No hay futuro sin justicia

La vida política en el México actual se desenvuelve dentro de una amplia pluralidad, pero con una transición democrática inconclusa y escasos avances en la reforma del Estado. El país sufre el impacto de transformaciones originadas por la mundialización y el avance inusitado de la ciencia y la tecnología y, hoy más que nunca, es prioritario construir alternativas socio-políticas más equitativas y humanas que eliminen la herencia del presidencialismo autoritario y garanticen el respeto a los derechos humanos y a las instituciones democráticas.

En el pasado, la ideología del nacionalismo revolucionario, edificada por el partido en el poder sirvió para justificar políticas corporativas y de control social. La figura del presidente de la república centralizó las decisiones y personificó los estilos verticales y excluyentes de conducción de la vida política nacional, lo que, en los hechos, constituyó el aspecto central del sistema de dominación.

Desafiante, el régimen de partido único llevó las cosas al extremo, al diseñar y construir aparatos de control social que simulaban mostrar las discrepancias políticas ante los abusos de poder; sin embargo, esta oposición leal y domesticada sólo sirvió para hacer más evidente que el poder estaba absolutamente centralizado. Esto se constata con los excesos y crímenes cometidos "en nombre del Estado", "en favor de la estabilidad del régimen" o en "la defensa de la nación ante la influencia de ideologías extranjeras".

A lo largo del siglo XX, pero, específicamente, en la segunda posguerra, se manifestaron diversos síntomas de resistencia social ante una autoridad que se negaba a abrir cauces para reconocer al mundo multicultural que había nacido y que daba sus primeros pasos. El descontento se observó en el sindicalismo, en la vida del pueblo, en los barrios, en las organizaciones civiles y religiosas, así como en la expresión disidente frente a múltiples problemas, como el aborto, la sexualidad, los derechos de la mujer, la educación de los niños o la valoración de los ancianos, entre otros tantos. De mil maneras se mostraba el mundo emergente, pero la autoridad no estaba dispuesta a atender las nuevas demandas. No obstante, la noción de democracia emergía y recorría diversos ámbitos de la actividad ciudadana y se extendía hacia espacios sorprendentes.

El movimiento estudiantil de 1968 encabezó simbólicamente una nueva etapa hacia un futuro de esperanza para los más desprotegidos, despertando la conciencia colectiva y promoviendo justicia social y democracia. Ante ello, los herederos del poder centralista respondieron intentando erradicar el descontento social, nacido y enraizado tiempo atrás, a través del miedo y de la represión militar; particularmente, contra las movilizaciones estudiantiles en 1971.

Entonces, se mostró el rostro más oscuro del régimen autoritario e innumerables activistas políticos fueron desaparecidos, asesinados, amenazados, custodiados y vigilados. La "guerra sucia" no fue sino la defensa a ultranza de los privilegios que los gobernantes de ese signo e ideología utilizaron para preservar un régimen autoritario. A pesar de todo, el doloroso trauma sirvió para iniciar un cambio social en favor de un mundo más democrático, con más equilibrio y oportunidades para todos.

Desde entonces, la memoria colectiva del pueblo ha estampado en la derrota del PRI el punto de quiebre entre el presente y el futuro. Así se luchó por la reforma política de 1977; esta aspiración democrática se expresó con mayor fuerza en la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas y la formación del Frente Democrático Nacional en 1988; posteriormente, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional rescató la misma imagen en 1994 y hoy, Andrés Manuel López Obrador, al encabezar las preferencias electorales, muestra que se está comenzando a cosechar el fruto de estas semillas que la izquierda sembró.

Ahora, nuevamente se ha hecho evidente la incapacidad del actual gobierno por entender las necesidades, así como las expectativas sociales y políticas de la población. Persiste la impunidad de los genocidas y las heridas del pasado no han cicatrizado. La alternativa no reside en el olvido o el perdón. La sociedad exige justicia.

La edifícación de un México democrático requiere que la sociedad y el Estado, a través de sus instituciones, asuman su responsabilidad, no para acusar y sentenciar a dos o tres personajes políticos que sirvan de chivos expiatorios, sino para que la justicia, como la acción central de un gobierno en una sociedad democrática, castigue a los responsables de actos de genocidio, represión y violación sistemática y reiterada de derechos humanos, permitiendo a la sociedad avanzar positivamente hacia el futuro.

En este sentido, el contexto de la contienda presidencial de 2006 no puede eliminar, olvidar o desdeñar este asunto como si perteneciera a la historia de otro pueblo. Por el contrario, se requiere que las fuerzas democráticas y de izquierda de la nación, el PRD en primer término, asuman una postura de compromiso en el castigo a los responsables de la guerra sucia, garantizando al pueblo que nunca más se repetirán estos actos.

En el momento actual, es prioritario exigirle a las instituciones del Estado que asuman a cabalidad las funciones que la Constitución les encomienda y cumplir los compromisos derivados de tratados internacionales que condenan de manera clara los actos de genocidio. Solo así podremos honrar el legado de los luchadores sociales que nos antecedieron.

Para alcanzar el futuro democrático al que aspiramos es necesario resolver los pendientes que tenemos con el pasado.