Los retos de la izquierda mexicana (una mirada heterodoxa e irreverente)

Manuel Canto Chac*

Introducción

Nunca como ahora, un partido reconocido como de izquierda está en condiciones de acceder al gobierno federal. Si bien, en ocasiones anteriores, para muchas personas esta posibilidad era real, bastaba con mirar las encuestas para reconocer que eso se trataba más de un buen deseo que de una realidad. Hoy las cosas son distintas y esto plantea retos adicionales.

La mayoría de los candidatos de izquierda en AL que tienen posibilidades reales de ganar las elecciones sienten la necesidad de ofrecer garantías –antes que a sus simpatizantes porque ya los tienen seguros– a sus adversarios, en primer lugar a los empresarios y, a través de ellos, a Estados Unidos, de que en la economía las cosas no variarán significativamente; que se procurará por los pobres, pero sin alterar las condiciones fundamentales de la economía. En ello, López Obrador no ha sido la excepción, aun antes de ser candidato ya ofreció garantías a los empresarios; para un amplio sector de la izquierda esto se ha vuelto –antes que una decepción– en una preocupación, y se preguntan: ¿cómo mover a López Obrador del centro en el que él pretende ubicar a la izquierda? Es cierto que una presión muy fuerte hacia posiciones de izquierda pueda ser la mejor ayuda para los adversarios de derecha, pero es cierto también que una débil presión hacia los compromisos sociales, pretendiendo con ello no desestabilizar al aliado, ha sido en muchos países la mejor garantía para que la población termine decepcionándose de un gobierno de izquierda y le abra el paso por la vía electoral a los populismos conservadores (como el de Fujimori en Perú o como la derecha europea). La experiencia internacional nos dice –y eso desde hace bastantes decenios– que un gobierno de izquierda puede aplicar un programa neoliberal. Tampoco se trata de esperar a que una vez triunfante el candidato de izquierda se le presione para que cumpla lo que no prometió; quienes sostengan tal cosa no tendrían autoridad moral para criticar a quien prometió el cambio y no cumplió. En una democracia se trata de convencer a todos de la importancia de lo que se va a hacer y el reto para la izquierda democrática es cómo proponer cambios reales para la redistribución del poder y de la riqueza, convenciendo de ello a los sectores mayoritarios de la sociedad, con el fin de que se pueda contar con su apoyo para vencer las resistencias que necesariamente surgirán. Sabemos que, de continuar las tendencias actuales, ningún partido que gane el ejecutivo tendrá la mayoría del Congreso, por lo que la interacción gobierno-sociedad será clave para la eficacia gubernamental en la satisfacción de la demanda social. La pregunta es ¿cómo hacer una propuesta viable de gobierno desde la izquierda?

Para responder a esto reflexionaré sobre tres asuntos: 1) qué significa hoy ser de izquierda en la vida pública; 2) qué puede hacerse con y desde el gobierno para avanzar un programa de izquierda; 3) cuál es el tipo de partido que reclamaría la construcción de un proyecto viable de izquierda.

¿Qué es ser de izquierda hoy?

Esta pregunta se reactualiza en medio de muchas paradojas, López Obrador promete un gobierno de centro. Cárdenas lo critica por no ser de izquierda; Marcos también, pero por ser neoliberal; el PRD dice que AMLO sí es de izquierda; por supuesto que un asunto muy práctico será de cara a la opinión pública aclarar: ¿qué es ser de izquierda hoy?, ¿qué importancia puede esto tener para la vida pública?

La izquierda histórica, surgida en el siglo XIX, tuvo como sus adversarios al Estado y al mercado, a quienes aspiraba a destruir y sustituir, la izquierda del siglo XXI no aspira más a destruirlos, sino a construir un nuevo arreglo entre Estado, mercado y sociedad. La izquierda del siglo XX se aproximó y detentó el poder y, para ello, tuvo que reconocer la existencia de Estado y mercado, modificando a unos y a otros. Como herencia de estas experiencias de poder quedaron los llamados Estados de bienestar y también las visiones estatistas que para cada nuevo problema tenían una misma respuesta: un nuevo organismo de gobierno; estas visiones parece que ya casi nada tienen para oponer a la corriente neoliberal predominante que, de manera similar, ante cada nuevo problema tiene una misma respuesta: desaparecer un organismo de gobierno.

Para algunos, como Anthony Guiddens, la identidad de la izquierda reside en su apego a la solución de los problemas públicos a través del Estado. Hoy, y en estas regiones nuestras, estos supuestos de la izquierda socialdemócrata ya no existen; su centro estratégico: el Estado nación, se encuentra cercado, por arriba, por la globalización y por las demandas de las localidades y las regiones de participación –por abajo–. Tendríamos que preguntarnos, entonces: qué es lo que sí se puede hacer con el Estado?

Un cambio irreversible es que la izquierda ya no puede reclamar una unidad ideológica desde la cual fundamentar su programa de gobierno. No obstante, parece que tampoco ha sabido aprovechar las ventajas comparativas que tiene para incorporar como fundamento de sus propuestas los pactos internacionales en materia de derechos humanos, es decir, una visión de derechos humanos internacional, incorporada en la legislación mexicana, con instrumentos claros para su exigibilidad y su justiciabilidad, que puedan ser la base fundamental de consensos para una propuesta programática, sustentada ya no en lo ideológico, sino los pactos suscritos por los propios Estados, de otra manera: se trataría de obligar a los Estados a cumplir aquello con lo que se comprometieron.

Un programa así fundamentado supondría una propuesta básica de redistribución del poder político y de los recursos económicos de las élites –tanto las económicas como las políticas– hacia la sociedad, propuesta que surja de las experiencias de varias izquierdas sociales, en particular las latinoamericanas, en la que el Estado ya no fuera el centro pero que siguiera jugando múltiples funciones, cuál es el tipo de Estado que se requeriría?

Las políticas redistributivas y el Estado

Son diversos los retos que tendría que enfrentar un Estado que se proponga realizar políticas redistributivas, entre los principales parecen estar:

i) reforma fiscal profunda (no como incremento de impuestos a las mayorías, sino como habilitación del Estado para ser promotor del desarrollo, teniendo en cuenta los límites internacionales a la imposición de las utilidades);

ii) descentralización de funciones, responsabilidades y recursos hacia los distintos órdenes de gobierno (incrementando, con ello, su identidad como gobierno e incrementado la eficiencia, aunque, ciertamente, con el riesgo de reforzamiento de las oligarquías locales);

iii) adecuación de funciones y relaciones entre los poderes del gobierno, dado que el supuesto de su equilibrio –el presidencialismo– está roto y no es previsible ni deseable que se restablezca.

Por lo anterior, se ha planteado que se requiere de una reforma a fondo del Estado, es cierto, algunos otros dicen que más bien se requiere de una nueva Constitución, aún más cierto, pero el problema es: ¿cómo se alcanzan ambas cosas? Una nueva Constitución plantea el asunto de quién la hace, si en las actuales circunstancias en las que a los diferentes grupos parlamentarios les resulta difícil ponerse de acuerdo hasta en el presupuesto, ¿cómo podrían ponerse de acuerdo sobre una nueva constitución?, ¿cómo formar el Constituyente?, sin esperar que de su inspiración surja como regalo un nuevo país. Hay dos casos que podrían servirnos como referencia: Colombia y Brasil, como sabemos ambos renovaron sus constituciones; en Colombia, a juicio de conocedores del tema, hubo un diseño constitucional formidable, el único problema es que su Estado no funciona. En Brasil, teniendo como uno de los supuestos fundamentales la participación ciudadana y sentado sobre una sociedad organizada y participativa, el texto constitucional ha permitido continuar con la transición.

Frente a lo anterior, pareciera que reformas incrementales fueran más sensatas –pero con horizonte de cambio constitucional– si fuera cierto lo anterior el asunto sería: cómo empezar? En la actualidad es muy estrecho el margen de maniobra que tienen los diversos órdenes de gobierno, dada la globalización expresada, por un lado, por los organismos de regulación financiera y, por otro, por requerimientos gerenciales como el ISO 9000, el margen de maniobra se ve seriamente reducido; la creatividad para ensanchar los márgenes pasa, entre otros, por la promoción de la participación ciudadana. Analistas brasileños encuentran como clave explicativa que, pese al desencanto por las políticas de gobierno de Lula, los actores sociales no hayan roto aún su alianza en el involucramiento que estos tienen en los espacios públicos de decisión.

En los lugares en donde se ha generado participación, las ventajas de la izquierda han sido evidentes (Cataluña); no obstante, que la derecha también la asuma como mecanismo de gestión pública; cuando la izquierda gobierna la relación se puede profundizar. En México, el PRD tiene experiencia, ha sido el partido al que varios movimientos locales han acudido para la obtención del gobierno local, aunque está pendiente que reconozca su propia experiencia.

No se crea que pensar la participación ciudadana es para darle gusto a las organizaciones no gubernamentales, sino para cambiar la concepción misma del Estado. Si la globalización ha cuestionado la soberanía, la participación fuerza a pensarla de otra manera: difusa entre los diversos actores de la sociedad, en consecuencia, el Estado ya no puede pensarse como el centro de mandos decisorios, sino como un Estado que gobierna en red, articulando a múltiples actores, como un Estado promotor, como un Estado catalizador de iniciativas sociales.

Entonces, lo que se requeriría sería una reforma del Estado para la participación, con el fin de alcanzar una nueva Constitución, pero con una base social que, al hacerla suya, otorgue sustento político al ordenamiento jurídico.

Qué partido se requiere para iniciar estas reformas?

No un partido que piense que hasta que llegue al gobierno hará cambios, sino que los geste desde antes, que asuma la idea gramsciana de tener la capacidad de dirigir a la sociedad antes de tomar el poder. No un partido que piense que permanecerá toda la vida en el gobierno, sino que asuma la democracia, en eso consiste hoy una izquierda democrática: que gobierne aún desde la oposición y que gobierne sabiéndose de paso en el poder. No un partido que se conforme con obtener puestos públicos aunque no cambie las políticas, sino que aún desde la oposición influya en el cambio de las políticas públicas, ¿puede el PRD ser ese partido?

No se puede desconocer el asunto de las corrientes del PRD; la dificultad para ponerse de acuerdo es tal que sólo alguien que las someta a todas puede generar la precaria unidad que hoy parece tener este partido y que en momentos similares ha tenido. Nos equivocaríamos si viéramos en lo anterior sólo un asunto coyuntural o algo privativo del PRD, se trata de un asunto tanto de historia como de época; señalarlo, por supuesto, no resuelve el asunto pero sí ayuda a replantearlo.

El PRD surgió de sucesivas fusiones de organizaciones políticas de izquierda que finalmente se fusionaron con la disidencia del PRI; cada nueva fusión significó un crecimiento en fuerza política, pero también un aplazamiento de las discusiones de los asuntos de fondo; bajo la consigna de que "hay que discutir lo que nos une y no lo que nos divide"; paulatinamente, la búsqueda de los puestos públicos se convirtió en el vínculo principal y la ideología quedó reducida a una retórica en la que palabras iguales expresan contenidos diversos. Los elementos reguladores de las confrontaciones internas han sido personajes que en función de su peso moral han logrado "arbitrar" entre los distintos grupos, ¿es posible pensar en un ámbito regulador institucional? Sin lugar a dudas que este tendría que ser el de la formulación de un programa sólidamente fundamentado a la vez que suficientemente concreto, que vaya más allá de la suma de deseos, de tal suerte que pueda ser el elemento orientador de las decisiones políticas concretas, en las que se juega la identidad y credibilidad de un partido. De lo contrario, la falta de una institucionalidad adecuada para procesar las aspiraciones diversas asegurará que en vez de consensos se tengan acuerdos negociados y que en vez de corrientes de opinión, en las que se jueguen las diversas estrategias, se tengan grupos de solidaridad para la obtención de cargos, postergándose la atención a problemas medulares tales como: i) la marcada diferencia entre el PRD nacional y el partido local; ii) la falta de armonía entre la capacidad para generar votos y para ejercer las funciones parlamentarias, anteriormente se decía que la izquierda ganaba las discusiones aunque perdía las votaciones, hoy no es infrecuente que se pierdan ambas cosas a la vez; iii) la relación equívoca con las organizaciones sociales, que ve en el diálogo entre éstas y el partido la ocasión de alcanzar posiciones para sus dirigentes, apareciendo el otorgamiento de "posiciones" como el condicionamiento para la actuación conjunta, en vez de la estrategia compartida.

Los diversos sectores de la sociedad requieren verse reflejados en políticas por las cuales puedan no sólo votar, sino también luchar y comprometerse más allá de los ámbitos partidarios. El PRD requiere desarrollar su capacidad de transformar las demandas sociales en propuestas de políticas alternativas, no basta con la sola enunciación del derechos sino se establecen los medios para hacerlo efectivo. Construir políticas alternativas es también, aunque no exclusivamente, un proceso de diálogo con la sociedad, más allá de los usos partidarios. No es válido seguir sosteniendo la afirmación –no sólo maximalista, sino también falsa– de que "la mejor política social es una buena política económica". Se requiere asumir propuestas de políticas sociales más allá de la demanda única de incremento al gasto social; se requiere de políticas sociales que sean a la vez instrumento para la reconstrucción y consolidación del tejido social.

Habría que reconocer que, en la actualidad, hay un desencanto no sólo sobre los partidos políticos, sino sobre la política misma, la transformación de la actual etapa parece imposible sin una recuperación del encantamiento sobre ambos. Ello requiere preguntarnos una y otra vez ¿qué ha pasado con el sentido de la militancia? La segunda mitad del siglo XX vio avanzar en su institucionalización a partidos, sindicatos, organizaciones civiles. Con ello se ganó en profesionalización, en capacidad organizacional, pero se perdió en militancia. Cada vez es menos habitual que el miembro de un partido, de una organización social, de una ONG salga del trabajo y realice, aunque sea por un tiempo mínimo, las tareas de la organización, pero cada vez esto es más necesario para recuperar la confianza en los instrumentos de la política, lo que se logrará cuando el ciudadano común sienta y constate que los tiene al alcance de la mano.

Recuperar el sentido de la militancia es un reto para toda organización, para una organización partidaria de izquierda este reto va acompañado de la urgencia de recrear su discurso para compartirlo con amplios sectores de la sociedad; se requiere reelaborar una estrategia que no se asuma como perenne o infalible, sino justo como producto contingente de la historia; también, se requiere repensar las prácticas con el fin de recuperar la confianza y la esperanza de la sociedad. Se requiere, por supuesto, de un cálculo racional –para nada ingenuo– que ubique el punto de equilibrio entre confianza y número de votos.

Es fundamental abrir los espacios para la discusión pública, no hacerlo llevaría al PRD a refugiarse casi instintivamente en el discurso estatista, con lo que se vuelve particularmente vulnerable al discurso simplista que lo acusa de populismo. Si a ello añadimos que la derecha insiste en refugiarse en la idea de que el remedio para todos los males será el mercado, nos encontramos en un panorama muy poco propicio para los consensos, dado que estos no se forman con lo que todos callamos –o bien ignoramos– sino más bien con lo que afirmamos y, con ello, la viabilidad de un gobierno de izquierda sería aún más precaria. Es preciso llevar la discusión política más allá del asunto de los votos.

No son pocos los sectores de la sociedad que se plantean el asunto de la política como algo más que elecciones, en el espacio de organizaciones civiles en el que participo hemos llegado a la conclusión que en la presente coyuntura los tres ejes fundamentales a ubicar en la discusión pública son: i) reconocimiento de los DHI; ii) reforma del Estado para la participación ciudadana, y iii) políticas públicas redistributivas de poder y de riqueza; esto es lo que he tratado de compartir con ustedes.

* Doctor en Sociología, UNAM. Investigador Nacional SIN-SEP.