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El agua:
recurso estratégico* Adolfo Castillo Mendívil** El agua es siempre susceptible al
dominio de la política. Ocurre que no se le da su justo valor a los problemas
de acceso a ésta ni a cuidar su cantidad y calidad, lo que provoca que
su valor poco a poco vaya siendo más elevado, hasta convertirse en un
recurso estratégico para el desarrollo; igual o más que el petróleo y
otros recursos no renovables. A medida que se incrementa la población,
aumenta el consumo del agua dulce y se degrada su calidad. Afirman los
estudiosos, que para el año 2015 un tercio de la población mundial no
tendrá agua potable. Describiendo de manera resumida
el ciclo hidrológico, se dice que éste no tiene principio ni fin; sin
embargo, comienza en los océanos, que como lo aprendimos desde la primaria,
cubren las dos terceras partes de la Tierra. La evaporación del agua de
los océanos, propiciada principalmente por los rayos solares, se eleva
para formar las nubes; estas se condensan y el agua vuelve a caer en forma
de lluvia, nieve o granizo. Una parte de la que cae se evapora en el suelo
y las plantas, otra escurre por la superficie formando los ríos y otra
penetra en el suelo formando los almacenamientos subterráneos que conocemos
como acuíferos. De esta forma, el agua va desde
los océanos a la atmósfera y luego regresa a los mares ya sea por la superficie
o por debajo del suelo y, así, pareciera que se trata de un recurso renovable, pero cuando en alguna región no se cuenta con la
disponibilidad suficiente para la vida, el agua debe considerarse como
un recurso no renovable. Se pudiera pensar que es uno de
los recursos más abundantes de la Tierra; sin embargo, apenas un 3 por
ciento del total existente en el mundo es agua dulce y, de ésta, un 2
por ciento se encuentra en los casquetes polares
en forma de hielo, por lo que únicamente el 1 por ciento del agua del
planeta puede ser aprovechada para satisfacer las necesidades de la humanidad,
encontrándose en su mayor parte en el subsuelo y en cantidades menores
en lagos, ríos y otros cuerpos de aguas superficiales. El agua es un derecho humano y social
básico. A quien no cuente con 80 litros diarios mínimos de agua, se le
esta vulnerando el derecho a la vida; cuando esto sucede, generalmente,
su principal causa es la escasez y el alto costo para su accesibilidad.
Cada día es mayor la marginalidad humana ante este recurso. Es difícil establecer generalizaciones
acerca del agua, pero sabemos que es un recurso estratégico de supervivencia,
de industrialización, desarrollo económico y social, seguridad alimentaría,
paz, materia prima y recurso turístico. El agua está vinculada con la pobreza: 45 millones de personas en latinoamérica no tienen agua potable; con el cambio climático: efecto invernadero, deshielo
y avance del agua salada tierra adentro; con la seguridad: conflictos de todo tipo, incluyendo los bélicos, se van
a dar por el control de las fuentes, el agua como instrumento militar,
como instrumento político, como instrumento del terrorismo y como instrumento
de desarrollo. En Baja California Sur, uno de los
estados del país con menos disponibilidad de agua dulce, más del 90 por
ciento del total disponible para todos los usos es de origen subterráneo
y un bajo porcentaje se encuentra de manera superficial. Los acuíferos principales de Baja
California Sur se encuentran sobrexplotados,
con las consecuentes repercusiones en la degradación de su calidad y,
lo que es mas preocupante, el agotamiento de los mantos acuíferos, de
tal manera que en las principales ciudades y polos de desarrollo de la
entidad, el crecimiento poblacional ha sido tal que ya no se cuenta con
agua suficiente para satisfacer la necesidades de sus habitantes; tal
es el caso de Los Cabos y la Paz, donde el agua de sus mantos acuíferos
se utiliza mayormente en el uso público urbano y Santo Domingo, Los Planes,
Vizcaíno y Mulegé, donde el agua se utiliza
mayormente en la actividad agrícola. A este escenario de insuficiente
disponibilidad de agua, se agrega también la zona de Todos Santos, Santa
Rosalía, El Carrizal y otros. Esta condición de baja disponibilidad
que desde hace algún tiempo viene presentándose en Baja California Sur
es causa de factores tales como el fuerte crecimiento poblacional, aunado
a la falta de cuidado y buen uso del agua. En similares condiciones de escasez
se encuentran gran parte de los estados de la República Mexicana, principalmente
los del norte, donde las lluvias son de menor cuantía y donde habita un
alto porcentaje de la población del país, por lo que en ellos, la falta
de agua para el abastecimiento poblacional y todos los demás usos es más
acentuada. Esa poca disponibilidad se ve también en algunas regiones del
centro del país, como en el Distrito Federal, a pesar de tener un mejor
régimen de lluvias que en la parte norte del país. La actividad agrícola es la más
alta consumidora de agua en nuestro país, pero es también la menos productiva
por metro cúbico de agua consumido. En algunas regiones de México, esta
actividad del sector primario, continúa practicándose casi por tradición
o porque sencillamente no hay o no se han creado las condiciones propicias
para que se desarrollen otras actividades que produzcan más con relación
al agua consumida, como lo son: el turismo, la pesca, la ganadería intensiva,
la propia agricultura, pero altamente tecnificada, entre otras. En México, el agua dulce es un bien
nacional y debe ser protegida a través de un marco jurídico adecuado.
La legislación sobre el agua resulta ser primordial para ayudar a resolver
la problemática de nuestro país; sin embargo, la actual en parte no se
apega a la realidad que vive el pueblo mexicano como usuario ni a la realidad
de la institución encargada de administrar las aguas nacionales; por ejemplo:
la Ley de Aguas Nacionales vigente, en su artículo 119 fracción VII, califica
como falta el hecho de no instalar, no conservar, no reparar o no sustituir,
los dispositivos necesarios para el registro o medición de la cantidad
y calidad de las aguas y, en su artículo 120, establece que por esta falta
el usuario deberá cubrir una sanción que va de 5 mil a 20 mil salarios
mínimos. Dicho de otra manera. El usuario
que no cuente con un medidor en su toma de agua sería sancionado actualmente
con una multa que va de los 210 mil a 840 mil pesos, aproximadamente.
Esto es algo exagerado si consideramos que una gran parte de los usuarios,
sobre todo, los pozos agrícolas y de abrevadero, no cuentan con su aparato
de medición. De lo anterior, surgen dos cuestiones: ¿A quién y a cuántos de los usuarios
se les va aplicar esta sanción y que capacidad tiene la institución, autoridad
en el agua, ya sea de personal suficiente y capacitado o ya sea de recursos
presupuestales, para iniciar todos los procedimientos
legales que culminen en el pago de estas multas? ¿Cuántos de los usuarios
a los que se les apliquen multas podrán pagar tan altas cantidades de
pesos, sin que se provoque un problema de tipo social? Pareciera entonces
que saldría más caro el remedio que la enfermedad. Este ejemplo que podríamos llamar
una incongruencia o laguna en la legislación vigente sobre las aguas nacionales,
hace que la ley en algunos de sus artículos sea letra muerta, porque las
disposiciones ahí están escritas y bien establecidas, pero o se aplican
así como están, bajo la premisa de que pueda provocarse un problema social
o de plano, deben estudiarse más y modificarse bajo un análisis realista,
sin que el resultado deje de ser lo razonablemente enérgico para hacer
cumplir la ley. Por otra parte, una importante fuente
alterna de abastecimiento lo constituyen las aguas residuales, debidamente
tratadas, evitando causar problemas de insalubridad y contaminación de
otros cuerpos de aguas claras. No obstante, en México se da tratamiento
a un muy bajo porcentaje de las aguas residuales generadas por todos los
centros de población, por lo que la mayor parte de estas no es aprovechable
y generalmente se descargan y contaminan cuencas de ríos o el entorno
marino. La discusión profunda del tema debe
considerar las siguientes propuestas: 1. Cambio de uso del agua hacia
las actividades más productivas y para el uso público urbano. 2. Análisis de la legislación sobre
el agua para hacerla congruente con la realidad de los usuarios y de las
instituciones. 3. Reforzamiento razonado de las
instituciones gubernamentales responsables de la administración y suministro
del agua. 4. Tratamiento de todas las aguas
residuales que se generen para, sin contaminar, usarlas en el riego agrícola,
riego de campos de golf y de áreas verdes. 5. Uso eficiente del agua en todas
las actividades productivas. 6. Reducción, y hasta llegar a eliminar,
las fugas en sistemas de abastecimiento poblacional. 7. Establecer una efectiva cultura
del agua empezando desde los niveles de preescolar, para que se use de
manera racional. 8. Desalinización de aguas marinas,
principalmente para la actividad turística. Las soluciones a la problemática
del agua van siendo cada vez más complicadas y costosas y deben estudiarse
para imponerse de acuerdo a las condiciones particulares de cada región
de México. Mucho se dice que el agua es vida, pero también hay que decir
que el agua es muerte, cuando se contamina, cuando inunda, cuando arrasa
y, muy especialmente, cuando falta. * Ponencia
presentada en el foro temático: “Medio ambiente”, realizado el 15 de octubre
de 2005, en La Paz, BCS, organizado por la Comisión para Elaborar la Plataforma
Electoral 2006 del PRD. ** Consultor independiente
en diseño, gestión e ingeniería en materia de aguas nacionales. |