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Crímenes de Estado: justicia pendiente Jesús Martín del Campo* En el enjuiciamiento a Luis Echeverría se ha dado un eslabonamiento de vicios que terminaron con el efecto contrario al que se esperaba lograr con la creación de la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp): enjuiciar a quienes cometieron crímenes contra movimientos sociales y políticos del pasado. El Poder Judicial y el Poder Ejecutivo terminaron exonerando a todos los responsables intelectuales y materiales encabezados por Luis Echeverría. La cadena de errores para exonerar a los culpables está desde la lentitud con que trabajó la Femospp, la integración del personal con poca calificación para la magnitud de la tarea y, por otro lado, las inercias dominantes de la Corte, donde todavía pesa el influyentismo y el conservadurismo de sus miembros, donde jueces de consigna con extrema frivolidad absuelven a Echeverría quien, a todas luces, es responsable de la muerte de cientos de estudiantes. El argumento de la magistrada Herlinda Velasco Villavicencio fue que el delito de genocidio no se cumplía, porque los estudiantes no eran un grupo homogéneo, en tanto tenían diversas consignas durante la marcha del 10 de junio. Esto no sólo es un agravio más a las víctimas y a los ofendidos, sino un insulto a la historia y a los mexicanos. La aplicación de justicia es una materia pendiente en México, en relación a los crímenes de Estado. Son una asignatura pendiente y la herida queda abierta. La expectativa generada por el actual gobierno de que por fin se daría un paso decisivo para que no se repitan los crímenes de Estado fue desechada, acumulando un desacierto más de los muchos que ha hecho el actual Poder Ejecutivo. Recientemente, en el libro La familia presidencial. El gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción, de las periodistas Anabel Hernández y Arelí Quintero, se señala que la intervención de la esposa del presidente en asuntos de Estado por aparente encomienda de Fox, la llevó hasta el expresidente. "Hubo dos supuestos encuentros de la señora Marta Sahagún con Luis Echeverría, justo cuando el nuevo gobierno dirimía cómo cumplir su compromiso de castigar a los responsables de la guerra sucia, entre ellos el propio expresidente. El gobierno optó por crear una Fiscalía Especial, órgano casi ornamental. A cambio, el expresidente le ayudó a Fox a afrontar sus primeros problemas con el sector campesino". Al cerrarse las puertas de la justicia en México. Al aliarse el aparato gubernamental con los autores de las masacres, hay negación de justicia. Por ello, las víctimas recurrirán a las instancias internacionales desde las cuales se ha logrado reabrir los procesos de crímenes semejantes (Argentina, Chile, Guatemala, entre otros). Es necesario reiterar que los responsables de que ello suceda son la propia autoridad que no ha sabido darle a los gobernados certeza jurídica. Al ir al ámbito internacional, los denunciantes de las masacres estamos haciendo lo correcto.
* Fundador del Partido de la Revolución Democrática. Denunciante de la masacre del 10 de junio ante la Procuraduría General de la República.
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