones 768,715 pesos,
menor a la propuesta del ejecutivo en 7 mil 153.2 millones de pesos,
afectando al Poder Legislativo con 850 millones de pesos. La Cámara de
Senadores resintió la mayor rebaja por 727 millones de pesos; el Poder
Judicial que disminuyó en 5 mil 152 millones, y parte correspondió al
Consejo de la Judicatura Federal por 4 mil 403 millones de pesos; finalmente,
el IFE vio mermado su presupuesto en mil 29 millones de pesos. Ramos administrativos. En los ramos correspondientes a la Presidencia de la República; a la Procuraduría
General de la República; a los tribunales administrativos, así como al
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se aprobó un monto de gasto
programable por 460 mil 598 millones 214,658 pesos y es superior en 53
mil millones de pesos a la propuesta del ejecutivo, siendo los ramos beneficiados
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por 13
mil 541.4 millones de pesos; Comunicaciones y Transportes por 13 mil 560
millones; Educación Pública por 12 mil 102 millones; Salud por 3 mil 237
millones; Reforma Agraria por mil 566.8 millones; Medio Ambiente y Recursos
Naturales por 4 mil 335 millones; Seguridad Pública por 513 millones y
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por 980 millones de pesos. Ramos generales. Para los ramos que no corresponden al gasto directo de las dependencias,
aunque su ejercicio esté a cargo de éstas; el
monto total aprobado de gasto programable y no programable alcanzó la
cifra de 1,032,831,514,096 pesos y es superior en 14.8 mil millones de
pesos a la propuesta del ejecutivo, siendo los ramos beneficiados,
Provisiones Salariales y Económicas por 4 mil 750 millones; Previsiones
y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal y Tecnológica
por 4 mil 322 millones; Aportaciones para las Entidades Federativas y
Municipios por 3 mil 66 millones; y la reasignación de 22 mil 500 millones
al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas,
que había omitido el ejecutivo federal y que la Cámara por tercera ocasión
incorpora. Dentro del gasto no programable
en Ramos Generales, encontramos un incremento en las Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios por 7 mil 938.1 millones, una disminución
de mil 500 millones en el monto canalizado al pago de intereses de la
deuda pública, para quedar en 182 mil 042.6 millones y una disminución
en el monto de los Adefas por mil 632.2 millones
para quedar en 13 mil 876.8 millones de pesos. Entidades sujetas a control presupuestario directo. Bajo este concepto quedan incluidos
el ISSSTE, IMSS, CFE, PEMEX y Luz y Fuerza del Centro. El monto aprobado alcanzó la cifra de 637,634,788,286 pesos y es superior en 32.3 mil millones de pesos
a la propuesta del ejecutivo. El Gasto Programable se situó en la
cifra de 594 mil 882 millones 34 pesos y el Gasto No Programable en 42
mil 751 millones de pesos. Las empresas beneficiadas con el
incremento de gasto fueron la Comisión Federal de Electricidad con 6 mil
104.7 millones y el Instituto Mexicano del Seguro Social con 26 mil millones
según el Decreto de Presupuesto publicado en el Diario Oficial; esta ampliación
ha resultado en una controversia que no ha sido explicada del todo razonablemente
ante la opinión pública. Reflexiones finales El presupuesto de 2006 representa
el epílogo de la administración foxista, aunque
no es sino la continuación de las políticas de estabilización que emprendieron
las cuatro últimas administraciones federales, basadas en la premisa del
Estado mínimo, del laisseiz faire, laisseiz passer. Este paradigma fondomonetarista
en vez de la preocupación por el empleo y desarrollo nacional, hace la
apología del crecimiento hacia fuera, colocando como virtudes supremas
la eficiencia y la competitividad, y el papel protagónico del mercado,
como una suerte de panacea para la solución de todos los males pasados
y presentes que nos aquejan como país. En nuestro caso, a través de diferentes
formas y métodos los gobiernos mexicanos (a partir de los años ochenta
del siglo pasado) adoptaron las tesis del neoliberalismo concentrándose
en el combate a la inflación, el equilibrio presupuestal, tipo de cambio
flexible y ser consistente con los objetivos macroeconómicos, descartar
el proteccionismo y sustituirlo por la plena apertura al intercambio internacional,
así como la desregulación de la economía como vía de promover la competencia. El principal problema de la política
económica actual ha sido la falta de crecimiento de la economía: en dos
decenios, de 1983 a 2003, el crecimiento del PIB promedio anual fue de
2.2 por ciento, pero si consideramos el aumento de la población, el producto
per cápita creció en apenas 0.3 por ciento, es decir, la política
económica aplicada en los últimos veinte años no ha mejorado la distribución
del ingreso ni ha contribuido al progreso del país. En el contexto del posible arribo
de un gobierno democrático y progresista, la nueva política económica,
si bien procurará controlar la inflación y el déficit presupuestal, deberá
impulsar el crecimiento y la generación de empleo, conteniendo el pesimismo
en la inversión productiva, debido a continuidad en la aplicación de políticas
de estabilización. Para ello será necesario ser mucho más prudentes con
la aplicación de la política fiscal como instrumento de ajuste; en particular,
cualquier reducción del déficit fiscal debe hacerse con la reducción del
gasto corriente y no de la inversión pública como ha ocurrido con los
cuatro últimos presupuestos federales. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2006
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