Seguro Popular de Salud: compromisos incumplidos e improvisación

Rosalba Mendieta Corona*

El gobierno del presidente Vicente Fox Quezada, como signatario de diferentes acuerdos internacionales, sin duda, está cumpliendo con los compromisos adquiridos ante diferentes instituciones, entre ellas el Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud.

Sin embargo, la recta final de su gobierno se aproxima y no contará con el tiempo suficiente para cumplir con sus promesas de campaña política, es decir, con su proyecto "del cambio" y, mucho menos, en el área médica.

El sistema de "salud" en nuestro país no sólo no ha mejorado, sino que adquirirá un preocupante sello de irresponsabilidad con la imposición del Seguro Popular de Salud (SPS). Dicha acción, será identificada como un error más en la ejecución de la política de Estado del gobierno panista. El seguro popular se añadirá a la lista de desaciertos y pendientes que nos heredará la presente administración; la razón es clara, el grado de salud de la población mexicana no ha aumentado, pero lo que definitivamente avanzó fue el deterioro de las instituciones médicas. La calidad de la atención no se ha reflejado en el aumento de la productividad en el nivel operativo y, mucho menos, en la disminución de las tasas de morbilidad. Con la ejecución del SPS no se resarcirá a ningún grupo poblacional desprotegido; los compromisos del presidente Fox le exigen recurrir a cualquier intento o invento que demuestre que su gobierno se preocupó por la solución de problemas, como el de la seguridad social.

Uno de los acuerdos o, mejor dicho, de las exigencias de la banca mundial fue que sus clientes, es decir, los gobiernos beneficiados con sus préstamos, diseñaran proyectos de "beneficio social", pues el fenómeno de la pobreza generalizada es ya escandaloso. Había que trabajar para concretar acciones que pudieran paliar las endemias y pandemias ocasionadas, básicamente por el desempleo, por el deterioro de la calidad alimenticia y ambiental, así como por la insolvencia económica mundializada y por todos los daños que ha venido causando el neoliberalismo.

Es lamentable que proyectos como el de "Salud para Todos en el año 2000", duerma ahora el sueño de los justos. Este buen intento no pudo realizarse: los gobiernos no cumplieron con las metas, los millones de dólares invertidos en esta campaña se convirtieron en afiches, recuerdos de colección y en sueldos para quienes intervinieron en dicha propuesta. Ha quedado rebasado un proyecto serio que intentó sensibilizar a los ministros de salud de todo el mundo y, especialmente a los de los países más necesitados, para que aumentaran la inversión de su gasto público destinado a la atención médica. Debido a este fracaso, surgen propuestas como el Seguro Popular de Salud, intentona que los asesores de algunos gabinetes en otros países y, en México, el foxista pretenden vendernos como "acción social".

El proyecto del SPS, además de estimular la privatización del sector salud, pretende ser exaudible, y proyectarse como una acción bondadosa que intenta apuntalar al deficiente sistema de atención médica que tenemos hoy. Genera desconfianza y apatía un proyecto diseñado, supuestamente, para resolver en poco tiempo y con mínimos recursos los problemas que no se han resuelto en decenios. El SPS se ha integrado como modificación a la Ley General de Salud para simular su índole populista, adjetivo que el presidente Fox ha rechazado permanentemente a lo largo de su mandato.

Durante los años cincuenta, sesenta y, aun, a principio de los setenta, el sector médico mexicano institucional gozaba de prestigio dentro y fuera del país. Los sueldos del personal, por lo menos del especialista, eran aceptables. Por ejemplo, la producción nacional de vacunas era suficiente y de alta calidad; especialidades como la pediatría, la gineco-obstetricia y la salud pública, entre otras, eran de excelencia; algunas todavía lo son, como es el caso de la cardiología. Lamentablemente, el deterioro actual de nuestras instituciones es el resultado del decremento presupuestal y de la pésima dirección y despilfarro de recursos que han caracterizado a los directivos de los últimos 30 años. Además, tenemos que reconocerlo, habría que agregar a este deterioro, el desinterés profesional del personal médico y paramédico, como consecuencia de lo anterior.

El diseño del SPS, pese a la intención de incluir a la población no derechohabiente al sistema de atención médica, no cumple con los requisitos que cualquier empresa privada de seguros ofrecería a su clientela. Diferentes opiniones han coincidido en que la imposición del SPS es una mala estrategia que genera suspicacias, pues desde las propuestas iniciales, por parte de Julio Frenk Mora, titular de la Secretaría de Salud, no ha quedado claro de qué forma podrá cumplirse, sensatamente, con esta nueva disposición sanitaria. Cuestionado por integrantes de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado de la República, Frenk Mora, no justificó la existencia del seguro popular y su respuesta en cuanto al fondo económico para echarlo a andar tampoco fue convincente1.

El compromiso del presidente Fox no es garantizar la protección financiera de los bolsillos de quienes menos tienen ni persigue disminuir el gasto excesivo de las personas no aseguradas; de hecho, podríamos decir que la atención médica, prácticamente, se ha privatizado, pues la propuesta de regulación y ordenamiento de los seguros mercantiles no ha mostrado aún su coordinación interinstitucional. Lo que sí ha quedado claro es que han proliferado y se han fortalecido las compañías de seguros de vida y de atención médica. Si bien vivimos en una sociedad de libre mercado, el derecho a la salud (artículo cuarto constitucional, párrafo cuarto) se ve amenazado con la especulación de los mercaderes de la salud.

El mercantilismo de las aseguradoras privadas, obedece a la deficiente atención institucional y que existe el campo libre para hacerlo. Se comercia con las necesidades de la población y se escatima la atención necesaria; el negocio florece en la medida en que se multiplican las patologías y se colapsa el sector salud. Las ganancias de las aseguradoras van en aumento ante el sentimiento y realidad de desamparo institucional. Sin protección alguna, la población no derechohabiente es manipulada fácilmente ante proyectos que, supuestamente, están diseñados para resolver sus necesidades; el caso del SPS no es la excepción.

Sin embargo, cabe reflexionar sobre la disposición del presupuesto que ha sido solicitado –desde hace varios sexenios– para el sector médico. ¿Por qué sigue destinándose tan poco dinero para la atención médica? ¿Por qué a un proyecto como el del seguro popular sí se le da todo el apoyo?

¿Para qué se creó el Seguro Popular de Salud?

Todas las campañas de los partidos políticos han tomado como bandera de lucha y de promesas, la solución a las enormes deficiencias de nuestro sector "salud". Las promesas son llamativas; sin embargo, no se cumplen. En principio, porque no se ha trabajado sobre la ambigüedad de los conceptos "salud" y "atención médica", condición que ha sido un verdadero obstáculo en el momento de legislar, pues se habla de salud, cuando en realidad se está hablando de atención médica y, por otro lado, se piensa que la salud empieza con la atención médica.

Se han intentado resolver, sólo con un buen analgésico, los enormes problemas ancestrales. Problemas que no resolverá el SPS de Fox ni aunque, en este momento, se inscribiera el cien por ciento de la población desprotegida. No funcionaría por una simple razón: lo recuperado por quienes se afilien, más las terceras partes que aportarán los gobiernos estatales no alcanzará para cubrir los gastos de tratamientos prolongados y costosos, no cubrirá la cantidad necesaria para mejorar la infraestructura hospitalaria que, por cierto, no ha recibido ni en este "sexenio del cambio" el presupuesto necesario para salir del deterioro; existe un déficit de por lo menos 2 mil millones de pesos que deben destinarse a la adquisición de equipo instrumental, así como a la compra de medicamentos de calidad. Si una cantidad mayor ha sido destinada para apoyar al seguro popular ¿por qué no se cubre el déficit de la Secretaría de Salud?

Como empresario, tal vez el presidente Vicente Fox Quezada, logre convencer a la iniciativa privada para que los hospitales de segundo y tercer nivel, puedan aportar una cuota de atención y tratamiento para la población asegurada con el SPS.

La iniciativa de la Secretaría de Salud para un federalismo cooperativo –como lo explicara Julio Frenk Mora– apostó a cubrir dos terceras partes del costo total del seguro, ya que el resto sería otorgado por el gobierno estatal y la persona inscrita. Sería un convenio tripartita, como el que se lleva a cabo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, según lo ratificó Juan Antonio Fernández, Comisionado Nacional de Protección Social, en entrevista radiofónica del 8 de diciembre de 2004. El dinero federal y estatal destinado al SPS no será suficiente, pues no contamos con una infraestructura eficaz y accesible para la nueva población derechohabiente.

La población no asegurada lo es, básicamente, porque no cuenta con un contrato laboral que le otorgue este beneficio y tampoco cuenta con recursos para solventar sus gastos médicos ni para seguir un programa de salud y medicina preventiva que le garanticen un nivel de salud mínimo necesario. Considerando nuestro actual Producto Interno Bruto, ninguna institución oficial tiene recursos para invertir en instrumental, en medicamentos de calidad ni en equipos nuevos. Son escasos los hospitales descentralizados que cuentan con tecnología de punta. El permanente recurso financiero "fresco" del que podrían disponer los gobiernos estatales, a través del SPS, nadie sabe de dónde y cómo podría obtenerse.

De acuerdo con los datos que proporciona el arquitecto Juan Antonio Fernández, el 94 por ciento del millón y medio de familias que se afiliarán al SPS, estarán exentas de pago; la membresía restante pagaría, según el estudio socioeconómico, alrededor de 640 pesos al año, para las cuotas más altas.

La atención que recibirá la persona asegurada con el SPS será prácticamente la misma que recibirá en cualquier centro de la Secretaría de Salud por menos de diez pesos. Si, además, el medicamento no lo encuentra en las farmacias del lugar donde recibió la consulta, tendrá que adquirirlo con sus propios recursos. Ésta es una razón suficiente para asegurar que el SPS no es de utilidad.

Nuestra realidad es que las instituciones con las que contamos (ISSSTE, IMSS y Secretaría de Salud) están al borde de la quiebra. ¿Cuál es realmente el aporte de estas instituciones al SPS, si para su propia población derechohabiente no alcanzan los recursos? ¿Dónde están los resultados de la coordinación interinstitucional que, inicialmente, propuso el secretario de Salud, Julio Frenk Mora?

La situación de riesgo sanitario bajo la que vivimos actualmente en nuestro país no ha sido resuelta, hasta ahora, por nuestras instituciones. Es un eufemismo pensar que para la población desprotegida el SPS vendrá a solucionar dichos riesgos.

El diseño y puesta en marcha del SPS no se llevó a cabo para terminar con el deterioro de la economía de un sector de nuestra población ni para detener el "empobrecimiento" de quienes no cuentan con un seguro de salud. El SPS es un compromiso con los prestamistas de la banca mundial.

Se lleva a cabo no para terminar con los riesgos sanitarios ni para elevar el grado de salud. Uno de los objetivos principales para su ejecución es cumplir con un requisito en el ámbito crediticio y, por supuesto, para experimentar con un servicio de salud semiprivado.

Con el presupuesto destinado al SPS no nos alcanzará para curarnos de cáncer, diabétes mellitus, artritis deformante, depresión y choques de pánico, infecciones desconocidas, alteraciones genéticas, glaucoma, secuelas de accidentes de trabajo, complicaciones perinatales, prostatitis, cardiopatías, leucemia, enfisema pulmonar, cirrosis, osteoporosis y otras desgracias más. La solución sería, un seguro de medicina preventiva.

Nuevo panorama

En la mayoría de los estados de la república, las causas más visibles de mortalidad son; tumores malignos, diabetes mellitus (con todas sus secuelas; hipertensión arterial, ceguera, neuropatías, etcétera), enfermedades del corazón, accidentes e infecciones de todo tipo. La transición epidemiológica que experimenta la población actual involucra a hombres y mujeres más jóvenes; no obstante, el planteamiento inicial del SPS no cubría la mayoría de estos acaecimientos.

Con la idea de subsanar estas deficiencias, el presidente Fox anunció en La Trinitaria, Chiapas que, a partir de enero del año en curso, se cubrirían los gastos de la atención a mujeres y niños con cáncer y también a las personas con VIH-sida. Incluyó un beneficio más: a partir de este año, la atención médica se extiende, sin costo alguno, a la población adulta mayor. Por si fuera poco, el SPS otorgaría un seguro de vida que cubrirá con una cantidad de entre 10 y 30 mil pesos al asegurado si fallece. Este agregado está en estudio a través de un proyecto piloto que se aplica en Jalisco. El pago será anual y la cantidad será de 40 pesos por cabeza de familia "con un aseguramiento que se promovió como ayuda para gastos funerarios" (El Universal Online, Juan Arvizu y Ruth Rodríguez, 13 de enero de 2005).

La realidad

La voluntad política para resolver los graves problemas de sanidad que padecemos desde tiempos inmemorables no se demostró en la mayoría de los gobiernos priistas ni tampoco en los cuatro años de "cambio" foxista. ¿Cuánto se destinó realmente para el sector salud? ¿Cuánto nos va a costar realmente el Seguro Popular de Salud? La Cruzada por la Calidad, el mejoramiento del Modelo de Atención y el Abasto de Medicamentos de Calidad, el rescate de las instituciones médicas y el ordenamiento de la medicina privada en nuestro país, están pendientes hasta la fecha.

El presidente Fox, en recientes declaraciones, dijo que lo mejor de su sexenio está por venir. La cosecha está a la vuelta de la esquina. Seguramente nos obsequiará, antes de su salida y por decreto de ley, con el 9 por ciento (por lo menos) del Producto Interno Bruto para el presupuesto anual del sector salud; lo mejor de su sexenio tal vez se refiera a que igualaremos nuestra cobertura médica a la de otros países como Cuba, Chile o Costa Rica, y que habrá un "rescate institucional", del mismo modo como sucedió con el "rescate bancario".

Las metas que persigue el SPS son, en efecto, muy ambiciosas. El Secretario de Salud, está en lo dicho; para cuando termine el sexenio del cambio estarán inscritas, aproximadamente, 40 millones de familias, meta que posiblemente se alcanzará. Para lograrlo, han tenido que pactar con todos los estados del país para que desvíen de sus gasto público una tercera parte de lo demandado por el presidente Fox para sostener su experimento social. Hasta el momento, faltaban las firmas de dos entidades federativas para declarar que el SPS está funcionando en toda la República Mexicana. Una de ellas es el Distrito Federal, cuyo gobierno puso en marcha el Programa de atención médica y medicamentos gratuitos en apoyo a la población sin cobertura y de bajos recursos.

Considerando que el polémico seguro es voluntario, según lo han declarado diversos funcionarios en distintas ocasiones, es incomprensible que se pretenda obligar a las autoridades locales para que se integren a este proyecto. La negativa del gobierno del Distrito Federal tiene un sentido lógico pues se estarían duplicando tanto los objetivos como los gastos de cobertura médica.

En el Distrito Federal, pese a la mutilación presupuestal que sufrió al inicio de sus gestiones y considerando las enormes limitaciones, los programas de asistencia social están ejecutándose. Reconocemos los éxitos, aunque también resultan inexplicables los errores que se siguen cometiendo; la aceptación del SPS será uno de ellos.

En la Ciudad de México se ha logrado una cobertura mucho mayor entre la población más necesitada que la alcanzada en varios sexenios juntos. Los resultados no son los óptimos, pero, por primera vez, después de setenta años un sector importante de la población capitalina puede acceder a un beneficio social más amplio que, dicho sea de paso, fue una promesa de campaña cumplida. Así, ha quedado demostrado, en el caso del gobierno del Distrito Federal, que la voluntad política sí tiene efectos positivos, aun si se carece del apoyo federal. Esta voluntad calificada de "populista" se ha traducido en acciones concretas. Aunque las necesidades son todavía innumerables, la experiencia en cuanto a la socialización de los recursos dará como resultado la posibilidad de mejorar la realidad, tarde o temprano. Será lamentable para el gobierno perredista si, finalmente, la coerción federal surte su efecto y se le obligue a adherirse al SPS.

Seguro Popular virtual

Después del análisis de las metas y estructura del Seguro Popular de Salud, queda claro que la imposición de este proyecto –no obstante su voluntariedad– es el cumplimiento de un compromiso ajeno a las necesidades nacionales; es una meta con fines propagandísticos, pues el hecho de que la membresía del SPS cuente con algunos millones de personas no quiere decir que sus cuotas lograrán sustentar la cobertura prometida. La atención con calidad no está garantizada por la cantidad pagada.

Por otro lado, la promesa de acceso a los medicamentos necesarios y de mayor calidad no puede ser cumplida ni por las instituciones de seguridad social ni con las supuestas ventajas que ofrecen los medicamentos genéricos intercambiables. El SPS no destinará presupuesto extra alguno para el abasto o producción de los medicamentos que no sean adquiridos en los centros de salud integrados al SPS. Hasta ahora falta claridad en la negociación con la industria farmacéutica propuesta por el Secretario de Salud.

En cuanto a la atención médica especializada, prácticamente, queda fuera del alcance de la población rural marginada. Es difícil creer que el Estado cubra una tercera parte del costo de cualquier especialidad, cuando las cuotas, aun las de recuperación, han aumentado escandalosamente. Como ejemplo tenemos que el Centro Nacional de Rehabilitación y Ortopedia ha aumentado el costo de sus consultas y tratamientos hasta en un 700 por ciento, motivo por el cual, 40 de cada 100 personas que se atendían en este prestigiado Centro han suspendido sus terapias. Sería realmente estupendo si cualquier persona asegurada con el SPS y sin recursos es atendida en centros de esta calidad.

Supuestamente, el SPS se consolidará en siete o diez años, aproximadamente, si es que la reforma fiscal lo permite. Las modificaciones a la Ley General de Salud que garantizan la continuidad del Seguro se mantendrán para extender la cobertura médica a las próximas generaciones de población marginada, pero… ¿Con cuántos millones de personas en extrema pobreza contaremos en un futuro próximo? Dichas modificaciones, por sí solas, no garantizan el acceso a los servicios médicos básicos y especializados de calidad. Sólo ofrece la oportunidad de que, por voluntad propia, la persona sin derechohabiencia pague por un servicio deficiente.

Debe quedar muy claro que el empobrecimiento de las familias sin ningún tipo de seguridad social no se genera por el desembolso para su tratamiento médico. Se genera por el sistema de desigualdades que nos impone el neoliberalismo. Desde el punto de vista de la "epidemiología crítica", la verdadera seguridad social comienza con la medicina preventiva y con la ejecución de programas que propicien la salud integral, individual y colectiva; Estos programas, hasta la fecha, no forman parte de los servicios que ofrece el SPS.

La salud de una población no se ve a simple vista, tampoco las enfermedades que la aquejan. Lo que sí se ve son las estadísticas que contabilizan las muertes y las enfermedades. Es inadmisible que el derecho a la salud quede secuestrado por campañas políticas e intereses mezquinos.

En principio, la actual Ley General de Salud debe ser sustituida por una que "si" proteja ampliamente a la población, que rechace y castigue la comercialización de la atención médica y del derecho a la salud. Una ley que no permita los oportunismos como en el caso del Seguro Popular de Salud y que obligue al Estado a crear las condiciones para que la cultura de la salud sea la garantía principal de una sociedad sana en cuerpo y mente.

* Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

1 8 de enero de 2002; Comparecencia del Dr. Julio Frenk Mora, secretario de Salud, ante la Comisión de Salud y Seguridad Social, Senado de la República, LIX Legislatura.