La irracionalidad del desafuero

Horacio Duarte Olivares*

Lamento que en este jurado la curul del diputado Emilio Chuayffet esté vacía, es miembro del jurado y no está en el debate ni está escuchando los argumentos. ¡Lastima por esta clase de jurado!

Agradezco y reconozco a las diputadas y diputados que han aguantado la presión de la línea y que votarán en contra del desafuero, a pesar de lo que digan sus jefes en turno.

Quiero referirme a la serie de inconsistencias incluidas en el dictamen de la mayoría, para observar cómo caen en contradicciones y cómo no pueden sostener una acusación recurren al método de la contradicción (página 288, Gaceta Parlamentaria) de su dictamen.

La Comisión Instructora señala que el Jefe de Gobierno tuvo una participación material en los actos reclamados. Por otro lado, señala (página 299) que el Jefe de Gobierno no sería culpable si tan sólo hubiera ordenado, de manera expresa y contundente, que se paralizaran las obras. Por fin, ¿participó materialmente o fue omiso? Eso, aparece como una contradicción cuando se analiza la responsabilidad del Jefe de Gobierno; así quedará en la historia y ahí estará el debate jurídico; porque aquí no ha habido debate jurídico.

Debo agradecer al secretario de Gobernación, Santiago Creel, que nos haya mandado su discurso a través de su vocero, el subprocurador Vega Memije, que vino a hacer uso de la tribuna, pues jamás, el subprocurador, trajo elementos jurídicos de acusación. Vino a exponer elementos políticos, juicios de valor. Qué bueno que en la procuraduría también estén claros de que aquí se debaten la política y las ideas.

Quiero señalar puntualmente que la Sección Instructora, por mayoría, le corrigió la plana, jurídicamente hablando, a la PGR. Ojalá se den cuenta de eso; lean la página 345 del dictamen, donde se señala que el delito que se le imputa al Jefe de Gobierno es por omisión y no por comisión, es decir, la Comisión Instructora reconoció que la acusación de la PGR estaba mal enfocada y que le tuvieron que corregir la plana aquí, en el Poder Legislativo.

Esta acusación es falsa, temeraria y responde a los intereses políticos que el pueblo de México sabe que existen.

Primero, jamás se probó donde estaban los llamados accesos al predio El Encino. Nunca pudo probarse dónde está el predio El Encino... De ese tamaño es la acusación. A la PGR se le olvida que en este país, en este nuestro sistema constitucional, sigue privando el principio de presunción de inocencia. El que acusa tiene que probar, y si acusan afirmando que se bloquearon los accesos a El Encino, prueben dónde está El Encino y dónde estaban los accesos.

Esta declaración de procedencia debe negarse, además, porque el proceso debió ir antes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no por el procedimiento que ahora se siguió; no lo digo yo, lo dicen diversos tribunales colegiados de circuito que tienen en la Corte una contradicción de tesis sobre la que habrán de resolver el procedimiento que se debe seguir. Por eso, hay elementos suficientes para declarar la no responsabilidad.

Quiero referirme a las declaraciones hechas por mis compañeros de la Sección Instructora.

Dicen en su proyecto, en el punto primero, "que como consecuencia del presente procedimiento, ha quedado acreditada la existencia del delito y la supuesta responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador".

Pero, en su punto tercero dicen "que de ninguna manera prejuzgan respecto a la existencia del delito y la probable responsabilidad".

La pregunta es, a mis compañeros de la Instructora, si ya dicen que hay delito, ¿por qué después señalan que no están prejuzgando? Claro que están prejuzgando, al señalar que hay un posible delito.

Los argumentos para rechazar la declaración no acaba aquí. La propia PGR, en documentos oficiales, ha rechazado ejercer acción penal en casos idénticos, ¿por qué? Porque discute la tesis de jurisprudencia de la Corte, a la que se apela para señalar que no se viola el artículo 14 constitucional que, finalmente, no señala la pena que se le va a imponer a quien esté sometido a este proceso.

En casos idénticos, la PGR, ha rechazado el ejercicio de la acción penal; ahí está la clave de la justicia selectiva que ahora se da en el caso del jefe de Gobierno. Ese es el tipo de justicia que tenemos ahora en México.

Finalmente, quiero decir que algunos diputados tienen mala información porque nunca fueron a la Instructora y porque, seguramente, de oídas, como se dice, tomaron elementos.

Primero. El tema de la violación a la suspensión sólo ha sido conocido por un juzgado y un tribunal colegiado, no por dos, ni colegiado ni juez. También se equivocan quienes de manera sesgada leen un acta de Servimet en un tema del que no conocen la historia.

En el caso que alegan de Servimet y sobre las demandas, los predios que le fueron vendidos al Hospital ABC se dieron en el gobierno de Oscar Espinosa Villarreal, no en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hoy quiere introducirse una nueva insidia; nuestros desconocedores del derecho creen que si el Jefe de Gobierno está desaforado hoy podrán acusarlo de otros elementos.

Se equivocan, porque la decisión de esta Cámara sólo conoció de un delito y sólo de una acusación, y se quedarán esperando si pretenden introducir otros elementos.

Termino señalando y diciendo que está muy claro de qué lado está la democracia, de qué lado está la gente que desea que este proceso democrático llegue bien a 2006 y también es muy claro de qué lado están los golpistas que darán, el día de hoy, con su voto, este golpe a la incipiente democracia mexicana.

Por eso el desafuero es una irracionalidad y ustedes habrán de cometerla.

* Diputado federal. Presidente de la Comisión Instructora. Discurso en la Cámara de Diputados el 7 de abril de 2005.